Isidro Galvan Martínez
Expediente 1065/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Isidro Galvan Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido el acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio la hubiese recurrido, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración de la suscrita juzgadora, es de relevancia documental, al ubicarse en el supuesto de la fracción X del numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que versa sobre materia agraria; por tanto, deberá conservarse en su integridad el expediente original. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el escrito que suscribe ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución del poder general para pleitos y cobranzas exhibido en autos; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previa razón de recibo y copia certificada que de los mismos se deje en autos, hágasele la devolución del documentos que solicita. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 0174/2022 que remite la Oficial encargado del Registro Público de la Propiedad en Santiago Papasquiaro, Durango, a través del cual, cumple el requerimiento efectuado en auto de siete de noviembre del año en curso, y al efecto informa que se registró el título de propiedad perteneciente al poblado de Barrazas del Municipio de Santiago Papasquiaro, Drango, bajo el acta 9,336 del Libro 1 Tomo 38 Agrario, de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, a nombre de *****. I. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En ese sentido, visto el contenido del oficio y anexo de cuenta, atendiendo al estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el quejoso Isidro Galván Martínez, por conducto de su apoderado legal reclamó del Delegado del Registro Agrario Nacional en esta Ciudad y otra autoridad, lo siguiente: "EL RETARDAMIENTO DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE ADOPCIÓN DEL DOMINIO PLENO SOBRE LA PARCELA, SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD 10190020416, CON FECHA DE INGRESO DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, A LAS 09:04 HORAS ANTE EL DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN ESTA CIUDAD DE DURANGO." Mediante oficio SR/3031/2022, la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Durango, informó que en relación con lo peticionado por el quejoso mediante solicitud 10190020416, por parte del registrador integral en la Ciudad de México, se emitió calificación en sentido positivo, relativa a la adopción de dominio pleno sobre la parcela individual número 55 Z-2 P 5/5, ubicada en el núcleo agrario "Barrazaz, Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, a favor de Isidro Galván Martínez, generándose el titulo parcelario 1002197. En el diverso oficio SR/3295/2022, la citada autoridad, manifestó a este juzgado, que el citado título de propiedad fue remitido al encargado del Registro Público de la Propiedad en Santiago Papasquiaro, Durango, para su inscripción correspondiente. En ese sentido, del oficio y anexo de cuenta, se desprende que el título de propiedad 1002197, expedido en favor de Isidro Galván Martínez, respecto de la parcela número 55 Z-2 P 5/5, del Ejido Barrazaz, Municipio de Santiago Papasquiaro. Durango, fue registrado bajo el número de acta 9,336 del Libro 1 Tomo 38 Agrario, de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, a nombre del promovente de amparo *****. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo que fue el cinco de septiembre de dos mil veintidós, existía la omisión reclamada, también lo es que el trece de diciembre del año en curso, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad de Santiago Papasquiaro, Durango, el título de propiedad previamente expedido en favor del promovente de amparo. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión o dilación de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo (falta de expedición de título de propiedad), fue subsanada con las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. ll. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 22-DICIEMBRE-2022 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 0174/2022 que remite la Oficial encargado del Registro Público de la Propiedad en Santiago Papasquiaro, Durango, a través del cual, cumple el requerimiento efectuado en auto de siete de noviembre del año en curso, y al efecto informa que se registró el título de propiedad perteneciente al poblado de Barrazas del Municipio de Santiago Papasquiaro, Drango, bajo el acta 9,336 del Libro 1 Tomo 38 Agrario, de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, a nombre de *****. I. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En ese sentido, visto el contenido del oficio y anexo de cuenta, atendiendo al estado que guarda el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, el quejoso Isidro Galván Martínez, por conducto de su apoderado legal reclamó del Delegado del Registro Agrario Nacional en esta Ciudad y otra autoridad, lo siguiente: "EL RETARDAMIENTO DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE ADOPCIÓN DEL DOMINIO PLENO SOBRE LA PARCELA, SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD 10190020416, CON FECHA DE INGRESO DEL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, A LAS 09:04 HORAS ANTE EL DELEGADO DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN ESTA CIUDAD DE DURANGO." Mediante oficio SR/3031/2022, la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Durango, informó que en relación con lo peticionado por el quejoso mediante solicitud 10190020416, por parte del registrador integral en la Ciudad de México, se emitió calificación en sentido positivo, relativa a la adopción de dominio pleno sobre la parcela individual número 55 Z-2 P 5/5, ubicada en el núcleo agrario "Barrazaz, Municipio de Santiago Papasquiaro, Durango, a favor de Isidro Galván Martínez, generándose el titulo parcelario 1002197. En el diverso oficio SR/3295/2022, la citada autoridad, manifestó a este juzgado, que el citado título de propiedad fue remitido al encargado del Registro Público de la Propiedad en Santiago Papasquiaro, Durango, para su inscripción correspondiente. En ese sentido, del oficio y anexo de cuenta, se desprende que el título de propiedad 1002197, expedido en favor de Isidro Galván Martínez, respecto de la parcela número 55 Z-2 P 5/5, del Ejido Barrazaz, Municipio de Santiago Papasquiaro. Durango, fue registrado bajo el número de acta 9,336 del Libro 1 Tomo 38 Agrario, de fecha trece de diciembre de dos mil veintidós, a nombre del promovente de amparo *****. De lo anterior se advierte que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo que fue el cinco de septiembre de dos mil veintidós, existía la omisión reclamada, también lo es que el trece de diciembre del año en curso, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad de Santiago Papasquiaro, Durango, el título de propiedad previamente expedido en favor del promovente de amparo. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la omisión o dilación de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo (falta de expedición de título de propiedad), fue subsanada con las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable. De ahí que no existe afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. ll. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las nueve horas con cincuenta minutos del cinco de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
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