Isidra Martha Bello Aguilar

Expediente 1011/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1011/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Isidra Martha Bello Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de ley para interponer recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa hiciera valer dicho medio de impugnación. En consecuencia, se declara que ha causado estado el citado auto. Finalmente, realícense las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

  2. Principal

    PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA QUE SE PRECISA, MEDIANTE AVISO DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, por lo que se le notifica por medio de lista la determinación de tres de diciembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del presente juicio de amparo. DETERMINACIÓN DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo firmada por ***, contra actos de la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico bajo el registro ***. Ahora, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano de control de la constitucionalidad debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Así, del análisis de la demanda se advierte que la promovente señala como acto reclamado la omisión en la resolución e integración de la carpeta de investigación, radicada en la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Miguel Hidalgo, Coordinación Territorial del MP: MH-1, Unidad de Investigación: 1 sin Detenido. Ahora, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de amparo debe considerarse un todo. Sin embargo, es claro que el órgano de la constitucionalidad puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: A) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; B) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y C) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. En ese sentido, respecto al acto reclamado este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen. Primeramente conviene mencionar, que del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito se desprende que es un derecho de la parte ofendida, impugnar ante las autoridades responsables las omisiones en las que incurra la representación social [Constitución Federal] siendo que, la sede para impugnar esas omisiones será ante el Juez de Control [Código Nacional de Procedimientos Penales]. Por su parte, habrá que recordar que el juicio de amparo, es un medio de defensa extraordinario, a través del cual se controla la constitucionalidad de actos o leyes, de tal suerte que la jurisdiccional ordinaria debe de agotarse previamente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que los quejosos estiman que afecta su esfera jurídica. Ahora, la existencia de medios defensivos establecidos en la ley para impugnar ordinariamente el acto reclamado, provoca la improcedencia del juicio de amparo, derivado del incumplimiento al principio de definitividad que rige la materia que nos ocupa, siendo preciso señalar que la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", es la de considerar aquéllos ordenamientos legales que guardan relación con dichos actos, sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Es aplicable a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia P./J.3/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, tomo XIII, enero de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:. De la interpretación sistemática de los preceptos antes citados, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones de la representación social no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control. Así, la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho- fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deber ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo como caso excepcional. Máxime que la promovente del amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que presentó denuncia de hechos por los delitos de robo, allanamiento de morada y despojo, ´por lo que se integró la carpeta de investigación *** de la cual conoce la autoridad responsable Fiscal Desconcentrada en Investigación en Miguel Hidalgo, Coordinación Territorial del MP: MH-1, Unidad de Investigación: 1 sin Detenido, y por ello debó agotar el medio de impugnación establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis III.2o.P.123 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la página 2222, del libro Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo IV de la Décima Época de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, que sostiene lo siguiente:. Motivo de lo anterior es que si en el presente asunto se reclama la omisión en la resolución e integración de la carpeta de investigación ***, radicada en la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Miguel Hidalgo, Coordinación Territorial del MP: MH-1, Unidad de Investigación: 1 sin Detenido; previo acudir al juicio de amparo, se debió agotar el medio de defensa que prevé el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, so pena de incurrir en una causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 20 Constitucional. Por lo tanto, si en el caso no se advierte que se hubiese inconformado ante el Juez de Control, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en comunión con lo estatuido en los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, del libro 57, Tomo I de la Décima Época de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, agosto de 2018, que sostiene lo siguiente:. Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 943, del Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2017640, de rubro y texto siguientes:. Con relación al vocablo, "podrá" que refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotar el medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito. Se cita por su aplicación, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 148/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 355, Tomo XXVIII, Enero de 2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:. Por otro lado, cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor:. Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica la parte quejosa en el proemio de la demanda. Ahora, toda vez que no se encuentran dados de alta en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal, las personas que menciona como autorizados, únicamente se les tiene para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos y no contará con las facultades a que alude el primer párrafo del citado artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que no se encuentran registrados en dicho sistema, y no acreditan fehacientemente que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; sin perjuicio de que una vez que así lo hagan se acuerde lo conducente; de igual manera las personas que designa para tal efecto. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se autoriza, la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el promovente de amparo y demás partes legítimamente facultadas, con excepción de aquellas que dada su propia y especial naturaleza jurídica se deba guardar sigilo, previa identificación y firma que se otorgue en autos para constancia legal y dentro del horario de atención al público, siempre y cuando las labores del juzgado lo permitan. En el entendido que las mismas podrán ser solicitadas de manera verbal por las partes o autorizados en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, directamente en la mesa de trámite que corresponda. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Finalmente, se autoriza a los secretarios y actuarios de la adscripción a firmar los oficios respectivos.

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