Isaura María Cepeda Fernández y Otros.
Expediente 435/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 15/06/2016
Partes del expediente
- Isaura María Cepeda Fernández y Otros.
- Isaura María Cepeda Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen recurrido la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se sobreseyó el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 203, página 23, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Así mismo, la diversa tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, enero de dos mil dieciséis, página 3424, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO SE SOBRESEA RESPECTO DEL ACTO QUE DE ELLA SE RECLAMA. La legitimación para impugnar la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 87 de la ley de la materia, se actualiza en favor de la autoridad responsable únicamente cuando afecta el acto que de ella se reclama, lo que no ocurre cuando se decrete el sobreseimiento respecto de éste. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese el presente juicio, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y resguárdese el duplicado de éste, hasta en tanto transcurran seis meses a partir del proveído que se dicta y, fenecido dicho plazo, procédase a su destrucción, conforme a lo que establece el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, que el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se quedó sin materia la suspensión respecto de todos los actos reclamados; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. d) En atención a lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en mención, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo 435/2016, promovido contra los actos y autoridades señaladas como responsables, en el resultando primero, por lo expuesto en el considerando tercero de esta resolución.
- Principal
Visto el estado procesal de los presentes autos, de los cuales se advierte que el veintisiete de abril del año en curso, se acordó lo conducente respecto del informe justificado rendido por la Procuradora General de la República; por lo que aún no ha transcurrido el término de ocho días, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las diversas partes se impongan del contenido de dicho informe. Atento a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y se señalan las diez horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, para su verificativo.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a ***, por propio derecho, la suspensión definitiva solicitada contra los actos, la autoridad y por las razones expuestas en el considerando primero de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Jaime Arzate Romero, secretario que autoriza, firma y da fe.
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