Isela Gutiérrez Ramírez
Expediente 2163/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2163/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/10/2018
Partes del expediente
- Isela Gutiérrez Ramírez
- Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafon del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
se declara que ha causado estado dicho auto en este expediente. La circunstancia anterior, hágase del conocimiento de las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y notificado que sea el presente acuerdo, archívese el expediente como concluido. este expediente es susceptible de destrucción, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, la copia certificada del oficio OCC/CA/9R/735/2018 que remite la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del expediente 2738/2017 y remite la boleta con el número de registro 001780/2018, de la que se desprende que correspondió al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, conocer del presente juicio de amparo, cuyo titular es el licenciado Víctor Manuel Jiménez Martínez; lo anterior, en atención al oficio STCCNO/367/2018, de treinta de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se determinó, entre otras cosas, que este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitiera al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, los juicios de amparo indirecto que al efecto se seleccionaron mediante el Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, notifíquese por medio de lista el presente acuerdo a las partes, a fin de que tengan conocimiento de la información que remite la oficiante.
- Principal
Visto el oficio que suscribe el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Novena Investigadora Guadalajara de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Jalisco, mediante el cual solicita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el incidente de suspensión en que se actúa; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, e infórmese a la autoridad, que dada la voluminosidad del incidente de suspensión 1798/2017, una vez que se fotocopie, compulse y certifique, se le remitirán de inmediato las copias que solicita.
- Principal
Como esta ordenado en autos por este medio se notifica a la parte quejosa, la sentencia de diez de agosto de dos mil dieciocho, que dice.- VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 520/2018 y su acumulado 521/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, promovido por Jorge Flores Álvarez, por conducto de su apoderado legal Raúl Arellano Guzmán, contra actos del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda relativa al juicio de amparo 520/2018. Mediante escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Jorge Flores Álvarez, por conducto de su apoderado legal Raúl Arellano Guzmán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco. Con domicilio ampliamente conocido en dicho municipio. 4. ACTO RECLAMADO. H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco; el cumplimiento del laudo de fecha 02 de mayo del 2017, dentro del expediente 1517/2013-E1. Al cual ya se le puede atribuir el carácter de autoridad responsable como lo sustenta el siguiente criterio por contradicción de tesis; [SE TRANSCRIBE]". Lo que estimó contrario al artículo 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Presentación y datos de la demanda relativa al juicio de amparo 521/2018. Mediante escrito recibido el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, Jorge Flores Álvarez, por conducto de su apoderado legal Raúl Arellano Guzmán, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: "3. AUTORIDAD RESPONSABLE. H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con domicilio ampliamente conocido. AUTORIDADES EJECUTORAS; Actuario Notificador adscrito a la mesa 'E1' del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con domicilio ampliamente conocido. 4. ACTO RECLAMADO. En cuanto al Tribunal de Arbitraje y Escalafón; PRIMERO.- La violación a mis derechos humanos y garantías constitucionales. En primer término la falta de administración de justicia en tiempo y forma dentro de la ejecución del laudo. Ya que la responsable ha sido omisa en realizar la ejecución del laudo de forma oficiosa. Lo anterior dentro del expediente natural 1517/2013-E1. De las ejecutoras: Del actuario notificador; la omisión de notificar en tiempo y forma todos y cada una de las resoluciones emitidas por la diversa autoridad responsable". Lo que estimó contrario al artículo 1 y 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Acumulación, admisión, resolución de queja y trámite de las demandas. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, órgano jurisdiccional al que por razón de turno correspondió el conocimiento de las demandas de amparo, las registró con el consecutivo 520/2018 y 521/2018; decretó la acumulación del juicio de amparo 521/2018 al diverso juicio 520/2018; las admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción la intervención legal que le compete; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Inconforme con la admisión del juicio de amparo 520/2018, el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, interpuso en su contra recurso de queja, al estimar que se debía desechar dicha demanda por notoriamente improcedente al reclamarse un acto intraprocesal contra el cual no procede el juicio de amparo biinstancial; además indicó que como se reclama un supuesto incumplimiento, no puede tener la calidad de autoridad responsable el Ayuntamiento de Guadalajara, ya que éste fue condenado en el laudo emitido en el juicio primigenio, en el cual es parte demandada. Dicho recurso, por razón de turno fue del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo registró como recurso de queja 114/2018 de su índice y resolvió en la sesión de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en los términos siguientes: "En su primer agravio el recurrente argumenta que el amparo es notoriamente improcedente, porque el quejoso se duele en su demanda de amparo, de un supuesto incumplimiento respecto de los conceptos a que el Ayuntamiento de Guadalajara fue condenado en el laudo emitido en el juicio primigenio; además, que dicho acto no puede ser considerado en sí mismo, una afectación irreparable, sino que únicamente es una mera violación de carácter adjetiva, y que contra ese tipo de actos, aduce, el amparo es improcedente, sustentó su argumento en la jurisprudencia 48/2016, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Los anteriores argumentos resultan infundados, como se verá a continuación: [.] Aunado a lo anterior, este órgano colegiado no advierte que se actualice alguno de los supuestos por los que el Juez de Distrito pueda desechar la demanda de amparo, es decir, no se advierten motivos de improcedencia indudables y manifiestos para que se pudiera proceder a su desechamiento, conforme a las jurisprudencias vigentes a la fecha de presentación de las demandas de amparo, es decir, veinte de febrero de dos mil dieciocho. [.] Luego, contrario a lo aducido por el recurrente, en el auto de radicación de la demanda de amparo el juzgador de Distrito no está en condiciones de efectuar un análisis profundo sobre la improcedencia del juicio, dado que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta, en efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 297/2011, integró la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, página 929, de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. [.] Es por ello que, conforme a las jurisprudencias invocadas en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo indirecto, el juzgador de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el juicio de amparo es o no improcedente, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que en su momento se acompañen a ésta. Por tanto, el juzgado de Distrito, contrario a lo aducido por el recurrente, no estaba en aptitud para desechar de plano la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. [.] Además, se estima que la litis constitucional se basó en el proceder de la autoridad responsable, esto es en la omisión de cumplir el laudo dentro de los plazos y términos legales, precisamente por alegarse infracción al artículo 17 Constitucional. En efecto, del análisis conjunto e integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión de la responsable de acordar lo conducente en tiempo y forma las diligencias respectivas a la ejecución de laudo, en razón de que desde el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, se aprobó la planilla de liquidación y el veinte de octubre del mismo año, se inició la ejecución del laudo, sin éxito. [.] Cabe señalar, que en el caso concreto, es aplicable la contradicción de tesis 325/2015, de la Segunda Sala, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) , al actualizarse la excepción de paralización del procedimiento y dilación excesiva, porque la responsable ha sido omisa en acatar el laudo, a pesar de que la ejecución se inició desde el veinte de octubre de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. [.]". La aplicación se materializa porque la misma contradicción establece que de advertirse del contenido de la propia demanda la existencia de una abierta dilación del procedimiento o que el mismo esté paralizado totalmente, debe ser procedente el juicio de amparo, circunstancia que se desconoce si el procedimiento de ejecución podría encontrarse en una abierta dilación o paralizado totalmente. En el segundo agravio, refiere que el Juez de Distrito indebidamente, admitió la demanda de amparo indirecto, determinando que al Ayuntamiento, ahora recurrente, le reviste el carácter de autoridad responsable, y por ende, deja de tenerlo como tercero interesado, lo que alega, resulta ilegal y contrario a derecho, ya que no siempre los funcionarios que conforman directamente la administración pública son autoridad para los efectos del amparo. [.] Los anteriores argumentos, son infundados, como se verá a continuación: Este órgano colegiado considera correcto el actuar del Juez Federal, al tener también, como autoridad responsable al aquí recurrente Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, ya que el trabajador quejoso, como se transcribió anteriormente, le atribuyó el incumplimiento del laudo. Como se puede ver de lo anterior, el trabajador actor reclamó en el amparo de origen al órgano de gobierno, su omisión o negativa de hacer valer las medidas de apremio para lograr la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 1517/2013-E1. Además, contrario a lo alegado por el Ayuntamiento recurrente, sí cobra aplicación al caso concreto la Jurisprudencia 2a./ J. 85/2011, invocada por el quejoso en el amparo principal, de ahí que resulte correcto que el juzgador haya tenido a la aludida autoridad recurrente como responsable en el juicio de amparo indirecto de origen, ya que con base en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, tienen ese carácter, con independencia de su naturaleza formal, las que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutor los actos reclamados. Así como la jurisprudencia del Pleno del Décimo Quinto Circuito, de rubro: "MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Aun y cuando el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, aquí recurrente se ubica procesalmente en un plano de igualdad con el quejoso, en el juicio laboral de origen número 1517/2013-E1, en razón de que contiende contra el trabajador actor; sin embargo, la contumacia o negativa (reclamada) en dar cumplimiento al laudo, ante la imposibilidad jurídica de cumplir con el pago de lo laudado, tiene exclusivamente como medios de apremio la multa y la suspensión en el cargo hasta por quince días, sin goce de sueldo; medidas procedimentales que no necesariamente resultan eficaces para vencer la conducta contumaz de los Ayuntamientos Constitucionales; consecuentemente la omisión de acatar lo decidido jurisdiccionalmente, constituye acto de autoridad, es reclamable en vía de amparo. Se sustenta lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 85/2011, que cita el aquí recurrente, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). [.]." De conformidad con la Jurisprudencia transcrita, de observancia obligatoria, la omisión en dar cumplimiento a una sentencia condenatoria (laudo) por los organismos de la Administración Pública de la Federación o de las entidades federativas, debe ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, pues aun cuando la sujeción de los órganos estatales a un plano de igualdad en el procedimiento burocrático, evidencia una relación de coordinación entre las partes; en la etapa de ejecución, se establece a favor de aquéllos una excepción a este principio por su calidad de órgano del Estado, por lo cual, en caso de incumplir voluntariamente, el desacato a lo ordenado deja de ser un acto de "particulares" o coordinado, para los efectos del juicio de amparo, porque esa omisión se realiza al recuperar la autonomía, imperio y unilateralidad de su conducta, en perjuicio de la esfera jurídica del gobernado, quien obtuvo un fallo favorable. De tal forma, el incumplimiento voluntario y oportuno por parte de los órganos del Estado (dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas), según se interpretó en la ejecutoria de la que derivó la Jurisprudencia reproducida, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualiza una afectación en la esfera legal del particular que pone de manifiesto una relación supra-subordinada. Conforme a ese criterio, el trato diferenciado consistente en "el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa", no sólo puede derivarse de una prerrogativa derivada de la ley, como es de la excepción al principio de igualdad procesal previsto en el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, sino también por la falta de previsión o carencia de instrumentos e instituciones jurídico- procesales eficientes para lograr el cumplimiento efectivo de los laudos o sentencias, por las razones que se expusieron como cuestión previa. En tales condiciones, pese a que el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, señalado como autoridad responsable, ahora recurrente, en su carácter de órgano de gobierno, no puede equipararse a las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas a las que se refiere el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque su naturaleza lo define como una institución política y de gobierno de carácter autónomo -que de suyo presupone encontrarse exento de una relación de jerarquía con los gobiernos estatal y federal-, fácticamente se presentan idénticas circunstancias que con el tema que dilucidó la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2ª./J. 85/2011. Es así, como se dijo, respecto a lo omisión de dar cumplimiento a la ejecución del laudo pronunciado en el juicio laboral 1517/2013-E1, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no se está más ante una relación de coordinación, lo que implica la colocación del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, en un plano de superioridad frente a su contraparte con la que había estado sujeto a una relación de igualdad, porque esa actitud contumaz en dar cumplimiento a un fallo involucra de facto una facultad discrecional; y es precisamente la legislación la que convierte, exclusivamente en esta situación, la relación de coordinación en una relación de supra a subordinación, en virtud del privilegio procesal otorgado al organismo del Estado, probablemente por el interés público que reviste el que los órganos estatales no se coaccionen entre sí y no se afecten con mandamiento de ejecución o embargo de sus bienes. En efecto, si bien el Ayuntamiento recurrente (como órgano de gobierno del Municipio) no se encuentra expresamente contemplado dentro de la excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, que proscribe estimarlo como sujeto de una ejecución forzosa (o providencia de embargo) a fin de que el particular gobernado obtenga la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor, la legislación burocrática local sólo prevé un procedimiento de ejecución en la vía de apremio, la cual resulta limitada e ineficaz para lograr un pronto y expedito cumplimiento de los laudos emitidos por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en los artículos 139 a 143, establecen: [Se transcriben]. De los artículos reproducidos deriva, en lo que trasciende: Que las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón serán inapelables y deberán ser cumplidas desde luego, especialmente por parte de quien sea condenado en el laudo. Que las demás autoridades están obligadas a prestar auxilio al tribunal, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. Que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas desde diez hasta cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara, así como suspender en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo a los funcionarios que debieron darle cumplimiento. Asimismo, tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; para lo cual dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Como puede observarse, la legislación burocrática del Estado de Jalisco, desarrolla el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales. En esencia, sobresale la facultad que se otorga al Tribunal de trabajo para imponer multas y suspensión en el cargo a los funcionarios encargados del cumplimiento; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento del laudo; y la obligación de despachar auto con efectos de mandamiento en forma, que mandará notificar en el domicilio procesal para que se requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo. Luego, si en el referido procedimiento laboral, la ejecución de los laudos tiene los límites antes referidos, esto es, que sólo se podrá apremiar a la autoridad a que cumpla con la condena impuesta, así como la destitución al cargo, sin que prevea la vía ejecutiva o la providencia de embargo relativa, para que efectivamente se cumpla con el laudo condenatorio; entonces, es claro que se actualizan las notas distintivas que determinan el carácter de autoridad, pues en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, el Ayuntamiento recurrente, se encuentran colocados de facto en un plano de desigualdad procesal, pues: a) Implícitamente se privilegia a los ayuntamientos y entes de gobierno si la ley no prevé un mandamiento de ejecución eficaz, sin que vía interpretación sea factible estimar que el tribunal se encuentra facultado a proveer una ejecución (vía ejecutiva o providencia de embargo) no prevista en la ley. b) En tal virtud, aquél se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular atendiendo a su calidad de instituto político y de gobierno del Estado, sujetando su cumplimiento voluntario a una potestad discrecional. c) El uso de esa potestad, implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó resolución a su favor. Similar criterio en materia administrativa ha adoptado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 386/2011, de la que derivó la Jurisprudencia 2ª./J 1/2012, consultable en la página 894, Libro V, del Tomo V, febrero de 2010, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, vigente, de conformidad a lo estipulado por el artículo quinto transitorio de la Ley de Amparo, al no oponerse a las nuevas disposiciones en la materia, de rubro y texto: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. [.]." En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, la Segunda Sala prescindió estimar la excepción al principio de igualdad prevista en el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues determinó que en los procedimientos contenciosos administrativos que se susciten entre gobernantes y gobernados se está en presencia de una relación de supra-subordinación pues el hecho de que el órgano del Estado sea contraparte del actor no conduce a una transformación o cambio de esa relación a otra de coordinación, pues no pierden su calidad de autoridad y gobernado. Por lo tanto, si con motivo de un laudo firme, no se logra su cumplimiento, la contumacia que actualiza dicha omisión podrá analizarse a través del juicio de amparo indirecto, pues se traduce en violación al derecho fundamental de acceso a la justicia en obtener la ejecución de una sentencia. En ese orden, se concluye que las notas características analizadas en las contradicciones de tesis 422/2010 y 386/2011, dan cuenta de la uniformidad que se ha sustentado bajo diversas interpretaciones en el sentido de que las omisiones atribuidas a órganos o dependencias de gobierno en dar cumplimiento a una sentencia o laudo condenatorio implican verdaderos actos de autoridad, porque al omitir el cumplimiento voluntario, impiden satisfacer el derecho que la sentencia o laudo otorga a su favor, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución, en su dimensión de acceso y administración de la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.XV. J/21 A (10a.), dictada por el Pleno del Décimo Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo III, Página 1538, que se comparte, de rubro y texto: "MUNICIPIOS Y/O AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SUS DEPENDENCIAS. LA OMISIÓN DE CUMPLIR VOLUNTARIAMENTE UN LAUDO CONDENATORIO QUE PUEDA AFECTAR SU PATRIMONIO EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADOS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. [.]" Asimismo, cabe destacar, que al resolverse la contradicción de tesis 10/2015, por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, entre los criterios sustentados por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el que el primero y segundo tribunales referidos, en esencia sostuvieron que el incumplimiento por parte de un Ayuntamiento del Estado de Jalisco voluntariamente a un laudo dictado en el juicio en que figuró como parte, constituye un acto de autoridad, mientras que el último tribunal citado sostuvo lo contrario, es decir, que no le reviste carácter de autoridad; al respecto en la sentencia respectiva, se determinó que sí existía contradicción de criterios, sin embargo, era improcedente la contradicción de tesis, ya que sobre el tema a dilucidar, existía criterio jurisprudencial 2a./J. 85/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual incidía en la materia de la contradicción en análisis, ya que el punto de divergencia ya había sido despejado en la jurisprudencia referida, al concluirse que la omisión de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las Entidades Federativas, de cumplir voluntariamente con la sentencia dictada en su contra, constituye un acto de autoridad, susceptible de reclamarse en amparo, sin que fuera obstáculo que los procedimientos de los que derivaron los actos reclamados en los juicios de amparo indirecto, cuyas decisiones propiciaron los pronunciamientos de los Tribunales Colegiados contendientes, fueran en juicios laborales burocráticos, ya que el problema jurídico a dilucidar, era esencialmente igual. Sin que sea óbice a lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo anterior, tomando en cuenta que la contradicción de tesis 116/2014, que originó el citado criterio, se examinó la legislación de Quintana Roo y Yucatán y no precisamente la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que en el caso concreto deben considerarse las circunstancias particulares del caso, debiéndose destacar que de las legislaciones de Quintana Roo y Yucatán, en sus artículos 158 y 162 , respectivamente, sobresale la facultad de la obligación de dictar auto de ejecución y comisionar a un actuario para que requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo, lo cual no se estipula en la legislación burocrática del Estado de Jalisco, de ahí que se determine no resulta aplicable al caso, sino la diversa jurisprudencia 2a./J. 85/2011, ya citada. Por ende, en el caso, el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, aquí recurrente, tienen carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo y en consecuencia, procede declarar infundado este recurso, [.] Por lo expuesto y fundado; se, RESUELVE: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco contra el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 520/2018 y su acumulado 521/2018, por el Juez Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco". De lo anterior, se desprende que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja número 114/2018, lo declaró infundado determinando: - Que el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, aquí recurrente, tiene carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que el trabajador quejoso, como se transcribió anteriormente, le atribuyó el incumplimiento del laudo. - Que aún y cuando es aplicable al caso concreto la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), no puede desecharse la demanda desde el auto admisorio, pues hasta esa etapa procesal no estaba demostrado de forma manifiesta e indudable que se actualiza la causal de improcedencia mencionada, al no estar probado sin lugar a dudas si existe o no una abierta dilación del procedimiento o que el mismo no está paralizado totalmente, razón por la cual se indicó que debía admitirse la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos. Los datos relativos al recurso de queja 114/2018 previamente detallados, se obtuvieron al consultar la página electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal y, por tanto, se invoca como hecho notorio, en razón de que las publicaciones en la red Intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en atención a que la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a la letra reza: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Finalmente la audiencia constitucional inició a las diez horas con dieciocho minutos del cinco de mayo de dos mil dieciocho, conforme al acta respectiva. TERCERO. Remisión del expediente al Juzgado Auxiliar. Tramitado el juicio de amparo, en proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ordenó la remisión de los autos del presente juicio de amparo al Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, lo cual se hizo mediante oficio 22348/2018; en términos de los Acuerdos Generales 51/2009 y 52/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, juicio de amparo que le correspondió conocer a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, el que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 265/2018; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción III, Segundo, fracción III, punto tres, Cuarto, fracción III; y Quinto, primer párrafo, punto nueve, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo número 51/2009, del mismo órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran; punto PRIMERO del Acuerdo General 52/2009 del mencionado órgano, relativo al inicio de funciones de este juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; y oficio STCCNO/367/2018 de treinta de abril de dos mil dieciocho, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se comunica que este órgano jurisdiccional apoyará a partir de la remesa de mayo de dos mil dieciocho al Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan; en atención a que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito de competencia de dicho órgano de control de la constitucionalidad, al que este órgano jurisdiccional está apoyando en el dictado de las sentencias. Asimismo, previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control de la constitucionalidad se encuentra circunscrita a dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, al haber sido creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente, conforme lo integró el Juzgado Auxiliado. De conformidad con lo establecido en los puntos primero y quinto, primer párrafo, del Acuerdo General 51/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. Lo anterior encuentra apoyo en los Criterios de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, derivados de consultas formuladas con motivo del trámite de envío-recepción-devolución de expedientes a los órganos jurisdiccionales auxiliares, específicamente en el: "3.-TÍTULO Amparos indirectos no integrados debidamente. Procede dictar la sentencia y no su devolución", visible en la página http://www.cjf.gob.mx/secretarias/secjacno/Creacion%20Nuevos20 Organos/criteriosComision.html, del contenido siguiente: "Cuando el punto toral de la consulta se circunscribe a que en un amparo indirecto se reclama, entre otros actos, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, sin que al afecto se hayan llamado como responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo en un asunto en el que ya se celebró la audiencia constitucional, dicho aspecto debe considerarse de naturaleza jurisdiccional que se ubica fuera del ámbito de atribuciones administrativas que sobre el particular caso de la distribución de las labores judiciales están conferidas a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, como pudiera ser la cantidad, cualidad y temporalidad de los expedientes a enviarse a los órganos jurisdiccionales auxiliares; en tal virtud, al órgano oficiante le reviste plena libertad para que, en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, resuelva el asunto de que se trata, conservándolo para que dicte la sentencia que en derecho corresponda. Una decisión en sentido contrario, equivaldría a una reposición de procedimiento, lo que, en su caso, sólo sería factible a través del recurso de revisión de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. (Consulta formulada por el Magdo. Titular del Segundo Tribunal Unitario del Centro Auxiliar de la Quinta Región - 30-enero-2012-)". SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama: Al Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional: la omisión de dar cumplimiento y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral número 1517/2013-E1. No pasa inadvertido que el quejoso de forma expresa reclama al actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco "la omisión de notificar en tiempo y forma todos y cada una de las resoluciones emitidas por la diversa autoridad responsable", sin embargo de un análisis integral a la demanda de amparo se aprecia que lo que realmente reclama es la omisión de dar cumplimiento y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral número 1517/2013-E1, pues incluso aduce que no se ha respetado su derecho a una justicia pronta y expedita por las omisiones en que han incurrido las responsables; de ahí que se fije el acto reclamado en los términos previamente establecidos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos atribuidos al Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, consistentes en la omisión de dar cumplimiento y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral número 1517/2013-E1; lo anterior, ya que dichas autoridades al rendir su informe justificado, realizaron diversas manifestaciones que presumen su certeza, pues expusieron diversos argumentos tendentes a demostrar la legalidad de sus actos. Asimismo, de conformidad con el ordinal 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado el acto atribuido al actuario adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el cual se detalló en el considerando que antecede, ya que dicha autoridad, fue omisa en rendir su informe no obstante se le solicitó oportunamente. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, deben analizarse los motivos de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este juzgador, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. El Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, al rendir su informe justificado aduce que respecto de la omisión de dar cumplimiento y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral número 1517/2013-E1 del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que dichos actos, de acuerdo a su naturaleza, no son de aquéllos que produzcan una ejecución de imposible reparación. Dicha causal es fundada. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte; es decir, aquellos cuyas consecuencias impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no los que sólo produzcan una lesión jurídica formal o adjetiva, que pudiera no llegar a trascender al resultado del fallo. Al respecto conviene establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 325/2015 de su índice, resolvió lo siguiente: "Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción." Los razonamientos anteriores dieron origen a la jurisprudencia siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De lo anterior se desprende que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, con motivo de una dilación en la prosecución judicial, aun cuando alegue violaciones directas a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, al no estar ante la presencia de una "omisión autónoma" sino que se origina dentro del procedimiento mismo en el que es parte el quejoso; de ahí que para que proceda el amparo contra éstos actos debe existir una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo. Ahora, en el caso concreto, la parte promovente señala que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral número 1517/2013-E1; aduciendo que ello es contrario a la prosecución en tiempo del procedimiento natural. Por tanto, debe verificarse si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Los actos aquí reclamados no se consideran como de aquellos que dilaten abiertamente el procedimiento o lo paralicen totalmente, a la luz de las condiciones prevalecientes en el juicio de origen, pues si bien entre la fecha en que causó ejecutoria el laudo que se dice no se ha cumplimentado (veinte de octubre de dos mil dieciséis) y la data en que se presentó la demanda de amparo (diecinueve de febrero de dos mil dieciocho) habían transcurrido un año y cuatro meses, ello no implica que exista una dilación excesiva, pues durante ese periodo la responsable realizó diversas actuaciones tendentes al cumplimiento del laudo, entre las que se encuentran las siguientes: veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, diligencia de reinstalación del ahora quejoso; diecinueve de julio de dos mil diecisiete, resolvió incidente de planilla de liquidación; veinte de octubre de dos mil diecisiete y nueve de febrero de dos mil dieciocho, ordenó requerir el cumplimiento del laudo, utilizando los medios de apremio que tiene a su alcance para lograrlo. Ante tal panorama jurídico, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual, resulta procedente sobreseer en el juicio, conforme al artículo 63, fracción V, de la legislación invocada. En virtud de lo anterior, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa para demostrar la inconstitucionalidad de los actos impugnados, toda vez que ello constituye el fondo de la litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido del presente estudio (sobreseimiento). Finalmente, no pasan inadvertidos los alegatos expresados por el quejoso ni el pedimento que formuló el Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado auxiliado; sin embargo, no se realizará su análisis, pues al no formar parte de la litis constitucional, su estudio sólo resulta obligado cuando en éste se hagan valer causales de improcedencia, las cuales no es necesario analizar pues atendiendo al sentido de la presente resolución su estudio en nada variaría la misma. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Flores Álvarez, contra la omisión de dar cumplimiento y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral número 1517/2013-E1, atribuido al Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional; lo anterior, por los motivos expuestos en el último considerandos de este fallo. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución y el medio de almacenamiento electrónico que contenga la misma, devuélvanse los autos a su lugar de origen, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, para que se proceda en términos de las fracciones VI y VII y párrafos siguientes, del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares, debiendo quedar testimonio de ella en el cuaderno auxiliar 265/2018, del índice de este Juzgado de Distrito, el que en su momento será enviado al archivo. Asi como el proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho que dice.- Vista la copia certificada del oficio que suscribe la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Novena Región, mediante el cual remite el diverso oficio signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con Residencia en Zacatecas, Zacatecas; en consecuencia, únicamente agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con Residencia en Zacatecas, Zacatecas, mediante el cual remite un cuaderno de pruebas y los autos del juicio de amparo 520/2018 y su acumulado 521/2018, que contiene la resolución emitida el diez de agosto de dos mil dieciocho, en el cuaderno auxiliar 265/2018, en la que se resolvió: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Flores Álvarez, contra la omisión de dar cumplimiento y ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral número 1517/2013-E1, atribuido al Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco y al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional; lo anterior, por los motivos expuestos en el último considerandos de este fallo." Hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y expídase el acuse de recibo de estilo. Consecuentemente, toda vez que el diez de agosto del presente año, se terminó el engrose de la resolución correspondiente en el presente juicio de garantías; por tanto, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes formado, para los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el oficios registrado con el número 16181, suscrito respectivamente, por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual, remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, de la que se observa que la superioridad en el toca de queja 114/2018, en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco contra el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto 520/2018 y su acumulado 521/2018, por el Juez Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco."; agréguense a los autos para los efectos legales procedentes; al efecto, se provee: Toda vez que en proveído de tres de julio de esta anualidad, se reservó proveer lo que en derecho correspondiera sobre el oficio antes relacionado, hasta en tanto, se terminara el engrose de la sentencia correspondiente, y dado que dicha circunstancia ya aconteció; por consiguiente, se ordena notificar a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público, la sentencia de diez de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el citado órgano auxiliar.
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