Isidro Azamira Cervantes

Expediente 2256/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 66 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2256/2017
Año
2017
Actuaciones
66
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Isidro Azamira Cervantes
  • Brigada Integrante Diplomado de Estado Mayor Director de la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 66.

  1. Incidental

    Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que en auto dictado en esta fecha, se declaró concluido el expediente principal relativo y se ordenó su archivo. Acuerdo de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en sus artículos 19, fracción II, inciso a), y 20, fracción III, se considera que el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados, en tanto que, el duplicado, es susceptible de destrucción, en el plazo de seis meses. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el precitado Acuerdo General. Devolución de documentos. Para los efectos del Acuerdo General invocado, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios en original a la incidencia en que se actúa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veinte. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiocho de agosto de dos mil veinte. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó la protección constitucional, misma que fue modificada pro el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para el efecto de que: "1. Dejen insubsistente el oficio reclamado SC-SSGB-01015 de seis de marzo de dos mil diecisiete. 2. Emitan otro auto en el que, con base en los lineamientos establecidos en esta sentencia, determinen la cantidad a pagar al quejoso por concepto de "haberes" en calidad de procesado, de cuando menos el treinta por ciento de los ingresos reales correspondientes al grado de Sargento Primero de Transmisiones, hasta el momento en que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal respectivo. 3. Se cubran las diferencias que haya dejado de recibir el quejoso, a partir de que se suspendió el pago de sus emolumentos y hasta que se dé cumplimiento a esta ejecutoria. 4. Dejen de aplicar en lo presente y futuro, en perjuicio del quejoso, el precepto reclamado, haciendo aplicación del mismo sólo en cuanto le favorece, donde están inmersos entre otros, el derecho al mínimo vital, en relación a lo cual, para ser congruentes y respetar constitucionalmente ese derecho, han de fijarse cantidades que lo garanticen con toda amplitud, como se estableció en esta ejecutoria.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable mediante oficio SC-SSGB-0521, de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dejó insubsistente el diverso SC-SSGB-01015 de seis de marzo de dos mil diecisiete. Ahora bien, por lo que respecta al cumplimiento de los puntos 2, 3 y 4, la autoridad responsable mediante oficio AMP-VIII-5866, hizo del conocimiento que la situación jurídica del quejoso había cambiado, dado que desde el quince de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso causó baja en el servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; así mismo, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, no tiene el carácter de procesado, razón por la que se encuentra imposibilitado para pagar por concepto de "haberes" en calidad de procesado, de cuando menos el treinta por ciento de los ingresos reales correspondientes al grado de Sargento Primero de Transmisiones. Sin embargo, como lo acredita la responsable con nóminas de pago realizados a la parte quejosa como indemnización, se desprende que se realizó el pago correspondiente de dichas cantidades hasta el momento que el impetrante de amparo causó baja como activo, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuracióin, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 18, inciso b), del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. Devolución de documentos. En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 18 del acuerdo general en cita, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, treinta de septiembre de dos mil veinte. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se dio vista a las parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintiocho de agosto de dos mil veinte. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó la protección constitucional, misma que fue modificada pro el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para el efecto de que: "1. Dejen insubsistente el oficio reclamado SC-SSGB-01015 de seis de marzo de dos mil diecisiete. 2. Emitan otro auto en el que, con base en los lineamientos establecidos en esta sentencia, determinen la cantidad a pagar al quejoso por concepto de "haberes" en calidad de procesado, de cuando menos el treinta por ciento de los ingresos reales correspondientes al grado de Sargento Primero de Transmisiones, hasta el momento en que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el proceso penal respectivo. 3. Se cubran las diferencias que haya dejado de recibir el quejoso, a partir de que se suspendió el pago de sus emolumentos y hasta que se dé cumplimiento a esta ejecutoria. 4. Dejen de aplicar en lo presente y futuro, en perjuicio del quejoso, el precepto reclamado, haciendo aplicación del mismo sólo en cuanto le favorece, donde están inmersos entre otros, el derecho al mínimo vital, en relación a lo cual, para ser congruentes y respetar constitucionalmente ese derecho, han de fijarse cantidades que lo garanticen con toda amplitud, como se estableció en esta ejecutoria.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable mediante oficio SC-SSGB-0521, de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dejó insubsistente el diverso SC-SSGB-01015 de seis de marzo de dos mil diecisiete. Ahora bien, por lo que respecta al cumplimiento de los puntos 2, 3 y 4, la autoridad responsable mediante oficio AMP-VIII-5866, hizo del conocimiento que la situación jurídica del quejoso había cambiado, dado que desde el quince de agosto de dos mil dieciocho, el quejoso causó baja en el servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana; así mismo, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, no tiene el carácter de procesado, razón por la que se encuentra imposibilitado para pagar por concepto de "haberes" en calidad de procesado, de cuando menos el treinta por ciento de los ingresos reales correspondientes al grado de Sargento Primero de Transmisiones. Sin embargo, como lo acredita la responsable con nóminas de pago realizados a la parte quejosa como indemnización, se desprende que se realizó el pago correspondiente de dichas cantidades hasta el momento que el impetrante de amparo causó baja como activo, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuracióin, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre del año en curso, se envió a la autoridad responsable Secretario de la Defensa Nacional y Director General de Administración, copias certificadas de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de fecha veinticuatro de septiembre del presente año, a fin de que diera cabal y puntual cumplimiento a la aludida ejecutoria, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Director General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a este Juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en relación con lo dispuesto en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformado y adicionados diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, esto es, veintiocho de enero siguiente, de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, además, se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Secretario de la Defensa Nacional, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable obligada al cumplimiento, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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