Isidro Jesus Payró Hernandez
Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Isidro Jesus Payró Hernandez
Actuaciones
- Principal
Juicio 571/2021 diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada Ley, en contra del auto dictado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por Isidro Jesús Payró Hernández, sin que las partes lo hubieren recurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. Ahora, en razón de que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previo las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Ley de transparencia. Finalmente, atento a que las partes no realizaron manifestación alguna, respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto, la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo pidan conforme al procedimiento de acceso a la información; siendo facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar cuándo se presente una solicitud sobre dicha publicación de datos personales, así como también si las pruebas o constancias del juicio, deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados; lo anterior, de conformidad con el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Notifíquese.
- Principal
Juicio 571/2021-III-1 folio 6751 veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, al que anexa copia certificada del expediente 915/2020, de su índice, relativo al juicio ordinario civil de guardia y custodia. Por lo que, dado el volumen de la constancia que allegó la autoridad responsable fórmese un tomo de prueba, el cual estará a disposición de las partes para su consulta. Constancia a la que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Ahora, antes de acordar lo conducente, es conveniente realizar un análisis integral de la demanda de amparo para precisar el acto reclamado por el aquí quejoso, el cual en esencia es: ? El acuerdo de once de mayo de dos mil veintiuno, específicamente el considerando primero, en el que la Juez Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial de Centro, tuvo por recibido el oficio signado por el Subdirector de Atención Psicosocial de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual informaba que el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se llevaría a cabo el estudio y/o trabajo social, respecto a Isidro Jesús Payró Hernández (aquí quejoso) y la parte demandada Rubí de la Cruz Pérez, dentro del juicio ordinario civil de guardia y custodia 915/2020, de su índice. De lo anterior, este órgano jurisdiccional de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica de la quejosa haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de la constancia que anexó la responsable al rendir su informe justificado, se advierte que por acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno (foja 205 del tomo de pruebas), la juez responsable tuvo por recibido el oficio signado por el Subdirector de Atención Psicosocial de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual, señaló una diversa fecha para el desahogo de trabajo social entre las partes del juicio de origen (dieciocho de octubre de este año); por lo que, dejó sin efectos el considerando primero, dictado en auto de once de mayo de dos mil veintiuno, relativo al señalamiento de la fecha lejana aquí reclamada. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (dos de junio de dos mil veintiuno) el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir su efecto, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión***. Luego, cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito resuelve abstenerse de analizar la violación de los derechos fundamentales imputados por el quejoso a las autoridades responsables y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por improcedente, fuera de la audiencia constitucional, opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las once horas con cincuenta y tres minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia***. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la autoridad ejecutora Subdirector de Atención Psicosocial de la Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de que tal acto no se le reclama por vicios propios, sino como una consecuencia del diverso atribuido a la ordenadora. Notifíquese personalmente.
- Principal
Juicio 571/2021-III-1 folio 5879 tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta promovida por Isidro Jesús Payró Hernández, contra actos del Juez Séptimo Familiar de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO. Fórmese tanto el expediente impreso como el electrónico y regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el expediente 571/2021-III-1. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al diverso numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. En consecuencia, con apoyo en los artículos 108, 109, 110, 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda en sus términos. INCIDENTE. Sin que haya lugar a tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las once horas con cincuenta y tres minutos del treinta de junio de dos mil veintiuno. No habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_i ni.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación, que deberán rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles computables a partir del día siguiente al de la notificación que se les haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun y cuando lo haga antes de la celebración de la audiencia constitucional, pero después del citado término, debiendo acompañar, en su caso, las constancias legibles, completas y ordenadas relativas al acto combatido en esta vía. So pena que de no hacerlo así, se impondrá al omiso una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 260, fracción II, de la citada ley, en relación con el arábigo 238 del mismo cuerpo normativo, pues tal actuar contumaz acarrearía un retraso en la pronta impartición de justicia por la que debe velar esta autoridad. AUTORIZACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO Se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado vía correo electrónico 5JDO10CTO@CORREO.CJF.GOB.MX con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se comunica a las responsables que se sancionará con multa de cien días de salario mínimo general vigente, en términos del arábigo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el numeral 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE APREMIO. En la inteligencia que la mención al denominado salario mínimo, se entenderá como la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior, acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo establecido por los numerales 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se impondrán al omiso las sanciones monetarias previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario; y, para que manifiesten oportunamente la cesación de los efectos del acto reclamado, o bien, la actualización de causas de sobreseimiento. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES. De conformidad con el numeral 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de la adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADO POR LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir citas y notificaciones el que índica en su demanda de amparo, así como por autorizados a Sergio Viveros Romero y Lizbeth del Carmen Acosta Mayo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registradas sus cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los acredita como abogados, y en términos del segundo párrafo del ordinal 12 de la citada ley a las diversas personas, por no contar con dicho registro. AUTORIZACIÓN CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Desde este momento se autoriza la consulta del expediente electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos, para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico salvador.olivar.diaz@correo.cjf.gob.mx, así como al número telefónico 9931989215. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese en términos de ley.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · 15,497 expedientes
- Isidro García Ramírez1285/2023
- Isidro Hernandez Pacual347/2019
- Isidro Hernández Requena131/2016
- Isidro Hernández Requena703/2016
- Isidro Hernandez Requena1485/2017
- Isidro Jesus Payró Hernandez797/2021
- Isidro León Díaz120/2021
- Isidro Manuel Morales Martinez916/2018
- Isidro Martinez Coronel1004/2017
- Isidro Martinez Coronel1232/2017
- Isidro Martínez Coronel675/2019
- Isidro Mayo Lopez1254/2021