Isauro Rodriguez Santiago

Expediente 518/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
518/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Isauro Rodriguez Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó un documento en el presente asunto de los catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b); y 20 párrafo primero, fracción II, inciso a) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de cuenta, el documento exhibido por la parte quejosa en el presente juicio no está catalogado como original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce treinta a las dieciocho treinta horas, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Por otro lado, devuélvase a la Agente del Ministerio Público de Detenidos de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, las constancias que allegó como complemento a su informe de ley, las cuales consisten en copia autenticada de la carpeta de investigación ***** de su índice, en un tomo. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    SE DICTÓ SENTENCIA EN LA QUE SE DETERMINÓ: ...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Sobre esa base, se tiene que no son ciertos los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio en esta ciudad, y al Jefe de Célula de Tramitación Común en esta ciudad de Irapuato, ya que al momento de rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, en el ámbito de sus atribuciones. En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo; lo que en la especie no acontece. En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". CUARTO. Presunción de certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Agencia de Tramitación Común con Detenidos en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, en el ámbito de sus atribuciones. Sin embargo, este juzgado, de oficio, recabó copia autenticada de la carpeta de investigación *****, dado que la responsable en ella sustentó su informe, de la que se advierte que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, al quejoso se le privó de la libertad y fue puesto a disposición de esa agencia, por su probable comisión en hechos con apariencia de delito contra la salud, la que en la propia fecha ratificó de legal la detención y ordenó su retención. Documental que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, tiene valor suficiente para demostrar que la responsable intervino en los actos reclamados, al haberse dejado al quejoso a su disposición. De ahí que tales constancias desvirtúan la negativa expresada por la responsable sobre la existencia de los actos reclamados; razón por la cual procede tenerlos por ciertos. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar el estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado, de oficio, considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos que, por haber operado un cambio de situación jurídica, se consuman de modo irreparable; lo que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a su emisión. En ese orden, se precisa que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. CXI/963 determinó que los requisitos que deben reunirse para que se actualice el cambio de situación jurídica, son los siguientes: a. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. c. Que no se pueda estudiar sobre la constitucionalidad de la actuación impugnada sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, debiendo considerarse con ello irreparablemente consumadas. d. Que exista autonomía entre el acto de que se duele el quejoso y la nueva resolución, por lo que la situación jurídica que la última generó, pueda subsistir aun cuando desaparezca el primero. De lo que se concluye que existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-judice el negocio. En el caso, de la revisión de la demanda y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados consisten en: La detención y/o privación de la libertad del quejoso y su ejecución, que se verificó el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Por su parte, previo requerimiento formulado por este juzgado para conocer la situación jurídica actual del quejoso, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Agencia de Tramitación Común con Detenidos en esta ciudad, a través del oficio *****, informó y acreditó lo siguiente: - Que el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez de Control en Turno Tribunal de Oralidad Segunda Región Sede Irapuato, audiencia para control de detención, dejando a su disposición al aquí quejoso y otro, en el interior del Centro de Reinserción Social, de esta ciudad, instruyéndose en su contra la causa penal *****. - Que la audiencia de control de detención se verificó el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en que el Juez de Control NO CALIFICÓ DE LEGAL la detención, por lo que en ese momento decretó la LIBERTAD de los imputados. (Fojas 46 y 47) - Por tal motivo, desde el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se determinó el archivo temporal de la carpeta de investigación *****. De lo expuesto, se colige que ha operado un cambio de situación jurídica respecto de la detención y/o privación de la libertad del quejoso y su ejecución, al actualizarse los supuestos descritos con antelación por lo siguiente: 1. El acto reclamado originó la tramitación de la carpeta de investigación ***** y derivó en la causa penal ***** 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, tuvo verificativo una audiencia de control de detención, en que el Juez de Control determinó NO CALIFICAR DE LEGAL la detención reclamada, por lo que decretó la LIBERTAD de los imputados. 3. Lo anterior, implicó que los efectos de la detención y/o privación de la libertad del quejoso quedaran consumados en su totalidad, dado que no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, el auto de libertad decretado a su favor, por lo que las violaciones atribuidas por el acto impugnado también deben considerarse consumadas de un modo irreparable; y, 4. Existe autonomía entre la detención y/o privación de la libertad de que fue objeto el quejoso, y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, el auto de libertad puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo hubiera resultado o no inconstitucional. En consecuencia, al haberse decretado la ilegalidad de la detención y emitido el auto de libertad a favor del quejoso con posterioridad a que se llevó a cabo su detención o se le privara de la libertad, ocasiona el cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que es incuestionable la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que no podría decidirse este asunto sin afectar la nueva situación jurídica; de ahí que las violaciones alegadas por el quejoso en la presente instancia constitucional derivadas de los actos de que se duele, quedaron irreparablemente consumadas por virtud de ese cambio de situación jurídica en el cauce del procedimiento penal. En relatadas circunstancias, queda demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de dicha ley, se impone sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Registro digital: 171841 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50 Tipo: Jurisprudencia "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa deimprocedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no se inadvierte la intervención ministerial que realizó la representante social; sin embargo, este juzgado se abstiene de analizarlas, toda vez que no se encuentra obligada a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amp aro se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables y a la fiscal de la adscripción

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** LA RESOLUCIÓN DICTADA EL DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN LA QUE SE DETERMINÓ: ...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Sobre esa base, se tiene que no son ciertos los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio en esta ciudad, y al Jefe de Célula de Tramitación Común en esta ciudad de Irapuato, ya que al momento de rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos que se les atribuyen, en el ámbito de sus atribuciones. En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo; lo que en la especie no acontece. En tal tesitura, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". CUARTO. Presunción de certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Agencia de Tramitación Común con Detenidos en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, en el ámbito de sus atribuciones. Sin embargo, este juzgado, de oficio, recabó copia autenticada de la carpeta de investigación *****, dado que la responsable en ella sustentó su informe, de la que se advierte que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, al quejoso se le privó de la libertad y fue puesto a disposición de esa agencia, por su probable comisión en hechos con apariencia de delito contra la salud, la que en la propia fecha ratificó de legal la detención y ordenó su retención. Documental que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, tiene valor suficiente para demostrar que la responsable intervino en los actos reclamados, al haberse dejado al quejoso a su disposición. De ahí que tales constancias desvirtúan la negativa expresada por la responsable sobre la existencia de los actos reclamados; razón por la cual procede tenerlos por ciertos. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar el estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado, de oficio, considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo es improcedente respecto de los actos que, por haber operado un cambio de situación jurídica, se consuman de modo irreparable; lo que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a su emisión. En ese orden, se precisa que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. CXI/963 determinó que los requisitos que deben reunirse para que se actualice el cambio de situación jurídica, son los siguientes: a. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. c. Que no se pueda estudiar sobre la constitucionalidad de la actuación impugnada sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, debiendo considerarse con ello irreparablemente consumadas. d. Que exista autonomía entre el acto de que se duele el quejoso y la nueva resolución, por lo que la situación jurídica que la última generó, pueda subsistir aun cuando desaparezca el primero. De lo que se concluye que existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-judice el negocio. En el caso, de la revisión de la demanda y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los actos reclamados consisten en: La detención y/o privación de la libertad del quejoso y su ejecución, que se verificó el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Por su parte, previo requerimiento formulado por este juzgado para conocer la situación jurídica actual del quejoso, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Agencia de Tramitación Común con Detenidos en esta ciudad, a través del oficio *****, informó y acreditó lo siguiente: - Que el veintisiete de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez de Control en Turno Tribunal de Oralidad Segunda Región Sede Irapuato, audiencia para control de detención, dejando a su disposición al aquí quejoso y otro, en el interior del Centro de Reinserción Social, de esta ciudad, instruyéndose en su contra la causa penal *****. - Que la audiencia de control de detención se verificó el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en que el Juez de Control NO CALIFICÓ DE LEGAL la detención, por lo que en ese momento decretó la LIBERTAD de los imputados. (Fojas 46 y 47) - Por tal motivo, desde el veintidós de julio de dos mil veintiuno, se determinó el archivo temporal de la carpeta de investigación *****. De lo expuesto, se colige que ha operado un cambio de situación jurídica respecto de la detención y/o privación de la libertad del quejoso y su ejecución, al actualizarse los supuestos descritos con antelación por lo siguiente: 1. El acto reclamado originó la tramitación de la carpeta de investigación ***** y derivó en la causa penal ***** 2. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, tuvo verificativo una audiencia de control de detención, en que el Juez de Control determinó NO CALIFICAR DE LEGAL la detención reclamada, por lo que decretó la LIBERTAD de los imputados. 3. Lo anterior, implicó que los efectos de la detención y/o privación de la libertad del quejoso quedaran consumados en su totalidad, dado que no es posible decidir sobre su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, el auto de libertad decretado a su favor, por lo que las violaciones atribuidas por el acto impugnado también deben considerarse consumadas de un modo irreparable; y, 4. Existe autonomía entre la detención y/o privación de la libertad de que fue objeto el quejoso, y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, el auto de libertad puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo hubiera resultado o no inconstitucional. En consecuencia, al haberse decretado la ilegalidad de la detención y emitido el auto de libertad a favor del quejoso con posterioridad a que se llevó a cabo su detención o se le privara de la libertad, ocasiona el cambio en la situación jurídica del quejoso, por lo que es incuestionable la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dado que no podría decidirse este asunto sin afectar la nueva situación jurídica; de ahí que las violaciones alegadas por el quejoso en la presente instancia constitucional derivadas de los actos de que se duele, quedaron irreparablemente consumadas por virtud de ese cambio de situación jurídica en el cauce del procedimiento penal. En relatadas circunstancias, queda demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 61, fracción XXIII, de dicha ley, se impone sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se citan a continuación: Registro digital: 171841 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 95/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50 Tipo: Jurisprudencia "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa deimprocedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Finalmente, no se inadvierte la intervención ministerial que realizó la representante social; sin embargo, este juzgado se abstiene de analizarlas, toda vez que no se encuentra obligada a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amp aro se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables y a la fiscal de la adscripción

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

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