Isidro Castillo Jiménez

Expediente 783/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
783/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • Isidro Castillo Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Téngase al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, devolviendo diligenciado su exhorto 437/2021 (orden 456/2021) derivado del diverso 189/2021 (orden 189/2021-III) de este órgano jurisdiccional, sin que sea necesario acusar recibo porque no lo solicita. Efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del treinta de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto el expediente electrónico de este juicio de amparo, del que se desprende que la comunicación enviada 264/2020 (orden 264/2020) no fue remitida electrónicamente; dése de baja en libro de gobierno correspondiente para los efectos legales conducentes. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 2o., 28 y 30 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria) y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien ordenar la notificación del presente proveído y del diverso del treinta de octubre de dos mil veinte (que se anexa) al quejoso ******************** en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, Estado de México. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Federal exhortado realice la notificación encomendada. Notifíquese, por exhorto al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1142/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese sin mayor proveído el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, por el que remite copias digitalizadas de diversas constancias que integran el juicio de amparo 701/2020-II de su estadística, toda vez que el treinta de octubre pasado, se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos. Sin que sea necesario notificar el presente proveído al quejoso de forma personal, dada la intrascendencia de este pronunciamiento. Notifíquese; por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Michel Navarrete Archundia, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veinte. Téngase al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, remitiendo copias de las constancias relativas al juicio de amparo 701/2020-II de su estadística, promovido por ********************, por derecho propio, contra un acto del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, en atención a la separación de juicios ahí decretada. En atención a su contenido, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de que se trata; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 783/2020-III. Acúsese de recibo vía electrónica Ahora, el quejoso reclama la orden de traslado ejecutada a un diverso Centro Penitenciario del que se encontraba recluido. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, pues esos actos son susceptibles de resolverse mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a las situaciones vinculadas con sus condiciones de internamiento. En efecto del contenido de los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 9o., 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, los derechos atinentes a las condiciones de internamiento. Ahora, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar los derechos atinentes a las condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Lo anterior, pues si bien el juicio constitucional constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad que vulneren derechos fundamentales, lo cierto es que deben observarse los principios que lo rigen, entre ellos el de definitividad previsto en el artículo 107 constitucional. Es menester resaltar que, en el caso de una situación urgente, el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la suspensión del acto o hecho que la motivó sin que exija mayores requisitos de los que establece la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión, puesto que su tramitación se circunscribe a que la solicite la persona legitimada y que el Juez de Ejecución de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición y sus efectos. Mientras que conforme a los numerales 128 y 132 de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, se requiere que la solicite el disconforme; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros. Por tanto, la Ley Nacional de Ejecución Penal no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos, que los que establece la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reprochado, incluso, tomando como parámetro su tramitación es dable afirmar que brinda una mayor cobertura al ordenar que de inmediato se suspenderá la ejecución, es decir, dentro de un plazo razonable y sin mayor requisito que la simple solicitud. Entonces, queda en evidencia que los actos combatidos en esta instancia constitucional, necesariamente tienen que ver con las condiciones de internamiento en un centro de reclusión y se suscita en el marco del procedimiento de ejecución penal, por ende, no puede ser combatido en esta vía de amparo, sin sujetarse previamente a los procedimientos y mecanismos de protección previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a los cuales se puede frenar la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, mediante solicitud al director del centro de reclusión y en ausencia de respuesta o contestación no favorable, acudir ante el Juez de Ejecución o de Control, quien tiene potestad para modificar, revocar o nulificar la condición generada por la omisión de respuesta o la negativa otorgada. Lo anterior encuentra apoyo por analogía en la tesis I.7o.P.122 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 5293, Libro 67, junio de 2019, Tomo VI, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019987, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN (CONCLUIDO) DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. AL SER UN ACTO RELACIONADO CON SUS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO, ES REPARABLE MEDIANTE EL MECANISMO DE CONTROL DENOMINADO "PETICIONES ADMINISTRATIVAS" ESTABLECIDO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, POR LO QUE DE NO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA". También sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1701, del Libro 61, página 230, diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2018548, cuyo rubro es el siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Lo hasta aquí expuesto, no se opone a los criterios de nuestro Alto Tribunal, siguientes: Jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2013066, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, noviembre de 2016, Tomo II, Página 865, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA". Jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2010596, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, Tomo I, Página 247, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA". Tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Registro 2006256, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Página 824, del rubro: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL"; y, Jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, registro 2003323, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, Página 800, del rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO". Ello es así, ya que del análisis de tales criterios, se advierte que la Suprema Corte los emitió efectuando el examen de los casos sometidos a su potestad, a la luz de las previsiones contenidas en la reforma constitucional de junio de dos mil once, que sufrieron los artículos 18 y 21 de la Carta Magna; en donde se vedaron las facultades de las autoridades administrativas para decidir respecto a las controversias que se suscitaran en reclusión y se activaron en favor de las autoridades judiciales; por ende, las autoridades administrativas carecían de competencia para ordenar traslados; pues de hacerlo se trataría de actos que afectan la libertad fuera de procedimiento judicial. En tales criterios, el Alto Tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues como ya se dijo, creó un procedimiento judicial específico que regula los traslados; así como la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el Alto Tribunal, donde se examinaron actos emitidos fuera de juicio; de ahí que no resulten aplicables tales criterios al caso a estudio. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase como lugar para oír y recibir notificaciones el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, Estado de México. Con fundamento en los artículos 2o., 28 y 30 de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles (de aplicación supletoria) y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien ordenar la notificación del presente proveído al quejoso en el establecimiento penitenciario descrito. De conformidad con el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Federal exhortado realice la notificación encomendada. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere para los efectos que establece. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese, por exhorto al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Michel Navarrete Archundia, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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