Isidro Ortiz Vaca
Expediente 460/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Isidro Ortiz Vaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Certificación. El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: que el plazo de diez días hábiles que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio, transcurrió del veintitrés de agosto al cinco de septiembre del año en curso, sin que lo haya hecho, en razón de que fue notificada por medio de lista que se fijó en los estrados de este Juzgado en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo, el diecinueve de agosto pasado. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a seis de septiembre de dos mil veintidós. Doy fe.****************************************Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 460/2022, con la certificación secretarial que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, a seis de septiembre de dos mil veintidós.********************En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: ********************CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA.********************De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia dictada en el presente asunto, que decretó el sobreseimiento en el juicio, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************ORDEN DE ARCHIVO.********************Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto, para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************VALORACIÓN.********************En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.********************Toda vez a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, se determina que el original del cuaderno incidental, también ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General.********************De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.********************Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. ********************CONSTANCIA.********************Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. ********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós, Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3388/2022, de once de julio de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, procede a celebrar la audiencia constitucional, asistido del Secretario Iván Paredes Escobar, en el juicio de amparo 460/2022, de conformidad con lo dispuesto con el Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Posteriormente, da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: ? Se encuentra debidamente integrado. ? Que guarda estado para dictar sentencia. ? Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y ? Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. La secretaria encargada del despacho, acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, la secretaria encargada del despacho, declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta que las partes no ofrecieron pruebas, con lo cual se cierra esta fase de la audiencia. Enseguida, la secretaria encargada del despacho, abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no los formularon; a lo que la secretaria encargada del despacho, acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes de expresar alegatos y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA V I S T O S, para resolver el juicio de amparo 460/2022, promovido por Isidro Ortiz Vaca, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan, Isidro Ortiz Vaca, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- Les reviste tal carácter: A).- JUEZ DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DE LA REGIÓN URUAPAN, MICHOACÁN, con domicilio oficial bien conocido en esta Ciudad. B).- EL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio oficial bien conocido en Ciudad Capital del Estado. C).- FISCAL REGIONAL DE JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE URUAPAN, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, con domicilio oficial bien conocido en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. D).- AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A DELITOS SEXUALES, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DE URUAPAN, con domicilio oficial bien conocido en esta Urbe. E).- DIRECCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA EN URUAPAN, MICHOACÁN, con domicilio oficial bien conocido en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. F).- DIRECCIÓN Y/0 SU SIMILAR Y/ O SU EQUIVALENTE DE LA UNIDAD DE ATENCION INMEDIATA, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA EN URUAPAN, MICHOACÁN, con domicilio oficial bien conocido en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. G).- DIRECCIÓN DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA EN URUAPAN, MICHOACÁN, con domicilio oficial bien conocido en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán. H).- COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, con domicilio y sede en la ciudad de Morelia, Michoacán. I).- AL COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con domicilio y sede en la ciudad de Morelia, Michoacán. J).- AL COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA PROCURADURÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, con domicilio y sede en la ciudad de Uruapan, Michoacán. K).- AL COMANDANTE OPERATIVO DE LA POLICIA MICHOACÁN EN EL ESTADO Y/0 GUARDIA CIVIL EN EL ESTADO, con domicilio y sede en la ciudad de Morelia, Michoacán. L).- AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, con domicilio y sede en la ciudad de Ziracuaretiro, Michoacán. M).- AL COMANDANTE OPERATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO, con domicilio y sede en la ciudad de Ziracuaretiro, Michoacán. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1.- EN CUANTO ORDENADORAS; a las Autoridades señaladas en los incisos A), B) y C).- Se reclama LA ORDEN DE APREHENSIÓN que se ha librado en mi contra, dentro de alguna causa penal de la cual desconozco su NÚMERO ÚNICO DE CASO (NUC). 2.- EN CUANTO EJECUTORAS; a las autoridades señaladas en los incisos D), E), F), G), H) I), J) K), L) y M).- El cumplimiento que pretendan darle a la ORDEN DE APREHENSIÓN que se haya librado en mi contra". La parte quejosa expuso que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. En auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós (foja 7 a 12), se tuvo por recibida la demanda, se registró con número 460/2022; se admitió a trámite; se requirió de las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de veintiséis de julio de dos mil veintidós, vista la razón actuarial levantada por la actuaria adscrita, de las que se desprendía la imposibilidad de entregar los oficios 13530/2022, 13533/2022 y 13534/2022, dirigidos a las autoridades responsables siguientes: "Dirección y/o su similar y/ o su equivalente de la Unidad de Atención Inmediata, de la Fiscalía Regional de Justicia en Uruapan, Michoacán de Ocampo", "Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo" y "Comandante Regional de la Policía Ministerial de la Procuraduría Regional de Justicia del Estado, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo", respectivamente; se tuvo por inexistentes a las referidas autoridades y se dejó de tener contacto con ellas. De igual manera, en diverso proveído de veintiocho de julio del año en curso, en atención a lo informado por el Director de Seguridad Pública Municipal de Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo, se tuvo como autoridad inexistente al "Comandante Operativo de Seguridad Pública del Municipio de Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo", y también se dejó de tener contacto con la misma. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables ya que su inexistencia fue determinada previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". Finalmente, en esta propia fecha, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, es legalmente competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto puede tener ejecución dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, Michoacán; del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; y del Fiscal Regional de Justicia, en esta ciudad de Uruapan, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán. La orden de aprehensión girada en su contra. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no es cierta la existencia de la orden de aprehensión reclamada en la presente instancia constitucional. La parte quejosa reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, Michoacán; del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; y del Fiscal Regional de Justicia, en esta ciudad de Uruapan, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, la orden de aprehensión girada en su contra. Así mismo, la ejecución de esa orden de aprehensión que pretenden ejecutar el resto de las autoridades señaladas como ejecutoras, con excepción de las que se tuvo como inexistentes y que hemos referido en párrafos anteriores. En el escrito de demanda, expuso que el veintiuno de julio de dos mil veintidós, aproximadamente a las diez horas, sin causa o motivo se presentaron en su domicilio particular, esto es, en el conocido en la localidad de Patuán, municipio de Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo, elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes tomaron exposiciones fotográficas de su domicilio, diciéndole que eran portadores de una orden de aprehensión que fue dictada por la autoridad señalada como responsable ordenadora, en su contra, sin precisar más datos Al respecto, las autoridades responsables señaladas como ordenadoras y ejecutoras, al rendir sus informes justificados, negaron categóricamente los actos que de ellas reclama la parte quejosa. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades al rendir su informe justificado negaron su existencia, correspondía a la parte quejosa acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que efectivamente se haya girado alguna orden de aprehensión, ya que no ofreció ni desahogo medio de convicción alguno. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no son ciertos los actos reclamados por el solicitante de amparo, entonces la carga de la prueba recae sobre la solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Isidro Ortiz Vaca, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el correlativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
En diez de agosto de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 460/2022, con un escrito registrado con el folio 10643. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, a diez de agosto de dos mil veintidós.********************En atención al contenido del Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente:********************1. Alegatos. Téngase al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formulando los alegatos que a esa representación social corresponden, los cuales podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del
- Incidental
ACTA DE AUDIENCIA INCIDENTAL En Uruapan, Michoacán de Ocampo, siendo las once horas con cincuenta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Iván Paredes Escobar, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día; en el expediente del presente incidente de suspensión 460/2022, de conformidad con el Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144, de la Ley de Amparo, el Secretario da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente. INFORMES PREVIOS 1 Se da cuenta al Juez con los informes previos rendidos por las siguientes autoridades responsables: Fiscal Regional. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, que el quejoso señaló como Agente del Ministerio de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Sexuales. Directora de Carpetas de Investigación (en su denominación correcta). Director de la Policía de Investigación. Todas de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Coordinador General de la Policía de Investigación (en su denominación correcta). Secretaría de Seguridad Pública (en su denominación correcta). Estas tres últimas autoridades en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo. Director de Seguridad Pública Municipal de Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo. Téngase por rendido el informe previo de las referidas autoridades. PRUEBAS 1 Se da cuenta que las partes no ofrecieron pruebas. Se toma conocimiento y se cierra esta etapa. ALEGATOS 1 Se hace constar que las partes no formularon alegatos ni el Fiscal de la Federación adscrito, presentó pedimento. Se toma conocimiento y se cierra esta fase. Finalmente, el Juez procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo Isidro Ortiz Vaca, solicitó la suspensión de los actos reclamados. SEGUNDO. TRÁMITE. El incidente se tramitó por su cauce legal; se requirió de las autoridades responsables su informe previo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de veintiséis de julio del presente año, ante la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita, para de entregar los oficios para entregar los oficios 13530/2022, 13533/2022 y 13534/2022, dirigidos a las autoridades responsables: "Dirección y/o su similar y/ o su equivalente de la Unidad de Atención Inmediata, de la Fiscalía Regional de Justicia en Uruapan, Michoacán de Ocampo", "Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo" y "Comandante Regional de la Policía Ministerial de la Procuraduría Regional de Justicia del Estado, con sede en Uruapan, Michoacán de Ocampo", se tuvo por inexistentes a las referidas autoridades y se dejó de tener contacto con ellas. Asimismo, en proveído de uno de agosto del año en curso, con lo informado por el Director de Seguridad Pública Municipal de Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo, en el sentido de que en esa dirección no cuenta con nomenclatura "Comandante Operativo de la Seguridad Pública del Municipio de Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo", se tuvo por inexistente a la referida autoridad responsable y se dejó de tener comunicación con ella. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables ya que su inexistencia fue determinada previo a la celebración de la audiencia incidental, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Finalmente, el incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El quejoso reclama lo siguiente: "La orden de aprehensión y detención". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Fiscal Regional de Uruapan, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación, Directora de Carpetas de Investigación, Director de la Policía de Investigación, todas de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; el Fiscal General del Estado, Coordinador General de la Policía de Investigación, Secretaría de Seguridad, todas en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, así como el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán de Ocampo y Director de Seguridad Pública Municipal de Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo, al rendir su informe previo, negaron la existencia del acto reclamado y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa. En tesitura, se advierte que las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se hizo del conocimiento del quejoso; sin que éste haya aportado medio de prueba alguno para desvirtuar dichas negativas, para de esa forma demostrar su existencia. En efecto, por regla general una negativa no es susceptible de probarse, entonces, la carga procesal de acreditar su existencia correspondía a la parte quejosa, por ser quien afirmó, en su demanda de amparo, qué autoridades responsables realizaron los correspondientes actos que les reclamó. Por tanto, con apoyo en el numeral 144, de la Ley de Amparo, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, por lo que corresponde a las mencionadas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente, la que no contraviene lo establecido en la nueva Ley de Amparo: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Isidro Ortiz Vaca, en los términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino A
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