Isidra Rosales Huérfano
Expediente 1223/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Isidra Rosales Huérfano
- Todas las Partes
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de protección de derechos fundamentales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el siete de diciembre de dos mil veinticuatro. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. REQUERIMIENTO CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales implementadas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde se puedan localizar, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del acuerdo en comento. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción I y 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables Ayuntamiento Constitucional y Director de Obras Públicas del Ayuntamiento, ambos residentes en Tierra Blanca, Veracruz, formulando alegato; al Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, desahogando la vista concedida en relación al peritaje formulado por el perito oficial, sin perjuicio de que sean tomados en consideración al momento en que tenga verificativo la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en razón a que el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, refiere que a los Integrantes del Comité de Contraloría Social de la Obra Pública número 2020301740402, del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, les recae el carácter de tercero interesados y deben ser llamadas al presente juicio, en virtud de resultar beneficiarios de la obra pública, que constituye el acto reclamado, de conformidad con la fracción III, inciso b), del artículo 5 de la ley de la materia, lo que se corrobora de las constancias que obran en autos; en consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, con copia del presente acuerdo y escrito de demanda empláceseles mediante oficio que al efecto se gire. Por otra parte, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, manifieste si desea señalar como autoridad responsable a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz. Con apercibimiento que de no hacer manifestación o no acompañar a su escrito las copias de ley para cada una de las partes, además de anexar copias del escrito inicial de demanda, para correr traslado a la autoridad responsable que en su caso señale, se resolverá con los elementos que obren en autos. Lo anterior, en acatamiento a la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, de diciembre de dos mil tres, Novena Época, página 93 de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA." Se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado correr traslado con copia del informe rendido por la autoridad responsable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 801, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, mayo de 2012, Décima Época, registro 160116 del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Y la diversa, I.1o.A.34 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2836, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, octubre de 2016, Décima Época, registro 2012881 del tenor siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA EN AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE LA EXISTENCIA DE ACTOS VINCULADOS CON LOS ORIGINALMENTE RECLAMADOS, AL REQUERIR AL QUEJOSO PARA QUE INDIQUE SI ES DE SU INTERÉS FORMULARLA, DEBE CORRERLE TRASLADO DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS, Y NO LIMITARSE A INFORMARLE SOBRE SU EXISTENCIA. La jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contiene un criterio aplicable no sólo para los amparos promovidos por violación al derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, sino uno general en el sentido de que, si el Juez de Distrito advierte, a partir del informe justificado, la existencia de nuevos actos vinculados con el originalmente reclamado, debe notificarlos personalmente al quejoso y requerirle que indique si considera conveniente ampliar su demanda. La necesidad de realizar la notificación de manera personal deriva de la importancia de que exista evidencia de que el interesado realmente se impuso de tales actos, puesto que de esto dependerá si está en condiciones de controvertirlos. Esto es así, pues si los gobernados cuentan con un plazo de quince días, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover o ampliar su demanda en contra de los actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos, para su cómputo es necesario tener certeza sobre la fecha en que el quejoso los conoció, ya que es a partir de ésta que estuvo en posibilidad de combatirlos, en tanto que es hasta que está plenamente enterado del acto que puede decidir si le agravia y preparar los argumentos en su contra. Lo anterior revela que, si únicamente se informa al promovente la existencia de nuevos actos que pueden ser reclamados y los deja a su disposición en el juzgado, en los hechos, el quejoso verá disminuido el plazo de quince días con que legalmente debe contar para formular su ampliación, por causas no atribuibles a él, sino al juzgador, pues se verá forzado a acudir al órgano jurisdiccional, en un tiempo que será computado en su perjuicio como parte del plazo de quince días; incluso, existe el riesgo de que si el interesado no se presenta para tal efecto, se tenga por consentido un acto que realmente nunca tuvo a la vista, por haberle sido impuesta una carga que no le correspondía. En consecuencia, si la autoridad acompañó a su informe copia de los documentos de mérito, el juzgador no debe limitarse a informar de su existencia, sino que está obligado a correr traslado de ellos, es decir, a entregar al demandante un tanto de cada uno, pues sólo de ese modo podrá adquirir convicción en el sentido de que los conoció en su integridad y, por tanto, pudo preparar adecuadamente su defensa." En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos fundamentales, la audiencia constitucional se difiere y se señala como nueva fecha para su verificativo las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Asimismo, hágasele saber a las partes que, de ser su deseo, pueden estar presentes, vía remota, en la audiencia respectiva, ello, tomando en cuenta el esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con motivo del fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, y atendiendo a que el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en su artículo 5, fracción II, se establece que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias. Lo anterior siguiendo los lineamientos establecidos en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por tanto, de conformidad con el artículo 27, fracciones III y IX del Acuerdo General 12/2020 ya mencionado, la suscrita determina que se cumplen las condiciones para la utilización de este método de comunicación y que se cumplen los principios rectores del procedimiento. Así las cosas, es dable precisar que para el desahogo de la audiencia de mérito a través de videoconferencia en tiempo real deberán de observarse las reglas establecidas en el artículo 28 del Acuerdo General indicado siendo las siguientes: "I. El órgano jurisdiccional notificará el citatorio para audiencia, el cual permitirá que todas las partes interesadas estén en posibilidad de acudir. El citatorio considerará un lapso de hasta quince minutos previos que permita a los intervinientes prepararse para el desahogo de la audiencia que establezca la normatividad aplicable, así como la implementación de la logística operacional. II. Tratándose de audiencias o sesiones públicas, podrá generarse una clave de acceso que dará a quien tenga interés en presenciarla la posibilidad de hacerlo, sin que pueda participar en la misma, utilizando el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar". En caso de no ser eso posible, la publicidad se garantizará con el registro de la videoconferencia para su posterior consulta. III. En el proveído en el que se fije la fecha y hora en la que tendrá lugar, se deberán indicar los datos necesarios para acceder a la respectiva videoconferencia por vía electrónica y se requerirá a las partes para que indiquen, en la promoción electrónica mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. El citatorio se enviará únicamente a las partes que estén legitimadas para intervenir en la diligencia respectiva. IV. Previamente al inicio de la audiencia mediante videoconferencia, el responsable técnico y/o el personal de apoyo realizarán las pruebas que permitan confirmar la adecuada calidad del audio y video para su desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico. V. Transcurrido el lapso de preparación y llegada la hora de la audiencia, la secretaria o secretario encargado de dar fe hará constar las partes que se encuentren presentes, se verificará su identidad, su personalidad y capacidad procesal, y se declarará iniciada. En caso de que ninguna persona adscrita al órgano jurisdiccional esté investida de fe pública, la juzgadora o juzgador deberá hacer constar verbalmente esta situación. VI. Durante el desarrollo de la audiencia, las y los titulares deberán verificar que las partes intervinientes estén en posibilidad de observar, escuchar y comunicarse con todas las personas que participan en ésta, de manera clara y simultánea, salvo en los casos en que por disposición de ley sea necesaria la protección de la identidad de quien participa o cuando algunos intervinientes no puedan estar presentes durante el desarrollo de toda la videoconferencia, según lo dispuesto en el siguiente artículo. En todo caso deberá velarse por los derechos de las partes y el cumplimiento a los principios rectores de cada procedimiento. VII. En caso de advertir alguna falla técnica u otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de la audiencia, la o el juzgador determinará las medidas que estime necesarias para continuarla o, de ser el caso, suspenderla, supuesto en el que señalará una hora o fecha posterior para su reanudación. En los casos en que a criterio de la o el titular del órgano jurisdiccional resulte imposible desahogar la audiencia previamente ordenada a través del uso de videoconferencia, ordenará su desahogo de manera presencial. En cualquier caso, se fundará y motivará la determinación respectiva, sin que ello implique formal ni tácitamente una revocación de su determinación inicial. VIII. Cuando así resulte procedente conforme a la legislación aplicable, en la audiencia se dará cuenta con las promociones y las pruebas ofrecidas por las partes previamente o durante ésta, de conformidad con las reglas aplicables según la materia de que se trate. La DGGJ emitirá lineamientos para que, en adición al registro mismo de la videoconferencia, las pruebas respectivas puedan vincularse con el expediente del asunto respectivo IX. Tratándose del desahogo de alegatos orales, el día y hora previsto para el desahogo de la audiencia se dará el uso de la voz a las partes, sus representantes o autorizados. Cuando la diligencia respectiva se desahogue ante tribunales colegiados de Circuito, éste deberá estar debidamente integrado. Consecuentemente, se encuentra prohibida la celebración de audiencias que no hayan sido publicitadas, que pretendan escuchar a una o sólo a algunas de las partes, así como las que se celebren sólo ante uno de los integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado. X. Cuando en una audiencia deba escucharse a niñas, niños o adolescentes, las y los titulares deberán velar porque su comparecencia, aun por videoconferencia, cumpla con los estándares constitucionales que rigen su derecho a participar en los asuntos que afecten sus derechos. De la misma forma, durante el desahogo de la audiencia deberá realizar los ajustes razonables para personas con discapacidad, así como velar por que quienes tienen derecho a ello, cuenten con traductor, intérprete, asesor jurídico, defensor público o con la asistencia o presencia de quienes deban participar conforme a la Constitución y las leyes aplicables. XI. Al concluir la sesión se levantará un acta en la que se harán constar las actuaciones realizadas, las personas que intervinieron y las incidencias que pudieran haberse presentado, salvo en aquéllos procedimientos en los que el registro mismo de la audiencia cumpla con dicha finalidad conforme a la legislación aplicable. XII. Las audiencias, sesiones y diligencias judiciales se registrarán y el personal facultado para ello deberá relacionarla con el expediente electrónico respectivo, siguiendo para ambos aspectos las pautas establecidas en el punto 3 del Anexo Técnico. El registro de las diligencias, audiencias y, tratándose de sesiones, de la porción respectiva al asunto del que se trate, será parte del expediente electrónico." Entonces, para poder desahogarse la diligencia a través de ese recurso se necesita que las partes cuenten con alguno de estos dispositivos y enlaces de telecomunicación. - Tipos de dispositivos: Codec, Computadora Pc o Laptop, tableta, smarthphone (teléfonos inteligentes). - Tipos de enlace o telecomunicación: MPLS, satelital, celular (mínimo 4g), Wireless (inalámbrica) o DSL (residencial). O, en caso de no contar con alguno de dichos dispositivos y/o enlaces, que cuenten con algún teléfono fijo ya sea de casa u oficina, pues a través de ellos, se desahogará la diligencia. Asimismo, se necesita que proporcione un correo electrónico a donde se le puedan mandar los datos y la liga para poder enlazarse a la videoconferencia. En el entendido que la participación de las partes por este medio generará los mismos efectos y alcances jurídicos de la audiencia que se realice con presencia física en los órganos jurisdiccionales conforme a la normativa aplicable. De tal manera que, de ser el deseo de las partes tener participación en la diligencia de mérito, se les requiere para dado el caso de que sí cuenten con lo peticionado en el párrafo que antecede, expresen su interés, como máximo, diez días antes de la fecha fijada para el desahogo de la audiencia de mérito, a efecto de realizar la organización respectiva, proporcionando para ello un correo electrónico y número telefónico con la finalidad de que se le haga llegar, como ya se dijo, los datos y liga para poder enlazarse a la videoconferencia. REQUERIMIENTO DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las partes a fin de que se sirvan proporcionar un correo electrónico y número telefónico móvil donde puedan ser localizados, a fin de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. EXHORTO A LAS PARTES PARA QUE TRAMITEN "JUICIO EN LÍNEA" Asimismo, conforme al artículo 28, párrafo segundo, del citado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, se exhorta a las partes que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa...
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