Isidro Manuel Ortega Bayona

Expediente 466/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
466/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Isidro Manuel Ortega Bayona
  • Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos Que de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, quien actúa con la Secretaria Claudia Beatriz de Haro Arellano que firma y da fe. Doy fe. Wendy (

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintitrés. Se remite recurso de revisión. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas del proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a dos de las autoridades responsables interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, al estar debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir el escrito original de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, en Mexicali, Baja California, para la sustanciación de dicho medio de impugnación y una vez que se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer del mismo, se procederá la autorización respectiva a que refiere el artículo 9 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la consulta del expediente electrónico por parte de la superioridad. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 466/2023-I. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que promueve Isidoro Manuel Ortega Bayona, por derecho propio, contra la autoridad y acto señalado en la misma. Copias del escrito de demanda. No es óbice a la presente determinación, el hecho de que el quejoso no haya exhibido la totalidad de las copias del escrito de demanda de amparo para traslado, pues tratándose de actos restrictivos de la libertad, el párrafo segundo del numeral 110 de la Ley de Amparo establece una excepción a la obligación de presentar las copias de referencia. Apoya a lo anterior, el criterio de jurisprudencial P./J.8/2017 (10a.), emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente." (Énfasis Añadido) Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Audiencia constitucional. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no es cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora, no obstante se le reclama una omisión, para el caso de que se trate de una negativa expresa, requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para arribar a tal conclusión, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado. Con la precisión de que dichas copias deben ser legibles y ordenadas en forma cronológica que así lo acrediten, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Autorización de remisión de informe vía electrónica. Se autoriza a la autoridad responsable, para que, en su caso, remita el informe requerido al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o bien al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de que opte por realizarlo mediante oficio que envíe físicamente a este juzgado. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá a quien incumpla una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de la responsable que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Tercero Interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del promovente el Centro de Reinserción Social "La Mesa", en esta ciudad, tal como lo señala en su escrito de demanda; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se le realicen personalmente a Isidoro Manuel Ortega Bayona en dicho centro penitenciario, entregándole copia autorizada de las actuaciones e informe justificado que deriven de la tramitación de este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.27 K, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." Requerimiento. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso Isidoro Manuel Ortega Bayona, no cuenta con un defensor que lo patrocine en el presente juicio; en consecuencia, se previene al impetrante para que dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, o bien, al momento de la diligencia, nombre un defensor que lo represente, bajo el apercibimiento de que, en caso de que no quiera o no pueda nombrarlo, este órgano jurisdiccional le nombrará uno de oficio. Lo anterior con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, la prueba documental que el quejoso anexó al escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Tomando en cuenta las disposiciones del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica (juicio en línea), lo que significa que podrán imponerse del contenido de los autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, para lo cual deberán contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 del mencionado Acuerdo 12/2020, y realicen la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional. Para efecto de lo anterior deberán proporcionar el nombre del usuario con el que se realizó el registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como la notificación electrónica de las resoluciones judiciales emitidas en este juicio, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo 12/2020. De igual modo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese; y personalmente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y al quejoso Isidoro Manuel Ortega Bayona en el lugar en que se encuentra recluido.

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