ISC Administradora de Cartera, Sociedad Civil

Expediente 1104/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1104/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • ISC Administradora de Cartera, Sociedad Civil

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento el auto emitido el dieciséis de febrero del dos mil veintidós, en el recurso de queja ********************, de su índice estadístico, interpuesto por la ISC Administradora de Cartera, Sociedad Civil por conducto de su apoderada ********************, en contra de la determinación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual, se desechó la demanda de amparo, cuyo punto resolutivo es: "Único. Se infundado el recurso de queja." Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito, toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d), del Acuerdo en cita). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes. A consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a la destrucción. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. ...

  2. Principal

    ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado criptográficamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual comunica el proveído emitido el diecinueve pasado en los autos de la queja 270/2021 de su índice, en el que informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto por la moral quejosa contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y se está en espera de la determinación que emita el tribunal de alzada. ...

  3. Principal

    ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************apoderada legal de la moral quejosa ********************, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo, por improcedente. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del ordinal 101 de la legislación invocada. A fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio. ... Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al período de vigencia y las personas en situación de vulnerabilidad; se provee lo siguiente: Téngase por recibido el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite lo siguiente: Expediente 1072/2017. Copias certificadas del incidente 1072/2017 Cinco tomos del expediente 1072/2017 Un sobre cerrado con diversos documentos. Así como el juicio de amparo directo 458/2021, formado con relación a la demanda promovida por ISC Administradora de Cartera, sociedad civil, a través de su apoderada Janeth César Mayen, personalidad que se le reconoce por tenerla acreditada en el juicio de origen, es decir en el expediente 1072/2017 del índice del del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 37 y 45 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acepta la competencia planteada, acúsese el recibo de estilo, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 1104/2021-I. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1º.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: "La resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el recurso de revocación deducido del juicio ordinario civil 1072/2017, sobre daño moral, en el que se declaró improcedente la existencia de litisconsorcio pasivo necesario en contra de Gerhard Peter Gross y Víctor Hugo Calderón Ramírez, por haber considerado que no intervinieron de manera directa y personal con el hecho que deriva el daño moral que se demanda, por la quejosa." Para mejor comprensión del asunto, y toda vez que derivado de la incompetencia planteada por el Tribunal de Alzada ya se cuenta con los autos del juicio de origen, a continuación se realiza una relación de los antecedentes del mismo: "El veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, la moral quejosa ISC Administradora de Cartera, sociedad civil, a través de su apoderada Janeth César Mayen inició Juicio Ordinario Civil en contra de Daimler Vehículos Comerciales México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, así como Mercedes Benz México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, quedando radicado bajo el número de expediente 1072/2017 del índice del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, México; sobre daño moral, seguidas las secuelas procesales de ley, el treinta de abril del año en curso, se declaró improcedente la existencia de litisconsorcio pasivo necesario en contra de Gerhard Peter Gross y Víctor Hugo Calderón Ramírez, por haber considerado que no intervinieron de manera directa y personal con el hecho de daño moral demandado. Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto por la autoridad responsable el veinticuatro de mayo del año en curso, en los siguientes términos: PRIMERO.- Han sido infundados los agravios expresados por ISC ADMINISTRADORA DE CARTERA S.C., en consecuencia. SEGUNDO.- Se confirma el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno. Contra dicha sentencia promovio amparo directo, el cual toco su conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante proveído de veinte de septiembre pasado, se declaró legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo y ordenó la remisión de la demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, la cual por razón de turno toco su conocimiento a este órgano jurisdiccional." Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Por tanto, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. Lo anterior es así pues del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dicha determinación no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto porque constituye una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: ...Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013,entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra determinaciones dictadas dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que en el caso el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, la parte quejosa hace consistir su reclamo en: "La resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el recurso de revocación deducido del juicio ordinario civil 1072/2017, sobre daño moral, en el que se declaró improcedente la existencia de litisconsorcio pasivo necesario en contra de Gerhard Peter Gross y Víctor Hugo Calderón Ramírez, por haber considerado que no intervinieron de manera directa y personal con el hecho que deriva el daño moral que se demanda, por la quejosa", y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar en el procedimiento respectivo a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y XIX del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo. Se reitera, los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga sentencia definitiva favorable, o en su defecto, violación reclamable en amparo directo contra la sentencia definitiva que se emita en el juicio de origen, momento procesal en el cual podrá determinarse si la violación que alega afectó sus derechos fundamentales y la dejó sin defensa, supuesto previsto en las fracciones III y XIX del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo. Lo anterior evidencia que la resolución que en el caso particular se trata, no produce de manera directa e inmediata afectación alguna a los derechos sustantivos de la parte quejosa que no puedan ser reparados de obtener una sentencia favorable, sino que los efectos de la resolución combatida, es de naturaleza formal (procesal) y susceptible de reparación, ya que de obtener la parte quejosa una sentencia favorable a sus intereses, se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, esta desestimación no dejaría huella en su esfera jurídica; sin embargo, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, puede impugnar tales violaciones procesales a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en las fracciones III y XIX del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo. Así, se considera que el acto reclamado, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, ya que puede ocurrir que el afectado obtenga al final una sentencia favorable a su interés con la que se reparen las violaciones y los posibles daños que se le hubieren causado el acto reclamado. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que la resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en el recurso de revocación deducido del juicio ordinario civil 1072/2017, sobre daño moral, en el que se declaró improcedente la existencia de litisconsorcio pasivo necesario en contra de Gerhard Peter Gross y Víctor Hugo Calderón Ramírez, por haber considerado que no intervinieron de manera directa y personal con el hecho que deriva el daño moral que se demanda, por la quejosa, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá al resultado del fallo. En efecto, la resolución reclamada, por no encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. En consecuencia, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, lo es la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, que confirmó el auto de treinta de abril del año en curso, en el que se declaró improcedente la existencia de litisconsorcio pasivo necesario en contra de Gerhard Peter Gross y Víctor Hugo Calderón Ramírez, por tanto la resolución interlocutoria que determina que el litisconsorcio pasivo necesario en el juicio de origen, no es susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, lo anterior, al no actualizarse que dicha resolución sea impugnable a través de esta vía. En efecto, el litisconsorcio pasivo necesario se encamina a lograr que en una sola sentencia se resuelva respecto de todos los posibles demandados que deberán responder por la acción reclamada por el actor; sin embargo dicho aspecto es de carácter intraprocesal, es decir, que es una actuación dentro del procedimiento, por tanto no genera perjuicio a algún derecho sustantivo, ya que el actor del juicio puede llegar a obtener una resolución favorable y de no ser así puede hacer valer dicho aspecto ante el tribunal de Alzada al controvertir si así lo estima conveniente la sentencia definitiva. Es aplicable al caso concreto la tesis publicada con número de registro 2006576, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Mayo de 2014, Tomo III, página 2075, que establece lo siguiente: ..... Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por ISC Administradora de Cartera, sociedad civil, a través de su apoderada Janeth César Mayen, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México. Domicilio. De conformidad con el artículo 29, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en este órgano jurisdiccional, pues del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló los estrados del Tribunal Colegiado de Circuito para tal efecto; de ahí que, al haber asumido este órgano jurisdiccional la competencia para conocer de la demanda planteada por la promovente, y no existir diverso domicilio dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito, ello resulta procedente, hasta en tanto, la parte quejosa señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. ...Notifíquese.

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