Isidro Maldonado Rodea
Expediente 830/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Isidro Maldonado Rodea
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa.Expídase a su costa las copias certificadas que solicita, previa identificación y razón de recibo que obre en autos para constancia. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se advierte, que transcurrió el plazo de cinco días, previsto en el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente interpusiera recurso de queja, en contra del auto mediante el cual desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme.En consecuencia, archívese el presente juicio como definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno.El presente expediente es susceptible de ser destruido, no es de relevancia documental.Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este Juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista al quejoso, el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que: "Téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 830/2017-X (2), así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos de lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede analizar en su integridad la demanda a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. De la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación vertidos en la demanda, se advierte que el promovente del amparo reclama el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado por la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral, mediante el cual se negó la regularización del procedimiento para el desahogo de la prueba pericial química en su variante de cromatografía en papel y se ordenó certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar. En el caso concreto, este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 107, de la Ley de Amparo, esta última disposición aplicada a contrario sensu, porque el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora bien, en un juicio los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del juicio del que se derivan, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en alguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, pues la privación de sus derechos ya no se puede remediar posteriormente, lo cual impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no es irreparable, porque constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre los derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, al existir la posibilidad legal de que la resolución que ponga fin al juicio natural sea favorable a la parte quejosa, pues en este caso los efectos intraprocesales que ha generado esa actuación desaparecerían. En efecto, el acuerdo reclamado, en lo interesante no regularizó el procedimiento para el desahogo de la prueba pericial química en su variante de cromatografía en papel; por ende, es indudable que sólo produce efectos de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esa determinación no priva en forma actual el ejercicio de un derecho, pues únicamente lesiona bienes jurídicos cuya fuente proviene de reglas adjetivas o procesales, esto es, la afectación que produce es de naturaleza meramente formal, la cual no puede ser sujeta al análisis constitucional inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Máxime porque nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, precisó que en la Ley de Amparo vigente, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, pues mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, deben reunir dos condiciones: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los cuales el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En efecto, si el acto reclamado por la agraviada en el presente juicio lo constituye, el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, dictado por la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el expediente laboral, mediante el cual se negó la regularización del procedimiento para el desahogo de la prueba pericial química en su variante de cromatografía en papel y se ordenó certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, es indudable que no constituye un acto dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, pues sólo produce efectos de carácter adjetivo que no necesariamente llegarán a trascender al resultado del fallo, amén de que esa determinación no priva del derecho de defensa a las partes. Por tanto, al tener efectos procesales, el acto reclamado podrá impugnarse a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se haga valer en contra de la resolución culminatoria que en ese asunto se llegue a dictar, en el supuesto de que la violación alegada trascienda a su resultado, conforme a lo dispuesto por el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. En tal guisa, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, pues es requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que la afectación de esos derechos sea material y debe traducirse o reflejarse en una mutación o cambio en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual en la especie no acontece. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del numeral 107, aplicada a contrario sensu, así como los preceptos 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de garantías. Ahora, en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas con todas las facultades que dicho precepto legal confiere, a las personas señaladas en el escrito de demanda, al tratarse de la parte trabajadora quien promueve el presente juicio. Desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Notifíquese personalmente al promovente.
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