Isidro Velázquez Cruz
Expediente 233/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2017
Partes del expediente
- Isidro Velázquez Cruz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 233/2017-2-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, precepto que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Contexto del cual se advierte que la hipótesis de improcedencia establecida en el precitado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, opera cuando en las leyes que rigen el acto de autoridad proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello es así, toda vez que es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; así los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta el quejoso para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa señala como actos reclamados en el capítulo respectivo el auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento del Juicio Ordinario Civil de Recisión de Contrato **********, del índice del juzgado responsable, mediante el cual, negó la solicitud formulada por la parte quejosa en el sentido de que girara sendos oficios a diversas instituciones a efecto de localizar algún bien a nombre del actor con la finalidad de requerirle el cumplimiento de lo condenado en el juicio de origen; de lo cual se advierte que el peticionario de amparo no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ello, dado que de la lectura de la demanda se advierte que es parte demandada en el juicio de origen, por tanto, estaba obligado a agotarlo, en virtud de que en contra de dicho acto debió promover el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, a través del cual puede obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que impugna, que establece: "ARTÍCULO 507.- Contra las resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad; salvo aquellas que nieguen o impidan su ejecución, se admitirá la apelación en el efecto devolutivo." Del precepto transcrito se desprende que por medio del recurso de apelación, puede restituirse al particular en el goce de los derechos que considera vulnerados; en ese tenor, es dable señalar que en la especie, el impetrante debió promover esa instancia impugnativa antes del juicio de amparo, pues es un requisito sine qua non previo a la petición del amparo, agotar los medios de defensa ordinarios con los cuales se pueda alcanzar el fin referido con antelación. Se cita en apoyo, la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tesis: I.6o.C. J/37, Tomo: XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora, la parte quejosa señala como acto el auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento del Juicio Ordinario Civil de Recisión de Contrato **********, promovido en contra del aquí quejoso. En ese sentido, de lo precisado se advierte que el quejoso es parte demandada en el juicio de origen. En ese tenor es inconcuso que estuvo en condiciones de promover el recurso de apelación en contra de esa determinación que a su juicio le causa agravios, dado que en su carácter de parte demandada precisamente en ese juicio del que deriva el acto reclamado, pudo impugnar las violaciones de referencia a través del recurso de apelación en términos del artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, por lo que el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, estaba obligado a agotar el principio de definitividad establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado su origen y fundamentación en la Carta Magna, en el litigio de amparo al ser de naturaleza constitucional viene a constituir un medio de defensa extraordinario, el cual no procede en contra de cualquier actuación de la autoridad, sino que sus hipótesis de procedencia están limitadas, entre otras, a aquellos actos respecto de los que no exista algún medio de defensa en virtud del cual se pueda restituir al gobernado en el goce de los derechos que estime violados; situación que no acontece en la especie, pues como se ha mencionado, el promovente tiene la posibilidad de promover el recurso de apelación, por medio del cual, como ya se dijo, podría ser modificado o revocado el mismo; esto es, obtener su objetivo a través del medio de defensa que la ley de la materia concede, el cual debió agotar previo a la promoción del juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues de lo contrario éste resulta improcedente, según lo establece el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". De conformidad con el ordinal 113, en relación con el diversos 61, fracción XVIII, del precitado cuerpo de leyes, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a **********, en virtud de que se encontró registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos a ********** y **********, por así haberlo designado expresamente la parte quejosa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICAR POR LISTA Y POR LISTA EN PÁGINA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA ....EL PROVEÍDO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS DOS MIL DIECISIETE, PRONUNCIADO POR ESTE JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS CON RESIDENCIA EN TUXTLA GUTIÉRREZ EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 233/2017 PROMOVIDO POR USTED, QUE EN LO CONDUCENTE TRATA: ACUERDO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 233/2017-2-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: "Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que afecte la demanda de amparo, debe ser evidente por sí mismo, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación haga inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto", significa, claro, evidente; mientras que "indudable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Novena Época, registrada bajo el número 186605, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XVI, Julio de 2002, página: 448. "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso particular se advierte de manera oficiosa, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, precepto que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Contexto del cual se advierte que la hipótesis de improcedencia establecida en el precitado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, opera cuando en las leyes que rigen el acto de autoridad proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, mediante el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ello es así, toda vez que es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; así los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta el quejoso para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa señala como actos reclamados en el capítulo respectivo el auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento del Juicio Ordinario Civil de Recisión de Contrato **********, del índice del juzgado responsable, mediante el cual, negó la solicitud formulada por la parte quejosa en el sentido de que girara sendos oficios a diversas instituciones a efecto de localizar algún bien a nombre del actor con la finalidad de requerirle el cumplimiento de lo condenado en el juicio de origen; de lo cual se advierte que el peticionario de amparo no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, ello, dado que de la lectura de la demanda se advierte que es parte demandada en el juicio de origen, por tanto, estaba obligado a agotarlo, en virtud de que en contra de dicho acto debió promover el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, a través del cual puede obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que impugna, que establece: "ARTÍCULO 507.- Contra las resoluciones dictadas en ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad; salvo aquellas que nieguen o impidan su ejecución, se admitirá la apelación en el efecto devolutivo." Del precepto transcrito se desprende que por medio del recurso de apelación, puede restituirse al particular en el goce de los derechos que considera vulnerados; en ese tenor, es dable señalar que en la especie, el impetrante debió promover esa instancia impugnativa antes del juicio de amparo, pues es un requisito sine qua non previo a la petición del amparo, agotar los medios de defensa ordinarios con los cuales se pueda alcanzar el fin referido con antelación. Se cita en apoyo, la Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tesis: I.6o.C. J/37, Tomo: XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Ahora, la parte quejosa señala como acto el auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en el procedimiento del Juicio Ordinario Civil de Recisión de Contrato **********, promovido en contra del aquí quejoso. En ese sentido, de lo precisado se advierte que el quejoso es parte demandada en el juicio de origen. En ese tenor es inconcuso que estuvo en condiciones de promover el recurso de apelación en contra de esa determinación que a su juicio le causa agravios, dado que en su carácter de parte demandada precisamente en ese juicio del que deriva el acto reclamado, pudo impugnar las violaciones de referencia a través del recurso de apelación en términos del artículo 507 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, por lo que el quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, estaba obligado a agotar el principio de definitividad establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, dado su origen y fundamentación en la Carta Magna, en el litigio de amparo al ser de naturaleza constitucional viene a constituir un medio de defensa extraordinario, el cual no procede en contra de cualquier actuación de la autoridad, sino que sus hipótesis de procedencia están limitadas, entre otras, a aquellos actos respecto de los que no exista algún medio de defensa en virtud del cual se pueda restituir al gobernado en el goce de los derechos que estime violados; situación que no acontece en la especie, pues como se ha mencionado, el promovente tiene la posibilidad de promover el recurso de apelación, por medio del cual, como ya se dijo, podría ser modificado o revocado el mismo; esto es, obtener su objetivo a través del medio de defensa que la ley de la materia concede, el cual debió agotar previo a la promoción del juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues de lo contrario éste resulta improcedente, según lo establece el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". De conformidad con el ordinal 113, en relación con el diversos 61, fracción XVIII, del precitado cuerpo de leyes, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a **********, en virtud de que se encontró registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos a ********** y **********, por así haberlo designado expresamente la parte quejosa. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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