Isaias Ortega Quechol
Expediente 856/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 856/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Isaias Ortega Quechol
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede del Secretario de este juzgado, se desprende que el promovente dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Devuélvase al juez responsable el expediente 790/2007, así como un pagaré por la cantidad de quince mil pesos, que adjuntó a su oficio 1426 de once de septiembre del año en curso; desglosándose dichos autos de las fojas 34 a la 361, dejándose en su lugar la certificación correspondiente y ordenándose extraer de la caja de valores dicho pagaré para su remisión a la autoridad responsable. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
***Por recibido el oficio número 10088 de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el que remite por incompetencia legal el juicio de amparo directo 464/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ISAIAS ORTEGA QUECHOL, así como el expediente 790/2017 y un sobre que contiene un pagaré por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), acúsese recibo y guárdese en la caja de valores el original del documento fundatorio de la acción. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, estése a lo ordenado en resolución de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho de dicho tribunal, respecto a la competencia de que se trata; fórmese expediente y regístrese con el número de amparo correspondiente. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por otra parte, los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trascendido el resultado de la resolución [.]". Esta disposición establece, entre otras cosas, la procedencia del juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea contra la última resolución dictada dentro de ésta. El juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley [.]". Ahora bien, sobre el concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es aquella resolución en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De lo que se sigue que, si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de veintisiete de junio del presente año, que confirmó el auto de diecinueve de febrero del actual, en el que, en cuanto a la petición de convocar a pública almoneda, se determinó que una vez que se actualizara el avalúo del inmueble a rematar se acordaría lo procedente, es innegable que en el caso no se actualizan en el acto reclamado los elementos de la definición de última resolución, por lo siguiente: Dicho acto no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, dado que, debe decirse que la resolución que constituye el acto reclamado no es una resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución, sino una determinación intermedia, por lo que en una correcta interpretación del ordinal 107 de la Ley de Amparo, persigue que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, razón por la cual las violaciones que se cometan durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios que se hagan valer contra el auto que determine el cumplimiento total de dicha sentencia o la imposibilidad jurídica y material para ello, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y contra la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Tienen aplicación a lo aquí señalado, los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/96, consultable en la página 226, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe". La tesis 2a. VII/98, consultable en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". La tesis de jurisprudencia consultable en la página 85, del Tomo 68, Agosto de 1993, de la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de estudio. Asimismo, de conformidad con lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en cumplimiento a la circular 12/2009 de la misma fecha emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de aparatos electrónicos de reproducción, a efecto de que se impongan de los autos. Infórmese a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 68, 100, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se tiene por señalado el domicilio que se indica para oír y recibir notificaciones, por autorizados a Marcial Ahuactzin García y Felipe Rodríguez Coyomatzi, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por último, es oportuno destacar que el indicado expediente que remite la responsable, no será foliado, ni entresellado a fin de no alterar las constancias; solamente se sumarán al folio del presente juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Por recibido el oficio número 10088 de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con el que remite por incompetencia legal el juicio de amparo directo 464/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ISAIAS ORTEGA QUECHOL, así como el expediente 790/2017 y un sobre que contiene un pagaré por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.), acúsese recibo y guárdese en la caja de valores el original del documento fundatorio de la acción. Con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, estése a lo ordenado en resolución de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho de dicho tribunal, respecto a la competencia de que se trata; fórmese expediente y regístrese con el número de amparo correspondiente. Del examen de la demanda de amparo se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por otra parte, los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: [.] IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.- Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso y trascendido el resultado de la resolución [.]". Esta disposición establece, entre otras cosas, la procedencia del juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en ejecución de sentencia, siempre y cuando sea contra la última resolución dictada dentro de ésta. El juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución. Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley [.]". Ahora bien, sobre el concepto de última resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que es aquella resolución en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". De lo que se sigue que, si el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de veintisiete de junio del presente año, que confirmó el auto de diecinueve de febrero del actual, en el que, en cuanto a la petición de convocar a pública almoneda, se determinó que una vez que se actualizara el avalúo del inmueble a rematar se acordaría lo procedente, es innegable que en el caso no se actualizan en el acto reclamado los elementos de la definición de última resolución, por lo siguiente: Dicho acto no constituye la última resolución en la etapa de ejecución, dado que, debe decirse que la resolución que constituye el acto reclamado no es una resolución terminal con la que culmina el procedimiento de ejecución, sino una determinación intermedia, por lo que en una correcta interpretación del ordinal 107 de la Ley de Amparo, persigue que se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada, razón por la cual las violaciones que se cometan durante el procedimiento de ejecución, deben invocarse como agravios que se hagan valer contra el auto que determine el cumplimiento total de dicha sentencia o la imposibilidad jurídica y material para ello, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y contra la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Tienen aplicación a lo aquí señalado, los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/96, consultable en la página 226, del Tomo III, Junio de 1996, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SOLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe". La tesis 2a. VII/98, consultable en la página 230, del Tomo VII, Febrero de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". La tesis de jurisprudencia consultable en la página 85, del Tomo 68, Agosto de 1993, de la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, cuando se trate de actos dictados en período de ejecución de sentencia, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que la resolución reclamada sea la que ponga fin a la etapa de ejecución del juicio, sin que pueda tener ese carácter el auto mediante el cual se requiere al demandado para que cumpla voluntariamente con la condena y se le apercibe con que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución forzosa del fallo condenatorio". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda de estudio. Asimismo, de conformidad con lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en cumplimiento a la circular 12/2009 de la misma fecha emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de aparatos electrónicos de reproducción, a efecto de que se impongan de los autos. Infórmese a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 68, 100, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se tiene por señalado el domicilio que se indica para oír y recibir notificaciones, por autorizados a Marcial Ahuactzin García y Felipe Rodríguez Coyomatzi, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por último, es oportuno destacar que el indicado expediente que remite la responsable, no será foliado, ni entresellado a fin de no alterar las constancias; solamente se sumarán al folio del presente juicio. Notifíquese personalmente.
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