Isidro César Figueroa Jiménez
Expediente 1446/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isidro César Figueroa Jiménez
- Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1446/2022, promovido por ***************, por propio derecho, contra actos del Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. ANTECEDENTES De las documentales aportadas al sumario, se tiene acreditado que ante la Agencia del Ministerio Público, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se tramita la carpeta de investigación ***/***/****/***, iniciada en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de amenazas y privación de la libertad en grado de tentativa, en agravio de ***************. El diez de diciembre de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca emitió un pronunciamiento relativo a medidas de protección a favor de la víctima. Las cuales se hacen consistir en vigilancia en su domicilio y auxilio inmediato por integrantes de instituciones ministeriales. Esa determinación se le hizo del conocimiento al Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, mediante oficio sin número de esa propia fecha para su debido cumplimiento. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***************, presentó un escrito el treinta de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se registró bajo el consecutivo 1446/2022. En proveído de dieciséis de enero del año actual; se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de otorgar contestación a sus escritos fechados el quince y veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. La omisión de materializar la determinación de diez de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Agente del Ministerio Público, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca dentro de la carpeta de investigación ****/***/****/****. En la cual se emiten diversas medidas de protección a favor de *******************. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, por conducto de su directora jurídica, aceptó la existencia del acto reclamado. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación que se le reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con copia certificada de la diversas actuaciones de la carpeta de investigación de origen que adjuntó a su informe, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Acto reclamado descrito en el inciso a). El suscrito advierte que respecto del acto consistente en la omisión de otorgar contestación a sus escritos fechados el quince y veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El referido precepto legal transcrito, prescribe que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio de amparo se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. Resulta pertinente destacar que de las copias certificadas que la responsable aportó al presente juicio de amparo, las cuales fueron valoradas en el apartado que antecede, se advierte que por oficio ****/**/**/*****/****** de dieciocho e enero de dos mil veintitrés, la responsable se pronunció sobre dichos escritos. En consecuencia, resulta evidente que la inactividad reclamada, traducida en la conducta omisiva que la ahora parte quejosa atribuye a la autoridad responsable, ha dejado de existir, puesto que dicha autoridad se pronunció sobre sus pretensiones. De ahí, que se insiste, cesaron los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, habida cuenta que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la inactividad procesal reprochada. Lo anterior, porque de alguna manera, se repuso a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos fundamentales violados como si no hubiera existido el acto omisivo reclamado, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que definitivamente lo destruyó, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. En efecto, si la parte quejosa presentó demanda de amparo el treinta de diciembre de dos mil veintidós, según se aprecia de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en tanto que la determinación en la que la responsable se pronunció sobre las pretensiones del aquí quejoso se emitió el dieciocho de enero pasado, debe concluirse que el acto reclamado cesó en sus efectos; máxime, que ningún caso tendría examinar la inactividad reclamada si los efectos de esa conducta quedaron destruidos en forma total e incondicional y no dejaron huella en la esfera jurídica del solicitante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Acto reclamado descrito en el inciso b). De igual forma, para quien esto resuelve, tocante al acto reclamado consistente en la omisión de materializar la determinación de diez de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Agente del Ministerio Público, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca dentro de la carpeta de investigación 42282/FNSC/MIAHUATLAN/2022, en la cual se emiten diversas medidas de protección a favor de Isidro César Figueroa Jiménez, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" De la interpretación de los diversos preceptos transcritos, se puede advertir que en el juicio de amparo, el quejoso se encuentra obligado a señalar a o las autoridades responsables, entendiéndose por éstas a las que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, a fin de que las mismas sean llamadas y oídas en el juicio de amparo, es decir, para que defiendan la constitucionalidad de los actos que, el gobernado, les tacha de inconstitucionales, porque de lo contrario, el Juez de distrito estaría en imposibilidad de analizar la constitucionalidad del o los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 108, sustentada por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, consultable en la página 69 del Tomo VI, Parte SCJN, de contenido siguiente. "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Ahora, las medidas de protección que aduce el quejoso, se emitieron dentro de la carpeta 42282/FNSC/MIAHUATLAN/2022, iniciada en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de amenazas y privación de la libertad en grado de tentativa, en agravio de Isidro César Figueroa Jiménez, la cual se encuentra en etapa preliminar o de investigación. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. El Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Lo anterior se encuentra previsto en el numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de rubro y texto siguiente: "CAPÍTULO I MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código. En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia." Énfasis propio. De la interpretación de dicha porción normativa, se enumeran las medidas de protección que puede adoptar el ministerio público cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Prevé que en el supuesto de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso concreto, de las documentales aportadas al sumario, se advierte lo siguiente: Ante la Agencia del Ministerio Público, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se tramita la carpeta de investigación *****/****/*****/****, iniciada en contra de quien o quienes resulten responsables en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de amenazas y privación de la libertad en grado de tentativa, en agravio de Isidro César Figueroa Jiménez. El diez de diciembre de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca emitió un pronunciamiento relativo a medidas de protección a favor de la víctima. Las cuales se hacen consistir en vigilancia en su domicilio y auxilio inmediato por integrantes de instituciones ministeriales. Esa determinación se le hizo del conocimiento al Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, mediante oficio sin número de esa propia fecha para su debido cumplimiento. El quejoso refiere que únicamente cuenta con las medidas de protección en documento, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se hayan materializado por parte del Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. No obstante lo anterior, se insiste en la improcedencia del presente juicio de amparo, al no señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quien tramita la carpeta de investigación de origen, quien es el ente responsable de vigilar el cabal cumplimiento de las medidas de protección que decretó a favor de Isidro César Figueroa Jiménez. En efecto, por disposición expresa de la fracción XV del numeral 131 del aludido código adjetivo penal federal, es obligación del ministerio público promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente. Por consiguiente, si la parte quejosa no señaló al aludido ministerio público como autoridad responsable, a pesar que en acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veintidós se le previno en ese sentido y al desahogar dicho requerimiento de manera expresa manifestó no ser su deseo controvertir su actuar. Es evidente que este Juzgado Federal no puede examinar la constitucionalidad del acto controvertido, precisamente por no haber sido llamado y escuchado en el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, se estima que no se deja en estado de indefensión al aquí quejoso, ya que se encuentra en aptitud de hacer del conocimiento al ministerio público la omisión que atribuye al Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, para acatar en sus términos las medidas de protección decretadas en la carpeta de investigación de origen. Así, el representante social cuenta con medidas de apremio contundentes para hacer cumplir sus determinaciones relativas al incumplimiento de las medidas de protección previstas en el numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. DECISIÓN Consecuentemente, es evidente que se actualiza las causales de improcedencias previstas el artículo 61, fracciones XXI y XXIII, esta última en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III de la Ley de Amparo. Por ende, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley invocada, se procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Resulta importante destacar, que el suscrito juzgador de Distrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte quejosa, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1446/2022 promovido por ****************, por propio derecho, contra actos del Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado VI de la presente resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy, sin embargo, se encuentra transcurriendo del plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de los informes justificados rendidos por las responsables. Por lo tanto, la audiencia constitucional se difiere, por lo que se fijan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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