Isela Carolina Herrera Palomares
Expediente 1080/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Isela Carolina Herrera Palomares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable, conforme a lo previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y hágase del conocimiento a las partes, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la audiencia incidental se hizo la valoración respectiva de los mismos. ****** Así, una vez analizado el presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Consecuentemente, al transcurrir el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el dispositivo legal transcrito, procédase a la destrucción del mismo e infórmese a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, tomando en consideración que el acto que se impugnó en esta vía deriva de un procedimiento administrativo, donde no existen documentos originales por devolver, no se ubica en alguno de los supuestos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el que no se considera de información reservada.
- Principal
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. V i s t o, para resolver, el juicio de amparo 1080/2020-V, promovido por ISELA CAROLINA HERRERA PALOMARES, contra actos de la 1) Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2) Subdirección de Gobernación Municipal, 3) Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios, 4) Dirección de Gobernación Estatal, 5) Director General de Gobierno y Transporte del Estado de Chihuahua (denominación correcta de la autoridad señalada como Secretario de Gobernación Estatal), 6) Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, 7) Secretario de Salud Estatal, 8) Consejo de Salud Estatal, todos con sede en esta ciudad; 9) Secretario de Salud Federal, 10) Consejo de Salubridad General, 11) Presidente de la República y 12) Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, por considerarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 5, 16, 29, 109 y 73 fracción XVI inciso 2ª, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada en línea ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el veintiocho de agosto de dos mil veinte, turnada el día treinta y uno del mismo mes y año a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, ISELA CAROLINA HERRERA PALOMARES, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la 1) Dirección de Seguridad Pública Municipal, 2) Subdirección de Gobernación Municipal, 3) Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios, 4) Dirección de Gobernación Estatal, 5) Director General de Gobierno y Transporte del Estado de Chihuahua (denominación correcta de la autoridad señalada como Secretario de Gobernación Estatal) 6) Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, 7) Secretario de Salud Estatal, 8) Consejo de Salud Estatal, todos con sede en esta ciudad; 9) Secretario de Salud Federal, 10) Consejo de Salubridad General, 11) Presidente de la República y 12) Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, por los actos que a continuación se precisaran: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1. El acuerdo número 102/2020 del C. Gobernador Constitucional del Estado, por el que se establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas en el estado de Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, el cual ubica a los centros deportivos cerrados en el semáforo amarillo, como actividades no esenciales. Dicho acuerdo, restringe el ejercicio y goce del (sic)derechos económicos y sociales de la quejosa, y que están consagrados en el artículo 5to constitucional, el cual, tiene la doble consideración de derecho público subjetivo y de principio general del ordenamiento económico. Se materializa en el derecho de crear y desarrollar libremente una empresa sin obstáculos que lo impidan o dificulten, como lo hace el acuerdo en combate. El quejoso busca que se le proteja su derecho a mantener libre la actividad empresarial que ha elegido, y se le ha visto vulnerado. 2. Del C. Gobernador Constitucional del Estado, el acuerdo número 102/2020, por el que se establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas en el estado de Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, el cual ubica a los centros deportivos cerrados en el semáforo amarillo, junto a actividades desarrolladas en teatros, templos, museos, entre otras, de carácter recreacional, cuando son de naturaleza totalmente distinta a la actividad desarrollada por la quejosa. De tal acuerdo, se reclama la falta de motivación científica en la imposición del semáforo de reapertura de actividades sociales, toda vez que en un acto totalmente discrecional ubica a los centros deportivos cerrados en semáforo amarillo, aun y cuando a nivel federal los ubican en semáforo naranja. Así mismo, se reclama la discrecionalidad de las variables establecidas para determinar el color del semáforo, toda vez que, si bien se señalan las diez variables contenidas en el anexo 2 del acuerdo 102/2020, no se determinan porcentajes, límites máximos o mínimos, o metodología alguna para valorar cada una de las variables, y de estar (sic) en forma determinar cuándo se podría cambiar de un color a otro de semáforo de reapertura de actividades sociales. Dicha situación, deja al quejoso en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, ya que la autoridad valora arbitraria y discrecionalmente las variables en comento, restringiendo de esta forma, el goce de los derechos humanos del quejoso. 3. Del C. Gobernador Constitucional del Estado, el acuerdo 102/2020, por el que se establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas, y económicas, en el estado de Chihuahua, en el cual se omite incluir en tal acuerdo, las actividades esenciales "cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación" situación que se establece en el acuerdo expedido por la Secretaría de Salud Federal publicada en el DOF el 31 de marzo del presente, en su artículo primero fracción II, inciso C, y que permitiría al quejoso abrir su negocio, aun y cuando el color del semáforo sea diferente al cual se cataloga su actividad empresarial. 4. El acoso, y el estigma negativo que ha generado en la población las calcomanías impuestas a mi negocio, por parte de operativos conjuntos entre la Dirección de Seguridad Pública, Subdirección de Gobernación Municipal, Dirección de Gobernación, Secretaría de Gobernación Estatal, en el cual se le etiquetaba como actividad no esencial a la actividad desempeñada por el quejoso. Lo anterior, sin estar debidamente fundado o motivado, lo cual sólo contribuía al miedo por parte del quejoso, al no saber si había sido clausurado o no, o se trataba de una advertencia solamente. Aparte de que tal acción contribuyó a una estigmatización negativa y discriminación por la ocupación desempeñada. 5. La violación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte del C. Presidente de la República, sobre los tratados y convenios Internacionales que el Estado Mexicano tiene ratificados por conducto del senado de la República y que son Ley Suprema, la convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los derechos humanos principalmente esta última en sus artículos 2°, 4º, 6°, 12°, siendo éste un acto de tracto sucesivo es decir no cesan en generar un agravio todos los días por parte de todas las autoridades responsables en la creación de decretos violatorios de derechos humanos, o como autoridades ejecutoras de lo estipulado en estos decretos y/o acuerdos." 6. La omisión por parte de la Secretaría de Salud Federal y Estatal, el Consejo de Salubridad General y Consejo de Salud Estatal, de no ubicar a los centros deportivos como promotores de salud, y ubicarlos como actividad no esencial, sin la debida motivación científica. . 7. De la Secretaría de Salud Estatal y del Consejo de Salud del Estado, el haber colocado a los centros deportivos cerrados en semáforo amarillo, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 102/20, sin la debida motivación científica, vulnerando el goce de los derechos humanos del quejoso. 8. La omisión por parte de la Secretaría de Salud Federal y Estatal, el Consejo de Salubridad General y Consejo de Salud Estatal de generar medidas de contención del contagio del COVID 19 diseñadas específicamente para centros deportivos cerrados, como si lo hicieran para otro tipo de actividades empresariales, comerciales, industriales y de servicios, discriminando al quejoso por el tipo de actividad empresarial que desempeña. 9. La omisión por parte de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, de generar medidas de contención del contagio del COVID 19 diseñadas específicamente para centros deportivos cerrados, y su carácter de autoridad ejecutora del acuerdo 102/20 decretado por el C. Gobernador del Estado. 10. La omisión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, derivada de la omisión precedente, de no ofrecer cursos relativos a las medidas sanitarias que deben tener los centros deportivos para combatir y evitar contagios por la enfermedad COVID 19, toda vez que a la fecha dicho instituto ofrece dichos cursos enfocados a la industria, transporte, restaurantes, supermercados, entre otros, pero son omisos en ofertar dichos cursos enfocados a los centros deportivos. 11. De la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la emisión de los acuerdos de fecha 31 de marzo y 21 de abril, ambos de 2020, por las que se toman medidas extraordinarias, entre otras, la suspensión de actividades no esenciales por las que se suspenden de facto las garantías individuales de la quejosa, sin seguir los procedimientos legales; asimismo, se reclama la ilegalidad de las medidas de suspensión, no tienen el carácter de preventivo como lo marca la Constitución." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el número estadístico 1080/2020-V; se ordenó requerir a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito quien se abstuvo de formular alegatos; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en relación con los numerales 37, primer párrafo y 107, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones legales aplicables en todo lo que no contravenga al precepto constitucional señalado, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados que se atribuyen a las responsables tienen ejecución material dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: 1). Del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua: > El acuerdo número 102/2020, por el que se establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas en el estado de Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19. 2). De la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Subdirección de Gobernación Municipal, Dirección de Gobernación y Director General de Gobierno y Transporte del Estado de Chihuahua: La imposición de calcomanías al negocio de su propiedad mediante operativos conjuntos. 3). Del Presidente de la Republica: > La violación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los tratados y convenios Internacionales que el Estado Mexicano tiene ratificados por conducto del senado de la República y que son Ley Suprema, la convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los derechos humanos principalmente esta última en sus artículos 2°, 4º, 6°, 12°, al generar la creación de decretos violatorios de derechos humanos, o como autoridades ejecutoras de lo estipulado en estos decretos y/o acuerdos. 4). De la Secretaría de Salud Federal, Estatal, Consejo de Salubridad General y Consejo de Salud Estatal: > La omisión, de no ubicar a los centros deportivos como promotores de salud, y ubicarlos como actividad no esencial, sin la debida motivación científica. 5). De la Secretaría de Salud Estatal y Consejo de Salud Estatal: > El haber colocado a los centros deportivos cerrados en semáforo amarillo, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo 102/20. 6). De la Secretaría de Salud Federal, Estatal, Consejo de Salubridad General y Consejo de Salud Estatal: > La omisión de generar medidas de contención del contagio del COVID 19 diseñadas específicamente para centros deportivos cerrados. 7). De la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios: > La omisión, de generar medidas de contención del contagio del COVID 19 diseñadas específicamente para centros deportivos cerrados, en su carácter de autoridad ejecutora del acuerdo 102/20 decretado por el Gobernador del Estado. 8). Del Instituto Mexicano del Seguro Social: > La omisión, derivada de la omisión precedente, de no ofrecer cursos relativos a las medidas sanitarias que deben tener los centros deportivos para combatir y evitar contagios por la enfermedad COVID 19. 9). De la Secretaría de Salud del Gobierno Federal: > La emisión de los acuerdos de fecha 31 de marzo y 21 de abril, ambos de 2020, por las que se toman medidas extraordinarias, entre otras, la suspensión de actividades no esenciales, sin seguir los procedimientos legales; asimismo, la ilegalidad de las medidas de suspensión. Así, este órgano jurisdiccional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues de no existir o no quedar acreditado se actualizaría la hipótesis prevista en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en cita, lo cual traería como consecuencia que se decretara el sobreseimiento en el presente asunto, y con ello el estudio innecesario del fondo de este. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos la totalidad de los actos reclamados a las autoridades responsables Dirección de Seguridad Pública Municipal, Director General de Gobierno y Transporte del Estado de Chihuahua (nombre correcto de la autoridad denominada Secretario de Gobernación Estatal), Dirección de Gobernación Estatal, Comisión Estatal para Riesgos Sanitarios, Subdirector de Gobernación del Municipio de Chihuahua, Presidente de la Republica, Consejo de Salubridad General e Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera, no son ciertos los actos reclamados al Secretario de Salud Federal precisados con los incisos 4), 5) y 6), ni los reclamados al Consejo de Salubridad General y Consejo de Salud Estatal precisados con los incisos 5) y 6). Así lo manifestaron categóricamente dichas autoridades al rendir su respectivo informe justificado (Ver fojas 50, 48, 62 a 64, 94 a 100, 103 a 123, 142 a 147 y 79 a 83). Ahora bien, como la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar dichas negativas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y Tesis Jurisprudencial VI. 2°. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2 Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Seminario Judicial de la Federación, aplicable conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del año en curso, cuyo rubro y texto reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos la totalidad los actos reclamados a las autoridades Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y del Secretario de Salud el precisado con el inciso 9), así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (Ver fojas 40 a 57 y 29 a 34). El Director General de Gobierno y Transporte del Estado de Chihuahua, al rendir su informe justificado fue omiso en pronunciarse en relación al acto que se le atribuye, en consecuencia, se presume cierto el mismo de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, la existencia de los citados acuerdos reclamados no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, en virtud de que basta que esté publicado en un medio de difusión oficial - como es el Periódico Oficial del Estado -, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia ochocientos catorce, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Precisado lo anterior, con independencia de las causas de improcedencia señaladas por las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional advierte de ofico que respecto del acto reclamado al Gobernador del Estado de Chihuahua consistente en el acuerdo número 102/2020, por el que se establece la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas en el estado de Chihuahua, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19, así como respecto de los actos reclamados a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal consistentes en la emisión de los acuerdos de fecha 31 de marzo y 21 de abril, ambos de 2020, por las que se toman medidas extraordinarias, entre otras, la suspensión de actividades no esenciales, en virtud de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19; advierte, de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben, en virtud que la quejosa no exteriorizó su voluntad a través de la firma estampada en el escrito de demanda. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la transcripción en cita, se advierte que el juicio de garantías es improcedente cuando quien lo promueve no es la persona afectada por el acto impugnado. Pues la parte agraviada exterioriza su voluntad de promover el juicio constitucional a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de dicho escrito, con todas sus consecuencias legales. Luego, basta imponerse del escrito de demanda presentado vía línea que dio origen al presente expediente para advertir que el mismo carece de firma, por lo que es dable colegir, que la acción constitucional no se ha ejercitado, porque la firma es el medio a través del cual las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto; la cual, además, es indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. En consecuencia, ante la ausencia de firma de la quejosa (persona que resiente el perjuicio de los actos que por esta vía se reclaman), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 6, ambos de la Ley de Amparo, por no existir voluntad expresa de quien se erige como parte quejosa para promover la presente instancia constitucional, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Analógicamente, por las razones que le informan, resulta aplicable a lo anterior la tesis de Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), Registro digital: 2019715, Décima Época, Materias(s): Común, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." La tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la octava época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, segunda parte-2, página 508, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la séptima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, volumen 205-216, sexta parte, página 234, cuyo rubro y texto es el siguiente: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA POR FALTA DE. Conforme al artículo 107 constitucional, fracción I, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de la parte agraviada; y en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que reclama, pudiendo hacerlo por sí o por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Ahora bien, en el caso, aun cuando la parte que se considera agraviada promovió el juicio de amparo por sus propios derechos, sin embargo, la demanda de garantías carece de firma y, como ésta constituye una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial, puesto que sirve para dar autenticidad al mismo, debe estimarse que, conforme a los artículos citados, propiamente no existe agraviado, por lo que a la luz de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento, la demanda de garantías es improcedente y debe sobreseerse de acuerdo con lo ordenado por la fracción III del artículo 74 de la misma ley." Sin que al caso haya lugar a estudiar las demás causas de improcedencia que hace valer las autoridades responsables, pues basta la actualización de una sola de ellas. Apoya, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, (registro: 195744), que establece: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Atendiendo al sentido del fallo no se analizan los conceptos de violación, debido a los efectos jurídicos que provoca el sobreseimiento. Es aplicable, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis consultable en la página 93, Volumen 86, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Séptima Época, (registro: 254008), de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." No sobra añadir que el sobreseimiento en el juicio no entraña, por sí mismo, el desconocimiento del derecho a un recurso judicial efectivo, pues esta prerrogativa no implica excusar la aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa; en este caso, las causales de improcedencia que, legalmente, constituyen un aspecto de orden público y de estudio preferente. Sirve de apoyo la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1947, Libro 4, marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos atribuidos al Director General de Gobierno y Transporte del Estado de Chihuahua, ya que no se le atribuyen por vicios propios sino en vía de ejecución. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1080/2020-V, promovido por ISELA CAROLINA HERRERA PALOMARES, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Así lo resolvió y firma el licenciado Adolfo Rendón Sotelo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en funciones de juez, con apoyo n el artículo 45, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el secretario César Javier Ortegon Mendoza, con quien actúa y da fe, hoy veinticinco de febrero de dos mil veintiuno con lo que concluye la audiencia constitucional; autorizado mediante firmas electrónicas (FIREL). Doy fe.
- Incidental
Agréguense a los autos el informe previo rendido por el Secretario del Consejo de Salubridad General, residente en la ciudad de México. Lo anterior, únicamente para que obren como corresponde, toda vez que en interlocutoria de quince de los corrientes se resolvió la suspensión definitiva respecto de la citada responsable.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponde, el informe justificado del Secretario del Consejo de Salubridad General, residente en la ciudad de México, toda vez que el mismo se recibió el uno de diciembre de dos mil veinte y en dos siguiente se acordó lo conducente.
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