Isidro Muñiz Figueroa

Expediente 673/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
673/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Isidro Muñiz Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 673/2022, promovido por Isidro Muñiz Figueroa, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el veintinueve de junio del mismo año, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Isidro Muñiz Figueroa, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. 2. Encargado del Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. 3. Jefa del Área de Registro de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "DEL C. LIC. ROBERTO OLIVARES PITA, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN GUERRERO: La omisión del funcionario público, de no atender mi petición, lo que TRANSGREDE EL ORDEN DE PRELACIÓN QUE PREVÉ EL NUMERAL 55 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL, que prevé lo siguiente: "Artículo 55. El Registro DEBERÁ GARANTIZAR EN SUS PROCEDIMIENTOS REGISTRALES EL PRINCIPIO DE PRELACIÓN. El procedimiento registral se inicia con la solicitud de trámite que se presente en la oficialía de partes y que, CON EL NÚMERO DE ENTRADA PROGRESIVO, FECHA Y HORA, TENDRÁ EFECTOS PROBATORIOS PARA ESTABLECER EL ORDEN DE PRELACIÓN." De manera franca y abierta, en el Boletín Registral de la página del Registro Agrario Nacional, SE ADVIERTE CON CLARIDAD QUE LOS TRAMITES NO SON ATENDIDOS POR ORDEN DE PRELACION, PUESTO QUE HAY UN NUMERO EXCESIVO DE TRÁMITES que ya han sido atendidos, Y QUE CLARAMENTE SEÑALA EL ESTATUS DE APROBADO, PARA ENTREGA O ENTREGADO, en la página oficial del Registro Agrario Nacional que se ofrece como prueba y que se transcribe a continuación: http://www.ran.gob.mx/ran/index.php/sistemas-deconsuIta/consuItassimer para el efecto de que en su caso, su señoría consulte dicha página de forma clara y contundente se dará cuenta de la violación flagrante a mis derechos humanos donde se refleja que solicitudes recientes son atendidas y calificadas de manera positiva, mientras que mi solicitud se encuentra rezagada y sin ninguna calificación hasta este momento, lo cual viola mi derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, refiriendo QUE MI SOLICITUD INGRESÓ EL 20 DE OCTUBRE DE 2021, Y NO TIENE RESPUESTA ALGUNA, es decir, que todas esas solicitudes como la mía, goza del mismo término para ser atendidas, sin embargo, ESTO NO SE ESTA HACIENDO, la autoridad responsable, hace distinción entre las solicitudes ingresadas, violentando el texto normativo del artículo 55 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. DE LA LIC. YESENIA PINEDA MUÑIZ, JEFA DEL AREA DE REGISTRO, DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN GUERRERO: Por cuanto hace a la jefa del área de registro, se le atribuye la omisión de atender, calificar y expedir lo solicitado, al NO OBSERVAR y CUMPLIR LO QUE SU REGLAMENTO LE MANDATA y de manera arbitraria, MI SOLICITUD DE HACE MAS DE OCHO MESES, la arrincona, elude, prescinde, margina, aparta y relega. DEL C. LIC. PLUTARCO GARCÍA JIMÉNEZ, DIRECTOR EN JEFE DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL: Siguiendo el orden, el funcionario público en comento, incurre en la omisión de cumplir con su deber jurídico de aplicar lo que le es mandatado en el artículo 17 fracción XVIII del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que textualmente prevé lo siguiente: "Artículo 17. Al Director en Jefe corresponde la representación, el trámite y resolución de los asuntos de la competencia del Registro, quien, para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, tendrá las siguientes funciones: ... XVIII. Supervisar que las delegaciones cumplan con las disposiciones de la Ley y sus reglamentos, así como con la realización de los programas establecidos," Esto en razón de la omisión de supervisar que la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero, cumpla con las disposiciones de la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en cuanto a los actos que le reclamo al Lic. Roberto Olivares Pita y Lic. Yesenia Pineda Muñiz, Encargado de Despacho y Jefa del área de registro, respectivamente, de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero, ya que existe un rezago estratosférico en cuanto a las solicitudes de cientos de campesinos, que hemos obtenido sentencias de los Tribunales Agrarios en el Estado." Actos que la parte quejosa considera transgreden sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideró pertinente. SEGUNDO. Por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda como juicio de amparo indirecto 673/2022 y se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que tiene su domicilio dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: * Del Encargado de Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero, con sede en esta ciudad: a) La omisión de dar contestación al escrito de petición que le fue presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. b) El quebranto del orden de prelación establecido en el artículo 55 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, pues se atienden escritos presentados después del suyo, sin que se emita contestación de su escrito. * De la Jefa de Área del Registro, de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional: c) La omisión de atender la solicitud antes mencionada. * Del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional: d) La omisión de cumplir con lo que ordena el artículo 17 fracción XVIII del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional1, al no supervisar que la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero, cumpla con las disposiciones de la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en relación a los actos que le reclama al Encargado de Despacho de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Sobre esa tesitura, se tiene que la autoridad responsable Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto del Director de Asuntos Jurídicos, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe con justificación negó el acto atribuido, mismo que se precisó en el segundo considerando de esta sentencia con el inciso d). En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación a la responsable aludida de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE." Por ende, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Ello es así, pues ante la negativa de la responsable del acto que se le imputa, este Juzgado no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la existencia del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. En el caso, la parte quejosa, omitió ofrecer medio de prueba alguno con el que se pudiera desvirtuar la negativa del acto reclamado, para estar en condiciones de determinar si cuenta con el derecho público subjetivo que dice se ha vulnerado en su perjuicio. Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en relación con la existencia del acto que de ella se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y,". De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y solo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de estas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero y la Jefa del Área de Registro de la Delegación Estatal del Registro Nacional, pues así lo aceptaron al rendir sus informes justificados. QUINTO. Causales de improcedencia. Se advierte de oficio la actualización de una causa de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir respuesta correspondiente a la petición ingresada ante las responsables el diez de noviembre de dos mil veintiuno, ante la oficialía de partes de la autoridad responsable. Ahora, el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de la pretensión, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio, o en la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además, es necesario que de manera inmediata y sin condición alguna, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al igual, es ilustrativa al caso la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Es pertinente destacar, que no debe existir confusión respecto a la cesación de efectos de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que esta última, implica que el acto reclamado se agota o consume por virtud de haber transcurrido su vigencia, o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. En el caso en estudio, de las constancia que remitieron las autoridades responsables Encargado de la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y la Jefa de Área de registro de dicha delegación, al rendir sus informes justificados, consistente en el oficio de trece de septiembre de dos mil veintidós, con firma autógrafa, se hizo referencia que el trece de septiembre de dos mil veintidós, se realizó el alta de Isidro Muñoz Figueroa, con calidad de posesionario, y que en la misma fecha se realizó la expedición del certificado parcelario número 1045457, con lo que se acredita que dio respuesta a la petición que la parte quejosa formuló en escrito presentado el vdiez de noviembre de dos mil veintiuno, ante esa autoridad. Por ende, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio sino que, también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, lo que no se advierte que haya hecho la autoridad responsable, pero no obstante ello, por acuerdos de nueve de agosto de dos mil veintidós y veinte de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, este Juzgado ordenó la notificación personal del respecto de la contestación recaída a su solicitud (alta con calidad de posesionario y expedición de certificado parcelario), con lo que se garantizó que tuviera conocimiento de la respuesta emitida con relación a su petición. Tiene aplicación en la parte considerativa el criterio jurisprudencial 2a./J. 36/99, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999, página 469, Novena Época, con registro electrónico, 194060, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Ahora, se toma en consideración que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio respuesta a la parte quejosa respecto de la petición que le realizó el trece de septiembre de dos mil veintidós, y que dicha respuesta le fue notificada por este juzgado, lo que trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado, pues la pretensión de la parte quejosa, fue que se le diera respuesta a la solicitud ingresada ante la autoridades responsables Registro Agrario Nacional, Delegación Guerrero y Jefa de Área de Registro de dicha Delegación, lo cual quedó probado con la copia certificada remitida por las autoridades responsables, respuesta que se le notificó a través de su autorizado, el once de agosto y veintidós de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente. Lo anterior es así, debido a que la actuación de la responsable en dar respuesta a lo peticionado por la parte quejosa, y la notificación correspondiente, implica la desaparición total de la omisión reclamada, pues al hacerse de conocimiento de la parte quejosa la respuesta que se dio al escrito de petición que formuló, la restituyó en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causal de improcedencia analizada. Consecuentemente, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone sobreseer en el presente juicio. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este juzgado del estudio de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. En apoyo a lo anterior, se invoca el criterio de Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, Séptima Época, con registro 239006, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cabe precisar, que este órgano de control constitucional está impedido para realizar el análisis y pronunciamiento oficioso respecto a si la respuesta dada a la petición de la parte quejosa es congruente con lo peticionado, en virtud que, la parte quejosa no amplió la demanda, no obstante e haberse otorgado vista para ello. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia VI.1o.A.61 K (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3838, Décima Época, con registro 160517, que dice: "PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." SEXTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación en forma personal a la parte quejosa el uno de julio del año antes citado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, 62 y 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Isidró Muñiz Figueroa, por su propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista a las partes, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que les está transcurriendo el plazo de la vista que se le concedió a la parte quejosa en proveído de veinte de septiembre de esta anualidad, con el informe rendido por la Jefa del Área de Registro de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero, residente en esta ciudad, en términos del artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por Yesenia Pineda Muñiz, Jefa del Área de Registro de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, téngasele cumplido el requerimiento que se le formuló en auto de siete de septiembre del año en curso y por aclarado el informe justificado que rindió en forma inicial, con el mismo y constancia que acompaña en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida como prueba de su parte, la documental que anexa al oficio de cuenta. Ahora bien, toda vez que de la constancia que remite la autoridad responsable, se advierte que en la fecha que ahí se precisa, dio respuesta a la petición realizada por la parte quejosa; en consecuencia, requiérase al peticionario para que dentro de los términos establecidos por el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifieste si es su deseo ampliar o no la demanda de amparo respecto al nuevo acto consistente en la respuesta que recayó a su solicitud presentada en fecha diversa, misma que fue exhibida ante la oficialía de este juzgado federal el diecinueve de septiembre del año en curso. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, el presente juicio se resolverá únicamente respecto al acto reclamado en su escrito inicial de demanda.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que resulta necesario requerir a la autoridad responsable denominada Jefa del Área de Registro de la Delegación Estatal del Registro Agrario Nacional en Guerrero (Yesenia Pineda Muñiz), a efecto de que aclare el informe justificado que fue rendido por conducto del Encargado de dicha Delegación, que fue recepcionado mediante auto de nueve de agosto de dos mil veintidós, en el que aceptó un acto reclamado por Félix Agaton Vázquez, no obstante que la parte quejosa del expediente en que se actúa, lo es Isidro Muñiz Figueroa, debiéndose anexar copia autorizada del escrito de demanda del antes mencionado. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

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