Isidro Ramirez Gomez
Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isidro Ramirez Gomez
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintisiete de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el escrito de demanda signado de manera electrónica por Erick Omar Cervantes León, promoviendo en favor del directo quejoso Isidro Ramírez Gómez, el cual se registró bajo el folio 16607, mismo que se observa que se encuentra debidamente acordado; sin embargo, se omitió realizar la vinculación correspondiente al expediente electrónico; lo que en esta data se realiza, para los efectos legales conducentes. Por otro lado, téngase por recibido el oficio de cuenta, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe relativo a la suspensión de plano dictada en el presente asunto. En consecuencia, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga.Notifíquese por lista. Así lo acordó Sara Judith Gudiño Martínez, Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, quien actúa asistida de Marina San Juan Santiago, secretaria que da fe, quienes firman electrónicamente para certeza y validez jurídica conforme a los datos que aparecen en la evidencia criptográfica.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por********************, quien se ostenta como abogado defensor del directo quejoso ********************, contra actos del Encargado del Centro de Reinserción Social Zona Norte Tuxpan, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Precisión de los actos reclamados. Ahora, previo a emitir pronunciamiento, debe precisarse que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: a) La omisión de solicitar de forma oficiosa la modificación de la pena de prisión impuesta al directo quejoso en el proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, de Poza Rica, Veracruz, en términos de los artículos 15, fracción X, 115, 124 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución, relativa a la incompatibilidad de la sanción en la situación médica del quejoso, pues se encuentra peligro su vida. b) La omisión de proporcionar de atención médica; y, c) La negativa de emprender las acciones necesarias para garantizar el debido tratamiento médico del directo quejoso. Se concede suspensión de plano respecto de los actos reclamados en los incisos B) y C). En ese sentido debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la omisión de proporcionar atención médica, es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan a la parte quejosa en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete a la parte quejosa a cierta limitación en su desarrollo de vida, físico, psicológico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. En ese orden de ideas, debe decirse que el peligro de vida no se actualiza sólo en casos en que haya una persecución letal o una pena de muerte -como sucedía en otras épocas históricas-, pues al realizar una interpretación de tal expresión sensible a las problemáticas actuales y a la protección de los derechos humanos, lleva a considerar diversas hipótesis que, de facto, pueden representar un riesgo o amenaza a la subsistencia de las personas, como sucede en determinados casos en torno a ciertos riesgos o afectaciones a la salud que comprometen su subsistencia o integridad, pues son esas situaciones de alto y sensible riesgo a las que la legislación de amparo ha querido acoger y dar una protección especial y de amplio acceso, haciendo inaplazable y de carácter urgente proveer sobre la medida cautelar. Sustenta lo narrado, la tesis aislada 2a. CVIII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del país, de rubro y texto: SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." Conforme lo expuesto, válidamente puede advertirse que el supuesto para que proceda el otorgamiento de la suspensión solicitada es que el asunto verse sobre actos cuya naturaleza jurídica sea de entidad grave y requiera de la intervención del juzgador constitucional para paralizarlos de inmediato, en la inteligencia de que, de consumarse o continuarse, harían imposible la reparación de los derechos del gobernado relacionados con su dignidad e integridad, vulnerados con el dictado o ejecución de aquéllos. Dicho en otras palabras, el legislador consideró los actos que ameritan la concesión de la suspensión son aquellos que afectan de manera irreparable e irremediable los bienes jurídicamente tutelados, prioritarios e imprescindibles para las personas. Sustenta lo anterior, la tesis I.18o.A.33 K (10a.) emitida por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se lee: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud." Por ende, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, realicen las gestiones necesarias para proporcionar al quejoso ******************** la atención médica especializada que corresponda al tratamiento para los padecimientos de cáncer gástrico y de colon que señala le fueron detectados, la cual deberá ser adecuada y suficiente; y de ser necesario, instrumente los medios y acciones que sean pertinentes para su tratamiento, ello a efecto de evitar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del promovente de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. XIX/20001, del epígrafe: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS" Efecto que implica que la autoridad responsable no solamente brinde la atención médica adecuada del diagnóstico de los padecimientos, sino en caso de requerir un estudio especializado se le practique, asimismo suministrar al quejoso los medicamentos necesarios para velar por su salud física hasta su total recuperación, en tanto su diagnóstico lo permita y cualquier otra medida de carácter urgente que se estime necesaria para lograr tal propósito. En el entendido que conforme a los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por las Naciones Unidas, imponen la obligación a las autoridades penitenciarias de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, quienes deben velar por la salud física y mental de los internos, los cuales tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico, cada vez que sea necesario, derecho humano que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 4º. Requerimiento a las autoridades. En tal virtud, se requiere a las autoridades responsables para que informen a este Juzgado de Distrito, en el término de VEINTICUATRO HORAS, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en términos de los diversos 125 y 126 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Apercibimiento. Hágase saber a las responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262, fracción III y 266, fracción, I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando los actos que se le reclaman, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, de no cumplirse con la medida suspensional en el término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo vigente, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, que podrá incrementarse dependiendo del actuar de la autoridad requerida. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable Titular del Centro Estatal de Cancerología, con residencia en Xalapa, Veracruz, tiene su domicilio fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 298 al 300 del Código de Procedimientos Civiles, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en turno; para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, instruya al actuario judicial de su adscripción, a fin de que notifique a la citada autoridad responsable, el oficio que se gire del presente acuerdo, al que se deberá adjuntar copia de la demanda; ello, a efecto de que se imponga de su contenido y de cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. En el entendido que deberá levantar la respectiva acta de la diligencia encomendada para que obre como constancia. Exhorto que deberá enviarse conforme los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por lo cual se solicita respetuosamente a la autoridad exhortada se sirva ordenar la devolución de lo actuado VÍA ELECTRONICA, en el entendido que no se acusará de recibo, porque se genera automáticamente. Admisión. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y por cuanto hace al acto reclamado señalado como A), tramítese por separado el incidente respectivo al haberse solicitado la suspensión, ya que si bien el promovente, solicita la suspensión de plano respecto los actos reclamados, dicho acto no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 127, de la Ley de Amparo. Sin que sea necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión, en términos del artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con veinte minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), quien(es) deberá(n) rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído. En el informe deberá(n) exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, con el apercibimiento que de no rendir su informe, o bien, de no acompañar las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soportan su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, se hará(n) acreedora(s) a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en términos lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades que el informe que se le requiere debe preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591. En caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En la inteligencia que de ser cierto el acto reclamado, dicho informe deberá remitirse vía interconexión, por mensajería rápida, por correo certificado, o bien, por el medio que la autoridad determine a fin de que este juzgado cuente con las constancias originales o copias certificadas que acrediten la existencia del acto reclamado. En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Notificación por medios electrónicos para autoridades responsables foráneas. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) en relación con el 28, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se autoriza el envío de oficios a la(s) autoridad(es) responsable(s) mediante correos electrónicos oficiales, quien(es) deberá(n) acusar recibo por la misma vía y rendir su(s) informe(s) de ley a través del correo institucional oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento por causa de improcedencia o sobreseimiento. Conforme al artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades responsables como a la parte quejosa para que, de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este juzgado y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. De hacer caso omiso al presente requerimiento, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva acordar lo procedente respecto a su existencia y, en su caso, emplazamiento, hasta en tanto obren las constancias relativas al juicio de origen; lo anterior, para tener la plena certeza de a quién le resulta ese carácter. Requerimiento constancia defensor. Con apoyo en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez de Ejecución del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad, para que remita la certificación correspondiente al carácter defensor del directo quejoso ********************, con que se ostenta el licenciado******************** en este juicio de amparo. Intervención al agente del ministerio público federal. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponda, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, corriéndole traslado con copia de la demanda. Notificación y consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por haberlo solicitado practíquense sus notificaciones de manera electrónica a través del usuario "********************" y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte procesal la consulta del expediente electrónico. Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Pruebas. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales exhibidas con el escrito de demanda, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de hacer relación de éstas al celebrarse la audiencia constitucional. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Incidental
El veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, doy cuenta a la Jueza con una copia de la demanda de amparo que antecede. Conste.. Conste.Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************, promovido por********************, ostentándose como abogado defensor del directo quejoso ********************, contra actos del Encargado del Centro de Reinserción Social Zona Norte, con sede en esta ciudad y otras autoridades. De conformidad con los artículos 131, 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo, mismo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al momento en que sean notificadas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables de que en caso de que no rindan el informe requerido, se les sancionara (en lo individual) con multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00); lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de las autoridades que el informe que se les requiere deben preferentemente enviarlo al correo electrónico oficialia8jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (229) 923-67-80 extensión 1591; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la autoridad las remitirá por la mensajería rápida que estime conveniente a la dirección Boulevard Manuel Maples Arce, número 188, colonia Enrique Rodríguez Cano, código postal 92880, Tuxpan, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberán hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deban hacerlo por todas. Audiencia Incidental Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Análisis de la suspensión provisional. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado para suspender: La omisión de solicitar de forma oficiosa la modificación de la pena de prisión impuesta al directo quejoso en el proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, de Poza Rica, Veracruz, en términos de los artículos 15, fracción X, 115, 124 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución, relativa a la incompatibilidad de la sanción en la situación médica del quejoso. Requisitos para el otorgamiento de la suspensión. Precisado el acto reclamado, previamente, conviene precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo exige dos requisitos para conceder la suspensión definitiva, siendo en el caso. I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En principio, el requisito fijado en el inciso I se encuentra acreditado, toda vez que la parte quejosa solicitó el otorgamiento de la suspensión y por cuanto hace al segundo de los presupuestos, debe decirse que se encuentra cumplida toda vez que con la concesión de la medida cautelar solicitada no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, máxime que no contraviene ninguno de los supuestos previstos por el artículo 129 de la Ley de Amparo. Negativa de la suspensión provisional. No obstante lo anterior, en relación al acto reclamado lo procedente es negar la suspensión solicitada, en atención a que por su naturaleza no admite suspensión; además porque de concederse la medida cautelar se darían efectos constitutivos de derechos a dicha medida, los que son propios de la sentencia concesoria de amparo que en su caso, pudiera dictarse en el juicio de amparo de donde deriva este incidente, amén de que precisamente tal acto constituye la materia de estudio en el fondo del juicio principal. Ello, sin desconocer, que el artículo 147 de la Ley de Amparo dispone para que proceda otorgar la suspensión del acto reclamado, es menester que se tomen en cuenta las condiciones siguientes: Se conserve la materia del amparo hasta la terminación del juicio; Debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado; y, De ser material y jurídicamente posible, se podrá restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado. Lo anterior significa que la suspensión puede tener efectos restitutorios cuando el acto reclamado ya se haya ejecutado, con la condicionante de que la restitución sólo sea provisional, lo que significa que si atento a la naturaleza del acto reclamado el restablecimiento es pleno, entonces esa restitución es improcedente por la vía de la suspensión, porque el supuesto no se encuentra previsto en dicha disposición, aunado a que implicaría dejar sin materia el juicio de amparo principal, pues es en éste, al dictarse el fallo protector, en el que se restablece plenamente el derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, puesto que la negativa reclamada será materia de estudio de la sentencia que en su caso llegue a dictarse en el juicio de amparo principal. Considerar lo contrario, implicaría declarar la insubsistencia del acto reclamado con lo cual, como se dijo, quedaría sin materia el juicio de amparo principal, y en caso de no obtener sentencia favorable, dicho actuar de la responsable no podría retrotraerse. Apoya esta consideración la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Materia Común, página 286, registro digital 2021263, cuyo contenido es el siguiente: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Máxime que a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo. De tal manera que de tomarse en cuenta únicamente sus manifestaciones y se concediera la medida solicitada, efectivamente implicaría constituirle un derecho del que no se tiene constancia que pueda tener reconocido a su favor. Lo anterior es así, toda vez que en este momento procesal no se puede realizar la apariencia del buen derecho y peligro en la demora para efecto de determinar si la autoridad responsable tiene la obligación de solicitar de forma oficiosa la modificación de la pena de prisión que le fue impuesta al directo quejoso dentro del proceso penal de origen ante la juez responsable. En mérito de lo anterior, como se indicó en líneas precedentes procedente es negar la suspensión solicitada, toda vez que a la fecha no es posible reconocer el derecho alegado por la parte quejosa, dado que no se advierte la existencia de un derecho que se presuma reconocido a su favor. Lo anterior, sin perjuicio de que la medida pueda ser modificada al resolverse la suspensión definitiva, con base en los informes rendidos por las autoridades responsables. Pruebas. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, las documentales que adjuntó a su escrito de demanda, las cuales serán relacionadas y valoradas en la interlocutoria que al efecto se dicte. Notificación y consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, por haberlo solicitado practíquense sus notificaciones de manera electrónica a través del usuario "********************" y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte procesal la consulta del expediente electrónico. Se instruye a la Oficial Judicial "A" adscrita para que realice la habilitación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin perjuicio de que se pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la ley de la materia. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · 3,343 expedientes
- Isaias Mayorga del Angel15/2023
- Isauro Santiago Gonzalez480/2022
- Isidoro Martínez de la Cruz422/2019
- Isidro Cruz Rosales y Otros.265/2019
- Isidro García Álvarez331/2017
- Isidro Martinez Becerro341/2022
- Isidro Rodriguez Esparza557/2022
- Isidro Ruiz de Luna377/2023
- Isidro Ruiz de Luna292/2023
- Isidro Vera Vera424/2018
- Isis Johanna Reyes Cabañas311/2019
- ISIS VALERIA LOPEZ ZARATE y Otros.241/2023