Isela Eugenia Salazar Valdivia
Expediente 2362/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2362/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- Isela Eugenia Salazar Valdivia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Informe sobre desahogo de prueba pericial. Téngase por recibido el oficio del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual informa que recibió el oficio 1880/VGR-CARM/2019 remitido por el Maestro Humberto Ortiz Rodríguez, Vice Fiscal General Regional Carmen Campeche, por el que le comunicó que no contaba con perito disponible en la especialidad requerida, por lo que solicita que toda vez que no hay perito disponible se autorice que la diligencia en materia de grafoscopia y documentoscopia se lleve a cabo con dos peritos, y en caso de ser así, le sea comunicado a efecto de estar en aptitud de señalar fecha y hora para el desahogo de la referida diligencia. En atención a su contenido, se hace de su conocimiento que está en aptitud de desahogar la diligencia que le fue encomendada con el número de perito que indica; lo anterior, siempre y cuando se lleven a cabo los lineamientos ordenados en el proveído del veintidós de octubre del año en curso, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante informando el número de fax y el correo electrónico mediante el cual se le pueden enviar oficios respecto del presente asunto. Se requiere informe. En consecuencia, a efecto de agilizar el trámite del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado de Campeche, para que una vez que nombre peritos en materia de grafoscopía y documentoscopía y, señale fecha y hora para el desahogo de la prueba ofrecida en autos, dentro del plazo máximo de tres días, lo haga del conocimiento de este Juzgado Federal; lo anterior a fin de estar en aptitud de hacerlo del conocimiento de las partes y puedan presentar a sus peritos. Apercibido que de no hacerlo dentro de los plazos señalados, se le impondrá multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): ... San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Estudio de la demanda. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 2362/2019-III; asimismo, se advierten los siguientes datos: Parte quejosa. *** Tercero interesado. *** Autoridades responsables: 1. Secretario de Acuerdos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. 2. Proyectista adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. 3. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. 4. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Acto reclamado. La omisión de declarar cerrada la instrucción en el juicio laboral D-3/97/2018 de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, y como consecuencia la omisión de dictar laudo y su notificación a las partes. Desechamiento de la demanda de amparo respecto del Secretario de Acuerdos y Secretario Proyectista de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. Ante todo, debe tenerse presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese sentido, del escrito inicial de demanda de amparo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Secretario de Acuerdos, así como al Secretario Proyectista (auxiliar) de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a quienes les reclamó la omisión de declarar cerrada la instrucción, así como la omisión de turnar el expediente al proyectista a efecto de realizar el proyecto de laudo y la realización del laudo, respectivamente, dentro del juicio laboral D-3/97/2018 del índice de la autoridad responsable. Respecto de dichos actos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la citada ley, que disponen: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto de que realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos humanos reconocidos o las garantías fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernador y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, se afirma que en el caso se actualiza tal causa de improcedencia, debido a que la función del Secretario de Acuerdos, así como del Secretario Proyectista (auxiliar) de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla está limitada a autorizar y dar fe de lo actuado por la citada Junta, es decir, únicamente fungen como fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, por lo que resulta evidente que no actúa en calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, de ahí que no les reviste el carácter de autoridades responsables con el que se les señaló en la demanda de amparo. Lo anterior se corrobora de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 604, 605 y 605 bis de la Ley Federal del Trabajo, que en lo conducente establecen: "CAPITULO XII Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 604. Corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de su competencia, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas. Artículo 605.- La Junta se integrará con un representante del Gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Habrá un secretario general de acuerdos y, de ser necesario, otros secretarios generales y secretarios auxiliares, según se juzgue conveniente, de conformidad con lo que disponga el Reglamento Interior de la Junta. Artículo 605 Bis. El secretario general de acuerdos actuará como secretario del Pleno. Es el encargado de formular el orden del día que determine el Presidente y de levantar el acta de la sesión, que será aprobada antes de su terminación. El secretario general de acuerdos auxiliará al Presidente en las funciones que le competen. Los secretarios generales de la Junta, de acuerdo a sus atribuciones, son los encargados de organizar, vigilar y evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y eficiente de los procedimientos que se llevan a cabo en las Juntas Especiales y en las áreas a su cargo, cuidando que se desarrollen de conformidad con lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables, así como de la evaluación del desempeño de los servidores públicos a los que se refiere la fracción I del artículo 614 de la presente Ley. Los secretarios generales, vigilarán la tramitación de los procedimientos de su competencia a través de los Auxiliares y Secretarios Auxiliares que les sean adscritos, quienes, bajo su responsabilidad, deberán dictar en debido tiempo y forma, los acuerdos que procedan para asegurar la continuidad del procedimiento. En el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se establecerán las competencias y responsabilidades respectivas. Artículo 619.- Los Secretarios Generales de la Junta tienen las facultades y obligaciones siguientes: [.] II. Dar fe de las actuaciones de la Junta en el ámbito de su competencia; y [.]. CAPITULO XIII Juntas locales de conciliación y arbitraje Artículo 621.- Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una de las Entidades Federativas. Les corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 623. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con los representantes de los trabajadores y de los patrones. La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del Distrito Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, respectivamente." Asimismo, es dable destacar lo que al efecto prevén los artículos 34 y 35, fracciones IV y VII del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla: "CAPÍTULO IX DE LOS SECRETARIOS ARTÍCULO 34.- Cada Junta Especial de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje, contará con el número de Secretarios que les sean asignados. ARTÍCULO 35.- Los Secretarios, además de las facultades y obligaciones que se consignan en la ley, tendrán las siguientes: I. Cumplir con las instrucciones del Presidente de la Junta, del de la Junta Especial y el del Auxiliar; [.] IV. Dar fe del debido funcionamiento de la Junta Especial, en cada actuación, y de la comparecencia de las partes, asesores, peritos, testigos y demás personas que deban intervenir en las audiencias, y en el desarrollo de las mismas deberá dar cuenta a la Junta o Presidente ejecutor con lo (sic) autos, escritos exhibidos por las partes ya sea en la audiencia o por conducto de la Sección de Correspondencia, haciendo constar los anexos que se acompañen a los mismos; [.] VII. Autentificar con su firma las copias certificadas, cotejos y compulsas que se hayan ordenado y darán fe de los acuerdos, autos incidentales, resoluciones interlocutorias y laudos; [.]" Como se ve, de las anteriores transcripciones se advierte que las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla se rigen por las mismas disposiciones que regulan la integración y funcionamiento de la Junta Federal; así, el Secretario de acuerdos de la Junta tiene como función primordial dentro de sus distintas facultades la de auxiliar al Presidente de la Junta en la organización, vigilancia, desarrollo y resolución de los procedimientos que sean de su competencia, así como dar fe de las actuaciones en los mismos. Por ende, no puede estimarse que el Secretario de Acuerdos, así como al Secretario Proyectista (auxiliar) de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla les asistas la calidad de autoridades responsables, lo que actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° y 5º de la Ley de Amparo; por lo tanto, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la misma ley, lo procedente es desechar en el juicio respecto de la intervención reclamada a dichas autoridades. Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudenciaI.2o.P.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal visible en la página 87, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Si bien es cierto que de acuerdo a los artículos 64, fracción III, 79 y 80 de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, entre las facultades del secretario de acuerdos se encuentra la de autorizar toda clase de resoluciones dictadas por el juez; empero, dicha función asignada no implica que resuelva conjuntamente con el juzgador, quien es el único responsable de su fallo, y solamente, el referido secretario autoriza, en función de fedatario, sin imperio ni facultad decisoria; consecuentemente, esa autoridad, en forma autónoma, no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de garantías, por lo que es improcedente dicho juicio por el acto que se le reclama." No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el auto inicial no es posible analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, en este caso no se requiere hacer un análisis profundo, ya que tal estudio tan sólo reproduce lo sostenido en las jurisprudencias transcritas, es decir, sólo se aplican criterios vinculantes aplicables al caso concreto, de modo que sería ocioso tramitar la demanda, por lo que hace a la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Admisión respecto a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla y Actuario de su adscripción Vista la demanda de amparo, se admite a trámite. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguiente a la notificación del presente acuerdo, ante este Juzgado Federal; en el que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo o, en su caso, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Se solicitan constancias. Al respecto, se precisa que en el plazo señalado deberán acompañar la totalidad de las constancias que justifiquen los actos reclamados, anexando copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, además de presumirse cierto los actos que de ellas se reclamen, cuando así corresponda, se les impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Información sobre causas de improcedencia. Se solicita a las autoridades responsables a fin de que en caso de tener conocimiento de alguna causa de improcedencia la informen, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa de 30 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Información sobre otros juicios de amparo. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación indiquen si existen otros juicios de amparo relacionados con el presente, y acompañen las constancias respectivas. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil veinte. Incidente de suspensión. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa y no procede tramitarlo de oficio, ya que los actos reclamados no encuadran en los supuestos previstos en los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo. Intervención del Ministerio Público Adscrito. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención legal que le corresponde. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizados. Se tienen como autorizados en los términos que indica a las personas que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado expresamente. Emplazamiento de la parte tercera interesada. El artículo 5, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo establecen que tienen el carácter de tercero interesado: la persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; la contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario. En consecuencia, se tiene como tercero interesado a Miguel Ángel Reyes González. Ahora bien, a fin de emplazar a juicio a dicha parte procesal, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, proporcione a este órgano jurisdiccional el último domicilio -particular y procesal- de la parte tercera interesada, que obre en autos de su índice, en el cual puedan ser emplazada a juicio. Se apercibe a la autoridad referida que de no hacerlo, con apoyo en los ordinales 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida actualización de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015 , respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Información reservada. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinará si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Documentación confidencial. Por otro lado, se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberá(n) enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada", o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que le corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, en términos de lo dispuesto en los artículos 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; apercibida(s) que de no hacerlo, se entenderá que se trata de versiones públicas y, consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta. Obligación de recibir oficios. Se informa a la(s) autoridad(es) responsable(s) que conforme al artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está(n) obligada(s) a recibir los oficios que en relación con este juicio se le(s) dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, siempre que no exista duda y resulte evidente la existencia de la(s) autoridad(es), el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es), en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá(n) por hecha(s); además de que se le(s) impondrá una multa de 100 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 245 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Israel Flores Rodríguez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Carlos Hernández García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. ddt
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