Isidro Jonathan Ortiz Oropeza
Expediente 51/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Isidro Jonathan Ortiz Oropeza
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el treinta de enero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la razón actuarial que antecede, de la que se desprende la imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el proveído de treinta de enero del año en curso, por los motivos expuestos por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado; en consecuencia, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; notifíquese a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional el proveído en mención, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Diana Reyes Amaya, que autoriza y da fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Mexicali, Baja California, a treinta de enero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN JUICIO DE AMPARO Vista la demanda de amparo presentada por ISIDRO JONATHAN ORTIZ OROPEZA; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional bajo el número 51/2018-3A. DESECHA DEMANDA DE AMPARO Ahora, derivado del análisis integral del escrito de demanda de amparo, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, que encuentran sustento legal en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo. Por su parte, el acto reclamado por la parte quejosa, lo hizo consistir en lo siguiente: "Bajo protesta decir verdad vengo a manifestar como acto reclamado la omisión del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de emitir sentencia dentro del expediente número 227/2017- S.S. en el plazo previsto en el artículo 94 párrafo sexto de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California." En efecto, el citado acto no es de imposible reparación, lo que provoca que el amparo indirecto sea improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos disponen en lo conducente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" De la interpretación conjunta de la parte relativa de los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. En ese sentido, el acto que en esta vía se combate, tiene naturaleza eminentemente procesal, por lo que la eventual afectación no se considera de aquellas que menciona el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en atención a que el acto reclamado consiste en la omisión de la mencionada autoridad responsable de emitir sentencia dentro del expediente número 227/2017- S.S. En efecto, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos; o bien los actos procesales o formales siempre que se perjudique a las partes en grado predominante o superior. Esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, es claro que en el acto que se reclama en este asunto, no se actualizan los supuestos para considerarlo como de imposible reparación, pues por un lado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales que no necesariamente va a ocasionar que la sentencia definitiva que deba dictar la responsable sea desfavorable a los intereses de la parte promovente, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al respecto, es aplicable por analogía de razón la jurisprudencia, 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En tal virtud, es evidente que conforme a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la omisión que aquí se pretende reclamar constituye únicamente una cuestión de índole intraprocesal, la cual no pueden ser calificada como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por el Máximo Tribunal en el País. Por tanto, lo reclamado en esta vía, no constituye una violación a los derechos sustantivos del quejoso que pueda considerarse como de ejecución irreparable, pues únicamente constituye una infracción de carácter adjetivo, al no tratarse de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, de ahí que sea notoria su improcedencia. Máxime, no se advierte del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues si bien, tal como lo refiere el quejoso en su demanda en los antecedentes del acto reclamado, en quince de noviembre de dos mil diecisiete se citaron a las partes para oír resolución definitiva; entonces, no existe una abierta dilación, partiendo de la base que el impetrante de amparo dejó de considerar que del quince de diciembre de dos mil diecisiete al tres de enero de dos mil dieciocho la autoridad responsable de referencia disfrutó su período vacacional, tal como quedó asentado en la certificación secretarial de esta data. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia III.3o.T. J/3 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que se identifica por el siguiente rubro: "DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE LA MATERIA." En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, dada su manifiesta e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la ley de la materia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculada al numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para de oír y se tiene por señalado como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial dela Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco; y en términos restringidos del citado numeral a ********************, por no encontrarse registrada en la aludida base de datos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. LIBRO DE GOBIERNO y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria Diana Reyes Amaya, que autoriza y da fe.
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