Isaias Narveza Pelaez

Expediente 627/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
627/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
05/11/2015

Partes del expediente

  • Isaias Narveza Pelaez
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 627/2015 III B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de octubre de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por licencia oficial, autorizada mediante circular CCJ/ST/6021/2015, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el tres de noviembre de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, primero de octubre de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido la sentencia dictada veintinueve de septiembre de dos mil quince, a la parte tercera interesada GRUPO PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA HOTELERA Y EMPRESARIAL SOCIEDAD CIVIL, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes acuerdos, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 627/2015-III-B, promovido por Isaías Narveza Peláez, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintitrés de marzo de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada el día siguiente [veinticuatro de marzo de dos mil quince] a este juzgado, Isaías Narveza Peláez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A la postre, se ordenó emplazar como terceros interesados a Grupo Profesional en Seguridad Privada, Hotelera y Empresarial, Sociedad Civil y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECYTE Plantel 05 "Marcelino Rodríguez". Seguida la secuela procesal, por auto de veintiocho de agosto actual se fijaron las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de emplazar a la tercera llamada a juicio Esperanza Martínez Flores, al conflicto 01/589/13. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la junta responsable al rendir el informe justificado, por sí y en representación del pleno. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa [de improcedencia] prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La quejosa reclama la falta de emplazamiento de la tercera llamada a juicio Esperanza Martínez Flores, al conflicto 01/589/13. La presidenta de la junta aportó como prueba, copia certificada de diversas constancias del expediente 01/589/13; las que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al examinar la copia certificada tenemos que por acuerdo de diez de octubre de dos mil catorce, el presidente de la junta admitió el llamamiento a juicio de Esperanza Martínez Flores. El quejoso presentó la demanda de amparo el veintitrés de marzo de dos mil quince. A la luz de las constancias del conflicto laboral, a esa fecha el acto ciertamente existía, ya por regla general, el acto reclamado debe analizarse conforme a la fecha de presentación de la demanda, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tiene aplicación esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Si bien a la presentación de la demanda de amparo, Esperanza Martínez Flores no se encontraba emplazada al conflicto laboral, lo cierto es que el quince de mayo de dos mil quince, Raúl Macedo Antúnez y Miriam Georgina del Carmen Ruiz Chávez, comparecieron en su representación legal para convenir con el actor, aquí quejoso (fojas 136 a 138). El presidente de la junta reconoció a Raúl Macedo Antúnez y Miriam Georgina del Carmen Ruiz Chávez, el carácter de apoderados legales de Esperanza Martínez Flores. Luego, el apersonamiento de Esperanza Martínez Flores al conflicto laboral 01/589/13, a través de sus apoderados legales, hizo que cesaran los efectos de la falta de emplazamiento reclamada por el quejoso, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o si la irrumpió (durante el tiempo que subsistió), al cesar no dejó ninguna huella. Conviene precisar que la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos, no ocurre únicamente cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado, antes, bien puede darse cuando sobreviene una causa que destruye los efectos del acto, máxime que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento del amparo. Sirven como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. No pasa inadvertido que el quejoso reclama la omisión de la junta de tramitar el juicio en términos de ley, sin embargo, conforme al principio de instancia de parte agraviada [rector del juicio de amparo, entre otros], la materia del juicio de amparo se ciñe al acto reclamado por la parte quejosa, pues el tribunal no puede sustituirse en ella y, desde esa posición, motu proprio enderezar la acción de amparo contra actos no reclamados, ni aun en suplencia de la queja, de la que ciertamente goza el(la) quejoso(a) que tiene el carácter de trabajador(a) en el conflicto de origen, pues dicha figura opera respecto de la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación o agravios y aun en su ausencia en los casos que marca la ley, más no para el señalamiento de actos reclamados. El razonamiento que precede encuentra apoyo en lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), en lo relativo a que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa del procedimiento, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; argumentos que refuerzan la directriz de que el tribunal de amparo debe limitarse a lo que reclame la parte quejosa, sin poder ocuparse de omisiones y dilaciones subsecuentes, pues éstas constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. La tesis 2a.CV/2013 (10a.) dice a la letra: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005150 7 de 33 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. También es aplicable esta tesis: Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008134 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 835 Tesis Aislada(Común) OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. No pasa desapercibido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe darse vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto y, en el juicio biinstancial no existen órganos inferiores. A mayor razón, el juzgador está facultado para pronunciarse sobre las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, pues así lo autoriza el artículo 62 de la ley de la materia, causales que permiten, por una parte, sobreseer el juicio y, por otra, desechar de plano la demanda. Luego, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.) ilustra el razonamiento que precede: Tesis: P./J. 51/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007920 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 24 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Isaías Narveza Peláez, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe, hoy veintinueve de septiembre de dos mil quince, en que las labores del juzgado lo permitieron...

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 627/2015-III-B, promovido por Isaías Narveza Peláez, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintitrés de marzo de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada el día siguiente [veinticuatro de marzo de dos mil quince] a este juzgado, Isaías Narveza Peláez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se emplazó al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. A la postre, se ordenó emplazar como terceros interesados a Grupo Profesional en Seguridad Privada, Hotelera y Empresarial, Sociedad Civil y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos CECYTE Plantel 05 "Marcelino Rodríguez". Seguida la secuela procesal, por auto de veintiocho de agosto actual se fijaron las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veinticuatro de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia, dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Precisa el Alto Tribunal, que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de emplazar a la tercera llamada a juicio Esperanza Martínez Flores, al conflicto 01/589/13. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la junta responsable al rendir el informe justificado, por sí y en representación del pleno. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa [de improcedencia] prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La quejosa reclama la falta de emplazamiento de la tercera llamada a juicio Esperanza Martínez Flores, al conflicto 01/589/13. La presidenta de la junta aportó como prueba, copia certificada de diversas constancias del expediente 01/589/13; las que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al examinar la copia certificada tenemos que por acuerdo de diez de octubre de dos mil catorce, el presidente de la junta admitió el llamamiento a juicio de Esperanza Martínez Flores. El quejoso presentó la demanda de amparo el veintitrés de marzo de dos mil quince. A la luz de las constancias del conflicto laboral, a esa fecha el acto ciertamente existía, ya por regla general, el acto reclamado debe analizarse conforme a la fecha de presentación de la demanda, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tiene aplicación esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Si bien a la presentación de la demanda de amparo, Esperanza Martínez Flores no se encontraba emplazada al conflicto laboral, lo cierto es que el quince de mayo de dos mil quince, Raúl Macedo Antúnez y Miriam Georgina del Carmen Ruiz Chávez, comparecieron en su representación legal para convenir con el actor, aquí quejoso (fojas 136 a 138). El presidente de la junta reconoció a Raúl Macedo Antúnez y Miriam Georgina del Carmen Ruiz Chávez, el carácter de apoderados legales de Esperanza Martínez Flores. Luego, el apersonamiento de Esperanza Martínez Flores al conflicto laboral 01/589/13, a través de sus apoderados legales, hizo que cesaran los efectos de la falta de emplazamiento reclamada por el quejoso, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso, o si la irrumpió (durante el tiempo que subsistió), al cesar no dejó ninguna huella. Conviene precisar que la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos, no ocurre únicamente cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado, antes, bien puede darse cuando sobreviene una causa que destruye los efectos del acto, máxime que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó rastro alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento del amparo. Sirven como apoyo estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. No pasa inadvertido que el quejoso reclama la omisión de la junta de tramitar el juicio en términos de ley, sin embargo, conforme al principio de instancia de parte agraviada [rector del juicio de amparo, entre otros], la materia del juicio de amparo se ciñe al acto reclamado por la parte quejosa, pues el tribunal no puede sustituirse en ella y, desde esa posición, motu proprio enderezar la acción de amparo contra actos no reclamados, ni aun en suplencia de la queja, de la que ciertamente goza el(la) quejoso(a) que tiene el carácter de trabajador(a) en el conflicto de origen, pues dicha figura opera respecto de la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación o agravios y aun en su ausencia en los casos que marca la ley, más no para el señalamiento de actos reclamados. El razonamiento que precede encuentra apoyo en lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), en lo relativo a que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa del procedimiento, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; argumentos que refuerzan la directriz de que el tribunal de amparo debe limitarse a lo que reclame la parte quejosa, sin poder ocuparse de omisiones y dilaciones subsecuentes, pues éstas constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. La tesis 2a.CV/2013 (10a.) dice a la letra: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005150 7 de 33 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 732 Tesis Aislada(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. También es aplicable esta tesis: Tesis: IX.1o.17 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008134 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 835 Tesis Aislada(Común) OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL, SUBSECUENTES A LAS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL. AL CONSTITUIR ACTOS FUTUROS, INCIERTOS E INDETERMINADOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 44/2007). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", por las razones que se explican en la ejecutoria de la que derivó la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).", sin haber dispuesto, expresamente, apartarse también del criterio sostenido en la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.". No obstante, es claro que el criterio sostenido en esta última fue abandonado, aunque no se haya indicado en las referidas ejecutoria y tesis aislada, pues la nueva reflexión de la Sala sobre el tema, la llevó a considerar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que significa que, contrario a lo que había sustentado en la aludida jurisprudencia 2a./J. 44/2007, el juicio de amparo promovido contra omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral, subsecuentes a las que constituyen la materia del juicio constitucional, es improcedente; conclusión que encuentra sustento también en el hecho de que tales omisiones y dilaciones constituyen actos futuros, inciertos e indeterminados. No pasa desapercibido que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe darse vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, sin embargo, dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto y, en el juicio biinstancial no existen órganos inferiores. A mayor razón, el juzgador está facultado para pronunciarse sobre las causales de improcedencia que se adviertan en el juicio de amparo, pues así lo autoriza el artículo 62 de la ley de la materia, causales que permiten, por una parte, sobreseer el juicio y, por otra, desechar de plano la demanda. Luego, la aplicación de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está reservada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. La jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.) ilustra el razonamiento que precede: Tesis: P./J. 51/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007920 1 de 1 Pleno Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Pag. 24 Jurisprudencia(Común) IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Isaías Narveza Peláez, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe, hoy veintinueve de septiembre de dos mil quince, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de agosto de dos mil quince. Por recibido los escritos signados por Eliseo Orozco Martínez; en atención al contenido del mismo, se reserva acordar lo conducente, en virtud de que el expediente principal se encuentra en el Archivo de este Juzgado; por tal motivo, una vez que sea devuelto a la Secretaría, se proveerá lo conducente. En mérito de lo anterior, con el oficio de cuenta se ordena formar el cuaderno de antecedentes provisional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado COSME ERNESTO CÁRDENAS GÓMEZ, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

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