Isidoro Beltran Angulo
Expediente 294/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Isidoro Beltran Angulo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta suscrito por Lic. Miguel Angel Soto Izaguirre, asesor jurídico del quejoso Isadoro Beltrán Angulo, mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia del presente juicio así como del auto donde causo ejecutoria dicha sentencia y señala autorizado para recibirlas; agréguese a los presentes autos. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente la copia certificada que solicita y entréguese a la persona autorizada para ello, previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de veintiseis de noviembre del dos mil dieciocho, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar provisional, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá conservar copia de la demanda y de la citada medida; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha uno de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia interlocutoria por la que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo, y de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
En atención al estado procesal de los autos, se desprende que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista personal ordenada el treinta de octubre del año en curso, con relación a los oficios remitidos por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, residente en Guasave, Sinaloa y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que dicha determinación se les notificó el nueve de octubre de dos mil dieciocho; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Isidoro Beltrán Angulo; en ese sentido, la citada resolución causó ejecutoria el ocho de octubre del presente año, al no ser recurrida por alguna de las partes. En la inteligencia de que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 120/2018 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de sucesión promovidas por el tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta, y se dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía contradictoria. En el entendido de que la tutela constitucional se hizo extensiva respecto a la autoridad responsable ejecutora, Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, ya que sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de los atribuidos a la responsable ordenadora, por tanto, debía quedar insubsistente el certificado parcelario expedido en favor de Manuel Eusebio Beltrán Armenta derivado del juicio de sucesión que se dejó sin efectos. En ese contexto, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, residente en Guasave, Sinaloa a través del oficio 2595/2018 comunicó el acuerdo emitida el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 120/2018 de origen relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta, en el cual se dejó insubsistente todo lo actuado dentro del citado juicio, incluso la resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho. Además, se giró oficio al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, a efecto de que realizara la cancelación de la inscripción de la determinación de treinta de abril de dos mil dieciocho, lo cual se le había ordenado mediante el oficio TUA.D.27-879/2018 y, por ende, de todos los documentos generados con motivo de esa inscripción. De igual forma, se consideró la existencia de oposición del quejoso Isidoro Beltrán Angulo a la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el referido tercero interesado, por lo cual, se tuvo por concluida la vía planteada ante la oposición de parte legítima y, por consiguiente, se dejaron a salvo los derechos del tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta a fin de que los haga valer en la vía contradictoria mediante juicio de controversia conforme a las reglas previstas para el juicio sucesorio. Por su parte, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán por medio del oficio SDRAJ/ACC/1333/2018 comunicó que al realizar una búsqueda en el archivo documental, registral, técnico y catastral, se constató que no se habían efectuado inscripciones, así como tampoco expedición de algún certificado parcelario con motivo de la sentencia declarada insubsistente y, por ello, no se realizaron cancelaciones. Bajo ese panorama, se otorgó vista personal a las partes quejosa y tercero interesada con los oficios reseñados mediante el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el cual se les notificó el nueve de noviembre del mismo año, sin que realizaran alguna manifestación, como se precisó. En consecuencia, si la protección constitucional se circunscribió a que la responsable dejara insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 120/2018 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de sucesión promovidas por el tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta y se dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía contradictoria, lo cual ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUEDOS AL QUEJOSO ISIDORO BELTRAN ANGULO,Y AL TERCERO INTERESADO MANUEL EUSEBIO BELTRÁN ARMENTA, EL AUTO DE VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE:En atención al estado procesal de los autos, se desprende que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista personal ordenada el treinta de octubre del año en curso, con relación a los oficios remitidos por el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, residente en Guasave, Sinaloa y Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que dicha determinación se les notificó el nueve de octubre de dos mil dieciocho; por tanto, el suscrito juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Pues bien, se precisa que por sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Isidoro Beltrán Angulo; en ese sentido, la citada resolución causó ejecutoria el ocho de octubre del presente año, al no ser recurrida por alguna de las partes. En la inteligencia de que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 120/2018 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de sucesión promovidas por el tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta, y se dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía contradictoria. En el entendido de que la tutela constitucional se hizo extensiva respecto a la autoridad responsable ejecutora, Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, ya que sus actos no se reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia de los atribuidos a la responsable ordenadora, por tanto, debía quedar insubsistente el certificado parcelario expedido en favor de Manuel Eusebio Beltrán Armenta derivado del juicio de sucesión que se dejó sin efectos. En ese contexto, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintisiete, residente en Guasave, Sinaloa a través del oficio 2595/2018 comunicó el acuerdo emitida el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 120/2018 de origen relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta, en el cual se dejó insubsistente todo lo actuado dentro del citado juicio, incluso la resolución de treinta de abril de dos mil dieciocho. Además, se giró oficio al Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en Culiacán, Sinaloa, a efecto de que realizara la cancelación de la inscripción de la determinación de treinta de abril de dos mil dieciocho, lo cual se le había ordenado mediante el oficio TUA.D.27-879/2018 y, por ende, de todos los documentos generados con motivo de esa inscripción. De igual forma, se consideró la existencia de oposición del quejoso Isidoro Beltrán Angulo a la tramitación de las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por el referido tercero interesado, por lo cual, se tuvo por concluida la vía planteada ante la oposición de parte legítima y, por consiguiente, se dejaron a salvo los derechos del tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta a fin de que los haga valer en la vía contradictoria mediante juicio de controversia conforme a las reglas previstas para el juicio sucesorio. Por su parte, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán por medio del oficio SDRAJ/ACC/1333/2018 comunicó que al realizar una búsqueda en el archivo documental, registral, técnico y catastral, se constató que no se habían efectuado inscripciones, así como tampoco expedición de algún certificado parcelario con motivo de la sentencia declarada insubsistente y, por ello, no se realizaron cancelaciones. Bajo ese panorama, se otorgó vista personal a las partes quejosa y tercero interesada con los oficios reseñados mediante el acuerdo de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el cual se les notificó el nueve de noviembre del mismo año, sin que realizaran alguna manifestación, como se precisó. En consecuencia, si la protección constitucional se circunscribió a que la responsable dejara insubsistente todo lo actuado dentro del expediente 120/2018 relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria de sucesión promovidas por el tercero interesado Manuel Eusebio Beltrán Armenta y se dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía contradictoria, lo cual ya aconteció; es dable establecer que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida y se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
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