Isidro Muñoz Cabrera
Expediente 386/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/04/2017
Partes del expediente
- Isidro Muñoz Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo antes citada, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales; por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, en razón de haberse decretado el sobreseimiento. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos dichos años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito...V
- Incidental
Vista la certificación secretarial se desprende que en el expediente principal del que deriva este incidente, el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se emitió un proveído en el que se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; en consecuencia, es evidente que en el particular se agotó la materia sobre la que trata el incidente de suspensión, en esa virtud, se deja sin efectos las medidas decretadas en autos, sin que para concluir en lo anterior resulte indispensable celebrar la audiencia programada para el día de hoy a las nueve horas con treinta y dos minutos. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo fracción lll del Acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la presente resolución. Finalmente, se establece que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración en términos del primer párrafo de la fracción lll del artículo Vigésimo Primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede....V
- Incidental
Visto; agréguese a los presentes autos, el informe justificado de cuenta que remite el Director General de Amparos contra Leyes, en representación del Presidente de la República; y con su contenido dése vista a las partes para los efectos precisados en el artículo 117, de la Ley de Amparo. Como lo solicita la citada autoridad responsable, se le tiene señalando como domicilio de su parte, para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe, de igual manera, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona...I
- Principal
Visto; agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, para que obren como legalmente correspondan. Asimismo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, la documental que exhibe la autoridad en cita, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del oficio y constancias que el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en el Estado de Querétaro, con sede en esta ciudad, se advierte que mediante auto de término constitucional de diecisiete del mes y año en curso, se dictó formal prisión en contra del aquí quejoso Félix Martín Mellado Sesma, allá imputado, dentro de la causa penal número 175/2016 de su índice, por haberse acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad respecto del delito de fraude procesal (hipótesis de simular un acto jurídico), previsto y sancionado por el numeral 290 del Código Penal de Querétaro, cometido en agravio de la administración de Justicia, y en forma indirecta en perjuicio de Ángel Mellado Sesma, aquí tercero interesado. En relación a lo anterior, y tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado la orden de aprehensión y/o presentación forzosa, librada en contra del aquí quejoso ***, así como los actos tendientes a ejecutarla, y toda vez que la responsable Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en el Estado de Querétaro, de las constancias que remitió en el oficio de cuenta, se advierte que mediante auto de término constitucional de esta data, dictó formal prisión en contra del aquí quejoso, dentro de la causa penal número 175/2016 de su índice, por los hechos delictivos que se le atribuyen; en tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, respecto del acto reclamado el quejoso, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)." De la anterior transcripción legal se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de cambio de situación jurídica, en el acto combatido se consideran consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento, sin poder decidirse en él, sin afectar la nueva resolución. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Ello es así, toda vez que de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; se corrobora que dentro de la causa penal 175/2016, en diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se dictó auto de término constitucional, por el que se resuelve decretar formal prisión al quejoso Félix Martín Mellado Sesma, por el delito de fraude procesal (hipótesis de simular un acto jurídico), previsto y sancionado por el numeral 290 del Código Penal de Querétaro, cometido en agravio de la administración de Justicia, y en forma indirecta en perjuicio de Ángel Mellado Sesma; razón por la cual, hace dicho auto un cambio de situación jurídica evidente. Por lo que resulta a todas luces, un cambió de situación jurídica del demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el dictado del auto de término constitucional en dicha causa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2004, emitida en la Novena Época, con número de registro 181477, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, visible en la página 441, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL NUEVE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). Si bien la finalidad de la reforma al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, fue para que, cuando se señale como acto reclamado la orden de aprehensión y con posterioridad se dicte el auto de formal prisión, no rija la excepción a la regla, consistente en la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica; lo cierto es que todas las violaciones al artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra la ratificación de la detención, quedaron fuera de esa excepción, en virtud de que dicho dispositivo fue suprimido. Lo anterior, motivó que en el juicio de amparo, específicamente en materia penal, deban analizarse los actos reclamados que se consideran violatorios del artículo 16 constitucional, a la luz de la regla general que prevé la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, para establecer si se actualiza o no la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica. Por consiguiente, cuando en un juicio de amparo se reclame la ratificación del Juez de la detención realizada por el Ministerio Público, el dictado del auto de formal prisión hace que se actualice la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, ya que con el auto de formal prisión culmina la etapa de preinstrucción, iniciando la etapa de instrucción en donde la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El cambio de situación jurídica aludido, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a la ratificación de la detención, ya que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, generada por el inicio de la etapa de la instrucción al haberse dictado el auto de formal prisión, el cual tiene su fundamento, principalmente, en el artículo 19 de la Constitución Federal." Así como, la tesis aislada XVII.23 P, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la Novena Época, con número de registro 165423, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Enero de 2010, visible en la página 2199, que a la letra dice: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras, la Directora de Investigación de la Fiscalía General, Director de la Policía de Investigación del Delito, y Fiscal General, todos del Estado de Querétaro, conforme a la jurisprudencia 7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, se adjunta oficio del auto que se dicta en esta fecha, para que por conducto de la autoridad responsable el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en el Estado de Querétaro, en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, tenga a bien notificar a la Fiscal Auxiliar de Procesos Encargada de intervenir en la causa penal 175/2016 de su índice, en su carácter de tercero interesada, debiendo remitir dicha constancia de notificación a este Órgano de Control Constitucional, apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar....V NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
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