Isidro Arcos Gil
Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Isidro Arcos Gil
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en la cual se determinó sobreseer y negar el amparo en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó y se negó el amparo solicitado. Por tanto, consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente que amerite su notificación por lista, por tanto, se ordena por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 943/2020. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, Isidro Arcos Gil, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- III.1.- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- Se señala con éste carácter a la Lic. Ana Celia Tapia González, Directora de Administración del Agua en el Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua. III.2.- AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.- Los C.C. JUAN GUTIÉRREZ TORRES, MARTÍN BÁRCENAS BARBA Y VÍCTOR SÁNCHEZ CABRERA, con el carácter de INSPECTORES- VERIFICADORES- NOTIFICADORES- EJECUTORES del Organismo Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua,. IV.- ACTO RECLAMADO.- Se constituye con ese carácter la AFECTACIÓN al derecho humano de acceder a la tutela judicial efectiva en los términos y plazos establecidos en la ley al no emitir la respuesta a las observaciones realizadas por el suscrito dentro del plazo concedido al efecto, por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. La aplicación en forma discriminatoria del acuerdo el acuerdo (sic) de fecha 29 de mayo de 2020, que en lo conducente establece desde que fecha se consideran días inhábiles para los actos y procedimientos administrativos substanciados por la secretaria del medio ambiente, estableciéndose desde el 1 de junio de 2020, hasta que la autoridad sanitaria determine que no existe riesgo epidemiológico". Actos que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Federal. 2. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, este juzgado, admitió la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y fijó día y hora para la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia administrativa, en el que se reclama un acto de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado y con ejecución material en dicha jurisdicción. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio, consiste en: 1).- La orden de visita de inspección extraordinaria contenida en el oficio BOO.809.02.4/0768, de tres de agosto de dos mil veinte, emitida por la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenta Balsas de la Comisión Nacional del Agua de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dirigida a: "C. MANUEL RAMÍREZ GONZÁLEZ Y/O ISIDRO GIL Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO Y/O RESPONSABLE Y/O ENCARGADO Y/O OCUPANTE DEL PREDIO OBJETO DE INSPECCIÓN" a verificarse en el "Canal Principal 4ª Toma del Río Yautepec, dentro del predio en las inmediaciones de las coordenadas geográficas latitud norte 18° 53´24.5, longitud oeste 99°02´33.7, Municipio de Yautepec, estado de Morelos". 2).- El acta de visita OCB-057/2020 de cuatro de agosto de dos mil veinte, elaborada por tres inspectores- Verificadores- Notificadores- Ejecutores del Organismo de Cuenta Balsas de la Comisión Nacional del Agua de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que, en cumplimiento a la orden de visita extraordinaria descrita en el numeral que antecede, desahogaron dicha visita y clausuraron la construcción que se realiza en el inmueble de mérito por ocupar bienes del dominio de la nación sin acreditar que se cuente con título de concesión. 3).- La omisión a dar respuesta al escrito presentado por el quejoso, el trece de agosto de dos mil veinte, en el que contestó la vista dada en la orden de visita de inspección extraordinaria de referencia y solicitó el retiro de los sellos de clausura impuestos. Y si bien, del capítulo de actos reclamados del escrito de demanda sólo se advierte que se señala como acto reclamado la omisión precisada en el numeral que antecede, del contenido de los conceptos de violación, es posible advertir que el resto de los actos reclamados precisados en los incisos 1) y 2) que preceden, también fueron impugnados por el aquí quejoso. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados siguientes: 1).- La orden de visita de inspección extraordinaria contenida en el oficio BOO.809.02.4/0768, de tres de agosto de dos mil veinte y 2).- El acta de visita OCB-057/2020 de cuatro de agosto de dos mil veinte; ambos precisados en el II considerando de este fallo; porque, si bien, al rendir su respectivo informe justificado las citadas autoridades negaron su existencia, allegaron a los autos diversas copias certificadas de las constancias que integran el procedimiento administrativo de origen, entre las que se encuentran las actuaciones reclamadas. Constancias a las que se les confiere valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 136, 197, 202, 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia. De igual manera, es cierta 3).- la omisión a dar respuesta al escrito presentado por el quejoso, el trece de agosto de dos mil veinte, pues, si bien al rendir su informe justificado negaron su existencia, a continuación realizaron manifestaciones que evidencian dicha existencia. Además, su certeza se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto negativo la omisión que se les imputa, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a las autoridades responsables, en el sentido de justificar que sí realizaron la acción cuya omisión se le reclama -dar respuesta al referido escrito-, aunado a que obra agregado a los autos el acuse de recibo con el que se justifica que el quejoso sí presentó el escrito cuya omisión de acordar reclama, ante dichas autoridades responsables, lo que se encuentra adminiculado con las manifestaciones que realizaron las autoridades responsables, en el sentido de que no ha dado respuesta a la petición de la quejosa. Constancia a la que se le confirió valor probatorio, en los términos indicados; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar su existencia; de las que es posible advertir que el quejoso sí presentó un escrito el trece de agosto del dos mil veinte, del que no se aprecia respuesta alguna. Y sin que se pueda tomar como respuesta a dicho escrito y ni su notificación; la contenida en el correo electrónico enviado al quejoso el trece de agosto de dos mil vente por parte del Subdirector de Administración del Agua, pues a través del mismo no se le da una respuesta a la petición de mérito ni mucho menos se realiza una notificación; sino que a través de dicho correo, sólo se le indica al aquí quejoso que los plazos se encuentran suspendidos debido a la pandemia por el virus Covid-19, tal y como lo señala el "ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general, los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican". IV. Oportunidad de la demanda de amparo. En cuanto a la omisión a dar respuesta al escrito presentado por el quejoso, el trece de agosto de dos mil veinte; la demanda se promovió oportunamente, pues al no establecerse un plazo específico en la Ley de Amparo para reclamar actos omisivos y éstos producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlos se actualiza mientras persistan. Lo anterior no acontece en cuanto al resto de los actos reclamados precisados en los incisos 1) y 2) del II considerando de este fallo pues, como se verá en el siguiente considerando, la presentación de la demanda de amparo se realizó de manera extemporánea. V. Improcedencia del juicio de amparo. En cuanto a los actos reclamados consistentes en: 1).- La orden de visita de inspección extraordinaria contenida en el oficio BOO.809.02.4/0768, de tres de agosto de dos mil veinte y 2).- El acta de visita OCB-057/2020 de cuatro de agosto de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado fue consentido tácitamente al haberse promovido el juicio de amparo, fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 del ordenamiento en cita. En efecto, del análisis de los preceptos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador estableció que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, salvo algunas excepciones, el cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que: a) surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, b) al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o c) al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De una interpretación del contenido anterior se advierte que lo supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, sino que debe atenderse al caso concreto para saber en cuál de tales hipótesis se ubica. Tampoco debe dejarse de mencionar que existen excepciones al plazo indicado cuando: 1) se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días, y se computará a partir del día de su entrada en vigor; 2) cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; 3) cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; o 4) el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Empero, en el caso, tenemos que el acto reclamado no constituye ninguno de los supuestos de excepción señalados con anterioridad y, por ende, debe estarse al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo y a las reglas para su cómputo, en tanto que la parte quejosa reclama una orden de inspección extraordinaria y el acta de la misma. Ahora bien, este juzgador advierte que, la parte quejosa fue notificada de la orden de inspección reclamada, al momento en que se levantó el acta de visita de la misma, esto es el cuatro de agosto de dos mil veinte, notificación de ambos actos que surtió efectos en ese momento, de conformidad con el artículo 38 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Entonces, si la demanda de amparo fue promovida el veintidós de octubre de dos mil veinte, esto más de dos meses después en que el quejoso fue notificado del acto reclamado, resulta inconcusa su extemporaneidad, dado que se presentó fuera del plazo de quince días con que se contaba para ello, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de los citados actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. VI. Procedencia del juicio de amparo. Por lo que respecta a la omisión a dar respuesta al escrito presentado por el quejoso, el trece de agosto de dos mil veinte; como las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni se advierte ninguna de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. Además, el presente juicio es procedente en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), relativo a la procedencia del juicio de amparo contra omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o el trabajo, pues en el caso se reclama la omisión de contestar un escrito. VII. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. El concepto de violación aducido por el quejoso es infundado por lo que debe negarse el amparo solicitado. En su concepto de violación el quejoso aduce que la omisión reclamada es violatoria de los derechos de petición y de justicia pronta y expedida contenido en los artículos 8 y 17 de la Constitución Federal porque presentó un escrito desde el trece de agosto de dos mil veinte, en el que contestó la vista dada en la orden de visita de inspección extraordinaria que le fue practicada y solicitó el retiro de los sellos de clausura impuestos; sin que se le haya contestado dicho escrito ni se le haya notificado esa respuesta. Lo anterior, es infundado porque, aunque la Directora de Administración del Agua en el Organismo de Cuenta Balsas de la Comisión Nacional del Agua de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, no ha dado respuesta al escrito presentado por el quejoso el trece de agosto en cita ni, por ende, ha realizado la notificación de esa respuesta, ello está justificado porque los plazos procesales se encuentran suspendidos. El derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, básicamente consiste en que frente a toda petición que se formule a la autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, esta tendrá la obligación de emitir un acuerdo y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve termino. Asimismo, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. De lo anterior se colige, que la actuación de la autoridad dentro de cualquier juicio que se tramite en un tribunal o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio substanciado por las autoridades administrativas, debe ser realizada de manera pronta y expedita, así como en los plazos y términos que señalan las leyes. Asimismo, se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Ahora bien, acorde al artículo primero del "ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general, los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil veinte, se amplió la suspensión de los plazos, términos y actividades no esenciales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, para efectos de los actos y procedimientos administrativos que, en ejercicio de sus atribuciones, realizan sus distintas unidades administrativas, durante el periodo comprendido del uno de junio de dos mil veinte, y hasta que la autoridad sanitaria determine que no existe un riesgo epidemiológico relacionado con la apertura, de manera gradual, cauta y ordenada, de las actividades relacionadas con la Administración Pública Federal. En el caso, el quejoso presentó un escrito, ante la autoridad responsable, el trece de agosto de dos mil veinte, en el que contestó la vista dada en la orden de visita de inspección extraordinaria multicitada y solicitó el retiro de los sellos de clausura impuestos. Además, presentó su demanda de amparo el veintidós de octubre de dos mil veinte, esto es, después de más de dos meses de haber presentado su solicitud de mérito, sin que se le haya dado respuesta ni mucho menos notificado esa respuesta. Al respecto, debe decirse que durante el lapso comprendido entre la presentación de la solicitud del quejoso y su demanda de amparo, los plazos de mérito continuaban suspendidos; de ahí que la autoridad responsable no estaba obligada a dar respuesta a su solicitud. Y debe mencionarse que el citado acuerdo que suspendió los plazos procesales no fue impugnado por la parte quejosa, por lo que surte plenos efectos, así como la orden de visita de inspección extraordinaria de tres de agosto de dos mil veinte, la cual, aunque fue impugnada en este juicio, se sobreseyó respecto la misma al tenor de lo expuesto en este fallo; por ende, dicha orden, a través de la cual se habilitaron solamente los días necesarios para su práctica, también surte plenos efectos. Es decir, bien o mal, durante la substanciación del procedimiento administrativo de origen los plazos procesales se encuentran suspendidos a excepción de los días en que se elaboró y se ordenó desahogar la citado orden de visita; de ahí que los días posteriores, como lo son los días en que el quejoso presentó su escrito de petición de levantamiento de clausura y los subsecuentes que interesan en el caso, relativos a los que comprendieron el plazo que medió entre dicha solicitud y la presentación de la demanda de amparo son inhábiles; de ahí que la omisión de respuesta y notificación de dicha respuesta al quejoso se encuentren apegadas a derecho y; por ende, el concepto de violación en estudio resulte infundado. Asimismo, se aclara que no procede el estudio del resto de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, en razón de que están encaminados a controvertir los actos reclamados por los cuales se ha sobreseído en el presente fallo. Al haberse desestimado el concepto de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Isidro Arcos Gil, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos 1) y 2) del II considerando, por los fundamentos y motivos expuestos en el V considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Isidro Arcos Gil, contra los actos reclamados precisados en el inciso 3) del II considerando, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Macario Oviedo González, quien autoriza y da fe, el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. mog
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio por la Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, por el que informa que no han sido notificados de los oficios 3237-3 y 3238-3, en virtud de que el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, al advertir del acuse de recibo electrónico que recibieron dichos oficios, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, al resolver en definitiva el incidente de suspensión, se le tuvo por omisa y se presumió cierto el acto que se le atribuye. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde la Directora de Asuntos Jurídicos en el Organismo de Cuenca de Balsas de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director General, Directora de Administración de Agua y de los Inspectores, Verificadores, Notificadores y Ejecutores, todos del Organismo Cuenca de Balsas de la Comisión Nacional del Agua, con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen por señalado el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable proporcionando el correo electrónico que indica; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2, fracción XII, segunda parte, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-191, practíquense la notificaciones derivadas del presente asunto mediante oficios generados electrónicamente o digitalizados con FIREL remitidos al correo electrónico que refieren la citada autoridad. Notifíquese.
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