Isidro García Cerino

Expediente 804/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
804/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Tabasco
  • Isidro García Cerino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Incidental

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Caleb Almeida Almeida e Isidro García Cerino, hubieran recurrido la sentencia dictada el seis de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio respecto del quejoso citado en primer término y se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al segundo de los nombrados; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvanse a la Juez de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco, tres DVD's (Discos Versátiles Digitales), que remitió en apoyo a su informe justificado, los cuales obran por cuerda separada. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; se integra a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 122/2020-9, con número de orden 224/2020, que se le envió para emplazar a los terceros interesados Avilene Jiménez de la Cruz y David Jiménez Sumarraga, en virtud de que no fueron encontrados en el domicilio señalado para tales efectos; al respecto, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que con fecha seis de abril del año en curso, se emitió sentencia definitiva en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo respecto al quejoso Caleb Almeida Almeida, y en su segundo resolutivo, se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Isidro García Cerino. En consecuencia, dése de baja a la referida comunicación oficial, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la pieza postal relativa al oficio 7943/2021, dirigido a Jorge Daniel García Camacho Fiscal del Ministerio Público Adscrito al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco, la cual fue devuelta por el Servicio Postal Mexicano, en la cual asentó la siguiente leyenda "Rehusado en el domicilio que cita, el fiscal no pertenece a dicha fiscalía". Ahora, en virtud de que el citado oficio fue enviado a un diverso domicilio, en obvio de mayores dilaciones, envíese el oficio de mérito a la dirección correcta, esto es, a la calle Prolongación de Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, sin número Ranchería El Rio, Jalpa de Méndez, Tabasco, (como referencia por la Caseta de policía), para los efectos legales conducentes. Por otra parte, de la constancia de cuenta suscrita por el Actuario de la adscripción en la que expresa su imposibilidad para notificar personalmente a los quejosos Isidro García Cerino y Caleb Almeida Almeida, la sentencia de seis de abril del año en curso, dictada en el presente asunto, por encontrarse el domicilio señalado para recibir citas y notificaciones totalmente vacío y cerrado con candado. En razón de lo asentado por el Fedatario, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de la sentencia de mérito, así como de los subsecuentes proveídos que deban hacerse de forma personal en este asunto a la parte quejosa, por la lista publicada electrónicamente, hasta en tanto señale un domicilio para tal fin. Apoya a la anterior determinación por su sentido y alcance, la jurisprudencia número 1ª./J.20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles" Notifíquese y cúmplase. SENTENCIA MESA 9 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 804/2020-9, promovido por Isidro García Cerino y Caleb Almeida Almeida, contra actos del Juez de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el dieciocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 1 a 6), a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el veintiuno siguiente en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el mismo día, Isidro García Cerino y Caleb Almeida Almeida solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de aprehensión, así como su ejecución. UTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Judicial Seis con sede en Nacajuca, Tabasco. 2 Fiscal General del Estado de Tabasco. 3 Director de la Policía Ministerial del Estado de Tabasco. 4 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Comisionadas de la Primera Delegación de Jalpa de Méndez, Tabasco. 5 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Comisionadas de la Segunda Delegación de Jalpa de Méndez, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte (fojas 7 a 11), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 804/2020-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados por haberlos reconocido en sus informes justificados el Juez de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco y la Policía de Investigación adscrita al Centro de Procuración de Justicia de Jalpa de Méndez, Tabasco, (fojas 25, 28 y 29), lo que se corrobora con las copias certificadas que remitió el primero de los mencionados, de las videograbaciones de las audiencias privadas de solicitud de orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil veinte y las de modificación de la misma, de veintidós y veintinueve de septiembre del aludido año. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por otro lado, al rendir su informe justificado el Director General de la Policía de Investigación y el Director de Amparos y Resoluciones de Consulta de la Fiscalía General del Estado en ausencia del Fiscal General del Estado de Tabasco (fojas 17 y 21), negaron la existencia del acto que se les reclama. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, toda vez que les reviste el carácter de autoridades ejecutoras y el acto reclamado fue aceptado por el Juez de Control de la Región Seis de Paraíso, Tabasco, autoridad ordenadora, Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 56, tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, cuyo rubro y texto es el siguiente: ACTO RECLAMADO NEGADO POR LAS AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que la autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado. Por tanto, debe tenerse por cierto el acto combatido a las responsables. Por las anteriores consideraciones, resulta infundada la causa de sobreseimiento planteada por el representante del Fiscal General del Estado de Tabasco. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser una cuestión de orden público, se procederá al examen de las causales de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, que al tenor dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el suscrito advierte que, respecto del quejoso Caleb Almeida Almeida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Como se puede deducir del ordinal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando, por virtud del cambio de situación jurídica, deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Por su parte, el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una etapa procesal en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: ) Orden de aprehensión; b) Auto de formal prisión; (de vinculación o sujeción a proceso, según sea el caso); y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la preinstrucción, la instrucción o el juicio en el sistema inquisitivo; o la etapa inicial, intermedia o de juicio, en el acusatorio adversarial; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo, toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Ahora bien, la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo. emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior de conformidad con la tesis número 2a. CXI/96, formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1996, con número de registro 199808, de rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. En ese tenor, el requisito previsto en el aludido inciso a), se encuentra satisfecho, en la medida que Caleb Almeida Almeida controvierte la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Control de la Región Judicial Seis de Centro, Tabasco, en la carpeta administrativa 211/2020, es decir, se reclama un acto que deriva de un procedimiento judicial. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de presentación de demanda de amparo -dieciocho de septiembre de dos mil veinte-, aún no se había cumplimentado la referida orden de aprehensión librada contra el quejoso Caleb Almeida Almeida, ya que esto ocurrió con posterioridad y el catorce de diciembre de dos mil veinte se dictó en su contra auto de vinculación a proceso por el delito de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia y robo con violencia, dentro de la carpeta administrativa 211/2020. Respecto al requisito previsto en el inciso c), se considera que la orden de aprehensión en cuestión se sustituyó jurídica y procesalmente con el auto de vinculación de catorce de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada en el presente juicio de amparo por lo que respecta al quejoso Caleb Almeida Almeida y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad, pues de hacerlo, podría variarse la nueva situación jurídica del quejoso. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la orden de aprehensión y el auto de vinculación que se emitió en contra del referido impetrante de amparo. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en relación a la orden de aprehensión dictada el diecisiete de julio de dos mil veinte, por el Juez de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, en la carpeta administrativa 211/2020; ello, por no poder decidirse al respecto, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de vinculación, únicamente por lo que a Caleb Almeida Almeida se refiere. Consecuentemente, en lo tocante al precitado acto reclamado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del aludido ordenamiento jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.2o.P.20 P, visible a página 1287, del Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, Registro 2002240, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados. Asimismo, es aplicable la tesis XVII.1o.P.A.51 P, consultable a página 2687, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Registro 167786, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el contenido siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual auto de vinculación a proceso, sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así también, en lo que interesa, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 270, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE., que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Con motivo de lo anterior, en relación con el acto reclamado anteriormente señalado, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados al respecto por lo que al quejoso Caleb Almeida Almeida se refiere. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De la reproducción de la videograbación remitida por el juez responsable, se advierte que el diecisiete de julio de dos mil veinte, a las diez horas, se efectuó la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión, en la carpeta administrativa 211/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Seis de Nacajuca, Tabasco. Asimismo, se obtiene que se individualizó el Fiscal del Ministerio Público y procedió a verbalizar la petición de orden de aprehensión, aduciendo que se encontraban acreditados los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos 141 fracción III y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En relación a los hechos, el fiscal señaló que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, siendo aproximadamente entre las 20:15 horas y 20:20 horas, la victima David Jiménez Sumárraga, salió de su domicilio en compañía de su esposa Celia Edith de la Cruz Frías, en la Ranchería San Lorenzo de Jalpa de Méndez, a bordo de una motocicleta marca Italika, modelo AT125, año 2019, de color amarillo, con número de serie 3SCPATDS1K1004442, con número de motor LC1P54FMIRQ446247, sin placa de circulación, propiedad de su hija Avilene Jiménez de la Cruz, quien se la prestó; luego a 15 minutos de salir de una tienda que está a 800 metros de su domicilio, en la carretera hay una zona solitaria, en donde se encuentra la entrada de su domicilio, conocida como Monte Largo, se paró porque venía un vehículo automotriz, enseguida de éste una moto azul tripulada por dos personas del sexo masculino, quienes se le atravesaron; Caled Almeida Wilson se quedó montado en dicha unidad encendida; la segunda persona, de nombre Isidro García Cerino fue la que se bajó, pegándole un "planazo" con un machete en la parte superior derecha y con voz alterada le dijo que le entregara la motocicleta y todas sus pertenencias, a lo que accedió y le entregó la cantidad de seis mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, que traía en la bolsa derecha del pantalón; Isidro García Cerino se llevó la motocicleta retirándose del lugar; ocasionándole un detrimento patrimonial a las víctimas. Por lo anterior, el fiscal consideró que los imputados cometieron los hechos que les atribuye, los que la ley señala como delito de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, previsto y sancionado en el artículo 175 fracción II en relación al 179 fracción V y 180 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz. Así como el delito de robo con violencia, previsto y sancionado en los ordinales 175 fracción II y 180 de la aludida ley sustantiva, cometido en agravio de David Jiménez Sumárraga. Hechos que el Ministerio Público refirió realizaron en calidad de coautores; delito que consideró de consumación instantánea, por agotarse en el momento que se realizaron todos los elementos de la descripción legal; acción que estimó dolosa, porque conociendo que su actuar es contrario a derecho, lo cual realizaron por sí mismo. El primer requisito, relativo a la denuncia o querella, lo estimó acreditado con la entrevista de la víctima Avilene Jiménez de la Cruz, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en la carpeta 270/2020. Asimismo, con la entrevista de David Jiménez Sumárraga, de diecinueve de marzo de dos mil veinte. En relación al segundo requisito, que el delito se encuentre sancionado con pena privativa de la libertad, refirió que el relativo a robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, está previsto y sancionado en el artículo 175 fracción II en relación al 179 fracción V y 180 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz. Asimismo, adujo que el diverso de robo con violencia, está previsto y sancionado en el artículo 175 fracción II y 180 del aludido ordenamiento jurídico, cometido en agravio de David Jiménez Sumárraga; mismos que refirió alcanzan una pena máxima de nueve años. El tercer requisito, concerniente a que obren datos de prueba que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la representación social dijo que se encontraba satisfecho, verbalizando al respecto los siguientes datos de prueba: La entrevista de Avilene Jiménez de la Cruz, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en sede ministerial, quien manifestó es la legítima propietaria de la motocicleta antes descrita, lo cual le demostró con la carta factura de tres de febrero de dos mil diecinueve, expedida por Elektra Milenio, del cual refiere anexó copia fotostática. Entrevista que el fiscal señaló corrobora lo declarado por David Jiménez Sumárraga, a quien dijo le prestó la motocicleta precitada y éste le informó sobre lo sucedido, por lo que la entrevistada se comunicó al 911 para reportar el robo en cuestión, donde le dieron el folio 20304514. La carta factura, que el fiscal dijo está expedida a nombre de Avilene Jiménez de la Cruz, por Elektra Milenio, que contiene las características de la referida motocicleta. La entrevista de David Jiménez Sumárraga, de diecinueve de marzo de dos mil veinte, conforme a los hechos establecidos anteriormente. La entrevista de Erwin Silván Almeida y Luis Alfredo Domínguez López, de veinte de marzo de dos mil veinte, quienes declararon sobre los mismos hechos. La inspección del lugar de los hechos, de veintiuno de marzo de dos mil veinte, que contiene croquis ilustrativo del mismo, con cuatro fijaciones fotográficas. Datos de prueba conforme a los cuales el fiscal consideró se establecen los hechos en cuestión y la probabilidad de que los imputados los realizaron o participaron en su comisión, apoyándose particularmente en el señalamiento directo que les realiza la víctima. El Ministerio Público refirió que, de acuerdo a los datos de prueba, no se actualiza ninguna causa excluyente de incriminación, ni de las que extinguen la potestad punitiva o la acción penal. Asimismo, consideró que existe peligro de que los imputados amenacen a la víctima, los testigos y a la comunidad, cuentan con antecedentes de dedicarse a delinquir y los hechos en cuestión los cometieron con medios violentos, empleando un arma blanca, machete, de acuerdo con lo declarado por David Jiménez Sumárraga. Además, el fiscal señaló que, de conformidad con los artículos 19 constitucional, 167 y 168 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese tipo de delitos procede la prisión preventiva oficiosa. Razones por las que la representación social consideró se justifica la necesidad de cautela, ya que por medio del citatorio es imposible que los imputados comparezcan a la audiencia relativa. Diez horas con veintidós minutos El juez de control estimó que se encontraban satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer requisito, relativo a la denuncia o querella, lo estimó acreditado con la entrevista de la víctima Avilene Jiménez de la Cruz, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en la carpeta 270/2020. Asimismo, con la entrevista de David Jiménez Sumárraga, de diecinueve de marzo de dos mil veinte. En relación al segundo requisito, que el delito se encuentre sancionado con pena privativa de la libertad, refirió que el delito de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, está previsto y sancionado en el artículo 175 fracción II en relación al 179 fracción V y 180 del Código Penal vigente en el Estado de Tabasco, cometido en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz; así como el diverso de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 175 fracción II y 180 del aludido ordenamiento jurídico, cometido en agravio de David Jiménez Sumárraga. Al respecto, el juzgador estableció que de acuerdo con los numerales precitados, ambos hechos están sancionados con pena privativa de libertad. El tercer requisito, concerniente a que obren datos de prueba que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el juez de control dijo que se encontraba satisfecho con los datos de prueba verbalizados por el fiscal, a los que les concedió eficacia jurídica en términos de los ordinales 259, 260, 261, 262 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, por considerar que le permiten establecer razonablemente la existencia de los hechos y la clasificación jurídica señalada por el fiscal, apoyándose para ello en: La entrevista de David Jiménez Sumárraga, de diecinueve de marzo de dos mil veinte, conforme a los hechos establecidos anteriormente. La entrevista de Avilene Jiménez de la Cruz, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en sede ministerial, quien manifestó es la legítima propietaria de la motocicleta antes descrita, lo cual le demostró con la carta factura de tres de febrero de dos mil diecinueve, expedida por Elektra Milenio, del cual refiere anexó copia fotostática. La entrevista de Erwin Silván Almeida y Luis Alfredo Domínguez López, de veinte de marzo de dos mil veinte, quienes declararon sobre los mismos hechos. Datos de prueba conforme a los que el juez de control consideró se establecieron los hechos relacionados con ambos eventos delictivos, el desapoderamiento de la motocicleta y del dinero, respecto de los cuales tuvo por acreditado que se cometieron con violencia, por haberse empleado un machete. Datos de prueba con los que el juzgador estimó se establecía la probabilidad de que el ahora quejoso realizó o participó en la comisión de los referidos hechos delictivos, apoyándose particularmente en el señalamiento directo que les realiza la víctima. Asimismo, refirió que la conducta desplegada es dolosa y, de acuerdo a los datos de prueba, no se actualiza ninguna causa excluyente de incriminación, ni de las que extinguen la potestad punitiva o la acción penal. De igual forma, consideró que existe peligro de que el imputado en cuestión amenacen a la víctima, los testigos y a la comunidad, cuenta con antecedentes de dedicarse a delinquir y los hechos en cuestión los cometieron con medios violentos, empleando un arma blanca, machete. Además, señaló que, de conformidad con los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese tipo de delitos procede la prisión preventiva oficiosa. Razones por las que consideró se justifica la necesidad de cautela, ya que por medio del citatorio habría sido imposible que el imputado compareciera voluntariamente a la audiencia relativa. Con base en lo anterior, dictó orden de aprehensión en contra de Isidro García Cerino, por el hecho que la ley califica como el delito de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, previsto y sancionado en el artículo 175 fracción II en relación al 179 fracción V y 180 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz. De igual forma, emitió orden de aprehensión, en contra de Isidro García Cerino, por el hecho que la ley califica como el delito de robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 175 fracción II y 180 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de David Jiménez Sumarraga SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL Como quedó establecido en el considerando relativo, el quejoso Isidro García Cerino reclama la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, el impetrante aduce que la responsable infringe lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular, formuló los conceptos de violación correspondientes, mismos que se omite transcribir en términos de lo determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; criterio que fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de 2010, página 830, cuyo rubro es CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Ahora bien, de los motivos de inconformidad planteados por el aludido quejoso, se obtiene que sustancialmente arguye que: Se pretende privarlo de su libertad sin que haya mediado juicio seguido ante los tribunales, en el que además debe existir denuncia de un hecho que la ley castigue con pena corporal y que ésta debe estar debidamente fundada y motivada. Dicho argumento se considera infundado, en atención a que, del análisis de la videograbación relativa, se advierte que el actuar del juez responsable, sí colma las exigencias de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. En efecto, el artículo 14 constitucional, en lo que interesa, establece: Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". En primer término, cabe dilucidar lo argüido por la parte quejosa en el sentido que se le privó de su derecho a ser oído y vencido en un procedimiento formal, antes de la emisión de la orden de aprehensión reclamada. Al respecto, cabe señalar que, dado el sigilo que implica librar una orden de aprehensión, en los términos del artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales (en el que se sustentó el acto reclamado), no resulta procedente otorgar por sí al indiciado el derecho humano de previa audiencia previsto en el numeral 14 constitucional. En el asunto en análisis, tenemos que el juez de primera instancia sustentó la emisión de la orden de captura impugnada, en la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. .; II. . III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Esto es, de conformidad con el primer numeral, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público en audiencia privada, podrá ordenar la aprehensión de la parte investigada, cuando el representante social advierta la necesidad de cautela. Circunstancia esta última que, en el caso, según se corrobora con los registros de audio y video contenidos en el disco versátil relativo a la audiencia de solicitud y libramiento de orden de aprehensión de diecisiete de julio de dos mil veinte, el juzgador responsable la tuvo acreditada y refirió que sí existe la necesidad de cautela, por considerar que hay peligro de sustracción del investigado en cuestión, ya que a su juicio obran indicios que el modus vivendi de éste es el cometer ilícitos en la región donde habita, por lo que estimó existe riesgo para la víctima, ofendido, testigos y la comunidad. Además, el juzgador estableció que, de acuerdo a lo verbalizado por el fiscal, en la comisión de los hechos en cuestión, fue empleado un machete, por lo que tuvo por acreditado el uso de violencia, lo que conlleva que en el caso proceda la prisión preventiva oficiosa, en términos de los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, el máximo de la pena a imponer por el delito que se le atribuye, pudiera constituir un aliciente para que el ahora quejoso no comparezca de manera voluntaria a la audiencia relativa. En razón de lo anterior, se estima, en el caso, el órgano jurisdiccional responsable no estaba obligado a otorgar a la parte impetrante del amparo el derecho humano de previa audiencia, dada la necesidad de cautela y sigilo de tal mandamiento, pues éste constituye una medida excepcional para que la parte imputada sea conducida a la presencia del juez de control, sin previa cita a fin de formularle la imputación. Entonces, no es dable sostener que previamente a la emisión de la orden de aprehensión reclamada, debió darse al aquí quejoso la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas; máxime que la naturaleza intrínseca de los mandamientos de captura, exigen el mayor sigilo para que no se evada su efectiva ejecución. Por tanto, es infundado el argumento de la parte impetrante en el sentido de que se le privó de tal derecho. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis IX.1º.33 P sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1824, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Por otra parte, el diverso concepto de violación consistente en que la determinación combatida no se encuentra debidamente fundada y motivada, igualmente deviene infundado, y para demostrar tal aserto, es necesario traer a glosa lo que el artículo 16 de la Constitución establece en su párrafo primero y tercero, el cual es del tenor siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El precepto constitucional antes transcrito, en su primer párrafo, consagra a favor de los gobernados la garantía de legalidad jurídica, la cual condiciona a que en todo acto de molestia se dé la reunión de los siguientes requisitos: a) conste por escrito; b) derive de autoridad competente; y, c) se encuentre fundado y motivado. Para el caso, importa destacar que, por fundamentación debe entenderse como la cita del o de los preceptos aplicables al caso, y por motivación, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado. Además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables; esto es, que las razones particulares que se expresen concuerden con la descripción legal. Asimismo, la motivación implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concreta respecto de los que se pretende cometer el acto de autoridad, sean aquéllos a que se refiere la disposición legal que lo funde, esto es, que las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para la emisión del caso particular, encuadren en el marco general establecido en la ley. Ello, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época, página 143, Materia: Común, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, en relación con el acto reclamado, conviene señalar que las etapas del procedimiento penal, acorde al numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Numeral, del cual se advierte también, que el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Por su parte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las formas de conducción del imputado a proceso, entre éstas, la aprehensión prevista en la fracción III del citado numeral; de igual forma, los preceptos 142 y 143 de ese ordenamiento legal, contemplan los requisitos que se deben satisfacer tanto al realizarse la solicitud de esa forma de conducción al proceso, como en la resolución que recaiga a la misma. Los citados artículos 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que interesa, establecen: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad.. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. En lo que trasciende al presente estudio, los anteriores preceptos conforman el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, a través de: Citatorio para la audiencia inicial. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública (cuando el imputado citado previamente a una audiencia, no haya comparecido). Orden de aprehensión (cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela). La fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación (y en caso que el imputado no se encuentre retenido), para lo cual solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que deberá cumplir con la necesidad de cautela que exige tal fracción. Ahora, en el mismo contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, destaca un requisito que es común a las tres formas de conducción al proceso precisadas en las fracciones I, II y III, consistente en que el fiscal debe precisar la clasificación jurídica del hecho delictivo, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Por su parte, de los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte, por un lado, que el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión, se encuentra obligado a hacer una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y exponer las razones por las que considera se actualizaron las exigencias del artículo 141 de ese ordenamiento; y por otro, que el juez debe resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión en audiencia, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud, la cual además, debe cumplir con los requisitos legales exigibles. En síntesis, el juez de control sólo podrá librar la orden de aprehensión solicitada, cuando se cumpla con los requisitos previstos en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo contrario, deberá proceder conforme lo establece el párrafo quinto del artículo 143 del citado ordenamiento penal (prevenir al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes), pero, se reitera, no librar la orden solicitada. Así, de los artículos transcritos, se desprende que una orden de aprehensión fundada en el artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, es legal y constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: Que sea emitido por autoridad competente; Preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad. Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, establezcan se ha cometido ese hecho y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En la clasificación jurídica que realice el representante social, especifique el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Que exista necesidad de cautela. Exista solicitud de orden de aprehensión de parte del Ministerio Público, en la cual: a) Haga una relación de los hechos atribuidos al imputado; b) Los sustente en forma precisa en los registros que obran en la carpeta; y c) Exponga las razones por las que considera se actualiza las exigencias del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella. Esa determinación esté fundada y motivada. En ese orden de ideas, de las constancias que remitió el juez responsable, esto es, de los registros audiovisuales de la audiencia en la que se dictó la orden de aprehensión reclamada relativos a la causa penal 211/2020; se estiman colmados los requisitos de forma y fondo; por ende, se considera que la resolución de orden de aprehensión reclamada, se dictó ajustada a derecho y no irroga violación alguna a los derechos humanos de la parte quejosa. El primer requisito (competencia), es cumplido, ya que en la resolución que ordenó la aprehensión combatida en esta sede constitucional, se expresó la competencia del órgano jurisdiccional responsable, la cual corresponde al Juez de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, quien señaló resultaba legalmente competente para conocer y resolver sobre la solicitud planteada en cuestión de territorio, materia y grado. Así, por cuanto hace a la competencia (objetiva) respecto a la materia, al ser un hecho delictuoso su conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal; por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron probablemente sobre la carretera principal a la entrada de la Ranchería Monte Largo, del municipio de Jalpa de Méndez, espacio geográfico dentro de la jurisdicción del citado juez responsable. Por cuanto hace al grado, en atención a que dicho juzgado responsable es de primera instancia, por ser la primera intervención del juez en relación con los hechos que pone a su consideración la fiscalía; asimismo, goza de la competencia subjetiva, al encontrarse legitimada para resolver lo puesto a su consideración, y toda vez que no se advierte ninguna causa que pudiera afectar su imparcialidad, ni las partes hicieron valer alguna. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 26/99, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo IX, Mayo de 1999, materia penal, página 267, del rubro y texto siguientes:"ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad El segundo elemento se cumple en el caso concreto, tal y como se advierte de la videograbación de la audiencia privada de diecisiete de julio de dos mil veinte, donde el representante social relató la existencia de la denuncia formulada por Avilene Jiménez de la Cruz el dieciocho de marzo del aludido año y la entrevista realizada a David Jiménez Sumarraga el diecinueve del mismo mes, en las cuales denuncian hechos que la ley señala como delitos, como lo son el de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, previsto y sancionado en el artículo 175 fracción ll en relación con el 179 fracción V y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en agravio de la primera de las mencionadas; así como el diverso de robo con violencia, previsto y sancionado en el ordinal 175 fracción II y 180 de la referida ley sustantiva, en agravio del segundo de los citados. Además, dichos ilícitos se advierte se encuentra sancionados con pena privativa de la libertad. El tercero de los requisitos, se encuentra colmado, pues de los registros de audio y video de la referida diligencia de diecisiete de julio de dos mil veinte, se aprecia que el Ministerio Público indicó que en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 211/2020, existían elementos de convicción suficientes que conllevan a establecer que se han cometido los delitos referidos en el párrafo anterior, así como la probabilidad de ser los investigados entre ellos Isidro García Cerino, quienes lo cometieron, pues sostuvo, existen manifestaciones que señalan de manera directa al referido quejoso, como la persona que desapoderó del vehículo automotor y de una cantidad monetaria a David Jiménez Sumarraga. Respecto al cuarto requisito, éste se encuentra satisfecho, pues en la audiencia privada de que se trata, se aprecia que el representante social, al hacer la clasificación jurídica, especificó los tipos penales atribuidos a los inculpados, refiriendo que son el de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, previsto y sancionado en el 175, fracción II en relación con el 179, fracción V y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en contra de Isidro García Cerino y Calet Almeida Wilson y en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz; así como el diverso de robo con violencia, previsto y sancionado 175, fracción II y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco en contra de Isidro García Cerino, en agravio de David Jiménez Sumarraga. Narró la ejecución de los hechos y sostuvo que la forma de intervención o participación de la parte quejosa en ellos es a título de coautor material de conformidad con el artículo 13 Bis, fracción ll del Código Penal para el Estado de Tabasco, indicando, además, que la conducta desplegada era de naturaleza dolosa. En relación con el quinto requisito, de las constancias de la resolución reclamada, se hace evidente que el juez responsable, sostuvo se encontraba acreditada la necesidad de cautela conforme a los argumentos manifestados por el Agente del Ministerio Público, fundando ese supuesto en el artículo 168, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando que de conformidad con lo referido por la institución ministerial, en el caso en particular se encuentra justificada ya que existe peligro de sustracción de los investigados y riesgo hacia la víctima, ofendido, los testigos y la comunidad; pues, existen antecedentes que los involucrados se dedican al robo y el delinquir en la zona de los hechos, que es su modus vivendi; además, consideró que el máximo de la pena a imponer por el delito que se le atribuye, pudiera constituir un aliciente para que estas personas no comparezcan de manera voluntaria a enfrentar el proceso que se le llegare a iniciar. Motivo por el cual, sostuvo que, en base a esas informativas, en el caso en particular, efectivamente existe necesidad de cautela. En cuanto al sexto requisito, es de indicarse que de los registros de audio y video de la audiencia privada de diecisiete de julio de dos mil veinte, se aprecia la institución ministerial en su intervención solicitó al juez de control la emisión de la orden de aprehensión aquí combatida; solicitud en la cual: Hizo una relación de los hechos atribuidos a la parte imputada, aquí impetrante del amparo, los cuales sostuvo se subsumen en los tipos penales que refiere. Hechos que sustentó en los registros que dijo obran en la indagatoria origen de la causa penal 211/2020, precisando cada uno de los datos de prueba que a su parecer los corroboran, así como la probable participación de la parte imputada en su comisión, la cual indicó es a título de coautor material y de naturaleza dolosa. Finalmente, manifestó se encuentran satisfechas las exigencias para el dictado de una orden de aprehensión, indicando que, de acuerdo a lo vertido en esa audiencia, en la carpeta de investigación existen datos de prueba de los cuales se advierte que ocurrió un hecho delictuoso y que fueron los imputados quienes probablemente lo realizaron, consistentes en el de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, previsto y sancionado en el 175, fracción II en relación con el 179, fracción V y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en contra de Isidro García Cerino y Calet Almeida Wilson y en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz; así como el diverso de robo con violencia, previsto y sancionado 175, fracción II y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco en contra de Isidro García Cerino, en agravio de David Jiménez Sumarraga. Agregando que existe necesidad de la medida, debido al riesgo de sustracción de los imputados, por los motivos señalados con anterioridad; por lo cual, estimó que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 141, fracción III del Código Nacional de procedimientos Penales, para librar la aprehensión solicitada. De igual forma, en cuanto al séptimo requisito, relativo a que el juez resuelva lo conducente en audiencia y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud; se encuentra cumplido, dado que de los registros de audio y video de la mencionada audiencia de diecisiete de julio de dos mil veinte, se aprecia que después de la solicitud formulada por la representación social, el Juzgador de primera instancia procedió a emitir la determinación respectiva, pronunciándose sobre los puntos planteados en la solicitud, en la cual concluyó decretar la orden de aprehensión de los quejosos Isidro García Cerino y Calet Almeida Wilson. Sin que pase inadvertido que con posterioridad en audiencias de veintidós y veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en audiencias privadas se solicitó la modificación de dicha orden, por lo que respecta a Calet Almeida Wilsón, ello en razón que el nombre del mismo era incorrecto y de una serie de investigaciones se determinó que el nombre correcto es Caleb Almeida Almeida, siendo en la audiencia de veintinueve de septiembre en la que se emitiría la modificación de dicha orden por lo que al nombre del referido quejoso se refiere; sin embargo, visto lo resuelto en el considerando anterior, resulta innecesario estudiar dicha modificación. Por tanto, se considera que la determinación cumple con el octavo y último requisito, es decir, se encuentra fundada y motivada, pues de los registros de audio y video en los cuales consta el desarrollo de la audiencia, se tiene que el juez de control responsable, para emitir la orden de aprehensión, tomó en cuenta la denuncia y los demás datos narrados por la fiscalía e indicó que a su parecer, tales datos de prueba le permitían establecer de manera circunstancial que la conducta atribuida a la parte investigada se adecuaba a la hipótesis delictiva de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, prevista y sancionada en el artículo 175, fracción II en relación con el 179, fracción V y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en contra de Isidro García Cerino y Calet Almeida Wilson y en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz; así como el diverso de robo con violencia, previsto y sancionado en el ordinal 175, fracción II y 180 de la referida ley sustantiva, en contra de Isidro García Cerino, en agravio de David Jiménez Sumarraga. Refiriendo que con los datos de prueba relatados por la fiscalía, se demostraban el hecho que la ley consideraba como los delitos antes citados y que la parte inculpada participó en ellos; señalando además, que se acreditaba también la necesidad de cautela, por lo cual determinó ordenar la aprehensión de la parte aquí quejosa, exponiendo así los datos de prueba, motivos, razones particulares y circunstancias en las cuales sustentó tal determinación. En efecto, del estudio de la resolución reclamada, se advierte se encuentra fundada y motivada, por los motivos siguientes: Se emitió el diecisiete de julio de dos mil veinte en forma oral y escrita, por el Juez de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca, Tabasco, en la causa penal 211/2020, contra Isidro García Cerino y Caleb Almeida Almeida, por los injustos de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción II en relación con el 179, fracción V y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz; así como el diverso de robo con violencia, previsto y sancionado en el ordinal 175, fracción II y 180 de la referida ley sustantiva, en contra de Isidro García Cerino, en agravio de David Jiménez Sumarraga, delitos que se encuentran sancionados con pena privativa de libertad, Para emitir dicho acto, consta el Juez responsable tomó en consideración los siguientes datos de prueba expuestos por el Ministerio Público: La entrevista de David Jiménez Sumárraga, de diecinueve de marzo de dos mil veinte, conforme a los hechos establecidos anteriormente. La entrevista de Avilene Jiménez de la Cruz, de dieciocho de marzo de dos mil veinte, en sede ministerial, quien manifestó es la legítima propietaria de la motocicleta antes descrita, lo cual le demostró con la carta factura de tres de febrero de dos mil diecinueve, expedida por Elektra Milenio, del cual refiere anexó copia fotostática. La entrevista de Erwin Silván Almeida y Luis Alfredo Domínguez López, de veinte de marzo de dos mil veinte, quienes declararon sobre los mismos hechos. El Juez de control, hizo relación de la forma en que los mencionados datos se incorporaron al proceso, esto es, de manera oral, en audiencia privada. Además, consta del registro audiovisual de la audiencia, que la misma se desarrolló íntegramente ante esa autoridad judicial, desde su inicio hasta la emisión de la orden, cumpliéndose así el principio de inmediación previsto en el artículo 20 constitucional, desprendiéndose también, que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia tuvo acceso a la carpeta de investigación. Apoya lo anterior, en lo conducente la tesis XIII.P.A.8 P (10a.), emitida por el anterior Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el Amparo en Revisión 649/2015, publicada el viernes 07 de octubre de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Penal), Décima Época,, de rubro y texto siguiente: "INMEDIACIÓN. EL HECHO DE QUE UN JUEZ DE GARANTÍA DIVERSO AL QUE INICIÓ LA AUDIENCIA PRIVADA DE SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN EMITA EL MANDATO DE CAPTURA Y PARA ESTE FIN ÚNICAMENTE SE IMPONGA DE LAS VIDEOGRABACIONES RESPECTIVAS, VIOLA DICHO PRINCIPIO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). Conforme al artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal oral, es el de inmediación, el cual también se encuentra previsto en los diversos preceptos 3, 19, párrafo primero, 168, 275 y 317 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca. Luego, dicho principio implica, en esencia, que el juzgador debe estar presente en todas las audiencias en su integridad, para apreciar personalmente la información aportada por las partes, esto es, para tener contacto directo con la fuente de prueba, y así poder valorarla y ponderarla bajo el método de la libre apreciación, lo cual constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Ahora bien, acorde con los artículos 168 y 275 mencionados, el Ministerio Público, en audiencia privada con el Juez de garantía, debe solicitar la orden de aprehensión contra el inculpado, en la que le formulará la imputación inicial. Esto es, el fiscal sustentará su solicitud, precisando los datos que establezcan que se ha cometido un hecho calificado como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él; señalando además de los datos que identifiquen a éste y a la víctima o denunciante, una breve descripción de los hechos y su posible calificación jurídica, además de los elementos de convicción que arroje la investigación. En este contexto, el hecho de que un Juez de garantía diverso al que inició la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión emita el mandato de captura y para este fin únicamente se imponga de las videograbaciones respectivas, viola el referido principio de inmediación. Lo anterior, toda vez que las audiencias privadas de solicitud de orden de aprehensión, en aras de respetar el mencionado principio, deben desarrollarse íntegramente ante el mismo Juez de garantía, pues sólo de esa manera se garantiza que el juzgador que decide observó por sí la recepción de los datos de prueba, estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron, y conoció de manera inmediata lo introducido al procedimiento. En consecuencia, si bien el nuevo Juez de garantía puede imponerse de las videograbaciones correspondientes, lo cierto es que no estuvo en aptitud de percatarse por sí mismo de la forma en que se desahogaron esos datos de prueba, de la intervención del fiscal solicitante al respecto y, en general, de los hechos materia de la audiencia, lo que es fundamental para la valoración correcta de la información aportada que, finalmente, se traducen en elementos de convencimiento para el juzgador." Datos de prueba que, se estima fueron legalmente evaluados, al tenor del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según la sana crítica, se observaron las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; lo que se justificó por el juez responsable, a través de la reproducción del razonamiento utilizado, otorgándoles valor probatorio de indicio -en términos de los artículos 259, 260, 261, 262 y 265 del aludido ordenamiento jurídico-, señalando los motivos y razones particulares tomadas en consideración para tal efecto; y a partir de esos datos de prueba reseñados, estableció los hechos con ellos acreditados, señalando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a la parte aquí quejosa. Enseguida, en relación con la fundamentación o adecuación jurídica, la responsable correctamente analizó que los hechos narrados por la representación social, se subsumieron en las conductas típicas de robo de vehículo automotriz en circulación con violencia, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción II en relación con el 179, fracción V y 180 del Código Penal para el Estado de Tabasco, en agravio de Avilene Jiménez de la Cruz; así como el diverso de robo con violencia, previsto y sancionado en el ordinal 175, fracción II y 180 de la aludida ley sustantiva, en agravio de David Jiménez Sumarraga. Esto es así, pues de los datos de prueba que se analizaron, quedó acreditado que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, David Jiménez Sumarraga viajaba en compañía de su esposa a bordo de una motocicleta Italika, color amarilla, que era propiedad de su hija, quien se las había prestado, y al llegar a la entrada de la carretera principal Monte Largo, venía un vehículo de frente y detrás de éste una motocicleta color azul con negro en la que viajaban dos personas de sexo masculino, quienes les bloquearon el paso y descendió de ésta una de las personas que viajaba en ella, quien el referido Jiménez Sumarraga identificó plenamente como Isidro García Cerino, quien se dirigió a él y le pegó un planazo en su espalda con un machete, indicándole que se bajara de la moto y le entregara todas sus pertenencias, entre ellas la motocicleta y la cantidad de seis mil pesos que portaba en su pantalón. Lo que se concatena con los deposados de Edwin Silvan Almeida y Luis Alfredo Domínguez, quienes se encontraban en un puesto de antojitos denominado "María Frase" y al estar allí, vieron pasar a los investigados a bordo de una motocicleta cada quien, señalando que el que iba en la motocicleta Italika color Amarillo, propiedad de Avilene Jiménez de la Cruz, era el quejoso Isidro García Cerino y Caleb Almeida Almeida viajaba en otra motocicleta y viajaban con dirección a la ranchería El Recreo de la ranchería San Lorenzo de Jalpa de Méndez, que es el domicilio de los investigados. Además, existe señalamiento y reconocimiento directo por parte del David Jiménez Sumarraga, al referir que fueron los investigados las personas de sexo masculino que le cerraron el paso a bordo de una motocicleta, y descendiendo de ella Isidro García Cerino con un machete en la mano, con el cual le pegó un planazo en la parte derecha de su espalda, indicándole con voz alterada que le entregara todo lo que trajera y se bajara de la motocicleta, para retirarse a bordo de ella previamente haberlo despojado de la cantidad de seis mil pesos. En este sentido, este órgano de control constitucional encuentra ajustado a derecho el razonamiento del juez de control responsable, al estimar que los datos de prueba que el Ministerio Público narró, producen indicios suficientes y razonables para establecer los hechos delictivos en cuestión y que Isidro García Cerino posiblemente los realizó o participó en su ejecución. Particularmente, porque existe señalamiento categórico y directo de David Jiménez Sumarraga, que era quien conducía la motocicleta robada y fue a quien el referido García Cerino le pegó un planazo en la espalda y lo desapoderó de la cantidad de seis mil pesos en billetes de diferente denominación. Así también, se estima, determinó correctamente que la forma de intervención en la comisión de los hechos señalados como delitos, es como coautor material, acorde a lo que establece el artículo 13 Bis fracción ll del Código Penal para el Estado de Tabasco, pues explicó que fue la parte quejosa con auxilio de otra persona, en este caso Caleb Almeida Almeida, quienes desplegaron la conducta antisocial que vulneró el bien jurídico tutelado por la norma penal, como es el patrimonio de las personas. De la misma forma, se estima legal el proceder de la responsable al apreciar que la conducta atribuida a la parte imputada fue dolosa, pues, aun sabiendo de la conducta ilícita decidieron realizarla causando un perjuicio al patrimonio de la víctima y ofendido; además, tomando en cuenta que conocía los elementos objetivos del hecho así como sus consecuencias y aceptaron su realización, pues es del conocimiento generalizado que apoderarse de una cosa mueble ajena sin derecho y sin consentimiento de la persona autorizada para otorgarlo, no está permitido por la ley y a sabiendas de tales circunstancias consumaron el hecho que ahora se le atribuye. Es menester referir que la necesidad de cautela, en tanto requisito para justificar la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, reside esencialmente en una evaluación razonable de las circunstancias particulares del caso, de las que se advierta que es posible que exista resistencia del imputado a comparecer voluntariamente ante el juez de control a efecto que el Ministerio Público le formule imputación. Así, en cuanto a este tópico, el juez responsable precisó que se encontraba satisfecho, fundando ese supuesto en el artículo 168, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sostuvo, que de conformidad con lo referido por la institución ministerial, existe peligro de sustracción del imputado por el modus vivendi que este desempeña, pues refiere el delinquir es algo cotidiano que realiza en la comunidad, además que eso representa un peligro para la víctima, ofendido, testigos y la comunidad. Además, consideró que el máximo de la pena a imponer por el delito que se le atribuye, pudiera constituir un aliciente para que esta persona no comparezca de manera voluntaria a enfrentar el proceso que se le llegare a iniciar; adicionado a que, constituye un posible indicio el riesgo para la comunidad referido por la representación social. Aunado al hecho de que, al haberse cometido los hechos delictivos con el empleo de violencia, procede la prisión preventiva oficiosa, por lo que dichas circunstancias acreditan la necesidad de cautela, ya que existe peligro de sustracción del imputado. Por lo que se estima que la resolución reclamada en esta instancia extraordinaria, está ajustada a derecho, en atención a que se cumplieron las formalidades del procedimiento, pues están satisfechas las exigencias del artículo 16 Constitucional y de los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitirla, incluso, atinentes a la fundamentación y motivación. Todo lo anterior, sin perder de vista que, para resolver sobre la orden de aprehensión, no es necesario, como sí lo era antes de la reforma al sistema de justicia penal, que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito y su probable responsabilidad. En efecto, en el nuevo de sistema procesal penal acusatorio y oral, el estándar para librar una orden de aprehensión, no exige realizar un análisis minucioso de los elementos del delito, sino realizar la regulación del procedimiento que surja con motivo de la comisión del delito, pues la finalidad del proceso acusatorio es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, asegurando el acceso a la justicia y que el procedimiento sea más ágil y sencillo para su resolución, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que México es parte. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada XV.3o.3 P, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, visible en la página 2320, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL" La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva." De igual forma, cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñadas por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. De lo hasta aquí expuesto, se estima que, en la especie, no se ha vulnerado en la esfera jurídica de la parte impetrante, lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la orden de aprehensión se libró conforme a las formalidades esenciales requeridas para su emisión; que en las mismas no se aplicó una ley retroactiva en su perjuicio, pues la legislación aplicable que sirvió de sustento para emitir el acto reclamado, se expidió con anterioridad a los hechos; además, obra denuncia formulada ante la representación social -conforme a su exposición- de un hecho que puede constituir un delito, el cual es sancionado por la ley penal con pena privativa de libertad y, además, existen en el sumario datos de prueba que establecen que se ha cometido ese hecho que la ley señala como ilícito de robo calificado con violencia moral a las personas, y la posible participación de la parte denunciada, hoy amparista, asimismo, se apreció que la orden reclamada reúne los requisitos de forma y fondo, incluida la necesidad de cautela, que el asunto se instruye ante un Juzgado del fuero común, el cual se encontraba previamente establecido. Por lo anterior, resulta infundado el concepto de violación que se analiza, pues en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, incluida la necesidad de cautela, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En las relatadas circunstancias, al advertirse satisfechos los requisitos constitucionales y legales establecidos para la emisión de la orden de aprehensión combatida, no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa y ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra del acto reclamado atribuido a Juez de Control de la Región Judicial Seis de Nacajuca Tabasco, por lo que respecta al quejosos Isidro García Cerino. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable señalada como ejecutora; por no haberse impugnado por vicios propios, sino como una consecuencia del acto reclamado a la responsable ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Quinta Época, con registro 917625, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del dos mil, tomo VI, materia común, tesis 91, página 72, de rubro y texto: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía No pasa inadvertido que al día en que se resuelve el presente juicio de amparo, los terceros interesados Avilene Jiménez de la Cruz y David Jiménez Sumárraga, se encontraban pendiente de ser emplazados; sin embargo, a ningún efecto práctico conllevaría postergar el dictado de la sentencia, dado que el sentido de ésta en nada variaría; aunado a que, no les depara agravio alguno, tomando en cuenta el sentido de la misma. Por el contrario, se le causaría un mayor perjuicio al quejoso derivado de la dilación en el pronunciamiento del asunto, lo cual vulneraría su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, Registro 394487, visible a página 349, que dispone:"TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Así como en la diversa tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, Página 2428, Registro 162685, Novena Época, que dice: TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Caleb Almeida Almeida, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, por los motivos expresados en el diverso CUARTO de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Isidro García Cerino, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando SEXTO de esta ejecutoria. TERCERO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales.

Quedan 21 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano