Isidro Vázquez Reyes
Expediente 1323/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Isidro Vázquez Reyes
- ISIDRO VÁZQUEZ REYES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro del expediente de queja 33/2019. Dese a conocer a las partes que el recurso de referencia fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO.- Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por el Comisario Ejidal de San Agustín Tlaxco, Municipio de Acajete, Puebla, así como Guillermo Valdez Campos, Gregoria de Jesús González, Blandina Juárez Castañeda, Pedro Rosas Cano, Isabel Rosas Osorio, José Jaime Sánchez Rosas, por conducto de su cónyuge supérstite Yolanda López Rosas, Isidro Vázquez Reyes, Juan Varela Rosas, Ubaldo Valdez López o Ubaldo Valdés López, María Concepción Catalina Olvera Barrera, Julio Reyes Morales, Erasto Reyes Varela, Trinidad Báez Reyes, Victoria Varela Rosas y Quintin Valdez López, contra la resolución de veintiuno de enero de dos mil diecinueve dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 1323/2018." Acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal revisor, háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de Eduardo Edmundo Rocha Caballero, en su carácter de apoderado legal de los promoventes, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de veintiuno de enero de dos mil diecinueve; por lo tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Sexto Circuito, y envíesele con las constancias pertinentes. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil diecinueve. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual desprende que al promovente del amparo Edmundo Rocha Caballero no dio cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado Federal el nueve de enero de dos mil diecinueve; por tanto, es legal hacer efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, en virtud de que es indispensable para la admisión de la demanda, que se cumplan cabalmente los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, ya que de no hacerlo así, como en el caso acontece, al no acreditar con documento fehaciente el carácter de asesor legal de Margarito Modesto Trujillo Medina y Petra Josefa Medina Esteban. En virtud de lo anterior, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, únicamente se tiene por no presentada la demanda promovida por Eduardo Edmundo Rocha Caballero en representación de Margarito Modesto Trujillo Medina y Petra Josefa Medina Esteban. En otro orden, tal y como quedó asentado mediante acuerdo de quince de enero del año actual, se tiene a Eduardo Edmundo Rocha Caballero, como asesor jurídico de Concepción Rosas Cortés, Francisco López Chico y Apolonia Rocha Sánchez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de San Agustín Tlaxco, municipio de Acajete, Puebla, así como de Guillermo Valdez Campos, Gregoria de Jesús González, Blandina Juárez Castañeda, Pedro Rosas Cano, Isabel Rosas Osorio, José Jaime Sánchez Rosas, por conducto de su cónyuge supérstite Yolanda López Rosas, Isidro Vázquez Reyes, Juan Varela Rosas, Ubaldo Valdez López o Ubaldo Valdés López, María Concepción Catalina Olvera Barrera, Julio Reyes Morales, Erasto Reyes Varela, Trinidad Báez Reyes, Victoria Varela Rosas, Quintin Valdez López, lo anterior, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, en relación con las copias certificadas remitidas por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Siete; en tales condiciones, se provee: 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia. En primer término, cabe señalar la parte quejosa señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, la interlocutoria de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 37, de Puebla, Puebla, dentro del incidente de separación de juicios deducido del expediente agrario 347/2015, a través de la cual dicha autoridad resolvió procedente la separación de juicios promovida por la parte demandada en los referidos autos. Precisado lo anterior, el suscrito advierte que respecto al acto reclamado en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intraprocesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como se dijo, en el caso el acto reclamado consiste en la interlocutoria de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, emitida por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 37, de Puebla, Puebla, dentro del incidente de separación de juicios deducido del expediente agrario 347/2015, a través de la cual dicha autoridad resolvió procedente la separación de juicios promovida por la parte demandada en los referidos autos. En tal sentido, la referida determinación no constituye un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses en el expediente de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de las posibles violaciones procesales que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, analizada en contrario sentido, la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." En consecuencia, la referida resolución sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuera desfavorable para la parte quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I y 172, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo vigente. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Concepción Rosas Cortés, Francisco López Chico y Apolonia Rocha Sánchez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de San Agustín Tlaxco, municipio de Acajete, Puebla, así como de Guillermo Valdez Campos, Gregoria de Jesús González, Blandina Juárez Castañeda, Pedro Rosas Cano, Isabel Rosas Osorio, José Jaime Sánchez Rosas, por conducto de su cónyuge supérstite Yolanda López Rosas, Isidro Vázquez Reyes, Juan Varela Rosas, Ubaldo Valdez López o Ubaldo Valdés López, María Concepción Catalina Olvera Barrera, Julio Reyes Morales, Erasto Reyes Varela, Trinidad Báez Reyes, Victoria Varela Rosas, Quintin Valdez López, a través de su asesor jurídico Eduardo Edmundo Rocha Caballero. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio 107/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Treinta y Siete, a través del cual da cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional mediante auto de nueve de enero del presente año, por lo que remite copia certificada de los acuerdos de treinta de septiembre de dos mil quince, veintiuno de enero y catorce de marzo de dos mil dieciséis, en los que se reconoció a Eduardo Edmundo Rocha Caballero, con el carácter de asesor jurídico de de Concepción Rosas Cortés, Francisco López Chico y Apolonia Rocha Sánchez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero de San Agustín Tlaxco, municipio de Acajete, Puebla, así como de Guillermo Valdez Campos, Gregoria de Jesús González, Blandina Juárez Castañeda, Pedro Rosas Cano, Isabel Rosas Osorio, José Jaime Sánchez Rosas, por conducto de su cónyuge supérstite Yolanda López Rosas, Isidro Vázquez Reyes, Juan Varela Rosas, Ubaldo Valdez López o Ubaldo Valdés López, María Concepción Catalina Olvera Barrera, Julio Reyes Morales, Erasto Reyes Varela, Trinidad Báez Reyes, Victoria Varela Rosas, Quintin Valdez López; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante informando que no encontró el reconocimiento de Edmundo Rocha Caballero, como asesor legal de Margarito Modesto Trujillo Medina y Petra Josefa Medina Esteban; por tanto, toda vez que sigue transcurriendo el término para que la parte quejosa dé cumplimiento a la prevención de nueve de enero de dos mil diecinueve, una vez que cumpla con la misma, o bien, fenezca el tiempo para ello, se acordará lo conducente respecto a la admisión de la demanda. NOTIFÍQUESE.
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