Isidoro Abraham Valerio Arellano
Expediente 598/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Isidoro Abraham Valerio Arellano
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja en contra del auto que desechó de plano la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo, 288 y 356, fracción ll, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del Juzgado. En consecuencia, archívese el presente expediente como concluido. Asimismo, por tratarse de un juicio de amparo que no tiene valor jurídico alguno ya que se desechó la demanda de amparo es susceptible de destrucción.
- Principal
Se tiene por recibido el escrito signado por *****, autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual desahoga el requerimiento que le fue formulado por auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, y toda vez que la materia de la prevención no implica cuestiones que ameriten la comparecencia personalísima del quejoso, se tiene por desahogado el referido requerimiento y al efecto se provee: En atención al contenido de la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la *****, así como el escrito aclaratorio de la misma; este órgano jurisdiccional advierte que la misma deviene improcedente, como se verá a prosecución. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe examinar la demanda de amparo sometida a su potestad, y en caso de que advierta alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio de que se trata, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la resolución de nueve de junio de dos mil dieciséis, dictada por la *** dentro del toca ****, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada ***** (contraparte del quejoso en el juicio de origen) contra el auto de once de abril de dos mil dieciséis, a través de la cual, ante lo parcialmente fundado de los agravios de la recurrente, modifica el auto impugnado y, en esencia, ordena llamar a juicio a *****, en su carácter de litisconsortes pasivos necesarios. En ese tenor, esta juzgadora federal estima que respecto del acto reclamado descrito con anterioridad, se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Expuesto lo anterior, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, mismos que tutela la Constitución; tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio y, por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la quejosa. El prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por ello, el amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: - Derechos Sustantivos. Lesionan los derechos fundamentales de la parte agraviada, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los derechos fundamentales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro de juicio. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en cuáles casos los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, a saber: I. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, De los criterios plenarios de referencia, se advierte que por regla general, los actos dentro del juicio son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva y, por excepción, en el amparo indirecto cuando tienen una ejecución de imposible reparación, por afectar directa e inmediatamente derechos sustantivos. Bajo este contexto, en el caso que nos atañe, surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio, debido a que el promovente señala como acto reclamado la resolución dictada por la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dentro del toca 410/2016, relativo al recurso de apelación interpuesto por la demandada María Cecilia Arellano Ramírez (contraparte del quejoso) contra el auto de once de abril de dos mil dieciséis, pronunciado en el juicio de origen expediente 120/2016, a través de la cual, ante lo parcialmente fundado de los agravios de la recurrente, modifica el auto impugnado y, en esencia, ordena llamar a juicio a Delfina Ramírez Cerón su Sucesión y Teodoro Ricardo Arellano Rodríguez, para integrar el litisconsorcio pasivo necesario; y, es evidente que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, puesto que no se ha dictado sentencia definitiva en el juicio de origen, aunado a que tiene efectos meramente procesales, dado que no afecta ningún derecho sustantivo al no producir de manera directa e inmediata afectación alguna a cualquiera de los derechos fundamentales del ahora quejoso, tutelados por la Constitución Federal mediante los derechos fundamentales, sino solamente genera efectos formales o intraprocesales, ya que si la sentencia que se llegare a pronunciar en cuanto al fondo es favorable a los intereses del promovente, esa violación sería impugnable en amparo directo, de conformidad con los artículos 171 y 172, fracción IX, de la Ley de Amparo, por constituir una violación procesal reclamable en la vía directa. No obsta a lo anterior, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 1a./J. 106/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, de enero de dos mil cinco, de rubro "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."; pues, en el caso que se analiza, no se actualiza el supuesto a que refiere dicha tesis jurisprudencial, ya que, se reitera, en el juicio de origen aún no se ha pronunciado la sentencia respectiva. En esas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 61 y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el tercero interesado ****, mediante el cual solicita se le sean entregados diversos documentos exhibidos por el aquí quejoso. En atención a su contenido, dígase al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que las documentales solicitadas fueron exhibidas por el quejoso, en ese orden de ideas al ser el quien exhibió las mismas, solo él está facultado para solicitar su devolución; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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