Isidro León Rodríguez

Expediente 363/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
363/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
11/09/2017

Partes del expediente

  • Isidro León Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite el original del Toca 296/2015. Ahora, de autos se advierte que dichas constancias fueron remitidas por la Segunda Sala Regional Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por tanto, devuélvanse solicitando el acuse de recibo por ser constancias originales

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que negó el amparo, y carece de relevancia documental Finalmente, devuélvase a la responsable, los anexos que remitió en autos, se solicita el acuse de recibo por ser constancias originales

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el exhorto 222/2017, orden 383/2017 de la estadística de este juzgado devuelto por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual fue diligenciado. Acúsese recibo vía electrónica. En términos del ordinal 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por legalmente notificado al quejoso de la sentencia terminada de engrosar el siete de julio de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3267/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa, asistido del secretario Tomás Carbajal Arellano, que da fe.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 363/2017; y, RESULTANDO: ÚNICO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado al siguiente día al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; posteriormente, al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; y, finalmente a este órgano jurisdiccional; Isidro León Rodríguez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución General la República, 36, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos; en razón de que se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento de naturaleza penal, que producen efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridad responsable al Primero Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Primero Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Primero Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a quienes se reclama lo siguiente: + La determinación de diecisiete de agosto de dos mil quince, dictada en el recurso de revisión extraordinaria número 296/2015. + La determinación dictada en el recurso de revisión extraordinaria número 478/2016. TERCERO. El Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; el Primero Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado señalaron que no son ciertos los actos por lo que hace al quejoso de que se trata. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar su dicho, no obstante de que la carga de la misma le correspondía. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto de los actos que se les reclama. CUARTO. No se soslaya el hecho de que el Primero Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, no haya rendido su informe justifico; sin embargo, no ha lugar a tener por ciertos los actos que se le reclaman en atención a que diversa autoridad responsable aceptó la existencia de ellos, como se verá más adelante. QUINTO. El Primero Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman, pues señaló lo siguiente: ".Por cuanto hace al quejoso ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, SE NIEGA EL ACTO RECLAMADO, toda vez que este Tribunal hasta esta temporalidad, no ha dictado resolución respecto de algún recurso de revisión extraordinaria solicitando por dicho quejoso. - - - Sin embargo es menester denotar que en fecha catorce de noviembre de dos mil dieciséis, presentó escrito de revisión extraordinaria solicitando la declaración de inocencia, generándose el toca de apelación 478/2016, relativo a la causa penal 847/2012, por el delito de SECUESTRO, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, (antes causa 222/2006); y actualmente se encuentra turnado a la ponencia respectiva para la formulación del proyecto. - - - Por lo anterior no es posible remitirle el original del toca 478/2016 y la causa de origen, máxime que como se ha mencionado, no se ha dictado la resolución respecto del recurso de revisión extraordinaria solicitado." Negativa que no quedó desvirtuada por la parte quejosa, no obstante de que la carga de la prueba le correspondía. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por la autoridad responsable reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Ahora, dado el sentido en que se emitió el informe justificado, esto es, en sentido negativo, es necesario establecer que para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es preciso analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1, fracción I y 75, párrafo primero, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - [.]." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: - - - [.] - - - IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y - - - [.]." "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. - - - [.]." El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Carta Magna y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que cuando se trate de actos de carácter positivo u omisivo deben analizarse atendiendo a que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo existan, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. Por regla general todos los actos de autoridad que atentan contra las garantías de los gobernados, se emiten sin el consentimiento de éstos, por tanto, tal argumento no puede ser motivo para establecer excepciones al contenido de la fracción IV, del artículo 63, de la ley en cita. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo, tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no respecto de actos que no existan al momento de ejercer la acción. No se ignora que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en los que ha establecido la procedencia del juicio de amparo contra actos inminentes, sin embargo de su propio contenido se advierte que por tales se entienden aquellos que ya se han dictado, pero que por cualquier circunstancia no se han ejecutado, pues en tal supuesto se suprime la característica de incertidumbre en cuanto a la existencia del acto. A partir de la consideración precedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, conviene destacar que, concerniente a la negativa que hace la autoridad responsable a través de su informe justificado, en relación a los actos reclamados, la misma no quedó desvirtuada por el quejoso, por lo tanto, es de establecerse que dicho informe surte efectos plenos. Ahora bien, el acto reclamado lo constituye la determinación dictada en el recurso de revisión extraordinaria número 478/2016; sin embargo, a la fecha en que se instó la demanda (veinte de diciembre de dos mil dieciséis), como lo refieren la responsable, ésta no había sido emitida ni ejecutada, por ende, es incuestionable que el acto que se reclamó no existía, pues dicho acto no se había dictado o ejecutado al momento en que se presentó el escrito de demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. En ese tenor, dada la naturaleza del acto reclamado, la obligación de la parte quejosa no solamente se circunscribió a demostrar su existencia, sino que la misma debió acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a contrario sensu, lo que conduce a sobreseer en el juicio en que se actúa. SEXTO. El Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; lo que se corrobora con el toca 296/2015 el cual adjuntó la responsable a su informe justificado; actuaciones a las cuales se les otorga pleno valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. SÉPTIMO. Para una mejor compresión del asunto, es menester relatar los antecedentes esenciales del acto reclamado. 1. El dos de julio de dos mil seis, dio inicio la averiguación previa PGR/SIENDO/SEIS/138/2006, por el delito de PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE SECUESTRO, en contra de quienes resultaran responsables. 2. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil seis, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, libró orden de localización y presentación en contra de Silvano Portilla Ruiz (sic), así como de todos y cada uno de los participantes directos o indirectos en el secuestro de Remigio Melera Pérez. 3. Mediante oficio ARI/DIO/PD/09521/06, de ocho de septiembre de dos mil seis, los policías federales investigadores Liliana Romo Aquino, Israel Hernández Lagunés, José Aburto Pazos, con el visto bueno de la comandante "Ma. Isabel Hernández Arzate", cumplimentan la orden de localización y presentación parcialmente, dejando a disposición de la autoridad a Silvano Portilla Ruiz (sic), ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ y Pedro Portillo Ruiz. 4. El nueve de septiembre de dos mil seis, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría en Investigación en Delincuencia Organizada, decretó la legal retención por flagrancia de ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ y otros, por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer el injusto penal de secuestro. 5. El agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría en Investigación en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, el nueve de septiembre de dos mil seis, solicitó el arraigo de ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ y otros, el cual fue concedido por la Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, el once de septiembre de dos mil seis, por el término de treinta días naturales. 6. Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil seis, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la Subprocuraduría en Investigación en Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la República, remitió copia certificada de la averiguación previa PGR/SIENDO//SEIS/138/2006, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que en el ámbito de su competencia conociera del delito de secuestro. 7. Mediante resolución de tres de octubre de dos mil seis, la agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tercera de Detenidos en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, ejerció acción penal en contra de ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, cometido en agravio de Remigio Melera Pérez previsto y sancionado en el artículo 259 del Código Penal vigente en la Entidad, en relación con los ordinales 8, fracción I (delito doloso) y IV (delito permanente), 9 (delito grave) y 11, fracción I, inciso d) (forma de intervención coautoría material) del mismo ordenamiento. 8. La entonces Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Tlalnepantla, Estado de México, a quien correspondió el conocimiento del asunto, el tres de octubre de dos mil seis, lo radicó con el número de causa penal 222/2006 (ahora 847/2012); y, mediante auto de treinta de octubre (sic) de dos mil seis, libró orden de aprehensión contra ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ y otros; el once de octubre del propio año, decretó la detención material y recabó su declaración preparatoria, en la que se solicitó la duplicidad del plazo constitucional y se ofrecieron pruebas, mismas que se desahogaron el trece de octubre siguiente. 9. El diecisiete de octubre de dos mil seis, se ordenó el formal procesamiento de ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 259, en relación con los ordinales 8, fracción I y IV, 9 y 11, fracción I, inciso d) del Código Penal vigente en el Estado de México. 10. Tramitado el procedimiento por sus conductos legales, en el que se desahogaron las pruebas ofrecidas, salvo aquellas de las que desistieron expresamente, por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil siete, se declaró cerrada la instrucción y se dio vista a las partes para que formularan las conclusiones que a cada una correspondiera; en tal virtud, mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil siete, el agente del Ministerio Público, formuló conclusiones acusatorias en contra de ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ y otros, por el delito de secuestro. Por su parte, la defensora particular del aquí quejoso, formuló sus respectivas conclusiones. 11. El veinticinco de febrero de dos mil ocho, la entonces Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso, entre otros, por su responsabilidad penal en el delito de secuestro, apreciándole un grado de culpabilidad mínima, por lo que le impuso las penas correlativas. 12. Inconforme con dicha sentencia, ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ y su defensora interpusieron recurso ordinario de apelación, del cual conoció la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en donde, mediante resolución dictada el veintisiete de mayo de dos mil ocho, en el toca de apelación 244/2008, confirmó la sentencia recurrida. 13. Contra tal resolución, ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, promovió demanda de amparo directo, ante la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la que por razón de turno correspondió conocer y resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con el número 10/2011; por sesión de veintiocho de abril de dos mil once, se emitió la ejecutoria correspondiente en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por el aquí quejoso, a efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia controvertida y con plenitud de jurisdicción pronunciara otra en la que subsanara las imprecisiones apuntadas en la ejecutoria, pero sin agravar la situación jurídica del quejoso. 14. Mediante resolución de seis de junio de dos mil once, la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dio cumplimiento a lo ordenado por este órgano colegiado; dejó insubsistente la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil ocho, en el toca de apelación 244/2008 y emitió una nueva ejecutoria en el toca de amparo 195/2010, en la que confirmó la sentencia condenatoria de veinticinco de febrero de dos mil ocho, dictada por la Jueza Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México; sin embargo, por auto de nueve de agosto de dos mil once, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, determinó que no cumplía con el fallo protector dictado en el amparo directo 10/2011 y de nueva cuenta requirió su cumplimiento. 15. En acatamiento a la determinación anterior, el diecisiete de agosto de dos mil once, la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictó una nueva resolución en la que confirmó la sentencia condenatoria de veinticinco de febrero de dos mil ocho, dictada por la entonces Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. 16. Inconforme con la resolución de seis de junio de dos mil once, el aquí quejoso ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, promovió denuncia de repetición del acto reclamado, ante este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien la registró con el número 2/2011 y formó el expediente Varios 6/2011, relativo a dicha denuncia; y, por sesión de veintinueve de septiembre de dos mil once, emitió la ejecutoria correspondiente en la que declaró sin materia la denuncia formulada por el aquí quejoso. 17. El treinta de abril de dos mil catorce, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por el aquí quejoso en el amparo 176/2013, a efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia controvertida y con plenitud de jurisdicción pronunciara otra en la que únicamente motive la determinación respecto el quantum del pago de la reparación del daño, pero sin agravar la situación jurídica del quejoso. 18. En acatamiento a la determinación anterior, el trece de junio de dos mil catorce, la Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, dictó una nueva resolución en la que modificó la sentencia condenatoria de veinticinco de febrero de dos mil ocho, dictada por la entonces Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, únicamente por lo que hace al pago de la reparación del daño. 19. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revisión en el amparo directo 176/2013; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante resolución de quince de octubre de dos mil catorce, desechó dicho medio de impugnación. 20. Posteriormente el quejoso interpuso recurso de revisión extraordinaria, el cual conoció, el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien le asigno el número 296/2015 y el diecisiete de agosto de dos mil quince, determinó lo siguiente: ".PRIMERO. Ha sido procedente la reducción de las penas que por vía del RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA, solicitada por ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, a quien se instruyó proceso ante el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en autos de la causa número 222/2006-2 por el delito de SECUESTRO en agravio de REMIGIO MILERA PÉREZ, y que actualmente se encuentra radicado bajo el número de causa 847/2012 ante el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. - - - SEGUNDO.- En consecuencia, las penas impuestas a ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, quedan en definitiva en VEINTE AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de SETECIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO que a razón de $48.70 equivalen a TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS. - - - TERCERO.- Notifíquese." La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta vía. OCTAVO. Previamente al estudio de fondo del asunto deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento al contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no existir causa de improcedencia que se haga valer o cuya actualización se advierta de oficio, se continúa con el estudio de fondo de la cuestión planteada. NOVENO. La parte quejosa alude, de forma medular, que se violaron sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, porque no se revisó en el reconocimiento de inocencia la figura de la flagrancia equiparada, la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya declaró inconstitucional. Bajo esa tesitura, se estima que aun suplidos en su deficiencia los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, los mismos resultan infundados. En efecto, contrario a lo que aduce el quejoso en sus motivos de disenso, de las constancias que integran el recurso de revisión extraordinaria 296/2015, se dilucida que no se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales que establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues una vez que la responsable analizó tanto las penas que establece el artículo 259 del Código Penal para el Estado de México como las que establece el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, cuya aplicación solicitó el aquí quejoso, determinó: ".PRIMERO. Ha sido procedente la reducción de las penas que por vía del RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA, solicitada por ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, a quien se instruyó proceso ante el Juez Quinto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en autos de la causa número 222/2006-2 por el delito de SECUESTRO en agravio de REMIGIO MILERA PÉREZ, y que actualmente se encuentra radicado bajo el número de causa 847/2012 ante el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. - - - SEGUNDO.- En consecuencia, las penas impuestas a ISIDRO LEÓN RODRÍGUEZ, quedan en definitiva en VEINTE AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de SETECIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO que a razón de $48.70 equivalen a TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS. - - - TERCERO.- Notifíquese." En esa tesitura, se considera que dicha determinación no causa agravio alguno al quejoso, sino más bien, la misma lo beneficia en atención a que se redujeron las penas que le habían impuesto mediante sentencia de veinticinco de febrero de dos mil ocho; de ahí lo infundado de los conceptos de violación. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación procede negar la protección constitucional al quejoso contra los actos reclamados al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Finalmente, en virtud de que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba Tepachico, Estado de México; domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, envíese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el lugar de reclusión del quejoso y haga de su conocimiento la presente determinación, para lo cual se ordena correr traslado de la misma. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para habilitar a quien habrá de llevar a cabo lo encomendado en días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, la comunicación oficial derivada del presente pronunciamiento, así como sus anexos deberán remitirse a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Isidro León Rodríguez, contra actos de las autoridades responsables que precisadas quedaron en los considerandos tercero y quinto de esta resolución, por los motivos expuestos en tales considerandos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Isidro León Rodríguez, contra el acto reclamado al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal del Distrito Judicial de Tlanepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, y personalmente al quejoso vía exhorto. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, hasta hoy siete de julio de dos mil diecisiete, por así haberlo permitido las labores del juzgado, asistido del Secretario Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, que da fe.

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