Isidoro Manuel Ortega Bayona

Expediente 436/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
436/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Isidoro Manuel Ortega Bayona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, a través de cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva; lo cual deberá acontecer en un plazo de tres años a partir del dictado de éste acuerdo. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obran las constancias de notificación a la parte quejosa, así como a sus defensores públicos Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, del proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, en el cual se les designó a fin de que brindaran el servicio de defensa y asesoría al quejoso Isidoro Manuel Ortega Bayona. En consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a fin de que notifiquen personalmente al quejoso Isidoro Manuel Ortega Bayona, así como a sus defensores públicos Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, el proveído de tres de agosto del año en curso. No ha rendido informe autoridad responsable. Asimismo, del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Penal de esta ciudad, no ha rendido su informe justificado solicitado, no obstante de estar debidamente notificado para ello desde el veintiuno de julio del presente año, como se advierte del sello de recibido en dicha dependencia. Y si bien, dicha omisión amerita que en términos del artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presuma la certeza del acto que le fue atribuido; lo cierto es que para emitir la sentencia que en derecho corresponda, es necesario que esta juzgadora cuente con los elementos necesarios que permitan conocer en qué condiciones, y bajo qué circunstancias se instó el acto reclamado. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable, a fin de que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias relativas al acto que se le reclama, toda vez que, como se dijo, las mismas, son necesarias para resolver el presente juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese y personalmente al quejoso Isidoro Manuel Ortega Bayona, así como a sus defensores públicos Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García en términos del presente proveído.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de agosto de dos mil veintidós. Designa defensores públicos. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio DP/616/2022 que remite el Coordinador Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, mediante el cual designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, a fin de que brinden el servicio de defensa y asesoría al quejoso Isidoro Manuel Ortega Bayona. Atento a lo anterior, se tiene como defensores públicos del quejoso a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García; por lo que, con fundamento en los artículos 1º. y 14 Constitucionales, y en términos de los arábigos 2º., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo; para para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio jurisprudencial Tesis 1a./J.43/2019 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registrada bajo el número 2020495, publicada el veintitrés de agosto pasado, de rubro y texto siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc. -, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Autorizados. Asimismo, téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones de los defensores públicos señalados, a las personas que se precisan en el oficio de cuenta. Señalamiento de domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de las citadas defensoras públicas el indicado en el oficio que se atiende. Notifíquese; personalmente al quejoso y a los defensores públicos ********************

  4. Incidental

    Resuelve: Único. Se niega a ***, la suspensión definitiva respecto a la autoridad señalada en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el mismo considerando de la presente resolución. Notifíquese.

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