Isidro Cruz Salazar

Expediente 933/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
933/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/10/2017

Partes del expediente

  • Juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca
  • Isidro Cruz Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de once de septiembre del presente año, en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueven Isidro Cruz Salazar y Bernardina Martínez López, contra actos del fiscal general del Estado de Oaxaca, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese bajo el número 933/2017. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, del análisis de la demanda de garantías, se advierte, los quejosos reclaman del fiscal general del Estado de Oaxaca, los nombramientos de agente del Ministerio Público o nombramientos de fiscal, que se otorgaron a cada uno de los agentes del Ministerio Público que integraron el legajo de investigación 1392/H.L/2014, del índice de la Vice-fiscalía Regional de la Mixteca, por no reunir los requisitos contemplados en los artículos 25 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 44 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Oaxaca, 10, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 4º, fracción XIV, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Este órgano jurisdiccional estima que con respecto al referido acto reclamado, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I y 6º, de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Cierto, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por perjuicio la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. En el caso, la parte quejosa, carece de legitimación para reclamar del fiscal general del Estado de Oaxaca, los nombramientos de agente del Ministerio Público o nombramientos de fiscal, que se otorgaron a cada uno de los agentes del Ministerio Público que integraron el legajo de investigación 1392/H.L/2014, del índice de la Vice-fiscalía Regional de la Mixteca, por no reunir los requisitos contemplados en la ley; lo anterior, pues la forma en que un funcionario público fue designado, así como si su nombramiento reúne los requisitos exigidos por la ley que corresponda, no es competencia de análisis de los tribunales de amparo. Además, el procedimiento de responsabilidad y sanciones que en su caso lleguen a fincarse en contra de un servidor público, por haber otorgado algún nombramiento de manera ilegal, no están dirigidas a la satisfacción de intereses individuales, sino a preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; por lo que no conceden a los particulares la facultad de exigir a los órganos estatales que actúen de forma determinada, máxime que los propios particulares no forman parte de la relación jurídica que se establece entre la organización judicial, como titular de la potestad disciplinaria en este ámbito y sus miembros como subordinados a ella. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis III.T.23 L, del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Novena Época, Tomo VI, Octubre de 1997, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INCOMPETENCIA DE ORIGEN. LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO GENERAL DE UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES RECLAMABLE EN JUICIO DE GARANTÍAS. La designación del personal jurídico que integran las Juntas de Conciliación y Arbitraje, hecha conforme a lo previsto en los artículos 625, 629 y relativos de la Ley Federal del Trabajo, entre ellos, la del presidente y del secretario general, no puede válidamente ser materia de análisis constitucional en un juicio de amparo en el que se alegue que su nombramiento se hizo en contravención a las reglas que establece la citada ley laboral, ya que ello se encuentra vinculado a la incompetencia de origen, la que es diferente, en lo esencial, a la incompetencia derivada del artículo 16 constitucional; así, de manera similar a lo sucedido en otras latitudes cuando frente a los funcionarios de derecho se ha creado una teoría de los funcionarios de facto, esto es, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, bien por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, según cierto sector de la doctrina, bien por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad o inhabilitación, según otros autores. Ahora bien, el examen de la legitimidad de los aludidos funcionarios de la Junta Local y de la competencia de un órgano, supone una distinción esencial; así es, la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica, y la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En este orden de ideas, el artículo 16 de la Carta Magna no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa; por tanto, los tribunales de amparo, por estar vinculados al concepto de competencia del artículo 16 constitucional, no pueden conocer de la legitimación de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada; lo anterior, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o quizá penal exigible a la persona dotada de una investidura irregular o, incluso, sin investidura alguna." De igual forma, se cita la tesis P. XLVIII/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XXII, Noviembre de 2005, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. La noción de "incompetencia de origen" nació para significar los problemas que entrañaban la ilegitimidad de las autoridades locales por infracciones a las normas reguladoras de su designación o elección. Dicha incompetencia se distinguía de las irregularidades examinadas en el contexto de control de legalidad de los actos de autoridad, porque su conocimiento por los tribunales federales se traduciría en una intervención injustificada en la soberanía de las entidades federativas, y redundaría en el empleo del juicio de amparo como instrumento para influir en materia política. Sin embargo, la referida noción, limitada al desconocimiento de autoridades locales de índole política o judicial, se hizo extensiva a todos los casos en que por cualquier razón se discutiera la designación de un funcionario federal o local perteneciente, inclusive, al Poder Ejecutivo, o la regularidad de su ingreso a cualquier sector de la función pública, introduciéndose una distinción esencial entre la incompetencia de origen y la incompetencia derivada del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que derivó que frente a los funcionarios de jure, se creó una teoría de los funcionarios de facto, es decir, aquellos cuya permanencia en la función pública es irregular, ya sea por inexistencia total o existencia viciada del acto formal de designación, o por ineficacia sobrevenida del título legitimante, frecuentemente debida a razones de temporalidad e inhabilitación. Ahora bien, el examen de la legitimidad de un funcionario y de la competencia de un órgano supone una distinción esencial, pues mientras la primera explica la integración de un órgano y la situación de una persona física frente a las normas que regulan las condiciones personales y los requisitos formales necesarios para encarnarlo y darle vida de relación orgánica; la segunda determina los límites en los cuales un órgano puede actuar frente a terceros. En ese sentido, el indicado artículo 16 no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos el objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual, y no un control interno de la organización administrativa. Por tanto, los tribunales de amparo ni los ordinarios de jurisdicción contenciosa administrativa federal pueden conocer, con motivo de argumentos sobre incompetencia por violación al artículo 16 constitucional, de la legitimidad de funcionarios públicos, cualquiera que sea la causa de irregularidad alegada, sin perjuicio de la posible responsabilidad administrativa o penal exigible a la persona sin investidura o dotada de una irregular." Con respecto a los diversos actos reclamados al fiscal general del Estado de Oaxaca y agente del Ministerio Público llevador del legajo de investigación 1392/H.L/2014, dependiente de la Vice-Fiscalía Regional de la Mixteca, consistentes en todo lo actuado en el referido legajo de investigación 1392/H.L/2014; negativa a acordar el escrito de diecinueve de febrero de dos mil quince; negativa de notificar todos los acuerdos dictados en el legajo de investigación; así como el acuerdo que determinó la judicialización del legajo de investigación, en que solicita se inicie la causa penal y se señale fecha y hora para la audiencia inicial de comunicación de imputación, también se actualiza la referida causa de improcedencia, debido a que no irroga perjuicio al gobernado, pues no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que dichos actos de investigación son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis (X Región)2o.1 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia Saltillo, Coahuila, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, que aparece publicada en la página 1592 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Así como la tesis XVII.1o.P.A.67 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época, Tomo XXXII, Octubre de 2010, publicada en la página 3030 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ADMITIR UN MEDIO PROBATORIO EN LA PRIMERA ETAPA O FASE PRELIMINAR DEL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua contiene una serie de controles en las diversas decisiones que puede tomar el Ministerio Público de la entidad, por ejemplo, los previstos en sus artículos 77, párrafo segundo, 85, párrafo segundo, 223, párrafo tercero y 293, párrafo tercero. Así las cosas, si en la demanda de amparo indirecto se señala como acto reclamado que en la primera etapa o fase preliminar del nuevo procedimiento penal acusatorio adversarial ante el Juez de Garantía, el representante social estatal no admitió un medio probatorio, y el Juez de Distrito desechó aquella demanda considerando que no le causaba perjuicio alguno, pues se ignoraba lo que en definitiva se resolvería en el procedimiento penal; y en el recurso de revisión la parte quejosa aduce que es obligación del fiscal estatal practicar y ordenar todos los datos "para descubrir la verdad" y con ello determinar si consigna o no la carpeta de investigación ante el Juez de Garantía, dicho agravio es fundado pero insuficiente, pues aunque los imputados tienen derecho a ello de conformidad con el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la reclamada omisión es impugnable ante un Juez de Garantía a través del medio de control previsto por el referido artículo 293, así como por el recurso de queja establecido en el invocado artículo 223, resulta inconcuso que dichos medios de defensa debieron agotarse antes de acudir a aquella instancia judicial, pues de lo contrario se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." En otro orden de ideas, por lo que respecta a los referidos actos reclamados consistentes en todo lo actuado en el referido legajo de investigación 1392/H.L/2014; negativa a acordar el escrito de diecinueve de febrero de dos mil quince; negativa de notificar todos los acuerdos dictados en el legajo de investigación; así como el acuerdo que determinó la judicialización del legajo de investigación, en que solicita se inicie la causa penal y se señale fecha y hora para la audiencia inicial de comunicación de imputación, se actualiza la diversa causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:.. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." Efectivamente, de lo narrado en la demanda por los quejosos, se advierte que el legajo de investigación 1392/H.L/2014, de donde derivan los referidos actos reclamados, fue judicializada, y con motivo de ello, se formó la causa penal 250/2017, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, en que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de formulación de la imputación. Consecuentemente, operó un cambio de situación jurídica; razón por la cual, por lo que respecta a los referidos actos reclamados, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 515, Tomo II, Octava Época, del Apéndice de 1995 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR. La aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, son los motivos a través de los cuales se pueden restringir la libertad personal; teniendo cada una de estas modalidades características peculiares. Al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos a que se ha hecho mención, se le denomina situación jurídica; de tal manera que cuando esta situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo así los efectos del acto reclamado, lo que hace improcedente el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior". Finalmente, con respecto al diverso acto reclamado al juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, consistente en el auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en que señaló fecha y hora (nueve horas del dos de octubre de dos mil diecisiete), para que tenga verificativo la audiencia de comunicación de la imputación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley en cita, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". El segundo de esos numerales establece que se entiende por actos cuyos efectos son de imposible reparación aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, mediante una fórmula legal, el legislador secundario estableció, que para ser calificados como irreparables, los actos en juicio necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. En la ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte analizó los antecedentes legislativos relacionados con la procedencia del amparo indirecto y estimó que éstos evidenciaron la necesidad de abreviar el procedimiento, ante la demanda social de eliminar la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, lo que constituye un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios naturales. De la copia que adjuntaron los promoventes, se advierte que la parte del auto que reclaman en este juicio, dice: "EN HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA, A VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. . Por ello, con apoyo en lo que disponen los artículos 141, fracción I, 310, primer párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señalan las NUEVE HORAS DEL DÍA DOS DE OCTUBRE PRÓXIMO, por así permitirlo la agenda de este juzgado, para que tenga verificativo la audiencia de formulación de la imputación, en la que la representación social le hará saber a los imputados de referencia, los hechos posiblemente delictuosos que se le atribuyen, se le hará saber sus derechos constitucionales y procesales, para que en su caso rinda su declaración en términos de lo que establece el artículo 312 del ordenamiento legal antes invocado. Se ordena notificar a los imputados como a la víctima, en el domicilio proporcionado por la Representante Social el contenido del presente acuerdo, y los cite para que comparezcan con identificación oficial reciente a este juzgado de Control en la fecha y hora indicada para el desahogo de la audiencia de comunicación de la imputación, misma que tendrá verificativo en la SALA DOS de este Juzgado, en la que harán valer sus derechos respectivos; apercibiendo a dichos imputados, que de no acudir sin justa causa se le hará comparecer por medio de la fuerza pública, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 141 del Código de la materia." Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en el auto dictado el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en que el juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, señaló fecha y hora (nueve horas del dos de octubre de dos mil diecisiete), para que tenga verificativo la audiencia de comunicación de la imputación, bajo apercibimiento que de no acudir sin justa causa se le hará comparecer por medio de la fuerza pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales; no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina efectos intraprocesales. Sin que pase inadvertido para este resolutor la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), de la Primera Sala del máximo Tribunal del país, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, publicada en la página 402 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente." Del contenido de la jurisprudencia se advierte que la Primera Sala consideró que en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación procede el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando dicha citación contenga el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Luego, en el caso, el auto de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que contiene la citación para la formulación de la imputación al quejoso, si bien contienen un apercibimiento, éste no se refiere al libramiento de la orden de aprehensión, sino en el sentido de que de no comparecer, sin justa causa, podrá ordenarse la comparecencia por medio de la fuerza pública. Por lo que no se ubica en el supuesto de la jurisprudencia antes indicada Por lo tanto, al actualizarse en la especie las causas de improcedencia establecidas por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 5º, fracción I, 6º, interpretados a contrario sensu; en la fracción XVII; así como en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías, por lo que hace a los referidos actos atento a lo establecido por el numeral 113 del invocado ordenamiento legal. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Noel Carmona Rosales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Thelma Ledezma Cruz y Smith Gitanjali Carmona Barajas, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por la Apoderada Legal del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; visto su contenido, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, siguientes al que le surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal establecido, se procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Por otra parte, en cuanto a los carteles remitidos por la oficiante, dígase a la parte quejosa que los mismos quedan a su disposición en la secretaria de este Juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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