Isidro Ortiz García
Expediente 585/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Isidro Ortiz García
Actuaciones
- Principal
El trece de agosto de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del seis al doce de agosto del año en curso, con exclusión de los días diez y once del mes y año en curso por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2770/2019 de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.
- Principal
CUENTA. El treinta de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con: Escrito aclaratorio registrado con el folio 10777 y cinco copias que de este y dos copias de su demanda de amparo que se adjuntan. Con la circunstancia de que del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no se advierte que exista registro con el nombre de Héctor Hugo Ortiz Lara. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por Isidro Ortiz García, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en auto de veintidós de julio de la presente anualidad. Ahora bien, Isidro Ortiz García en su escrito de demanda de derechos y en su escrito aclaratorio señala como actos reclamados al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas: "IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la Autoridad la Resolución Interlocutoria de fecha 17 de junio del año 2019, relativo al auto que dicto la vinculación dentro del expediente marcado con el número 40/2019, relativo al proceso Penal, que se instruye en mi contra por el Delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en agravio del C. MANUEL ORTIZ MARTINEZ, y en donde se ordenó como medida cautelar prisión Preventiva en mi contra." "BAJO PROTESTA DE DECIR VEDAD (sic), manifiesto que si es mi deseo señalar como Acto Reclamado la Medida Cautelar de Prisión Preventiva a cual se Ordeno (sic) en mi contra en fecha 13 de junio del año 2019, mediante orden de Aprehensión, en la Audiencia Inicial de Vinculación a Proceso, la cual se amplio (sic) el término Constitucional a 144 horas, retomando la audiencia inicial en fecha 17 de junio del año 2019, en donde se resuelva mi situación jurídica, emitiendo auto de vinculación a proceso y se ratifico (sic) la medida cautelar de prisión preventiva por ser la única medida cautelar de manera oficiosa por estimar hechos violentos y conforme el catalogo (sic) de los delitos graves, por le (sic) delito que se me imputa de Homicidio calificado en grado de tentativa." En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En el caso, se estima que se actualiza la hipótesis marcada con el numeral 2, esto es, que el quejoso tuvo como término para promover la demanda de amparo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. Por su parte, el numeral 63 en relación con el 82 fracción I, inciso a), y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código. "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." De la lectura de dichos preceptos, concretamente el primero establece en lo que interesa, que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión. Por su parte, el artículo 82 en esencia señala, que las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos; así también, que aquéllas practicadas de manera personal, podrán realizarse en audiencia. Además, en su último párrafo estipula, que las notificaciones previstas en la fracción I de dicho artículo, surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. Consecuentemente, al haberse decretado como medida cautelar de prisión preventiva y auto de vinculación a proceso por el juez responsable el trece de junio y diecisiete de junio de dos mil diecinueve, respectivamente, es evidente que en las audiencias respectivas el inconforme quedó notificado de tales resoluciones. Por ende, de conformidad con los normativos citados, el plazo de quince días que refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para la interposición de la demanda de derechos, por lo que respecta a la medida cautelar de prisión preventiva transcurrió del catorce de junio al cuatro de julio de dos mil diecinueve, descontando los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, seis y siete de julio del presente año, por corresponder a días inhábiles. Por lo que hace al diverso acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de que se duele el quejoso transcurrió del dieciocho de junio al ocho de julio de dos mil diecinueve, descontando los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, seis y siete de julio del presente año, respectivamente, por corresponder a días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por el quejoso el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, como se advierte de la boleta de turno de demandas de amparo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre; es indudable, que se realizó fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo 17, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: . Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Como se estableció, los actos reclamados señalados por el quejoso, son la medida cautelar de prisión preventiva ordenada el trece de junio de dos mil diecinueve mediante la audiencia inicial de vinculación a proceso y la resolución interlocutoria de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en la que el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas, dictó auto de vinculación a proceso en su contra; dentro de la causa penal 40/2019, instruida en su contra, luego, dicha determinación, no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, ni tampoco encuadra con alguno de los demás supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, Décima Época, mayo de dos mil quince, página treinta y ocho, que dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." No es óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso señalará en su escrito aclaratorio que tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso hasta el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, fecha en que firmó el juicio de amparo en que se actúa, al haberle explicado su defensor particular los motivos por los cuales estaba detenido, así como que existía un mandamiento judicial en el cual tenía que estar detenido, toda vez que su anterior defensor de oficio solo le decía que firmara sin explicarle el procedimiento, ni mucho menos el estado procesal en el que se encontraba su situación, sin entender los motivos reales por los cuales se violentaban sus garantías constitucionales al debido proceso, y al principio de inocencia. Lo anterior es así, toda vez que como lo dispone el artículo 52 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Sistema de Justicia Penal los actos procedimentales deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional, llevándose a cabo en audiencias, salvo los casos de excepción que prevea el citado código; así como las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Por lo que si el defensor de oficio con el que contaba el aquí quejoso, no le informaba lo respectivo en cuanto a su defensa debió de haberlo impugnado en con el medio de defensa ante el Juez responsable. Además de que las audiencias tienen como formalidad de ser orales, como lo establece el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales deben de contar con la asistencia de todas las partes procesales. Por lo que con fundamento en los artículos 62 y 63 del código de la materia, el imputado debió de estar presente en el momento en que se llevaron a cabo las audiencias de las que aquí se duele, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión. Con lo que se evidencia que el quejoso, estuvo presente en las audiencias inicial de vinculación a proceso en la que se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva y la de vinculación a proceso quedando debidamente notificado de sus emisiones en las fechas en que se llevaron a cabo. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por tanto, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos promovida por Isidro Ortiz García. Finalmente, el quejoso autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Héctor Hugo Ortiz Lara; sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo anterior en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria que autoriza y da fe. Jessy*
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CUENTA. El veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Isidro Ortiz García, registrada con el folio 10548 y seis copias de ésta que se adjuntan. Con la circunstancia de que del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito no se advierte que exista registro con el nombre de Héctor Hugo Ortiz Lara. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Isidro Ortiz García, contra actos del juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Jerez de García Salinas, Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 585/2019, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.]". De las fracciones transcritas del referido numeral 114 de la ley de la materia, se deduce que es motivo de prevención la existencia de alguna irregularidad en el escrito de demanda, que se hubiesen omitido algunos de los requisitos de los que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo o en el caso no se hubiere señalado con precisión el acto que se reclama y, en esos casos, se debe requerir al promovente para que éste aclare su demanda para así estar en condiciones de proveer lo que a derecho corresponda. Por otra parte, el artículo 108, fracción IV de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.]". De lo anterior se desprende que, entre los requisitos que debe de contener la demanda de amparo indirecto se encuentran precisar de forma clara el acto reclamado, es decir que se debe advertir con claridad la norma general, acto u omisión que se reclame. Ahora bien, del ocurso de demanda se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: Tiene el carácter el: C. JUEZ DE CONTROL Y DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE JEREZ DE GARCÍA SALINAS, ZACATECAS. ACTO RECLAMADO:- Reclamo de la Autoridad la Resolución Interlocutoria de fecha 17 de junio del año 2019, relativo al auto de vinculación dentro del expediente marcado con el número 40/2019, relativo al proceso Penal, que se me Instruye en mi contra por el Delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, cometido en agravio del C. MANUEL ORTÍZ MARTÍNEZ, y en donde se ordeno (sic) como medida cautelar prisión Preventiva en mi contra." (lo resaltado es por parte de este órgano jurisdiccional). De ahí que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de cinco días hábiles, siguientes al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise, si también señala como diverso acto reclamado la medida cautelar de prisión preventiva que dice se ordenó en su contra; de ser afirmativo señale la fecha en que se dictó y cuándo tuvo conocimiento de la misma. Así también, precise la fecha en que tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso de que se duele. Asimismo, se le requiere para que exhiba tres copias de su escrito aclaratorio a efecto de correr traslado a cada una de las partes, por corresponder una para la autoridad señalada como responsable, una para el tercero interesado y la última para darle la intervención de su competencia a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien también es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5°, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte amparista que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Héctor Hugo Ortiz Lara, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo anterior en atención a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo, publicada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Por otra parte, como lo solicita el quejoso se tiene como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en calle Canteros número 20 de la Colonia Infonavit Tres Cruces en la ciudad de Zacatecas. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*
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