Isaias Rivera Tapia

Expediente 305/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
305/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Isaias Rivera Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense para que obren como corresponda los oficios de cuenta, del Juzgado Trigésimo Primero Civil de la Ciudad de México, mediante los cuales acusan recibo de las constancias que se devolvieron en cumplimento a lo ordenado en autos. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia dictada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por *********. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Trigésimo Primero de la Ciudad de México las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado, requiriendo para que a la brevedad posible, se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Designación de nuevo titular. Para los efectos de los artículos 51, 52, 59 y 60 de la legislación de la materia, se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del Juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis de septiembre del año en curso. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    SETENCIA DEFINITIVA.- V I S T O S... R E S U L T A N D O:...C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se estima que se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, porque no es la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia. Dichos numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, el precepto legal transcrito en último término, sienta la base de la procedencia del juicio de amparo, al establecer los casos en los cuales son reclamables los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según se trate de aquellos dictados dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, como en la especie ocurre con el acto reclamado. Para los actos dentro de juicio, las normas transcritas establecen como regla general la procedencia del juicio de amparo en la vía directa contra la sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, por violaciones cometidas en éstos o durante la tramitación del mismo; y como regla de excepción la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta cuando se trate de actos de imposible reparación. Para los actos fuera de juicio no se previenen reglas específicas. Para los actos después de concluido el juicio, se dispone que tratándose de ejecución de sentencias, únicamente, será reclamable la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y que en el supuesto de remates, sólo podrá impugnarse la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, para la aplicación al caso concreto de estas reglas de procedencia depende de precisar, primero, si el acto reclamado proviene o no de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, segundo, de ser así, si tal acto se produce dentro de juicio, fuera de juicio o después de su conclusión, para lo cual es importante señalar que la actuación que en esta vía se reclama no puede ser analizada en forma autónoma en este momento procesal, puesto que requiere un pronunciamiento de la potestad común, en que establezca que se encuentra cumplida la sentencia definitiva. De lo anterior, se advierte que la tramitación del referido juicio, está encomendada a un órgano jurisdiccional, y por tanto, el citado acto reclamado proviene indudablemente de un tribunal judicial y que, por lo mismo, se encuentra regido por las normas de procedencia del juicio de amparo antes transcritas. Tratándose, por lo tanto, de un acto proveniente de un tribunal judicial, se debe precisar si el mismo se produce dentro de un juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, y para ello, basta observar que como ha quedado señalado, el acto reclamado en la presente instancia constitucional nos lleva a la conclusión que deriva de la ejecución de la sentencia de adjudicación dictada en el procedimiento de remate, que derivó de lo condenado en la sentencia definitiva en el juicio especial hipotecario de origen, ya que el juicio es el conjunto de actos relacionados entre sí y que se presentan cronológicamente conforme a los mandatos legales, que inician con una demanda y terminan con una sentencia, de ahí que los actos que se ejecuten o emitan para dar cumplimiento a la sentencia, son propiamente actos de autoridad después de concluido el juicio. El análisis conjunto y sistemático de los principios rectores del juicio de amparo, que ha llevado a la doctrina a considerarlo como un medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser remediada por otros medios, permite advertir que tratándose de los actos después de concluido el juicio, resulta procedente contra la resolución que ponga fin a este último, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior, debe concluirse que el acto reclamado, se produjo después de concluido el procedimiento de remate, por ello, deben ahora aplicarse las diversas reglas que se invocaron anteriormente, por lo que se estima no constituye el último acto emitido en dicho procedimiento de ejecución, pues en el caso a estudio, únicamente, se reclama una actuación emitida por la autoridad responsable encaminada al cumplimiento de lo sentenciado, pues está relacionada a la observancia voluntaria para la entrega material del inmueble adjudicado, no así la determinación que declara cumplida dicha determinación. Además, es menester precisar que la parte quejosa compareció al juicio y procedimiento de ejecución, asimismo se aprecia que al haberse emitido el acto reclamado en la etapa de ejecución de sentencia, contra el mismo resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, pues para que pueda impugnarse mediante el juicio de amparo, es indispensable que el acto reclamado sea el último que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo; esto es, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la ejecución de la sentencia o que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, lo que en la especie no acontece. No pasa desapercibido, para este juzgador el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J 108 2010 de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE" - visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6-; sin embargo, se estima, que el acto reclamado, emitido en el procedimiento de ejecución, no es ajeno a la cosa juzgada de la resolución de adjudicación derivada de la sentencia definitiva, pues, como se dijo, está directamente vinculado con la entrega del bien inmueble materia del remate, que deriva directamente de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen. En efecto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de la cual sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata. En síntesis, un acto dictado en ejecución de sentencia, puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente:  Que se interponga contra el último acto dictado en el procedimiento correspondiente (la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente) o, tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento (regla general).  Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (segunda regla de excepción). Ahora bien, la fracción IV, del artículo 107 del repetido ordenamiento, establece diversas restricciones con relación a la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. De modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo que en el caso a estudio no acontece, pues la diligencia reclamada no resulta ajena a lo resuelto en la ejecución de sentencia que constituye la verdad legal. Por tanto, si la diligencia reclamada que en esta vía se impugna, relacionada a la entrega de la posesión física del inmueble controvertido al adjudicatario, es claro que no es ajeno a lo resuelto en la sentencia definitiva, motivo por el cual, el acto reclamado, como ya se dijo, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ULTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA DE LA DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, se cita por analogía e identidad de razón jurídica, la jurisprudencia número 1a./J. 19/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 34, tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia 104, registro 920552, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Apéndice 2001, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia TCC, página 141, que establece: "ORDEN DE LANZAMIENTO CONTRA DEMANDADO QUE FUE OÍDO EN JUICIO. NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. La orden de lanzamiento constituye una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, por última resolución se entiende en forma genérica la que declara cumplida la sentencia o convenio que tienen la calidad de cosa juzgada como culminación de un juicio en que ya se cumplió la garantía de audiencia previa, con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establece la imposibilidad para cumplirla, y acorde con la naturaleza propia de las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales del orden civil, pueden distinguirse en forma específica, resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que es cosa juzgada; resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan la ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio que tienden a lograr la ejecución de lo resuelto, o una determinación judicial tendiente a preparar o a lograr el cumplimiento estricto de la sentencia o convenio que es cosa juzgada. De ahí que por la naturaleza propia de cada una de esas resoluciones o autos que pueden dictarse en el periodo de ejecución, distintos al de remate, y también por la afectación a la libertad que pueda darse en el caso del arresto, o a un derecho sustantivo, porque la resolución o auto modifique, extinga un derecho o constituya una obligación sustantiva que sea distinta a la que fue objeto de controversia y tenga la calidad de cosa juzgada, como son las medidas de apremio, entre otras, es posible diferenciar cuándo se está ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o bien que por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No se atenderán los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, ni la causas de improcedencia que se invocaron en este sumario; lo primero, porque la declaración de sobreseimiento impide estudiarlos, y lo restante, ya que aun y que se emprendiera su estudio, en nada cambiaría el sentido del fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, consultable en el Tomo VI, página 708, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis consultable en el Tomo XI, Marzo de 1993, página 233, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace al acto reclamado de la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de la autoridad ejecutora, pues no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo a dicha consideración, la jurisprudencia número 647, sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito y que se puede consultar en la página 434, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto promovido por ************* contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, por lista a la parte quejosa, en cumplimiento al auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, personalmente a la tercera interesada ************, y de forma electrónica al diverso tercero interesado ************, en cumplimiento al auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del doce de agosto de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos, para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 305/2021-I, promovido por **********; por tal motivo en audiencia pública la licenciada **************, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, encargada del despacho, en términos del oficio CCJ/ST/2667/2021, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de la Secretaria ***********, que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias existentes en autos, da lectura de la demanda de garantías, y da cuenta el oficio mediante el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado. Asimismo, se da cuenta con el escrito electrónico obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), presentado por el tercero interesado ********, registrado con el número de promoción 13282. LA SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO ACUERDA: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por reproducido el informe con justificación de la autoridad responsable, el que será tomado en consideración al momento de resolver el presente juicio. En otro orden de ideas, visto el escrito del tercero interesado, atento a su contenido, se tiene a dicha parte solicitando se de vista al Agente del Ministerio Público adscrito y formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos. LA SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO ACUERDA: Por cuanto a su petición de dar vista al Ministerio Público a efecto de fincar las responsabilidades que correspondan, por los argumentos que expone en el ocurso que se acuerda, no ha lugar acordar favorablemente, ya que esta autoridad federal no es una institución ante la cual puedan formularse querellas o iniciarse procedimientos de orden penal. Asimismo, debe indicarse que el Agente del Ministerio Público de la Federación, es designado por el Fiscal General de la República, a efecto de intervenir como parte en este juzgado federal, exclusivamente, con fundamento en lo establecido en: el artículo 107 fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 5º fracción IV, de la Ley de Amparo; artículo 19 Fracciones I y XXIV, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; los cuales son del tenor literal siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) XV.- El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley." "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: (.) IV.- El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. "Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia." "Artículo 19º. La persona titular de la Fiscalía General de la República intervendrá por sí o por conducto de los Fiscales y demás órganos de la Fiscalía en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y las demás disposiciones aplicables y tendrá las siguientes facultades, fracción I. Dirigir y coordinar la política general de la Fiscalía General de la República, así como vigilar y evaluar la operación de las unidades administrativas que la integran, fracción XXIV. Aquellas facultades establecidas en los artículos 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Fiscal General de la República, y." Así, el Agente del Ministerio Público de la Federación, comparece al juicio de amparo en calidad de parte, y no con el carácter de autoridad investigadora de delitos, conforme a lo establecido en la fracción IV, del artículo 5º de la Ley de Amparo, por ende, no está facultado para que ante este, se formulen denuncias o querellas de carácter penal. Aunado a lo anterior, la parte tercera interesada carece de interés jurídico para solicitar la intervención del Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con motivo de conductas desplegadas por la parte quejosa, pues esa es una pretensión que se encuentra fuera del ámbito de los derechos que asisten a quien interviene en el juicio de amparo con tal carácter. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 1559, que dispone: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR AL JUZGADOR DE AMPARO DAR INTERVENCIÓN A AQUÉL CON MOTIVO DE LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR EL QUEJOSO. La petición formulada por el tercero perjudicado en el sentido de que, ante la conducta desplegada por el quejoso, se dé vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por la probable comisión de hechos delictuosos, no vincula al juzgador de amparo para acceder a ella, en virtud de que esa pretensión se encuentra fuera del ámbito de los derechos que asisten a quien interviene en el juicio de amparo con tal carácter, habida cuenta que el interés que tiene deriva del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y se circunscribe a que el acto reclamado subsista, razón por la cual no constituye un derecho del tercero perjudicado en el proceso constitucional, sino una facultad discrecional de la autoridad judicial federal, poner en conocimiento del representante social las conductas mencionadas." Finalmente, se tiene a dicha parte realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, las que serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Acto continuo, se pasa al PERIODO DE PRUEBAS. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. LA SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO ACUERDA: Sin pruebas de las partes, se cierra el periodo probatorio. A continuación, se pasa al PERIODO DE ALEGATOS. La Secretaria da cuenta con los formulados por la parte tercera interesada acordados en auto de ocho de julio de dos mil veintiuno, y en líneas que anteceden. LA SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO ACUERDA: Se reciben los alegatos de cuenta para los efectos legales conducentes, sin más alegatos que acordar se cierra dicho periodo. Por último, la Secretaria CERTIFICA: Que no existen diversas promociones pendientes de acordar, además, las partes no solicitaron la videoconferencia prevista en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. LA SECRETARIA ENCARGADA DEL DESPACHO ACUERDA: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. Doy Fe.

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