ISC Administradora de Cartera S.C.
Expediente 1365/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- ISC Administradora de Cartera S.C.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se notifica por lista a la quejosa el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve que señala:Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Vista la demanda con la que se da cuenta, promovida por Armando Ortega Gutiérrez, apoderado de ISC Administradora de Cartera, sociedad civil, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura número doce mil doscientos cincuenta y dos, de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Notario Público número noventa del Estado de México, con residencia en Tultitlán; regístrese bajo el número 1365/2019-VI. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado: El proveído dictado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio Ordinario Mercantil 704/2019, en el que el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Cuautitlán, Estado de México, deniega de plano el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintiocho de octubre del año en curso, por el que no se admitió la prueba pericial en materia de contabilidad, dado que no es pertinente para demostrar la excepción procesal de improcedencia de la vía. DESECHAMIENTO Ahora, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud que el acto reclamado no constituye un acto de imposible reparación, con el cual se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En el supuesto de los actos reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese resolución favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el anterior contexto, se evidencia que el acto reclamado no quebranta en perjuicio del impetrante de amparo, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por los derechos humanos, ya que lo acordado en proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la responsable Juez Cuarto Civil de Primera Instancia en Cuautitlán, Estado de México, en donde deniega de plano el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintiocho de octubre del año en curso, por el que no se admitió la prueba pericial en materia de contabilidad, dado que no es pertinente para demostrar la excepción procesal de improcedencia de la vía; únicamente implicaría, en su caso, violaciones a derechos adjetivos, los cuales no tienen una consecuencia de imposible reparación, en tanto que sus pretensiones pueden quedar satisfechas, pues aún existe la posibilidad de que obtenga resolución favorable, al resolverse dicha excepción, evento en el cual las consecuencias de la alegada violación se habrán extinguido en la realidad, sin haber originado afectación alguna en sus derechos fundamentales, esto es, sin dejar huella en su esfera jurídica. En caso de que no suceda así, lo podrá hacer valer como violación en los agravios en el recurso correspondiente, toda vez que se advierte que en el juicio natural, del cual deriva el acto reclamado, aún no se resuelve esa excepción. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve Armando Ortega Gutiérrez, apoderado de ISC Administradora de Cartera, sociedad civil. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) y de la zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios anteriores, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Dada la naturaleza de la presente determinación, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos para que se constituya en el domicilio ubicado en calle Avenida 16 de septiembre número 208, interior 105, Centro, Cuautitlán, Estado de México, código postal 54800, y le notifique de manera personal a la quejosa este auto, corriéndole traslado con copia de ésta; para lo cual, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la encomienda de dicha diligencia. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a la parte quejosa el uso de dispositivos electrónicos para la captura de acuerdos y constancias que obren en autos. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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