Isidoro Gitler Goldwain
Expediente 1123/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/10/2018
Partes del expediente
- Isidoro Gitler Goldwain
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN. SE DECLARA QUE EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA HA QUEDADO FIRME. EXPEDIENTE SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. REMÍTASE AL ARCHIVO ESTE ASUNTO COMO CONCLUÍDO. NOTIFÍQUESE
- Principal
En esta fecha se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de once de septiembre de dos mil dieciocho que dice: Con la demanda de amparo presentada por Isidoro Gitler Goldwain, por propio derecho, contra actos del Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y otra autoridad, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1123/2018 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el numeral 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe analizar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese orden, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente reclama de forma destacada lo siguiente: - La admisión del informe de presunta responsabilidad y la citación al quejoso a comparecer a la audiencia inicial para ofrecer pruebas en el expediente R-0023/2018. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, Tomo 18 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro número 239,099, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." En relación con tal acto se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu, que son del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Los preceptos legales transcritos establecen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos administrativos emitidos aisladamente por autoridades distintas de tribunales jurisdiccionales; pero, tratándose de actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos no pueden válidamente reclamarse en la vía constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamarse tanto las violaciones contenidas en la resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. La excepción a esta regla se encuentra en el propio artículo que establece la procedencia de la acción constitucional tratándose de actos que puedan causar daño de imposible reparación que dejen sin defensa al quejoso; es decir, aquellos que lesionan directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén derechos humanos o en grado predominante o superior. Señalado lo anterior, debe precisarse la forma en la que se desarrollan los procedimientos de naturaleza administrativa, para determinar lo relacionado con la afectación que pudiera provocar el acto reclamado. Los procedimientos de naturaleza administrativa se integran por una cadena de actos de distinto alcance y contenido: a) Presupuesto, b) Acto inicial, c) Actos de trámite d) Acto terminal. El procedimiento de naturaleza administrativa concluye con una resolución que es el producto final o la voluntad definitiva de la autoridad, que suele ser de dos formas: (I) Última resolución dictada para poner fin a un procedimiento de manera definitiva, ya no sujeto a cambios o revisiones; o, (II) Manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la voluntad decisoria de la autoridad. Dentro de la secuela principal pueden verificarse otros procedimientos de índole parcial y carácter complementario o accesorio (incidentales, cautelares, medidas de apremio, etcétera) y, a la vez, un procedimiento puede ser antecedente de otro u otros. Así, existen varias clases de procedimientos, cuya denominación y estructura depende de la naturaleza y contenido del acto terminal, por lo que hay procedimientos: Complejos o principales y Modulares o intermedios, incidentales o accidentales. Los procedimientos incidentales o auxiliares pueden concluir con una decisión terminal y ser impugnados, por cuerda separada, aunque se continúe el trámite intraprocesal del principal y sus decisiones son terminales pero sólo en cuanto al tema o cuestión relativa a la incidencia no al procedimiento. Esto es así, porque las decisiones terminales, de uno y otro, causan afectaciones y agravios distintos y autónomos, conforme a lo cual deben darse las respuestas y soluciones respectivas, por lo que los efectos y las consecuencias que puedan producir los actos, ya sean intraprocesales o terminales, son el factor determinante para establecer y decidir el régimen de impugnación pertinente. El fin, alcance o trascendencia que tenga el acto terminal, es determinante para definir cómo debe conformarse o estructurarse el procedimiento de manera que permita conseguir eficiencias pero de manera prioritaria la defensa de los probables afectados. En relación con los actos privativos o que impongan sanciones, el artículo 14 constitucional vincula a que antes de emitir esta clase de actos, deberá someterse a las partes a un esquema de juicio previo en que se observen las formalidades esenciales del procedimiento; por tanto, el diseño estructural y la funcionalidad u operación de estos procedimientos deben atender estas condicionantes básicas y sine qua non. El mismo tratamiento debe darse a los actos constitutivos de un nuevo status que pueda disminuir prerrogativas o situaciones creadas (impedir acciones, afectar propiedades o situaciones, eliminar posiciones jurídicas) y, por ende, en todos estos casos se debe satisfacer el debido proceso legal con amplias y suficientes posibilidades de defensa, es así que los actos de trámite deben ser los pertinentes y necesarios para garantizar el derecho de defensa basado en el debido proceso legal. En cambio, cuando el procedimiento tenga como acto terminal uno de molestia o declarativo, sólo debe observarse la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional. Por lo anterior, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación es la "imposible reparación" en razón de una afectación material, esto es, real y actual, que se dé respecto a derechos sustantivos; a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales, que es lo peculiar, ordinario y típico de las violaciones intraprocesales, esto es lo que por regla general se efectúa. En efecto, lo relevante de este tipo de actos son los efectos y agravios que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; por tanto, lo que resulta distinguible es el momento para reclamarla o impugnarla, esto es, los actos de imposible reparación deben ser cuestionados de inmediato, en cambio los actos intraprocesales serán impugnados junto con el acto terminal al que han trascendido y siempre que hubieren generado indefensión. En relación con el tema de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general que los actos merecen tal calificativa cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales y, se exceptúan los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva, en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada posteriormente al reclamar el acto terminal o resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Décima Época, página 1902, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Así como la diversa jurisprudencia número P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, página 11, Agosto de 1992 de rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Por lo anterior, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, precisa qué debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando al respecto: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". De esta forma, los actos procedimentales son reclamables en los supuestos siguientes: a) Cuando la violación en el procedimiento genera indefensión y trasciende al resultado de la resolución y; b) La violación se plantea al reclamar el acto terminal, que englobará o incluirá violaciones ocurridas en el acto inicial o en los de trámite. c) Cuando los actos en el procedimiento son de imposible reparación la violación se plantea de inmediato sin necesidad de que se emita o exista el acto terminal. En este contexto, las resoluciones definitivas o terminales son impugnables y, por excepción, las de trámite lo serán, siempre que causen un agravio a derechos sustantivos, irreparables, ya no revisables o modificables, por lo que esta cualidad de terminal debe ser apreciada por sus efectos y afectación no por una mera cuestión formal. Con la intención de verificar si se cumple con la citada excepción, se toma en consideración que el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene como finalidad reglamentar, entre otros aspectos, la materia relativa a los asuntos relacionados con faltas administrativas no graves; previa sustanciación del procedimiento a que se refiere el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual establece lo siguiente: Capítulo II Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos internos de control Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes: I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto responsable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre; IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación; V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley; VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos; VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes; VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación y desahogo; IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles comunes para las partes; X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello; XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles. (Lo destacado es propio.) De una interpretación a los numerales indicados se deduce que las Secretarías y Órganos Internos de Control tienen la facultad de substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con faltas administrativas no graves y su sanción, para lo cual deberán sujetarse a las formalidades y al procedimiento previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del que se destaca lo siguiente: a) La autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes, se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe. b) Citará al presunto responsable a una audiencia, en dicha notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor. c) Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen. d) Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará para los efectos de su ejecución al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un plazo no mayor de diez días hábiles. De lo anterior se corrobora que la admisión del informe de presunta responsabilidad y la citación al quejoso a comparecer a la audiencia inicial para ofrecer pruebas en el expediente R-0023/2018, se trata de actos intermedios cuya naturaleza no es de imposible reparación para considerar procedente el juicio de amparo, dado que no se produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos de la parte quejosa, pues dichos actos sólo tienen por objeto informar lo conducente respecto a diversos hechos e investigación practicadas con el fin de comprobar si tal servidor público cumplió o no las obligaciones que le impone la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en concordancia con los principios que rigen el servicio público ahí establecidos y el derecho que tiene para apersonarse a ese procedimiento para ofrecer pruebas y alegatos, por lo que tal acto, por sí, no determina su destitución del cargo, empleo o comisión que desempeñe el promovente, pues para eso es necesario que se lleve a cabo el aludido procedimiento y, en su caso, que se dicte una resolución que resulte adversa a sus intereses. Esto es así, porque la nota peculiar de los actos provisionales o temporales es que están sujetos a un procedimiento de revisión o confirmación, lo que sucede con el oficio reclamado, puesto que está supeditado a lo que se decida en el mismo. Se dice lo anterior, porque el alcance del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica la procedencia del amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación consiste en que los actos procesales tienen esa característica, siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los denominados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Por el contrario, se considera que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen, sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar afectación en la esfera de derechos, porque tal violación es susceptible de ser reparada cuando se impugne la determinación final. Así, la distinción entre actos dentro de juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución o en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, sirve para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva. La excepción a esta regla radica en que también procede el juicio de amparo indirecto al tratarse de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Por ende, si los actos reclamados no reúnen las características de ser actos de imposible reparación, es claro que se trata de determinaciones intermedias o intraprocesales dictados en el procedimiento que, en caso de afectar, podrá ser impugnado a través de los medios de defensa procedentes. Así, en atención a la naturaleza y efectos de la admisión del informe de presunta responsabilidad y la citación al quejoso a comparecer a la audiencia inicial para ofrecer pruebas en el expediente R-0023/2018, se concluye que no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho acto pueden no llegar a trascender ni producir afectación en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el medio de defensa contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA con fundamento en los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu y 113, todos de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, abril de 2006, Novena Época, consultable en la página 242, con el registro 175221, de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. No es inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, cuyo rubro establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA." En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene únicamente como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado y como autorizados en amplios términos a la profesionista que se indican en la certificación de cuenta. Asimismo, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona que indica, a quien una vez que inscriba su cédula profesional en el registro correspondiente se le reconocerán las amplias facultades previstas en el precepto mencionado. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con la demanda de amparo presentada por *** por propio derecho, contra actos del Titular del Órgano Interno de Control en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y otra autoridad, fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1123/2018 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el numeral 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe analizar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese orden, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente reclama de forma destacada lo siguiente: .... En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA con fundamento en los artículos artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, esté último a contrario sensu y 113, todos de la Ley de Amparo. .... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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