Isis García| Valencia

Expediente 1688/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1688/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2023

Partes del expediente

  • Isis García| Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de mayo de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos, residente Tlapa de Comonfort, Guerrero; atento a su contenido, se tiene a la autoridad oficiante acusando recibo del diverso oficio 8019/2023, mediante el cual se le remitieron los autos originales del expediente original ********************de su índice. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, dígasele que mediante proveído de cuatro de abril del año en curso, se acordó lo conducente respecto del acuse recibo de su oficio 7077/2022; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de cinco a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en el diverso artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso b), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído, dado que carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del referido Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual transcribe el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo 683/2022, de su índice, de la cual se advierte que se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Isis García Valencia, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, residente en Tlapa de Comonfort, Guerrero; asimismo remite el original de la demanda de amparo, informe justificado rendido por la misma y duplicado del expediente de origen 396/21-F, de su índice. Con el duplicado del expediente de origen 396/21-F, fórmese el primer tomo de pruebas, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en el momento que lo requieran. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República y el Acuerdo General número 3/2013, publicado por el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente y hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1688/2022; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial "C" encargado de la mesa a la que le corresponde la demanda de amparo, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con ésta, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario(a) le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, previo a resolver sobre la admisión de la demanda de garantías que nos ocupa, debe tenerse en consideración el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro a la demanda de amparo, es factible para este Juzgado Federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, de un cabal análisis a la demanda que se provee y sus anexos, se tiene que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: El auto de fecha dos de junio del año dos mil veintidós, mediante el cual el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos de manera oficiosa declara nula la notificación hecha a los demandados incidentistas." Luego, este juzgado federal estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del citado numeral en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en todos aquellos casos en que la improcedencia derive de alguna disposición de la Carta Magna o de la Ley de Amparo y, del segundo numeral se aprecia que una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto la constituye cuando se promueva contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose éstos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)." De la disposición constitucional trascrita, se observa que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Cabe precisar que la irreparabilidad de un acto se hace consistir en que la afectación que se causa con la actuación de la autoridad, trae consecuencias jurídicas que inciden de manera directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal, y los tratados internacionales. En el entendido de que tal afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con la pronunciación de una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. De lo expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural que se estimase perjudicial por algunas de las partes y, que sólo como regla excepcional, existe la posibilidad de que se impugnen desde luego aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación. Por su parte, el artículo 172, de la Ley de Amparo, establece: ".Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad." El citado numeral, establece que se considerara una violación procesal que trascenderá al resultado del fallo, tratándose de asunto en los que se resuelva respecto a un incidente de nulidad, lo cual será reclamable en amparo directo. En este asunto, como se adelantó, el acto reclamado consistente en el auto dictado el dos de junio de dos mil veintidós, por el que el juzgado de primera instancia responsable, declaró nulos los emplazamientos realizados a la parte demandada en el juicio de origen y ordenó se realizaran nuevamente los mismos, atendiendo que dichas diligencias se desahogaron en el domicilio proporcionado por dichas partes procesales en el juicio intestamentario del cual deriva la tercería excluyente de dominio; son actuaciones que no producen una afectación material, sino que solo un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación al no violarse derechos sustantivos; aunado a que la violación de la que se duele puede ser reparada con la obtención de una sentencia favorable, y en caso de que dicha violación formal trascendiera en el resultado del fallo definitivo, estaría en opción de plantear la cuestión que ahora controvierte al impugnar la sentencia en el juicio de amparo directo. Es aplicable por analogía el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 23/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, la cual es del rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE LAS ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que este no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para cumplir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario, y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, por lo que, en términos del artículo 113 del propio ordenamiento SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a Héctor Arcos Catalán, Bertín Rivera de Jesús, Manuel Martínez González y Benjamín Rivera Rodríguez, toda vez que cuentan con registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se comunica a las partes que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, citado en párrafos precedentes, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, podrán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. En este contexto, se exhorta a las partes para que en cuanto les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

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