Isidro García Gutierrez

Expediente 723/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
723/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Isidro García Gutierrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    I. SE AGREGA OFICIO. DIVERSO JUZGADO ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito, y radicó la demanda de amparo con el número de expediente 883/2021-VI. II. SE ORDENA ARCHIVO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso b), cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito.

  2. Principal

    Visto el estado actual de los autos concretamente del examen integral de la demanda de mérito, la Titular de este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver respecto de la misma. Ello, con apoyo en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De lo transcrito, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Que cuando el acto se haya comenzado a ejecutar en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Que si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Así, precisadas las reglas que rigen la competencia en el juicio de amparo bi-instancial, es oportuno destacar que la quejosa reclama esencialmente: La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el expediente 88/2019, del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua. Asimismo, se observa que el acto reclamado en esta instancia, encuadra en el primer supuesto previsto por la norma citada, puesto que si bien los actos reclamados antes citados, tienen efectos positivos, cuyas consecuencias legales se materializarán precisamente, en ciudad Juárez, Chihuahua, lugar donde reside la Junta Especial Número Cincuenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, Chihuahua, que los emitió y lleva el juicio de origen; y, que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde a la Jurisdicción de los Juzgados de Distrito con sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Apoya a lo anterior, la Tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doce, Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época, del Seminario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse.". De igual forma, en lo conducente, se invoca la Tesis VII.1o.C.2 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, localizable a página mil ciento siete, del Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA CUANDO SE RECLAMEN ACTOS NEGATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE NO REQUIERAN EJECUCIÓN MATERIAL. Para armonizar objetivamente las reglas de competencia en materia de amparo indirecto, resulta insuficiente una interpretación literal del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque establece en forma genérica que tratándose de actos que no contengan ejecución material, la competencia se actualizará a favor del Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo, pero desatiende la existencia de actos que al estar dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, aunque no contengan una ejecución material tienen efectos positivos, y que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside la autoridad jurisdiccional que los emitió y lleva el juicio; además, una interpretación literal, en estos casos, no sería acorde a la regla establecida jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que no puede quedar al arbitrio del quejoso decidir la competencia en amparo indirecto en este tipo de asuntos. Por tanto, cuando el acto reclamado no tenga ejecución material, pero su consecuencia legal y necesaria sea que se siga llevando a cabo el procedimiento de origen ante un juzgado determinado, la competencia no debe quedar al arbitrio del quejoso, con base en la aplicación literal del tercer párrafo del citado artículo 37, sino que ésta debe determinarse a partir de una interpretación sistemática y armónica de lo enunciado en ese párrafo, con lo que establece el primer párrafo del propio artículo 37, el cual dispone que será Juez competente quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, y ello lleva a concluir que el Juez competente para conocer del juicio de amparo será aquel que ejerza jurisdicción en el lugar donde tenga su residencia la autoridad señalada como ordenadora cuando se reclamen actos negativos dentro de un procedimiento jurisdiccional que no requieran ejecución material." Lo anterior evidencia que las consecuencias y efectos del acto impugnado en esta vía, se continuarían materializando en ciudad Juárez, Chihuahua, lugar distinto a aquellos donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, por lo que la competencia para conocer del presente asunto, se surte en alguno de los Juzgados de Distrito, con sede en aquella ciudad. En este orden de ideas, dado que el acto impugnado en esta vía, no tiene ejecución material en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, o algún otro lugar donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, es inconcuso que no resulta competente para conocer y resolver respecto de la demanda de amparo en cuestión; por tanto, con apoyo en el numeral trascrito y 48, de la Ley que rige este contradictorio federal, así como en el diverso 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se estima que esta autoridad debe declararse legalmente incompetente para conocer de la demanda planteada y declinar la competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado en turno, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en aquella ciudad; por tanto, con copia de la demanda de amparo en estudio y de la presente resolución, comuníquese al indicado Juez Federal para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a los argumentos que anteceden, la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, del mes de Agosto de dos mil uno, página mil doscientos noventa y nueve que se invoca con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo; y, cuya voz y contenido son los siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Igualmente, cobra aplicación al respecto la tesis VI.2o.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 395, Tomo III, Febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 203187, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras". De igual manera, por identidad de razón la 1a./J. 24/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1873, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2023548, que dice: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Así las cosas, dado la incompetencia decretada en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para esta fecha. II. Se informa. Finalmente, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL EN EL PLAZO CONCEDIDO EN EL AVISO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla ya que la autoridad responsable J***************************, con sede en ciudad Juárez, Chihuahua, no han rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo del oficio por el que se le solicitó. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.

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