Isaura Santiago Soto y Otros.

Expediente 1128/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1128/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Isaura Santiago Soto y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Isaura Santiago Soto y Marco Antonio Velasco Santiago, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del centro, Oaxaca, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez. En consecuencia, regístrese bajo el número 1128/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento de la demanda. Previo a la admisión de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; ello, en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal ya que no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, en el caso la parte quejosa reclama el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 156/2019, en el que la autoridad responsable determinó: Que en la sentencia de apelación dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en el toca 209/2021, no se ordenó entregar el inmueble identificado como lote 52 y casa habitación, ubicado en el paraje "El Jaguey" de la colonia Loma Bonita, del Municipio de San Pedro Ixtlahuaca, Centro, Oaxaca, ahora conocido con la dirección de Avenida Tiracoz con número "52" de la Colonia Loma Bonita del Municipio de San Pedro Ixtlahuaca, centro, Oaxaca. Que no resultaba procedente la ejecución del acuerdo de fecha treinta de agosto del año en curso, en donde la propia responsable requirió a la parte actora que hiciera entrega voluntaria de dicho inmueble. En ese tenor, conforme de los antecedentes relatados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: 1. En el juicio sumario civil 156/2019, tramitado ante la autoridad responsable, la parte actora demandó de los aquí quejosos el otorgamiento y firma de la escritura de compraventa del inmueble que ya ha quedado referido. En la demanda de dicho juicio civil los actores adujeron que habían cubierto a los demandados (aquí quejosos) un anticipo de $30,000 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) y que a cambio, estos últimos les hicieron la entrega material del citado terreno. 2. El diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el juez natural dictó sentencia, en contra de las cual las partes interpusieron recurso de apelación. 3. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca emitió sentencia en el recurso de apelación 209/2021, en la que revocó el fallo de primer grado, reasumió jurisdicción, determinó que la parte actora no acreditó los extremos de su acción y absolvió a los demandados. 4. En desacuerdo con lo anterior, los actores promovieron juicio de amparo directo, el que se resolvió en sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en el sentido de negarles el amparo en contra del fallo de apelación. 5. Posteriormente, los demandados (parte quejosa) presentaron sendos escritos ante el juez responsable solicitando se requiriera a la parte actora la entrega voluntaria del inmueble en litigio. 6. A la anterior promoción recayó el proveído de treinta de agosto del presente año en el que el juez natural requirió a la parte actora la entrega voluntaria del mismo. 7. Inconformes con tal determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación. 8. En auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, el juez responsable acordó el escrito de los actores por el cual le pidieron que fijara fianza para no ejecutar la sentencia dictada en ese juicio, hasta que se resolviera el recurso de apelación interpuesto contra el auto de treinta de agosto del año en curso; en lo de interés, precisó: Que en la sentencia de apelación dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca en el toca 209/2021, no se ordenó entregar el inmueble antes identificado Que no resultaba procedente la ejecución del acuerdo de fecha treinta de agosto del año en curso, en donde la propia responsable requirió a la parte actora que hiciera entrega voluntaria de dicho inmueble. (este es el acto reclamado) Precisado lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Así, el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios dentro del procedimiento que la ley establezca y que puedan conducir a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es obligatorio para la parte quejosa acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En efecto, del citado numeral se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer previamente los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, esto es, que se observe el principio de definitividad, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado, con las excepciones legalmente y jurisprudencialmente previstas. Ahora bien, dentro de ese contexto conviene recordar que el quejoso reclama el auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sumario civil 156/2019 en el que la autoridad responsable precisó que en la sentencia de apelación no se había ordenado a la parte actora entregar el bien inmueble y que tampoco era procedente la ejecución del acuerdo de treinta de agosto del mismo año en el que la propia responsable requirió a la parte actora realizar la entrega voluntaria de dicho inmueble. En ese orden, es importante precisar el contenido de los artículos 80, 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 80.Las resoluciones judiciales son: I. Simples determinaciones de trámite y se llamarán decretos; II. Sentencias, las que resuelvan el negocio en lo principal; III. Autos, las demás no comprendidas en las clasificaciones anteriores". " Artículo 666. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 667. La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. En los juicios sumarios la revocación se decide de plano." De la transcripción de los citados numerales, se establece que el proveído aquí reclamado, es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en términos de los artículos antes mencionados, toda vez que el mismo se trata de una determinación que si bien no es de mero trámite, tampoco resuelve el negocio en por principal, de ahí que se puede revocar por el mismo juzgador que lo dictó. Incluso, ello es aplicable para juicios sumarios, como el tramitado en el caso en análisis, de conformidad con el último párrafo del artículo 667 arriba transcrito. Por lo que resulta incuestionable que antes de la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió impugnar el acuerdo que en esta instancia constitucional reclama, a través del recurso ordinario, al resultar también parte en el procedimiento del que deriva dicho acto. Sin que en el caso, cobre actualidad la última parte del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, la facultad opcional que tienen los quejosos de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo cuando la procedencia del recurso se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; puesto que, como se vio, existe claridad sobre la procedencia del recurso de revocación. Aunado a lo anterior, este Juzgado estima que no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que el recurso de reposición no está previsto en un reglamento sino en una ley formal y material. No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo. Bajo esa premisa, aun cuando los argumentos expuestos por la parte justiciable enfaticen sobre violaciones a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales; empero, el propio contenido del acto combatido en esta instancia obligaría a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria de defensa, por lo cual esta circunstancia no puede considerarse como excepción al principio de definitividad, en el entendido de que el gobernado puede ser oído en esa vía, como pretende a través de este juicio constitucional. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente la instancia constitucional; y por lo tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, Séptima Época, Materia Común, Registro digital 237480, de título y contenido siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, resulta notoria, manifiesta e indudablemente improcedente la instancia constitucional; y por lo tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. Cabe destacar que el hecho de que se actualicen causas de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional, que no configura una denegación de justicia. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento el diverso numeral 113 de dicho ordenamiento, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del aludido Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como se tiene como autorizado en términos amplios a Alberto Velasco Santiago, toda vez que proporcionó su número de cédula profesional, la cual se verificó en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, como se advierte de la certificación de cuenta; y únicamente para imponerse de los autos a las restantes personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Representante común. Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo de la Ley de Amparo, se tiene a Isaura Santiago Soto, como representante común de la parte quejosa. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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