Isidro Arriaga Martínez

Expediente 296/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
296/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Isidro Arriaga Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Destrucción del juicio principal. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó la demanda que dio origen a este asunto y que dicha determinación causa estado en esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. No existen documentos originales. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por el quejoso Isidro Arriaga Martínez, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintidós de marzo del presente año. Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama, el auto de tres de marzo de dos mil veintidós dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1177/2011, en el cual no se tiene por interponiendo recurso de revocación en contra del diverso proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós. Causal de improcedencia. Sentado lo anterior, el suscrito considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Unión, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiado y unitarios de Circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito." El primero de los numerales transcritos establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. La Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el numeral 61 de la Ley de Amparo, sólo prevé de forma enunciativa algunos supuestos en los que el juicio de amparo deviene improcedente, los cuales necesariamente deben derivar de la Constitución o de la Ley de Amparo, lo que da pauta a que se actualicen causales no previstas en dicho numeral e incluso, en la jurisprudencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1344, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2005313, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Por su parte, el artículo 217 de la ley de la materia, dispone que la jurisprudencia emitida por el Pleno o las Salas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, son de observancia obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito, tribunales militares o judiciales del orden común y los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales. Al respecto la jurisprudencia V.2o. J/38, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, junio de 1992, página 54, registro 219041, dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan". El criterio jurisprudencial transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que no se impugna por vicios propios, sino que la inconstitucional del mismo se hace depender de un diverso acto del cual deriva que fue consentido por el quejoso. Así, tenemos que para que se actualice la causal de improcedencia invocada se requiere: a) Que el acto reclamado sea consecuencia directa y necesaria de otro. b) Que el acto primigenio haya sido consentido por la parte quejosa, sea porque no lo impugnó o porque realizó una manifestación tácita que entrañe su consentimiento. c) Que el nuevo acto no sea impugnado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se haga depender del acto primigenio, respecto del cual el juicio de garantías es improcedente. Antecedentes del acto reclamado Establecido lo anterior, conviene tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado que se aprecian del escrito de aclaración del quejoso, en el que señala como más importantes que: 1. El veintisiete de septiembre de dos mil once, el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad recibió el escrito presentado por Financiera Rural, por conducto de su apoderado Cristóbal Rodríguez Gutiérrez, en el que demandó, en vía ejecutiva mercantil, a Isidro Arriaga Martínez por diversas prestaciones. 2. El veinte de abril de dos mil doce, se acusó la correspondiente rebeldía al demandado Isidro Arriaga Martínez, se declaró perdido el derecho que en tiempo pudo haber ejercitado. 5. Seguido el juicio en sus términos, se citó para dictar sentencia, sin señalar la fecha de ésta. 6. El tres de junio de dos mil catorce se adjudicó el bien embargado y rematado a favor de la parte actora. 7. El catorce de abril de dos mil quince, el juzgado otorgó en rebeldía la escritura de propiedad del bien inmueble adjudicado, consistente en Predio urbano con construcciones ubicado sobre el Boulevard Venado-Charcas en Venado, San Luis Potosí, marcado con los números de lotes 25 y 26 de la manzana 1-A que fusionados forman un solo predio. 10. Mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el juez responsable ordenó poner a la actora en posesión material y jurídica del bien inmueble adjudicado, consistente en el lote de terreno marcado con los números 25 y 26 de la manzana 1 "A", que fusionados formaron un solo predio ubicado en Boulevard Venado-Charcas, municipio de Vendado, San Luis Potosí. 11. Mediante diversos acuerdos el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, ha ordenado girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, para que se diera cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. 12. En auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se agregó escrito del profesionista Cristobal Rodríguez Gutierrez -apoderado de la persona moral ejecutante-, recibido el veinticinco de enero del año citado, en el que solicitó se girase nuevamente atento exhorto con los insertos necesarios al Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores del juzgado, proceda a Ilevar a cabo la diligencia autorizada en autos, facultando al juez exhortado para que con amplitud de jurisdicción, acuerde todo tipo de promociones tendiente a su diligenciación, se autoriza para recibir el exhorto y diligenciar el mismo diversa abogada, previa toma de razón que se deje en autos. 13. Contra ese auto el quejoso Isidro Arriaga Martinez, como parte demandada, interpuso recurso de revocación, el cual fue desestimado, en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, el cual fue publicado en lista el cuatro de marzo de dos mil veintidós, toda vez que había sido dictado en etapa de ejecución de sentencia y en la misma no cabía recurso ordinario alguno, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil en los términos del ordinal 1054 del Código de Comercio. Siendo ese acto el aquí reclamado. Ahora bien, si de los antecedentes antes referidos se obtiene que en el procedimiento de ejecución del expediente mercantil 1777/2011, en el que el quejoso es parte demandada y el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó auto en el que se ordenó poner a la parte actora en posesión del bien inmueble adjudicado, mismo que no adujo desconocimiento. Incluso ha promovido diversos juicios de amparo que han correspondido a este juzgado federal, a saber, expedientes de amparo 330/2019-V y 853/2020-III, del índice de este propio órgano jurisdiccional, que constituyen un hecho notorio para este juzgador. Lo anterior, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dichos sumarios, se aprecia, en el primero que Isidro Arriaga Martínez solicitó la protección constitucional contra el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1777/2011. En el segundo, promovió demanda de amparo contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, que diera cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Esto es, uno de los diversos autos en los que se ha ordenado girar comunicación oficial para que se dé cumplimiento a la entrega material del bien adjudicado. De este modo, esas constancias muestran que al menos de las fechas de presentación de los diversos juicios constitucionales, el accionante ha tenido conocimiento completo del su contenido del referido auto donde se ordenó la entrega material del bien adjudicado en el procedimiento mercantil, de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Acto con el cual se da procedencia al juicio de amparo contra el procedimiento de remate en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece que en la etapa de ejecución de sentencia, tratándose del procedimiento de remate, la última resolución por la cual es procedente el juicio de amparo, es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Actuación además que por no haberse impugnado se encuentra firme, al no haber sido combatida por el aquí quejoso a través de ningún medio ordinario o extraordinario de defensa. Pues bien, retomando, si en su demanda de amparo, el ahora quejoso pretende cuestionar el diverso auto de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que se le tuvo por no interpuesto el medio de defensa contra a su vez un proveído en el que se giró nuevamente una comunicación oficial para el juez de diversa municipalidad, para dar cumplimiento a los ordenado en el auto de entrega de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Es verídico que ese mandato deriva directamente de lo ya determinado, el cual no fue combatido por el agraviado, no obstante que lo conoció. De esta manera, es indudable que si el quejoso pretende atacar el novedoso auto, es evidente que si no controvirtió la determinación primigenia, el acto reclamado constituye un acto derivado de uno consentido. En este orden de ideas, como la determinación reclamada deriva de otra consentida, debe considerarse que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo, por identidad de razones jurídicas, la Jurisprudencia 1a./J. 97/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. LA ORDEN DE PONERLO EN POSESIÓN DE SU ENCARGO ES UN ACTO DERIVADO DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DE SU DESIGNACIÓN, POR LO QUE SI ÉSTA SE CONSINTIÓ, CONTRA AQUEL ACTO NO PROCEDE EL AMPARO, SALVO QUE SE COMBATA POR VICIOS PROPIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo prevén, respectivamente, la improcedencia de juicio de amparo contra actos consentidos expresa y tácitamente. Ahora bien, es evidente que el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con él, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido, es decir, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. En ese tenor, si se tiene en cuenta que la orden de poner en posesión de su encargo a un interventor con cargo a la caja de una negociación, conforme a los artículos 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, es una consecuencia necesaria de su designación como tal y de la respectiva aprobación judicial, es indudable que existe una clara relación de causa y efecto entre la referida aprobación y el acto de poner al interventor en posesión de su encargo, por lo que si se consiente aquélla, este último es un acto derivado de uno ya consentido, respecto del cual opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley citada; salvo que la posesión del cargo se combata por vicios propios." También resulta de puntual aplicación, la tesis II.2o.C.43 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el siguiente rubro y contenido: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Pues de estimarse lo contrario, con la sola emisión de autos recordatorios o de trámite para lograr la ejecución de lo ya decidido, fuera procedente interrumpir el procedimiento y abrir de nueva cuenta alguna instancia, hipótesis que se agrava en la etapa de ejecución de sentencia, donde, como se ha dicho, la única actuación contra la que procede la acción constitucional es la última dictada en el mismo, por ende, si esa resolución ya se dictó en el caso concreto, no puede darse oportunidad de impugnarse las veces que quiera el quejoso, so pretexto de que con motivo de su contumacia se emitan nuevos requerimientos. Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Agréguese el escrito signado por el quejoso Isidro Arriaga Martínez, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintidós de marzo del presente año. Marco legal del desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Fijación del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama, el auto de tres de marzo de dos mil veintidós dictado en el juicio ejecutivo mercantil 1177/2011, en el cual no se tiene por interponiendo recurso de revocación en contra del diverso proveído de veintiocho de enero de dos mil veintidós. Causal de improcedencia. Sentado lo anterior, el suscrito considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Unión, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiado y unitarios de Circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito." El primero de los numerales transcritos establece que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley. La Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el numeral 61 de la Ley de Amparo, sólo prevé de forma enunciativa algunos supuestos en los que el juicio de amparo deviene improcedente, los cuales necesariamente deben derivar de la Constitución o de la Ley de Amparo, lo que da pauta a que se actualicen causales no previstas en dicho numeral e incluso, en la jurisprudencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1344, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2005313, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013.Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Por su parte, el artículo 217 de la ley de la materia, dispone que la jurisprudencia emitida por el Pleno o las Salas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, son de observancia obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, jueces de distrito, tribunales militares o judiciales del orden común y los tribunales administrativos y del trabajo, tanto locales como federales. Al respecto la jurisprudencia V.2o. J/38, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, junio de 1992, página 54, registro 219041, dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan". El criterio jurisprudencial transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama un acto que no se impugna por vicios propios, sino que la inconstitucional del mismo se hace depender de un diverso acto del cual deriva que fue consentido por el quejoso. Así, tenemos que para que se actualice la causal de improcedencia invocada se requiere: a) Que el acto reclamado sea consecuencia directa y necesaria de otro. b) Que el acto primigenio haya sido consentido por la parte quejosa, sea porque no lo impugnó o porque realizó una manifestación tácita que entrañe su consentimiento. c) Que el nuevo acto no sea impugnado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se haga depender del acto primigenio, respecto del cual el juicio de garantías es improcedente. Antecedentes del acto reclamado Establecido lo anterior, conviene tener en cuenta los antecedentes del acto reclamado que se aprecian del escrito de aclaración del quejoso, en el que señala como más importantes que: 1. El veintisiete de septiembre de dos mil once, el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad recibió el escrito presentado por Financiera Rural, por conducto de su apoderado Cristóbal Rodríguez Gutiérrez, en el que demandó, en vía ejecutiva mercantil, a Isidro Arriaga Martínez por diversas prestaciones. 2. El veinte de abril de dos mil doce, se acusó la correspondiente rebeldía al demandado Isidro Arriaga Martínez, se declaró perdido el derecho que en tiempo pudo haber ejercitado. 5. Seguido el juicio en sus términos, se citó para dictar sentencia, sin señalar la fecha de ésta. 6. El tres de junio de dos mil catorce se adjudicó el bien embargado y rematado a favor de la parte actora. 7. El catorce de abril de dos mil quince, el juzgado otorgó en rebeldía la escritura de propiedad del bien inmueble adjudicado, consistente en Predio urbano con construcciones ubicado sobre el Boulevard Venado-Charcas en Venado, San Luis Potosí, marcado con los números de lotes 25 y 26 de la manzana 1-A que fusionados forman un solo predio. 10. Mediante auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el juez responsable ordenó poner a la actora en posesión material y jurídica del bien inmueble adjudicado, consistente en el lote de terreno marcado con los números 25 y 26 de la manzana 1 "A", que fusionados formaron un solo predio ubicado en Boulevard Venado-Charcas, municipio de Vendado, San Luis Potosí. 11. Mediante diversos acuerdos el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, ha ordenado girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, para que se diera cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. 12. En auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el que se agregó escrito del profesionista Cristobal Rodríguez Gutierrez -apoderado de la persona moral ejecutante-, recibido el veinticinco de enero del año citado, en el que solicitó se girase nuevamente atento exhorto con los insertos necesarios al Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, para que en auxilio de las labores del juzgado, proceda a Ilevar a cabo la diligencia autorizada en autos, facultando al juez exhortado para que con amplitud de jurisdicción, acuerde todo tipo de promociones tendiente a su diligenciación, se autoriza para recibir el exhorto y diligenciar el mismo diversa abogada, previa toma de razón que se deje en autos. 13. Contra ese auto el quejoso Isidro Arriaga Martinez, como parte demandada, interpuso recurso de revocación, el cual fue desestimado, en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, el cual fue publicado en lista el cuatro de marzo de dos mil veintidós, toda vez que había sido dictado en etapa de ejecución de sentencia y en la misma no cabía recurso ordinario alguno, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1004 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil en los términos del ordinal 1054 del Código de Comercio. Siendo ese acto el aquí reclamado. Ahora bien, si de los antecedentes antes referidos se obtiene que en el procedimiento de ejecución del expediente mercantil 1777/2011, en el que el quejoso es parte demandada y el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se dictó auto en el que se ordenó poner a la parte actora en posesión del bien inmueble adjudicado, mismo que no adujo desconocimiento. Incluso ha promovido diversos juicios de amparo que han correspondido a este juzgado federal, a saber, expedientes de amparo 330/2019-V y 853/2020-III, del índice de este propio órgano jurisdiccional, que constituyen un hecho notorio para este juzgador. Lo anterior, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De dichos sumarios, se aprecia, en el primero que Isidro Arriaga Martínez solicitó la protección constitucional contra el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1777/2011. En el segundo, promovió demanda de amparo contra el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que el Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad, ordenó girar exhorto al Juez Mixto de Primera Instancia de Venado, San Luis Potosí, que diera cumplimiento a lo ordenado en auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Esto es, uno de los diversos autos en los que se ha ordenado girar comunicación oficial para que se dé cumplimiento a la entrega material del bien adjudicado. De este modo, esas constancias muestran que al menos de las fechas de presentación de los diversos juicios constitucionales, el accionante ha tenido conocimiento completo del su contenido del referido auto donde se ordenó la entrega material del bien adjudicado en el procedimiento mercantil, de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Acto con el cual se da procedencia al juicio de amparo contra el procedimiento de remate en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece que en la etapa de ejecución de sentencia, tratándose del procedimiento de remate, la última resolución por la cual es procedente el juicio de amparo, es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Actuación además que por no haberse impugnado se encuentra firme, al no haber sido combatida por el aquí quejoso a través de ningún medio ordinario o extraordinario de defensa. Pues bien, retomando, si en su demanda de amparo, el ahora quejoso pretende cuestionar el diverso auto de tres de marzo de dos mil veintidós, en el que se le tuvo por no interpuesto el medio de defensa contra a su vez un proveído en el que se giró nuevamente una comunicación oficial para el juez de diversa municipalidad, para dar cumplimiento a los ordenado en el auto de entrega de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Es verídico que ese mandato deriva directamente de lo ya determinado, el cual no fue combatido por el agraviado, no obstante que lo conoció. De esta manera, es indudable que si el quejoso pretende atacar el novedoso auto, es evidente que si no controvirtió la determinación primigenia, el acto reclamado constituye un acto derivado de uno consentido. En este orden de ideas, como la determinación reclamada deriva de otra consentida, debe considerarse que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sirve de apoyo, por identidad de razones jurídicas, la Jurisprudencia 1a./J. 97/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA. LA ORDEN DE PONERLO EN POSESIÓN DE SU ENCARGO ES UN ACTO DERIVADO DE LA APROBACIÓN JUDICIAL DE SU DESIGNACIÓN, POR LO QUE SI ÉSTA SE CONSINTIÓ, CONTRA AQUEL ACTO NO PROCEDE EL AMPARO, SALVO QUE SE COMBATA POR VICIOS PROPIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Las fracciones XI y XII del artículo 73 de la Ley de Amparo prevén, respectivamente, la improcedencia de juicio de amparo contra actos consentidos expresa y tácitamente. Ahora bien, es evidente que el análisis relativo a dicho consentimiento no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con él, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido, es decir, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. En ese tenor, si se tiene en cuenta que la orden de poner en posesión de su encargo a un interventor con cargo a la caja de una negociación, conforme a los artículos 527 y 528 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, es una consecuencia necesaria de su designación como tal y de la respectiva aprobación judicial, es indudable que existe una clara relación de causa y efecto entre la referida aprobación y el acto de poner al interventor en posesión de su encargo, por lo que si se consiente aquélla, este último es un acto derivado de uno ya consentido, respecto del cual opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley citada; salvo que la posesión del cargo se combata por vicios propios." También resulta de puntual aplicación, la tesis II.2o.C.43 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el siguiente rubro y contenido: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Pues de estimarse lo contrario, con la sola emisión de autos recordatorios o de trámite para lograr la ejecución de lo ya decidido, fuera procedente interrumpir el procedimiento y abrir de nueva cuenta alguna instancia, hipótesis que se agrava en la etapa de ejecución de sentencia, donde, como se ha dicho, la única actuación contra la que procede la acción constitucional es la última dictada en el mismo, por ende, si esa resolución ya se dictó en el caso concreto, no puede darse oportunidad de impugnarse las veces que quiera el quejoso, so pretexto de que con motivo de su contumacia se emitan nuevos requerimientos. Decisión En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Glósese el oficio enviado por la Juez Primero Civil en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, y adjunta copias certificadas del expediente 934/2020 de su índice, las que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la citada responsable, las que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Guarda por separado. En atención al volumen del anexo que acompaña la autoridad responsable, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, guárdese dicho documento en un sobre cerrado por separado.

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