Isidro Rosas Crisanto
Expediente 816/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado Y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato
- Isidro Rosas Crisanto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiuno de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ----, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueven -----, por su propio derecho, contra actos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio y Director de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, que consideran violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 816/2015-IV; y, fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a tal precepto, se considera que en la especie, procede desechar la demanda intentada por ser notoriamente improcedente, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, por las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura íntegra al ocurso de cuenta, se advierte que los actos reclamados consisten de manera esencial en la prestación irregular del servicio de agua potable y la continuación en su cobro, incluyendo rezago y recargos. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, pues antes de intentar la acción de amparo, las impetrantes tenían que agotar el medio de defensa que la ley establece para tal efecto, como es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que son competentes las Salas para conocer de los procedimientos administrativos que se promuevan en contra de actos y resoluciones jurídico administrativos que las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, conforme a los numerales 255, fracción I y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato , pues a través de tal medio ordinario de impugnación, estuvieron en condiciones de aportar elementos de convicción para demostrar la ilegalidad del acto impugnado y obtener su nulificación. El precepto de mérito dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]" El precepto transcrito establece lo que la doctrina ha denominado: principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por tanto, previo a su interposición debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente; para que opere esa hipótesis de improcedencia, se requiere: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Así, respecto al último inciso detallado, cabe mencionar que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su capítulo para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, no exige mayores requisitos que los previstos en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, para el mismo fin. En efecto, es preciso señalar que no será necesario agotar previo a la promoción del juicio de amparo, algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, situación que se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la citada Ley de Amparo vigente, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la referida ley de justicia estatal, así como también las de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Ahora bien, del análisis comparativo de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el juicio de nulidad, con los diversos numerales 128 a 158 de la Ley de Amparo, se advierte que el ordenamiento legal citado en primer término no exige mayores requisitos que la citada ley reglamentaria para el otorgamiento de la medida cautelar, por las razones que enseguida se exponen: a) De conformidad con el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el actor podrá solicitar la suspensión del acto o resolución impugnada en su demanda o en cualquier momento del proceso; y, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria. b) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato (artículo 270), como la Ley de Amparo (artículo 132), exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable. c) El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato (artículo 271), precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación de esta entidad federativa tiene un alcance mayor que la prevista en la Ley de Amparo, pues el primero de los ordenamientos prevé que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275), mientras que la Ley de Amparo no contempla expresamente esa modalidad. En las relatadas condiciones, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional en esta instancia debió ser impugado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, lo que no aconteció en la especie, por lo tanto, se concluye que la parte quejosa no satisfizo el principio de definitividad que rige el procedimiento de amparo, por lo que cobra vigencia el motivo de improcedencia que se analiza, es decir, el previsto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para un mejor entendimiento, debe aclararse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. La Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 82/99, determinó que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto previamente a su interposición en los casos siguientes: a. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: a.1. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. a.2. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. a.3. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. a.4. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. b. Por disposición de la Ley de Amparo. b.1. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b.2. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. b.3. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. b.4. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. c. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. c.1. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia. c.2. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Así, los actos reclamados, no constituyen actos con carácter definitivo, ya que son impugnables mediante el juicio de nulidad, en términos de los artículos 1º y 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato , donde se establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de los juicios contra actos como los que aquí se reclaman. En virtud de lo anterior, resulta evidente que los quejosos, previamente a promover el presente juicio de garantías debieron agotar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, esto es, impugnar los actos reclamados mediante el juicio de nulidad; por lo que al no haberlo hecho así, es lógico que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el trascrito artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito se cuenta; asimismo se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, alas personas que indican, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.
- Principal
CONSTANCIA.- En cumplimiento al acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil quince, por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución dictada el veintiuno de septiembre de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueven -----, por su propio derecho, contra actos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio y Director de Seguridad Pública, ambos con sede en esta ciudad, que consideran violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número 816/2015-IV; y, fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a tal precepto, se considera que en la especie, procede desechar la demanda intentada por ser notoriamente improcedente, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, por las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura íntegra al ocurso de cuenta, se advierte que los actos reclamados consisten de manera esencial en la prestación irregular del servicio de agua potable y la continuación en su cobro, incluyendo rezago y recargos. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, pues antes de intentar la acción de amparo, las impetrantes tenían que agotar el medio de defensa que la ley establece para tal efecto, como es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que son competentes las Salas para conocer de los procedimientos administrativos que se promuevan en contra de actos y resoluciones jurídico administrativos que las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, conforme a los numerales 255, fracción I y 256 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato , pues a través de tal medio ordinario de impugnación, estuvieron en condiciones de aportar elementos de convicción para demostrar la ilegalidad del acto impugnado y obtener su nulificación. El precepto de mérito dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]" El precepto transcrito establece lo que la doctrina ha denominado: principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por tanto, previo a su interposición debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente; para que opere esa hipótesis de improcedencia, se requiere: a. Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b. Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c. Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. d. Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Así, respecto al último inciso detallado, cabe mencionar que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su capítulo para otorgar la suspensión de la ejecución del acto impugnado, no exige mayores requisitos que los previstos en los artículos 128 y 132 de la Ley de Amparo, para el mismo fin. En efecto, es preciso señalar que no será necesario agotar previo a la promoción del juicio de amparo, algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, situación que se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la citada Ley de Amparo vigente, lo que obliga a revisar con detenimiento tanto las disposiciones conducentes de la referida ley de justicia estatal, así como también las de la Ley de Amparo, que establecen los requisitos que deben satisfacerse a fin de que el particular esté en aptitud de obtener la suspensión del acto impugnado. Ahora bien, del análisis comparativo de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el juicio de nulidad, con los diversos numerales 128 a 158 de la Ley de Amparo, se advierte que el ordenamiento legal citado en primer término no exige mayores requisitos que la citada ley reglamentaria para el otorgamiento de la medida cautelar, por las razones que enseguida se exponen: a) De conformidad con el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el actor podrá solicitar la suspensión del acto o resolución impugnada en su demanda o en cualquier momento del proceso; y, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria. b) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato (artículo 270), como la Ley de Amparo (artículo 132), exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable. c) El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato (artículo 271), precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación de esta entidad federativa tiene un alcance mayor que la prevista en la Ley de Amparo, pues el primero de los ordenamientos prevé que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275), mientras que la Ley de Amparo no contempla expresamente esa modalidad. En las relatadas condiciones, resulta inconcuso que el acto que se tilda de inconstitucional en esta instancia debió ser impugado a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, lo que no aconteció en la especie, por lo tanto, se concluye que la parte quejosa no satisfizo el principio de definitividad que rige el procedimiento de amparo, por lo que cobra vigencia el motivo de improcedencia que se analiza, es decir, el previsto por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para un mejor entendimiento, debe aclararse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/99, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. La Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 82/99, determinó que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto previamente a su interposición en los casos siguientes: a. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: a.1. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. a.2. Actos cuya ejecución es de imposible reparación. a.3. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. a.4. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. b. Por disposición de la Ley de Amparo. b.1. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. b.2. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. b.3. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. b.4. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. c. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. c.1. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia. c.2. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia. Así, los actos reclamados, no constituyen actos con carácter definitivo, ya que son impugnables mediante el juicio de nulidad, en términos de los artículos 1º y 2 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato , donde se establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conocerá de los juicios contra actos como los que aquí se reclaman. En virtud de lo anterior, resulta evidente que los quejosos, previamente a promover el presente juicio de garantías debieron agotar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, esto es, impugnar los actos reclamados mediante el juicio de nulidad; por lo que al no haberlo hecho así, es lógico que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el trascrito artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito se cuenta; asimismo se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, alas personas que indican, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.
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