Isaias Morales Franco
Expediente 506/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Isaias Morales Franco
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de veintinueve de octubre del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a y 98 de esta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme. Anotaciones en el libro de gobierno. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. No se tramitó incidente de suspensión. Destino del expediente principal. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente en que se actúa se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por lo que conforme con los puntos CUARTO y DÉCIMO de dicho acuerdo, procédase a la digitalización de la demanda y proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, así como de las constancias que se estimen necesarias, certificando dicha situación, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que no consta documento original y que este expediente es susceptible de destrucción. Resolución a disposición para consulta. En otro orden de ideas, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto, hágase del conocimiento que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, , agréguese a los autos el oficio de la responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos remite copia certificada de las constancias generadoras de lo reclamado; por lo que se tiene por satisfecho dicho requerimiento. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, así como de las anexas al oficio de cuenta, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa reclamó la omisión de dictar acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, registrada con número de folio *********en el expediente **********, en la que esencialmente solicitó se autorizara el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, asimismo, se girara oficio a la Secretaria de Seguridad Pública correspondiente, y se comisionara al actuario para que se constituyera en el domicilio de la demanda a fin de requerirle de pago. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el quince de septiembre del año en curso, se dictó el acuerdo correspondiente a la promoción aludida, en el sentido de que no era procedente autorizar el uso de la fuerza pública para llevar acabo la diligencia de requerimiento de pago, dado que no se advertía oposición por parte de la demanda para llevar a cabo la actuación comentada; dicho acuerdo le fue notificado al actor aquí quejoso el veintiséis de los actuales. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al cinco de agosto de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el quince de septiembre del año en curso, dictó el acuerdo en relación a la promoción cuya omisión a acordar señaló como acto reclamado, lo que le fue notificado el veintiséis de octubre de dos mil veinte. En las relatadas circunstancias, es evidente que en el caso la omisión reclamada cesó al dictarse y notificarse el acuerdo comentado, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. Consecuentemente, se sobresee fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
CUERNAVACA, MORELOS; DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en condiciones de llevarla a cabo, toda vez que no se cuenta con la constancia que le fue requerida a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, ni con el acuse de recibo del oficio por el que se le requirió. Se difiere audiencia constitucional. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.
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