Isis Alejandra Torres López
Expediente 883/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Isis Alejandra Torres López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio signado por la Titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del oficio 22615/2023, con el que se devolvieron los expedientes 31/2023 y 1049/2019 en dos tomos, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, dentro del que la parte quejosa pudo recurrir en queja el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, que desechó por improcedente la demanda de amparo (fojas 71 a 78), promovida por la quejosa ***, sin que hiciera manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en los siguientes términos. 1. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente essusceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto totalmente concluido, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de garantías; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General, tampoco fue motivo de información reservada de alguna solicitud de acceso a la información. 2. Consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9del Acuerdo General invocado, y previo cercioramiento de que todas las constancias que integran el juicio de amparo estén digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el párrafo anterior, deberán seguirse los lineamientos establecidos en los numerales 21, 22 y 23, del acuerdo multicitado. 3. Se ordena estampar el sello de DESTRUIBLE en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 34 del acuerdo en comento. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en los expedientes 31/2023 y 1049/2019 en dos tomos, de su índice; se solicita se sirva enviar el acuse de recibo de estilo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la diligencia de ratificación de firma de la quejosa ****, de la que se obtiene que reconoció como suya la firma que calza su escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido al día siguiente en la Oficialía de Partes de este Juzgado ***, con el que dio cumplimiento a las prevenciones ordenadas en proveído de diecisiete de agosto del año en curso (fojas 23 a 29); consecuentemente, téngase por desahogado satisfactoriamente dicho requerimiento. DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro digital: 186605, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en: **********. Se expone tal consideración, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable por su parte, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número I.1o.A. J/4, emitida en la Novena Época, Registro digital: 196196, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, la suscrita juzgadora advierte de oficio, que contra el citado acto reclamado se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107 de la Constitución General de la República, en virtud de que el acto reclamado, es no es un acto de carácter definitivo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: *** V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: *** III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: *** b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Al respecto, debe decirse que conforme a la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había establecido dos criterios complementarios a fin de definir cuándo se está en presencia de actos dentro de juicio que sean de imposible reparación: a) El primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos que prevén las garantías individuales establecidas en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. b) El segundo criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, que se considera complementario del referido con anterioridad, establece que los aludidos actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en juicio en grado predominante o superior. Así lo sostuvo en la tesis P. LVII/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 180415, Novena Época, localizable en el Tomo XX, octubre de dos mil cuatro, página nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los actos de ejecución irreparables únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. En ese contexto, el análisis de la demanda y de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se evidencia que la parte quejosa se duele que ***; acto que evidentemente, a juicio de quien resuelve no genera una ejecución que sea de imposible reparación, esto, en virtud que de cuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina, además el auto impugnado de inconstitucional está sujeto a la calificación de grado que sobre él haga el superior. Así, el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues sólo implica que el auto que admitió el recurso de apelación en contra de auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente familiar ****, únicamente por el efecto devolutivo; ya que como se dijo no está sujeto a la calificación de grado que sobre él haga la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Dos, Tapachula, en esta ciudad; por lo cual dicho acto, hasta en esta etapa, no vulnera ningún derechos sustantivos; además, la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que la calificación de grado que haga el Tribunal de Alzada, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascendieron o no al resultado del fallo. Así, respecto de los actos cuyos efectos produzcan imposible reparación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en el Estado Mexicanos sea parte, proporcionan una mayor seguridad jurídica de los mismos, es decir, establece que tales actos, para calificarse como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, por tanto, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzca una lesión de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; así, se insiste que el acto aquí reclamado por el inconforme por sí sólo no produce una afectación a sus derechos sustantivos, que no puedan ser reparados con la calificación de grado que haga el Tribunal de Alzada. Cobra aplicación, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 348975, Quinta Época, localizable en el Tomo LXXXIV, página 2164, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "APELACIÓN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE, EN SÓLO EL EFECTO DEVOLUTIVO. El juicio de garantías es improcedente contra el auto que admite el recurso de apelación en sólo el efecto devolutivo, y no en ambos efectos, porque tal auto está sujeto a la calificación de grado que sobre el haga el superior, y por lo mismo, es reparable dentro del procedimiento ordinario. Así, como la diversa jurisprudencia P./J. 131/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 192838, Novena Época, localizable en el Tomo X, Noviembre de 1999, página 20, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV, 158, último párrafo, y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, en contra del acto que reclamó al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, con sede en esta ciudad. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Registro digital 196196, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." También es de señalarse que esta determinación no contraviene las garantías judiciales y de protección judicial que prevén los artículos 8° y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que al efecto señalan: "ARTÍCULO 8°.- Garantías Judiciales.- 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. "ARTÍCULO 25.- Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2.- Los Estados partes se comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso." En virtud de existir pronunciamiento de nuestro Más Alto Tribunal en ese sentido, en la jurisprudencia 22/2014, sustentada por la Primera Sala, Décima Época, Registro digital 2005917, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, tomo I, página: 325, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". DOMICILIO De conformidad con lo señalado en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, en su escrito aclaratorio de demanda. Notifíquese y, personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del secretario, Saturnino Palomeque Culebro, con quien actúa y da fe, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
AVISO DE NOTIFICACIÓN PARA LA PARTE QUEJOSA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA PARA LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO 2023.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el escrito firmado al parecer por la parte quejosa *********** y anexo, con el que pretende dar cumplimiento a las prevenciones que se le hicieron en auto inicial de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés *********. Previo a proveer lo que en derecho proceda en relación con el contenido del escrito de cuenta, es dable precisar que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta al parecer por la parte quejosa Isis Alejandra Torres López, es notoriamente distinta a la estampada en el escrito inicial de demanda de amparo (fojas 9 a 15), como se advierte del siguiente cuadro comparativo: DEMANDA DE AMPARO *** ESCRITO ACLARATORIO Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, por lo que no hay forma de saber si es voluntad de la parte quejosa; pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce del escrito inicial de demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2º, requiérase al citado quejoso, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este órgano jurisdiccional, ubicado en Predio Rustico denominado "Huerto Santa Isabel" Carretera Cantón Murillo K.M.0+450, Tapachula, Chiapas, con identificación oficial vigente y en presencia judicial manifieste si ratifica o no la firma que calza el escrito que se atiende e indique si la reconoce como suya, apercibida que de no comparecer, se tendrá por no presentado dicho ocurso. Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 3a. 24, Registro digital: 207437, Octava Época, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Debe decirse que el criterio que se cita, y que interpreta la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Comparecencia, que deberá realizarse en días y horas hábiles que tiene este juzgado federal para atención al público, esto es, lunes a viernes, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señala en esta ciudad. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario Saturnino Palomeque Culebro, con quien actúa y da fe, quien certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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