Isbaal Ángel Salazar Rodríguez
Expediente 1477/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isbaal Ángel Salazar Rodríguez y Otros.
- Isbaal Ángel Salazar Rodríguez
- Director General del Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca con sede en Huajuapan de León.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo conferido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de cuatro de enero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a su DEPURACIÓN, conforme el artículo 18 del referido acuerdo, toda vez que en este asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; y, en su oportunidad, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio 4C/4C.3/196/2023, suscrito por el Jefe del Departamento de lo Contencioso y Administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca, en atención a los oficios con números 152/2023, 153/2023, 154/2023, 155/2023, 156/2023 y 157/2023, de cuatro del mes actual, por el que informa lo relativo a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio 21/2023, suscrito por la Directora del Hospital General "DR. AURELIO VALDIVIESO", residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que informa lo relativo a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, específicamente de la diligencia de notificación de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se advierte que el directo quejoso ***, manifestó lo siguiente: "Que no va a hacer manifestación alguna en este momento, y de manifestar algo lo hará hasta el día de mañana que esté su esposa y que es todo lo que tiene que manifestar"; asimismo, el secretario de acuerdo del Juzgado despacho le hizo saber lo siguiente: "no obstante lo anterior le hago saber que cuenta con tres días para dar contestación al requerimiento que se le hace"; y, de la certificación de cuenta, se infiere que transcurrió el término de tres días concedido al directo agraviado, sin que haya realizado manifestación alguna en relación a la ratificación de la demanda promovida a su favor; en tales condiciones, se provee: Con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO QUE DIO ORIGEN A ESTE JUICIO DE AMPARAO 1477/2022; en consecuencia, quedan sin efecto las providencias decretadas en acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, tomando en consideración que el directo quejoso al momento de la notificación no designó domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones de este proveído y subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado; hasta en tanto designe domicilio para ello. Por cobrar aplicación al respecto, se cita la tesis II.T.28 K, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA" Finalmente, glósese a los autos el escrito presentado vía electrónica por *******, quien refiere ser autorizado legal del directo quejoso *****, por el que promueve incidente de violación a la suspensión de plano; al respecto, se provee: En atención a lo solicitado por el citado promovente, dígasele que no ha lugar a tenerle promoviendo el incidente de violación a la suspensión de plano; en razón de que en este juicio de amparo no ostenta el carácter de autorizado legal de la parte quejosa, pues no fue nombrado ni siquiera como autorizado para oír y recibir notificaciones. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis III.2o.P.55 P (10a.), con registro digital 2006632, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1746, con el rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CARECE DE ELLA EL AUTORIZADO POR EL DEFENSOR PARTICULAR DEL INCULPADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone: "El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.", lo que es indicativo de que únicamente el quejoso y el tercero interesado podrán señalar autorizados en términos del invocado precepto; por tanto, el que designe el defensor del inculpado que promueve juicio de amparo indirecto a nombre de éste, carece de legitimación para recurrir a través del recurso de revisión la sentencia dictada en ese procedimiento, pues si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse por persona física o moral afectada por la norma o por algún acto de autoridad, por conducto de su representante legal o apoderado y por el defensor en el proceso penal, también lo es que no existe disposición alguna que autorice a éste para delegar o sustituir la facultad de impugnar las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo." Sin embargo, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, con copia simple del escrito de cuenta, gírese oficio a las autoridades responsables para que informen el cumplimiento en relación a la suspensión de plano concedida en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en los siguientes términos: ".En tales condiciones, en atención a la gravedad en la salud del quejoso, que refiere la promovente de amparo, pone en riesgo su vida, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Federal, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y se decreta de plano la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que el director General del Hospital Pilar Sánchez Villavicencio, de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, con sede en Huajuapan de León, de inmediato le brinde la atención médica que requiere el quejoso *******; quien a decir de la promovente, requiere intervención quirúrgica toda vez que el veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, sufrió un accidente que resultó en la fractura del cráneo y columna vertebral. Asimismo, en el ámbito de su competencia, gestionen las medidas necesarias a efecto de salvaguardar su salud y vida; lo cual implica que si en dicho centro médico no cuentan con el personal médico y equipo especializado que pueda otorgar atención médica al quejoso, entonces, previa valoración médica y bajo su más estricta responsabilidad, solicite el traslado urgente del quejoso a otro centro hospitalario que pueda brindarle la atención médica necesaria, con el objeto de que sea valorado por un especialista y se puedan realizar las acciones necesarias tendentes a garantizar su derecho a la vida, así como a la salud. Es decir, la medida cautelar que se concede, tiene como finalidad que el justiciable, le sea otorgado el servicio médico que refiere la esposa del agraviado en la demanda de amparo y, en caso de requerirlo, le sean suministrados los medicamentos, tratamientos médicos necesarios, que previa valoración del especialista en la materia competente, considere idóneo para tratar su padecimiento. Lo anterior incluye que la autoridad responsable valore, bajo su más estricta responsabilidad, si es necesario o no trasladar a *** a otro centro de atención médica. Ello, con la finalidad de restituir de manera provisional a la parte quejosa, en el disfrute del derecho humano que refiere violado, a efecto de salvaguardar la vida y preservar su estado de salud, acorde con el citado artículo 4o. constitucional. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales." Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en términos del artículo 1° de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, está obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. Al respecto, es importante indicar que el artículo 4 de la Constitución General de la República, establece que toda persona tiene derecho a la salud, del cual derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. Por su parte, el Estado Mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel de ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. Así, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien, para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en las siguientes tesis y jurisprudencias, que se leen bajo el rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO" Ademas, se cita como ilustrativa, la tesis aislada I.14o.T.2 K (11a.), registro digital: 2024980,sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE LA MATERIA CONTRA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DEL QUE GOZABA LA QUEJOSA, CUANDO ACREDITE INDICIARIAMENTE UN ESTADO DE SALUD GRAVE, CRÓNICO Y PERMANENTE QUE PONGA EN RIESGO SU SALUD Y SU VIDA. Hechos: Los quejosos promovieron juicio de amparo indirecto contra la cancelación del servicio médico del que gozaban como trabajador y derechohabiente del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (Bancomext), solicitando la suspensión del acto reclamado para que no se ponga en riesgo la salud ni la vida de la derechohabiente, pues indicaron que tiene un padecimiento que la coloca en estado de vulnerabilidad, para lo cual ofrecieron un informe médico y diversos formatos de consulta. El Juez de Distrito, de oficio, concedió la suspensión de plano para que la autoridad continúe prestando el servicio médico, de acuerdo con el padecimiento que aquélla tiene, tutelando al máximo posible su salud física y médica. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el juicio de amparo indirecto procede conceder la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la ley de la materia, contra la cancelación del servicio médico del que gozaba la quejosa, cuando acredite, indiciariamente, un estado de salud grave, crónico y permanente que ponga en riesgo su salud y su vida. Justificación: Lo anterior, porque la suspensión, como medida cautelar, tiene como finalidad conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas preservativas o de tutela anticipada, por lo que de no concederse podría ponerse en riesgo la salud y la vida de la quejosa. En esa línea, para establecer la procedencia de la concesión conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, el Juez o tribunal deberá valorar las circunstancias en cada caso concreto, atendiendo a las hipótesis normativas contenidas exclusivamente en ese precepto y a partir de su interpretación teleológica y evolutiva, de acuerdo al principio de interdependencia de los derechos humanos, en términos de los artículos 1o., 4o., 14 y 16 de la Constitución General." Requerimiento a las autoridades responsables. En la inteligencia de que, a fin de tener la certeza de que se satisfacen tales efectos en los términos antes señalados, las autoridades responsables deberán rendir a este Juzgado de Distrito, dentro del término máximo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de esta resolución, un informe de las medidas que hayan tomado en torno a la suspensión de plano aquí decretada, anexando de manera completa y legible las constancias que demuestren el cumplimiento dado a la presente medida cautelar. Apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme al artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1° de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido.". Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, por lo cual las autoridades responsables deberán informar en el término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de su legal notificación el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano referida. Apoya lo anterior, la tesis con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2013361 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de diciembre de 2016 10:21 h Materia(s): (Común) Tesis: XXVI.2 K (10a.) SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SISTEMAS PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. En relación con el cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva, en la Ley de Amparo abrogada el legislador dispuso dos sistemas: a) el previsto en el artículo 143, que remite al capítulo que contiene el procedimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (empleado de forma analógica y sólo parcialmente tratándose de la suspensión); y, b) el precisado en el artículo 206, que establece reglas precisas en cuanto a la forma en que debe sancionarse el desacato a la suspensión. Ahora bien, la Ley de Amparo vigente contiene disposiciones de similar contenido, con la diferencia de que su artículo 158 remite al título quinto, denominado: "Medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades, sanciones y delitos" y no a las reglas para lograr, a su vez, el eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo; no obstante ello, aun puede afirmarse que, en la actualidad, el cumplimiento de la suspensión está regulado por dos sistemas, a saber: a) uno que ve directamente al cumplimiento del auto o interlocutoria de la suspensión, que no tiene tramitación incidental; y, b) otro que ve al desacato de la autoridad responsable y da lugar a un incidente, los cuales pueden ser aplicados "simultáneamente" por el juzgador y funcionan "paralelamente", de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2005-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 165/2005, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.". Así, el primer sistema es el que establece el artículo 158 citado, el cual permite al juzgador que se acate la resolución suspensional y/o tomar las medidas necesarias para ello; su objetivo primordial no es determinar si se violó la suspensión, sino conseguir su cumplimiento; no requiere tramitación incidental y puede considerarse oficioso, en la medida en que no necesita la promoción del quejoso, aunque no se excluya esa posibilidad; también puede considerarse preventivo, pues de su éxito depende que no se promueva el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, antes llamado denuncia de violación a la suspensión. El segundo sistema es el que establece el capítulo V del título tercero de la propia ley, que va de los artículos 206 a 209 y regula el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, no es de oficio, pues requiere la promoción de parte; puede considerarse represivo, ya que su principal consecuencia es hacer efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 209 de la Ley de Amparo (consistente en la denuncia ante el Ministerio Público Federal por los delitos previstos en el artículo 262, fracciones III y IV, de esta ley), a la autoridad responsable que, como resultado del incidente de violación a la suspensión, se le requirió el cumplimiento, al quedar demostrado que no ha cumplido dicha medida o que lo hizo de manera excesiva o defectuosa; es en este sistema donde tradicionalmente se declara, de permitirlo la naturaleza del acto reclamado, la nulidad del acto violatorio de la suspensión y se ordena que las cosas vuelvan al estado que tenían previamente o se exige a la autoridad que cumpla la suspensión cuando ésta tiene un efecto positivo, en el entendido de que si en el otro sistema se hizo esa declaración, no habrá necesidad de reiterarla y la resolución incidental se limitará al análisis de la responsabilidad de la autoridad responsable en la violación a la suspensión y a establecer, en su caso, si procede el requerimiento de inmediato cumplimiento con el apercibimiento señalado." Hágase saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) que de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior (con independencia de la responsabilidad en que incurren en términos del numeral 262, párrafo primero, fracción III, V, 269 de la Ley de Amparo), se les impondrá multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta Unidades de Medida de Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, que es la multa a imponer. Se instruye al actuario judicial adscrito, en su carácter de fedatario, para que de manera inmediata, envíe por fax o telegrama o correo electrónico o por cualquier vía expedita los oficios derivados de este acuerdo asentando la razón correspondiente, en la cual haga constar la hora fecha (día, mes, año), nombre y cargo de la persona que los haya recepcionado; dando cuenta de inmediato con la razón respectiva. Al caso resulta aplicable, la Jurisprudencia número 1A./J. 27/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de registro, localización y rubro son: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables."
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