Isaíd Acosta Téllez

Expediente 1088/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1088/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Isaíd Acosta Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    ...CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se colige que ha transcurrido el plazo para que el accionante interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda que promovió; en consecuencia, con apoyo en el artículo 98 de la Ley de Amparo, así como de los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se declara que ha causado estado dicha determinación. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. M-IV

  2. Principal

    EXPEDIENTE Y REGISTRO. Con la demanda promovida por Isaíd Acosta Téllez, contra un acto del Presidente Municipal Interino, Titular del Órgano Interno de Control, y Autoridad Resolutora del Órgano Interno de Control, ambos del municipio de Canalí, Hidalgo, que hace consistir en la sanción administrativa de inhabilitación por un periodo de cinco años y su ejecución; fórmese el cuaderno respectivo, y regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1088/2020-IV-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda; toda vez que contra el acto que reclama resulta improcedente el juicio de amparo, por acreditarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para apoyar lo anterior, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo en su fracción XX, que señala lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De igual manera, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa suspensión; (.)" Con base a lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es un medio extraordinario regido por normas especiales y por los principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de esas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el "principio de definitividad", que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a éste, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Acorde con lo expuesto, es necesario agotar todas las instancias a que haya lugar antes de interponer la demanda de amparo contra un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ello con el fin de cumplir el principio de definitividad que, al igual que otros, rige el juicio de amparo, cuyo sustento descansa en su naturaleza extraordinaria. En esa tesitura, como se precisó, el acto reclamado en este juicio de amparo, se hace consistir en la sanción administrativa de inhabilitación impuesta por un periodo de cinco meses y su ejecución, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa CM/CAL/001/2020. Ahora bien, de lo manifestado por el quejoso y de las constancias que ajuntó a su escrito inicial, a las que se le concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que su resolución se fundamentó en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; además, se observa que la falta imputada al quejoso fue catalogada como no grave. En ese sentido, en contra de la resolución reclamada previo a la interposición del juicio de amparo, la parte solicitante de amparo debió agotar el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución reclamada, en términos de lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a los artículos 210 y 212 de la citada legislación. Los artículos de mérito son del tenor siguiente: "Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o los Órganos internos de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda." "Artículo 212. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si concurren los siguientes requisitos: I. Que la solicite el recurrente, y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de veinticuatro horas respecto a la suspensión que solicite el recurrente." Así, de la intelección de los artículos invocados, se arriba a la conclusión los servidores públicos sancionados por la comisión de faltas administrativas no graves, deben interponer recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución, dentro del término de quince días, además prevé la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuyos requisitos no son superiores a los previstos por la Ley de Amparo. En tales condiciones, previo a promover juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar la instancia correspondiente, esto es, el recurso de revocación ante la autoridad que dictó la resolución reclamada, al no apreciar que se actualiza alguna causa de excepción al principio de definitividad. Cabe precisar que no resulta desapercibido para quien esto resuelve que el numeral 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su redacción se utilice el vocablo "podrán", sin embargo, ello no implica que sea potestativo para los quejosos agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, lo anterior conforme a lo previsto en la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." [Registro digital: 170455, Materias(s): Común, Novena Época, instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXVII, Enero de 2008, 1a./J. 148/2007, Página: 355] Lo anterior, aunado a que del libelo de demanda, no se advierte que el quejoso reclame normas generales; no se trata de persona extraña al procedimiento del que emana la resolución reclamada, pues en su escrito de demanda refiere que en el mismo procedimiento ya se le había impuesto una sanción similar, la cual estaba impugnando mediante el juicio de nulidad; el acto reclamado no es de imposible reparación, en tanto de resultar favorable a la parte quejosa el medio de impugnación interpuesto en contra del mismo se le resarciría en el derecho que se haya trasgredido en su perjuicio; además, de no tratarse de actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, tampoco se trata de una resolución que caiga en los supuestos de excepción establecidos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, previamente a la promoción del presente amparo, el quejoso debió interponer el recurso de revocación, en virtud de que se considera que con dicho recurso la determinación de referencia podía ser modificada o revocada, y al no haberlo hecho, procede desechar la demanda por no observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. DOMICILIO PROCESAL DEL QUEJOSO. Téngase como tal el ubicado en boulevard Santa Catalina 111, primer piso, fraccionamiento La Herradura, código postal 42082, en Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADOS. Ténganse como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José María Villalpando y Luis Enrique Rosas Díaz, y únicamente a Edgar Alvarado Castro, toda vez que no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELELTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo..M-IV

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