Isidro Carrillo Garcia

Expediente 2793/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2793/2014
Año
2014
Actuaciones
5
Última actuación
17/02/2015

Partes del expediente

  • Isidro Carrillo Garcia
  • Pleno de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    mesa VI. Villahermosa, Tabasco, diecisiete de febrero de dos mil quince. Vista la certificación que antecede y, con fundamento en los numerales 356 fracción II, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, tomando en cuenta que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y se archiva el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    MESA II.- Se ordena agregar a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio y anexos de cuenta, signados por la Presidenta Interina de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por medio del cual remite copia certificada de la diligencia de veintiuno de enero de dos mil quince, de la que se desprende que no se celebró la audiencia de desahogo de pruebas, en razón que la parte actora y el perito no comparecieron por estar impedidos médicamente, como se demuestra con los certificados médicos exhibidos por su abogado patrono y que fueron expedidos por el doctor FABIÁN HERNÁNDEZ CU, médico cirujano con cédula profesional número 3460415; asimismo, se advierte que la parte demandada por conducto de su apoderado legal objetó los citados certificados exhibidos por la parte actora al considerar que no reunían los requisitos establecidos en el artículo 785 de la citada ley. Sin embargo, la responsable consideró que si reunían los requisitos establecidos en el citado numeral, por lo que ordenó agregarlos a los autos para los efectos legales procedentes, asimismo apercibió a la parte actora que en caso de que subsista el impedimento médico, el galeno deberá ratificar los justificantes en un término de cinco días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo, en razón de lo anterior, la autoridad responsable señaló las doce horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil quince, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas; sin necesidad de dar vista a las partes, toda vez que la sentencia dictada en el presente juicio se concedió hasta la EMISIÓN DEL LAUDO. De conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a la Presidenta Interina de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído remita copia certificada del acuerdo que en su momento recaiga al apercibimiento decretado a la parte actora de subsistir el impedimento médico o en su defecto de la diligencia de desahogo de pruebas señalada para las doce horas con treinta minutos del dieciocho de febrero de dos mil quince, lo anterior en vía de dar cumplimiento al fallo protector. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, sin causa justificada conforme a los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa hasta por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

  3. Principal

    MESA III.- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE. Se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio 276-F-II signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, mediante el cual remite el similar TCYA: 1039/2015 remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y anexo. Ahora bien, se tiene por recibido y se agrega a los autos el oficio TCYA: 1039/2015 signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite el acuerdo de trece de enero de dos mil quince, con las notificaciones de las partes al reverso de dicho acuerdo. Por otra parte, se destaca que el requerimiento de dieciséis de enero del año en curso, fue para que el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, remitieran las constancias con las que acreditara que las autoridades Órgano Superior de Fiscalización y Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jonuta, Tabasco, fueron notificadas del auto de trece de enero de dos mil quince, a fin de que informaran sobre los incrementos y mejoras salariales que ha venido obteniendo el quejoso, en la categoría de ayudante general, por el periodo correspondiente del veinte de agosto de dos mil siete hasta la presente fecha. Ahora bien, de la relación de constancias anunciadas se puede advertir que si bien remitió la constancia de notificación del ayuntamiento demandado, también lo es que, fue omisa en remitir las relativas a la comunicación de la diversa autoridad Órgano Superior de Fiscalización, mismas que resultan necesarias para dicha entidad, en su caso, le remita el informe solicitado. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Atento a lo anterior, y de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, por única ocasión se requiere al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, para que dentro del término de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, remitan las constancias de notificación de la autoridad Órgano Superior de Fiscalización, por el que se le comunicó el proveído de trece de enero de dos mil quince, mediante el cual se le solicitó informara sobre los incrementos y mejoras salariales que había venido obteniendo el quejoso, en la categoría de ayudante general, por el periodo correspondiente del veinte de agosto de dos mil siete hasta la presente fecha. Se instruye al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado que, para el caso de que la autoridad auxiliar anunciada, haya dado cumplimiento, o una vez trascurrido el término de tres días que le fue concedido para que rindiera su informe, deberá remitir las constancias con las que acredite haber agregado las mismas o las relativas al proveído en la que, ante su omisión, haga uso de las medidas de apremio contendidas en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de romper la actitud contumaz en la que se encuentra dicha autoridad. Similar consideración deberá adoptar el Presidente del Tribunal responsable respecto del Ayuntamiento demandado, pues de las constancias de cuenta, se evidencia que a la fecha ha trascurrido el término de tres días que le concedió para que le remitiera la información solicitada, misma que se le notificó personalmente el veinte de enero de dos mil quince, por lo que forzosamente deberá enviar el acuerdo que haya recaído ante el cumplimiento o incumplimiento de la citada entidad. Lo anterior, se estima necesario para que el Presidente responsable esté en aptitud de resolver el incidente de liquidación planteado en el expediente laboral 171/2005, lo que se encuentra intrínsecamente relacionado con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que es del tenor siguiente: ".para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la interlocutoria reclamada, dictada el veintiocho de febrero de dos mil trece y, de no advertir elementos suficientes para cuantificar la condena del laudo tomando en consideración los incrementos y mejoras salariales, requiera a las autoridades competentes la presentación de documentos que permitan acreditar tal extremo o, en su caso, ordene el perfeccionamiento de los ya existentes en autos, con el objeto contar con elementos necesarios para resolver conforme a dicho laudo; de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo aplicado supletoriamente a la legislación de la materia; hecho lo cual, reiterando las consideraciones relativas a los criterios que tomó en cuenta para cuantificar tanto los salarios caídos, como la prima vacacional, se pronuncie como en derecho corresponda". APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se apercibe al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, que de no cumplir con el requerimiento en la forma y términos precisados en el presente proveído, de conformidad con el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en su caso, se implementarán las penas a que hacen referencia el arábigo 267 de la ley de la materia. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentra precisado claramente los actos que debe realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo la que fue apercibida. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.

  4. Principal

    MESA I. SE NOTIFICA POR LISTA Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDRACIÓN A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL ACUERDO MENCIONADO QUE DICE: SE TIENE CUMPLIDA LA SENTENCIA; y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, acorde lo previsto en el párrafo cuatro del citado numeral. Se da vista a las partes para los efectos del tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. 1.- DEPURAR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

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