Isidro Valet Cerón

Expediente 100/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
100/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Isidro Valet Cerón

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Isidro Valet Ceron, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 100/2022-V-A, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, este último aplicado en sentido contrario, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte Para determinar cuándo se está en presencia de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por tales se entienden ...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, debe destacarse que las violaciones cometidas en un procedimiento que no sean de imposible reparación pueden impugnarse al momento de promover amparo directo en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, como lo dispone el artículo 170 de la ley de la materia. El acto reclamado por el quejoso consiste esencialmente en la omisión de dictar y notificar el laudo correspondiente en el juicio laboral 131/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo. Ahora, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta el impetrante, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintiuno se turnaron los autos del referido expediente laboral para proyecto de resolución, en virtud de que en esa misma data se declaró cerrada la instrucción. Sin embargo, dicho acto no puede considerarse de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, uno de los requisitos que caracterizan a los autos irreparables es la afectación inmediata a los derechos sustantivos, circunstancia que se opone a la afectación adjetiva, como la que en el caso se produce. El quejoso se duele de una afectación cometida en el inicio del procedimiento jurisdiccional, pues refiere que la autoridad responsable ha omitido la emisión del laudo correspondiente y su notificación, lo que atenta contra el principio de expeditez contenido en el artículo 17 constitucional. Sin embargo, ese acto omisivo no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una violación procesal autónoma al juicio laboral, en el que el quejoso es actor, sino que se da justamente durante su tramitación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2011580, Materia Constitucional, Común, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En efecto, si uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación directa que los mismos producen a los derechos sustantivos de la parte quejosa, el que, en el caso reclama, no puede considerarse de forma autónoma por haberse suscitado durante la tramitación de un procedimiento de índole laboral en el cual la accionante es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo; además, la suscrita no advierte una paralización total o dilación absoluta del procedimiento. Respecto al tema la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Así lo sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, registro 2019400, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Del contenido de tal porción normativa, se desprende que, una vez que haya sido decretada cerrada la instrucción en el procedimiento labora, se turnaran los autos al secretario para que dentro de los diez días siguientes formule el proyecto de resolución en forma de laudo. Una vez que se cuente con el proyecto de laudo se distribuirá una copia a cada uno de los miembros de la junta, a fin de que dentro de los cinco días siguientes a su recepción, cualquiera de sus miembros solicitara el desahogo de las pruebas que no se hubieran desahogado por causas no imputables a las partes, mismas que deberán desahogarse dentro de los ocho días posteriores, en presencia de las partes. Transcurridos los plazos señalados en los párrafos que preceden, el Presidente de la junta citara a los integrantes de la misma, para que dentro de los diez hábiles siguientes discutan y aprueben el proyecto de resolución en forma de laudo. Por último, una vez aprobado el proyecto sin modificaciones y adiciones, se elevara a categoría de laudo. Ahora, el accionante refiere que el trece de diciembre de dos mil veintiuno se turnaron los autos del referido expediente laboral para proyecto de resolución, en virtud de que en esa misma data se declaró cerrada la instrucción. No obstante, mediante oficio JLCA/AMP/1254/2021 de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo por ministerio de ley, informó que dicha dependencia gozaría de su segundo periodo vacacional del 21 de diciembre de ese año al siete de enero de este año, reanudando sus labores hasta el diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese copia certificada a los autos de dicho comunicado. Por lo tanto, el término a que se refiere el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo, transcurrió del catorce de diciembre de dos mil veintiuno al catorce de enero de este año, sin contar sábados y domingo al resultar inhábiles, así como el lapso referido en que la junta responsable gozó de su segundo periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintiuno. Luego, si a partir del diecisiete de enero del presente año, se contabilizan los veintitrés días hábiles a que aluden los numerales 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que los integrantes de la junta ordenen el desahogo de las pruebas que a su consideración estimen pertinentes en presencia de las partes, así como que se discuta y a pruebe el proyecto de resolución y a su vez se eleve a categoría de laudo, se concluye que dicho lapso finaliza hasta el dieciséis de febrero de este año. En esa virtud, debe tomarse como data el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, a efecto de computar los cuarenta y cinco días naturales tomados como parámetro para establecer si existe paralización en el juicio laboral de origen. Luego, del sello de recibido asentado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, se observa que la demanda de cuenta fue presentada el veinticuatro de enero del presente año. Lo que claramente evidencia que el plazo de cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, todavía no fenece. Por tanto, se considera que contra la omisión reclamada es improcedente el juicio de amparo, pues a la fecha de presentación de la demanda aún no trascurren los cuarenta y cinco días tomados como parámetro para establecer si existe paralización en el juicio laboral de origen. Por lo que, se considera que no se actualiza la hipótesis para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la dilación que reclama el quejoso, ya que ésta no es excesiva en virtud de que aún no transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió emitirse el auto inicial. En esas condiciones, se insiste que no se advierte que se trate de una omisión de imposible reparación, porque no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, o en los tratados internacionales en los que México es parte, sino simplemente, en su caso, derechos adjetivos. En consecuencia, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por Isidro Valet Cerón. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como tal, el ubicado en Boulevard Ramón G. Bonfil número 1608, colonia Arboledas de San Javier, Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Javier Espinoza Escamilla, Antonio Espinoza Pereyra, Ana Belem Pérez Álvarez e Itzel Suárez Castro. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario..V

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