Isalda Sánchez Enríquez
Expediente 1012/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2018
Partes del expediente
- Isalda Sánchez Enríquez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de julio de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y la certificación del Secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a la Delegada Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el Estado de Puebla, en proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a fin de que designara un perito en materia de topografía. En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, y se le tiene por perdido a la autoridad citada el derecho de realizar adiciones a los cuestionarios ofrecidos por los quejosos respecto a la prueba pericial en materia de topografía y agrimensura, así como de designar perito de su parte. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de cinco de abril de dos mil dieciocho, se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto obraran las constancias de notificación de los oficios 3110/2018 y 4118/2018 de la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo cual a la presente data, ya aconteció, al respecto se provee: Se señalan las diez horas con cuarenta y un minutos del veintisiete de junio de dos mil dieciocho para que las partes; y el Perito Oficial William Jiménez Martínez, comparezcan, debidamente identificados, a este juzgado a fin de trasladarse al domicilio del inmueble objeto de la prueba pericial ofrecida en autos. En el entendido que a partir de la data anteriormente señalada, de conformidad con el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le concede el término de diez días hábiles, para que rinda el dictamen correspondiente. Por tanto, requiérase al Titular de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal en Puebla para que dentro del término de tres días siguiente a la notificación del presente proveído, informe la anterior determinación al perito oficial William Jiménez Martínez, con el apercibimiento a la citada perito que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior requerido, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización de conformidad de la fracción I, del artículo 237, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional]. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, que en caso de no comparecer ante este juzgado el día y hora anteriormente indicado, se tendrá por desierta la probanza de mérito por falta de interés en su desahogo. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de nueve de octubre de dos ml diecisiete, misma que fue confirmada mediante ejecutoria de doce de abril de dos mil dieciocho por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se concedió a la parte quejosa José Arturo Santander Zaragoza, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla dejara insubsistente el acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 779/2014, únicamente en la parte que se impone un arresto por treinta y seis horas al demandado, aquí quejoso José Arturo Santander Zaragoza, por desobediencia a un mandato de autoridad judicial y, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que estimara procedente, en el entendido que de insistir en la imposición de dicha medida de apremio debería sujetarse a los lineamientos descritos en la sentencia dictada en el presente sumario. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio recibido el dos de mayo de dos mil dieciocho, la Jueza Décimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos, mediante acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 779/2014, dejó insubsistente el acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, en la parte que impone un arresto por treinta y seis horas al demandado, aquí quejoso José Arturo Santander Zaragoza, y siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en autos dictó otro en el que decretó nuevo arresto en contra del impetrante. Asimismo, mediante oficios signados por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, se informaron que a la fecha no habían recibido orden de arresto por treinta y seis horas dictada por el Juez Décimo Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, relativo al expediente 779/2014, en contra del quejoso José Arturo Santander Zaragoza. Por su parte el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, a través del oficio recibido el veintiuno de mayo del año en curso expuso que realizó las anotaciones correspondientes en el expediente penitenciario del quejoso José Arturo Santander Zaragoza. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que las autoridades responsables, DIERON CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito confirmó la sentencia recurrida. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicitada, en forma provisional y definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese copia autorizada del presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que por proveído de trece de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó reservar el acuerdo relativo respecto a la ampliación de demanda que formuló el quejoso, en el escrito que presentó el diez de noviembre del año próximo pasado, hasta en tanto se emplazara a la parte tercero interesada, lo cual ya aconteció; en tal sentido, se provee: Téngase al quejoso Higinio Arnulfo López Sánchez, ampliando su demanda de amparo, contra el acto que reclamó del Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla; señalando como nuevas autoridades responsables a José Luis García Morales y Omar Rodríguez Martínez, ambos Analistas adscritos a la Dirección de Administración, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, de quienes reclama el acto que de dicha ampliación se desprende. Del mismo modo, amplía su demanda respecto de los conceptos de violación expuestos en el escrito inicial. En ese tenor, atento a que el acto reclamado tiene relación con el originalmente planteado, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa. En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla; José Luis García Morales y Omar Rodríguez Martínez, ambos Analistas adscritos a la Dirección de Administración, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación del presente proveído, rinda su informe justificado ante este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla, debiendo anexar las constancias que lo apoyen; enviándole para tal efecto copia simple del escrito de ampliación de demanda. Hágase saber a las autoridades responsables que se encuentran señaladas las diez horas con dos minutos del trece de junio de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. De igual forma, toda vez que acredita haber solicitado la constancias a que hace referencia al Director de Administración de Concesiones y Permisos de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que se sirva expedir la copia que le fue solicitadas por el aquí quejoso, mediante escrito presentado en dicha institución, respecto del cual se acompaña copia sin certificar para su pronta referencia; pues dicha constancia fue ofrecida como prueba dentro del presente juicio de amparo, entregándosela directamente al solicitante, o bien, la remita directamente a este Juzgado de Distrito, dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, apercibido que de no cumplir con lo anterior o de no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá por una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Asimismo, se autoriza el uso de cámara fotográfica, a fin de obtener fotos de las actuaciones que integran el presente expediente; en el entendido, que previo al uso de dicho aparato deberá precisar las constancias a las que tomará fotos, a fin de hacerlo constar en la comparecencia correspondiente. Por otro lado, en relación con su petición en el sentido de que se dé vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano judicial; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden y como lo solicita, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano judicial con el contenido del escrito de cuenta para que en uso de sus atribuciones determine, lo que en derecho corresponda. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J.13/2017 (10ª), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto dicen: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". En diverso aspecto, téngasele objetando de falsa la copia simple del título de concesión número 3250 visible en la foja dieciséis del anexo I, que remitió la autoridad responsable para justificar su informe; en tales condiciones, se reserva el acuerdo correspondiente de dicha objeción, hasta el momento de celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo, y de ser procedente. Finalmente, toda vez que solicita la suspensión provisional y en su momento la definitiva, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa.
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