Isidoro Sarfati Rosenstein

Expediente 573/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
573/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Isidoro Sarfati Rosenstein

Actuaciones

  1. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO SE COMUNICÓ VÍA TELEFÓNICA CON EL ACTUARIO, NI ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PREVIA CITA A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA:"Vista la demanda de cuenta signada por Isidoro Sarfati Rosenstein, contra el acto del Fiscal de Procesos en Juzgados Civiles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 573/2021.II. ACTO RECLAMADO. Del contenido de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente señaló como acto reclamado el siguiente: "ÚNICO. La ILEGAL DETERMINACIÓN DE APROBACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL de fecha 19 de marzo del año en curso, dictado a favor del investigado SERGIO DAVID RAMÍREZ MOSCOSO, dentro de la carpeta de investigación número ***,determinación que fue suscrita por ***, en su carácter de Fiscal de Procesos de Juzgados Civiles de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y la cual me fue notificada personalmente en fecha 06 de julio del presente año." III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio.1 Por su parte, la fracción XVIII del arábigo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior:a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la interpretación de dicho precepto se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del promovente de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El principio referido encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas que la ley que rige el acto contempla, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTO DE DEFINITIVIDAD. SU INTERPRETACIÓN. SEGÚN SE DESPRENDA DE LAS HIPÓTESIS DE LOS ARTÍCULOS 73 O 114 DE LA LEY DE AMPARO." (Jurisprudencia XX.1o J/5, visible en la página 75, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 56, Agosto de 1992, Octava Época). En el caso, la parte quejosa se duele de " La ILEGAL DETERMINACIÓN DE APROBACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL de fecha 19 de marzo del año en curso, dictado a favor del investigado SERGIO DAVID RAMÍREZ MOSCOSO, dentro de la carpeta de investigación número FPSC/74/UI-6 S/D/00107/04-2017"; sin embargo, es importante destacar que tal determinación es impugnable ante el Juez de Control previsto en el numeral 258, del Código de Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno" Del numeral transcrito, se advierte que la ley contempla un recurso ordinario contra las determinaciones del Ministerio Público, el cual puede ser hecho valer por la víctima u ofendido, reconociéndose este recurso como un derecho para impugnar aquéllas determinaciones relacionadas con el no ejercicio de la acción penal, en caso de que, estime que el resultado le perjudica, por lo que este recurso ordinario debe ser agotado previo a que el gobernado acuda a una instancia constitucional. Así como la jurisprudencia dada a conocer por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. (Número I.6o.C. J/37, visible en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época). De igual forma, es aplicable el diverso criterio que emitió el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, cuyo rubro y texto, señalan: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Jurisprudencia que aparece en la página 37 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Ahora bien, es importante destacar que en el presente asunto no se actualiza alguno de los casos de excepción a que alude el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, el acto reclamado no se trata de aquellos que: a) Importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Ni consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, c) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por lo que se reitera que resulta indispensable que previo a interponer el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el medio de impugnación ordinario que correspondiera, en este caso, el de apelación, previsto en los mencionados artículos 467, fracción VII y 459, fracción I, ambos del Código de Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, al resultar notoria e indudable la causa de improcedencia que se invoca, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. IV. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. De igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la Secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. V. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere; por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, al profesionista que refiere, en virtud de que al ingresar a la página http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/ cedula/indexAvanzada.action, se desprende que se encuentra legalmente acreditado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, y por facultado, únicamente para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el párrafo segundo del numeral 24 del citado ordenamiento legal, a la diversa persona que menciona. Se tiene como medio de contacto de la parte quejosa el correo electrónico que proporciona, lo anterior de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el debido seguimiento de este sumario. VI. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el arábigo 21, párrafo tercero, de la indicada ley, se faculta al actuario judicial adscrito a practicar las notificaciones personales en días y horas inhábiles que surjan en este juicio. XII. PUBLICACIÓN DE DATOS. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. VII. EXHORTO A PRIVILEGIAR LA PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. VIII. EXHORTO A SEÑALAR FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones del inconforme consistentes en: "De tal suerte, violan las responsables las normas constitucionales mencionadas, en virtud de que se me pretende hacer objeto de una detención ilegal y arbitraria infiriéndome evidentemente actos de tortura física y moral a las que he hecho referencia, sin que los actos de la autoridad que combato hayan sido precedidos por procedimiento o juicio seguido ante tribunales previamente establecidos." Sin embargo, no resulta procedente hacer mayor pronunciamiento sobre el particular, pues tales manifestaciones se tratan de actos futuros e inciertos, carentes de sustento factico, mismos que no se están verificando y, en cambio, los hace derivar de la eventual ejecución de los actos privativos que pretende combatir por la presente vía constitucional.

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