Isis Ivette Valdés Izaguirre
Expediente 884/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 884/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/12/2020
Partes del expediente
- Isis Ivette Valdés Izaguirre
- MAURICIO CABALLERO VELEZ y Otros.
- ISIS IVETTE VALDÉS IZAGUIRRE y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiséis de noviembre último, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso c) de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, a la parte quejosa, que en esencia dice. "... Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por *******, quienes se ostentan como propietaria, condomina y presidenta del condominio "******", y como apoderado legal de la moral **********, contra actos del Segundo Síndico Municipal de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 884/2020-III. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precisión del acto reclamado. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: El auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el procedimiento arbitral SS/004/2020, y su acumulado SS/007/2020, por el cual la responsable determinó regularizar el procedimiento para precisar que el mismo se continuaría acorde a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y no del Código Civil del Estado de México, además de proveer lo relativo a las pruebas que ofrecieron, desechando las confesionales, admitiendo la testimonial, reservando lo relativo a las documentales, reconocimiento expreso y presuncional, además de prevenirle en relación a la pericial en grafoscopía y documentoscopía. Desechamiento. Hecha tal precisión, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la intelección del precepto citado en primer término, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo indirecto puede derivar, entre otros casos, de alguna disposición de la propia ley. Por su parte, el numeral citado en segundo lugar, establece que el amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio correspondiente a resoluciones que sean definitivas y actos en el procedimiento que sean se imposible reparación, entendiendo por éstos últimos los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el arábigo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo definió y desarrolló el contenido de su previsión genérica respecto a la calidad de imposible reparación de forma clara y limitativa; por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por exclusión, contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse hasta la resolución final en términos del citado inciso a). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 dela Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo XVII, abril de 2003, página 196 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Al no oponerse dicho criterio con el contenido de los numerales transcritos, se estima que resulta aplicable en la especie en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Importa establecer que los procedimientos arbitrales se siguen en forma de juicio y, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1225/2016, estableció que en el juicio arbitral, una vez que existe un acuerdo arbitral dentro del cual encuadra la controversia concreta, al establecerse los presupuestos procesales, se llevan a cabo las etapas de un juicio principal propiamente dicho con sus formalidades esenciales. Además, dicho Alto Tribunal definió que los árbitros tienen y ejercen jurisdicción, es decir, están investidos por las partes, con autorización y sanción de la ley, de la facultad exclusiva de decidir la controversia o disputa con fuerza vinculativa para las partes. Precisó que en el arbitraje se establece una verdadera relación jurídico-procesal entre las partes y el órgano jurisdiccional, que es el árbitro o el tribunal arbitral, se siguen los trámites y formalidades del juicio arbitral y finalmente el órgano resuelve la controversia a través de una resolución definitiva que pone fin al juicio arbitral y que se llama laudo. Asimismo, en la jurisprudencia 56/2001, el Máximo Tribunal del País estableció que los laudos arbitrales son actos de autoridad, dado que el tribunal arbitral afecta la esfera legal de las partes sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Lo anterior puede consultarse en la jurisprudencia 2a./J. 56/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Los laudos que emite la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, también lo es que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente público establece una relación de supra a subordinación con los particulares que se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debatida entre el prestador del servicio médico y el usuario de éste, de manera unilateral e imperativa crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado." Lo expuesto permite concluir que los procedimientos arbitrales siguen las formalidades de un verdadero juicio, en el que se presentan todas las etapas que caracterizan dicho procedimiento jurisdiccional. En ese contexto, se evidencia la actualización de la causa de improcedencia en estudio, ya que la determinación impugnada versa sobre la regulación del procedimiento, para aclarar la legislación bajo la cual se seguirá el mismo, además de que se proveyó lo relativo a la admisión, desechamiento y desahogo de las pruebas ofertadas; por ende, no existe afectación a derechos sustantivos de los quejosos ya que dichas actuaciones se suscitaron precisamente durante el trámite del procedimiento arbitral, aunado a que no les deja en estado de indefensión, como tampoco se les priva de algún derecho fundamental sino que se trata de cuestiones meramente procesales. Cabe recordar aquí que, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los árbitros siguen las mismas etapas de un juicio y, además, se considera como autoridad a los árbitros designados; de ahí que las actuaciones que se sigan dentro del procedimiento arbitral, que no afecten derechos sustantivos, no pueden reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, relativo a lo determinado por la responsable en relación a las pruebas ofrecidas, ello tampoco causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa, ya que puede considerarse como una violación al procedimiento que afecta sus defensas, encuadrable en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, y es innegable que no se trata de un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, pues la violación que considera se cometió con el dictado de dicha determinación, puede quedar subsanada, en el laudo que recaiga al procedimiento, o bien mediante el juicio de amparo directo, enderezando en vía de agravio las anomalías que demuestren su ilegalidad, previa preparación. Ello es así, pues los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra del laudo que se llegue a dictar, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo respectivo tenor es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto.". En conclusión, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con respaldo en lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Autorizados. Atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a GUSTAVO MARILES DELGADILLO, HECTOR ESTRADA VENCES y OSWALDO ESPINOSA COTERO, y de forma restringida a las restantes. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la parte quejosa para que exprese su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorga su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente."
- Principal
MESA III Demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por *******, quienes se ostentan como propietaria, condomina y presidenta del condominio "******", y como apoderado legal de la moral Administración de Fraccionamientos en Condominio, Sociedad Anónima de Capital Variable, quien aduce funge como administrador del condominio en cita, respectivamente (sin acreditarlo), contra actos del Segundo Síndico Municipal de Toluca, Estado de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 884/2020-III. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precisión del acto reclamado. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: El auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, emitido en el procedimiento arbitral SS/004/2020, y su acumulado SS/007/2020, por el cual la responsable determinó regularizar el procedimiento para precisar que el mismo se continuaría acorde a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y no del Código Civil del Estado de México, además de proveer lo relativo a las pruebas que ofrecieron, desechando las confesionales, admitiendo la testimonial, reservando lo relativo a las documentales, reconocimiento expreso y presuncional, además de prevenirle en relación a la pericial en grafoscopía y documentoscopía. Desechamiento. Hecha tal precisión, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De la intelección del precepto citado en primer término, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo indirecto puede derivar, entre otros casos, de alguna disposición de la propia ley. Por su parte, el numeral citado en segundo lugar, establece que el amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio correspondiente a resoluciones que sean definitivas y actos en el procedimiento que sean se imposible reparación, entendiendo por éstos últimos los que afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el arábigo 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo definió y desarrolló el contenido de su previsión genérica respecto a la calidad de imposible reparación de forma clara y limitativa; por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por exclusión, contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse hasta la resolución final en términos del citado inciso a). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003 dela Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo XVII, abril de 2003, página 196 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo." Al no oponerse dicho criterio con el contenido de los numerales transcritos, se estima que resulta aplicable en la especie en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo. Importa establecer que los procedimientos arbitrales se siguen en forma de juicio y, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1225/2016, estableció que en el juicio arbitral, una vez que existe un acuerdo arbitral dentro del cual encuadra la controversia concreta, al establecerse los presupuestos procesales, se llevan a cabo las etapas de un juicio principal propiamente dicho con sus formalidades esenciales. Además, dicho Alto Tribunal definió que los árbitros tienen y ejercen jurisdicción, es decir, están investidos por las partes, con autorización y sanción de la ley, de la facultad exclusiva de decidir la controversia o disputa con fuerza vinculativa para las partes. Precisó que en el arbitraje se establece una verdadera relación jurídico-procesal entre las partes y el órgano jurisdiccional, que es el árbitro o el tribunal arbitral, se siguen los trámites y formalidades del juicio arbitral y finalmente el órgano resuelve la controversia a través de una resolución definitiva que pone fin al juicio arbitral y que se llama laudo. Asimismo, en la jurisprudencia 56/2001, el Máximo Tribunal del País estableció que los laudos arbitrales son actos de autoridad, dado que el tribunal arbitral afecta la esfera legal de las partes sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Lo anterior puede consultarse en la jurisprudencia 2a./J. 56/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, tomo XIV, noviembre de 2001, página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO. SUS LAUDOS ARBITRALES SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Los laudos que emite la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en su calidad de árbitro, constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien es cierto que actúa por voluntad de las partes, también lo es que ejerce facultades decisorias a nombre del Estado y como ente público establece una relación de supra a subordinación con los particulares que se someten voluntariamente al procedimiento arbitral, ya que al dirimir la cuestión debatida entre el prestador del servicio médico y el usuario de éste, de manera unilateral e imperativa crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de éstos, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de obtener el consenso de la voluntad del afectado." Lo expuesto permite concluir que los procedimientos arbitrales siguen las formalidades de un verdadero juicio, en el que se presentan todas las etapas que caracterizan dicho procedimiento jurisdiccional. En ese contexto, se evidencia la actualización de la causa de improcedencia en estudio, ya que la determinación impugnada versa sobre la regulación del procedimiento, para aclarar la legislación bajo la cual se seguirá el mismo, además de que se proveyó lo relativo a la admisión, desechamiento y desahogo de las pruebas ofertadas; por ende, no existe afectación a derechos sustantivos de los quejosos ya que dichas actuaciones se suscitaron precisamente durante el trámite del procedimiento arbitral, aunado a que no les deja en estado de indefensión, como tampoco se les priva de algún derecho fundamental sino que se trata de cuestiones meramente procesales. Cabe recordar aquí que, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los árbitros siguen las mismas etapas de un juicio y, además, se considera como autoridad a los árbitros designados; de ahí que las actuaciones que se sigan dentro del procedimiento arbitral, que no afecten derechos sustantivos, no pueden reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Ahora bien, relativo a lo determinado por la responsable en relación a las pruebas ofrecidas, ello tampoco causa un perjuicio irreparable a la parte quejosa, ya que puede considerarse como una violación al procedimiento que afecta sus defensas, encuadrable en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo, y es innegable que no se trata de un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, pues la violación que considera se cometió con el dictado de dicha determinación, puede quedar subsanada, en el laudo que recaiga al procedimiento, o bien mediante el juicio de amparo directo, enderezando en vía de agravio las anomalías que demuestren su ilegalidad, previa preparación. Ello es así, pues los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra del laudo que se llegue a dictar, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.6/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, 76, abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo respectivo tenor es: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto.". En conclusión, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por tanto, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con respaldo en lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Autorizados. Atendiendo a la certificación secretarial de cuenta, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a GUSTAVO MARILES DELGADILLO, HECTOR ESTRADA VENCES y OSWALDO ESPINOSA COTERO, y de forma restringida a las restantes. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a la parte quejosa para que exprese su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibido que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorga su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico, a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el artículo 13, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente.
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