Isaira Rasgado Piñón
Expediente 1107/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1107/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isaira Rasgado Piñón
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte, ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la quejosa ISAIRA RASGADO PIÑÓN (única afectada), haya recurrido la resolución dictada por este Juzgado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos el oficio suscrito por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, y el Secretario de Acuerdos de dicha Sala, mediante el cual rinde su informe justificado, anexando al efecto las documentales con las que acredita su dicho. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental la que se anexa a su informe, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza. Ahora, del estado de los autos se advierte, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la quejosa ISAIRA RASGADO PIÑÓN, solicitando el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de abril de esta anualidad, por el cual pidió el cumplimiento de la sentencia emitida dentro del expediente 4381/19-15-01-8 del índice de dicha Sala Regional. Respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De tal dispositivo se deduce que el juicio de amparo carece de razón cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que omitió, si el acto es de carácter omisivo, como ocurre en la especie, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. De las documentales remitidas por la Magistrada Presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el oficio de cuenta, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la omisión reclamada es cierta, pues mediante auto de once de octubre de dos mil veintidós -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio motivo a este juicio- dio contestación al escrito de la quejosa de fecha cinco de abril de dos mil veintidós, en el que dio inicio al procedimiento previsto en el artículo 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y requirió a la Delegación Estatal Oaxaca, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento a la sentencia definitiva, dictada en el juicio de nulidad 4381/19-15-01-8 de su índice, apercibiéndola con multa en caso de no cumplir, sin que obste que no se haya remitido la notificación de esa determinación a la parte quejosa, toda vez que ésta quedara enterada con la notificación de esta determinación. Luego, la omisión reclamada por la parte quejosa, dejó de existir, constituyendo una situación jurídica que hizo finalizar la que dio origen a este amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA: De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas con veinte minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, ya que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Admisión de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Isaira Rasgado Piñón, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el día cinco de abril de dos mil veintidós, dentro del juicio de nulidad 4381/19-15-01-8, del índice de la citada sala responsable. Fórmese expediente electrónico e impreso, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, y regístrese en el libro de gobierno con el número 1107/2022 que le correspondió; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Requerimiento de informes En consecuencia, pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional ($9,622.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cien (100), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se precisa que si opta por rendir su informe justificado mediante el correo oficial de este órgano jurisdiccional, deberá rendirlo con las providencias necesarias para que sean considerados como oportunos, puesto que no únicamente es que sea enviado por dicho medio, ya que conlleva su recepción, acuse, impresión y remisión a cada secretaría. Ello, dado que el único medio oficial de recepción para estimar oportuno un documento, es a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, o directamente ante la Oficialía de Partes de este juzgado federal. Así también, las autoridades, sean responsables o terceras interesadas, deberán informar en la siguiente promoción, correo electrónico de contacto. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deban remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), vigente a partir del 3 de agosto de 2020, podrá presentarlas de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten"; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100, moneda nacional ($2,886.60), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por treinta (30), en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia. Apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional ($4,811.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($96.22) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Emplazamiento del Tercero Interesado. Por conducto del Actuario adscrito a este juzgado y con una copia de la demanda de amparo emplácese mediante oficio a este juicio al tercero interesado, Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el domicilio que se proporciona para ese efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documental que acompaña a su ocurso, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva; así como las instrumentales de actuaciones, y presuncional legal y humana, que llegado el momento procesal oportuno se tomarán en consideración las que le beneficien. Domicilio y autorizados. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho ubicado en calle Almendros, número doscientos dos (202), local uno (1), Colonia Reforma, Oaxaca; y como autorizado en términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge García Balcázar, Antonia Carrillo Quintero y Zita Juárez Vargas, conforme a la certificación secretarial que antecede y la constancia de consulta correspondiente; y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones sin las facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo e imponerse de los autos a Mónica Cristina García Balcázar, Margarita Lizárraga Durán y Dik Francisco Santomé Zárate, por así solicitarlo expresamente. Datos de contacto Con apoyo en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se le tiene proporcionando el correo electrónico soladm1231@hotmail.com y los números telefónicos 5568054094 y 5561635776 únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales). Tramitación de juicio en línea. Toda vez que la parte quejosa, proporciona el nombre de usuario "ACarrilloQ "; por consiguiente, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se le autoriza únicamente la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA." Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.
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